El "impuestazo" que impone Rufián a Sánchez en Madrid y Andalucía, otorga mayoría absoluta al PP.

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Hoy por hoy, PSOE + Podemos no ganarían en ninguna comunidad autónoma, bajando entre 35/40 diputados si hubiese elecciones generales. Alfonso Guerra y Felipe González piden libertad de voto a los congresistas del PSOE en Andalucía, Madrid, Castilla la Mancha y Extremadura; los diputados nacionales de la Comunidad de Murcia han pedido un aplazamiento de la votación de los PGE, de otro modo, se verían obligados a votar “NO”- En dichas comunidades se da por descontado que al más mínimo movimiento del “impuestazo” derivado del órdago que lanzan los independentistas a la bestia negra de España, Pablo Iglesias, en calidad de dueño de Pedro Sánchez, ellos convocarán elecciones que con toda seguridad ganarán.  El valenciano, Ximo Puig ha dejado entrever que se retira de la política a primeros de año. Bien sabe Ximo que la Comunidad valenciana y Ayuntamiento de la capital volverán a ser de la derecha. El PSOE, y Pedro Sánchez el primero, ha dado rienda suelta al argumento de que lo acordado con los nacionalistas catalanes a cambio de su SI a los PGE forma parte de una estrategia nacional cuyo fin es buscar la «igualdad de oportunidades», y no un ataque contra la capital. Pero las explicaciones llegaron demasiado tarde. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ya lo había dejado claro a principios de semana: la reforma fiscal acordada con el Gobierno tiene como objetivo último acabar con el «paraíso fiscal montado por la derecha» en las Comunidades donde gobierna.   Nadie duda en calificar esta nueva ofensiva de «despropósito» y de «farsa» contra la que pelearán «con uñas y dientes» -la propia Díaz Ayuso ha reivindicado en los últimos días que se convertirá en la «peor pesadilla» de los que intenten imponer una subida de impuestos en Madrid-, pero no niegan que, a nivel estratégico, este órdago sobrevenido no deja de ser muy positivo para el liderazgo de la «bestia negra» de Sánchez, como refería el rotativo francés Le Figaro.   La clave de la batalla impositiva que plantea el Gobierno, «parapetado» tras un partido independentista, es que se plantea en el largo plazo. Lo pactado entre Moncloa y Esquerra se resume en la creación de un comité bilateral entre Hacienda y los independentistas con expertos que, en última instancia, avalen una reforma fiscal «total, justa y progresiva». Y los plazos que maneja la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para tener lista la modificación legal no baja de, al menos, un año vista, un balón de oxígeno lo suficientemente amplio como para mantener la agitación política y social y que el argumento del ‘Madrid nos roba’ acabe traduciéndose en votos para Isabel Díaz Ayuso.   Las encuestas internas que manejan en el PP apuntan que la figura de la presidenta de la Comunidad de Madrid se ha reforzado en los últimos meses y que, de haber elecciones en el corto plazo, el resultado doblaría al obtenido en las autonómicas del 26-M. Admiten que durante los meses posteriores a la primera oleada de la pandemia, fruto de las múltiples polémicas que han salpicado a Díaz Ayuso, su liderazgo fue cuestionado incluso por algunos compañeros de filas que evidenciaron, en privado, ciertas fisuras internas sobre si había sido o no un acierto de Casado elegirla como apuesta personal para ponerse a los mandos de la Comunidad de Madrid.   Que los independentistas catalanes hayan metido esta cláusula en su contrato particular con el Gobierno para apoyar los Presupuestos coincide en el tiempo con el horizonte electoral en Cataluña, que se celebrarán el próximo 14 de febrero. En este caso, la formación independentista podrá hacer campaña con el principio de acuerdo para la armonización fiscal, en su caso por haber amarrado el compromiso del Gobierno para acabar con los «beneficios» fiscales de Madrid que, a juicio de los soberanistas, acentúa la fuga de empresas y de riqueza hacia la capital. Pero no serán los únicos. El PP también intentará sacar tajada de esta nueva batalla política. Esta semana, la propia Díaz Ayuso ha estado en Cataluña, y no será la última. Allí, mano a mano con el candidato de los populares a la presidencia de la Generalitat, Alejandro Fernández, hará gala de la teoría de que «Madrid y Cataluña juntas son mucho más fuertes», como defendió la presidenta regional el pasado viernes, momento en que pidió construir un «puente económico» entre ambas autonomías frente a la «ruptura» que esboza el independentismo.   Desde que Gabriel Rufián lanzase el órdago contra Madrid el pasado lunes, Génova ha desplegado también una campaña en defensa de la líder madrileña. Y aunque ha habido algún cabo suelto, como Núñez Feijóo -el presidente gallego sí defendió la armonización fiscal, aunque «a la baja»- la tónica general es la de cierre de filas con la presidenta regional y aprovechar este nuevo argumento contra el Gobierno como elemento diferenciador de la campaña que hagan sus homólogos de Ciudadanos o de Vox en Cataluña. La Comunidad de Madrid ha sido la primera en bonificar los tributos de Patrimonio, de Sucesiones o de Donaciones. El primero de ellos lo tiene bonificado al 100%, por lo que, en la práctica, no se aplica, mientras que en los dos siguientes la deducción es del 99%. Pese a ello, es la región que más contribuye a la solidaridad interterritorial: aporta el 68% del montante total del Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales.   Otro de los puntos más polémicos de la fiscalidad madrileña es el hecho de que, a día de hoy, la región tiene el tramo autonómico del IRPF más bajo de España -9%-. Y no se detendrá ahí. Ayuso adelantó, el pasado mes de septiembre, que llevaría a cabo otro recorte fiscal de este tributo en otro medio punto, hasta el 8,5%, tal y como prometió en campaña, aunque por el momento la iniciativa se encuentra paralizada a causa de los efectos de la crisis del Covid-19.