La juez del caso ERE en Sevilla, Mercedes Alaya, no tiene intención de permanecer como refuerzo en el juzgado de instrucción 6 del que hasta ahora ha sido titular si no se le garantiza que va a poder concluir tres causas que tienen como denominador común la «red clientelar» de la Junta de Andalucía. Se trata de los ERE fraudulentos, los cursos de formación y los avales con fondos públicos concedidos a empresas.
Según ha podido saber ABC de fuentes de la máxima solvencia, en los últimos días Alaya ha hecho llegar al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que no optará a la comisión de servicios con revelación de funciones -a la que previsiblemente hoy dará el visto bueno el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)- si no se le garantiza que en el reparto de causas que se precisa con motivo de los refuerzos a la nueva titular, María Ángeles Núñez, va a poder concluir los tres procedimientos citados. Si no es así, Alaya desembarcará de inmediato en la plaza que obtuvo hace unos meses en la Audiencia Provincial de Sevilla.
Para la juez no hay medias tintas: los tres procedimientos tienen que estar en manos de un mismo instructor, sea ella u otro. No va a tener fácil luchar contra un Poder Judicial que si bien le va a abrir la puerta hoy a ser una de las candidatas a reforzar ese juzgado, no tiene previsto aprobar, al menos de momento, un acuerdo que pase por delimitar los asuntos de los que se debería hacer cargo.
Delimitación compleja
Fuentes del Consejo señalan que todavía no estamos en ese momento, porque ni siquiera el CGPJ ha aprobado (lo hará hoy) las dos plazas de refuerzo que tiene que ofertar ahora el TSJA entre los jueces de esa Comunidad Autónoma. Una vez que los interesados las pidan (en principio solo se cuenta con Alaya y con el juez Álvaro Martín, a quien la propia Alaya ha tenido como refuerzo en los últimos años), el TSJA propondrá al CGPJ a los candidatos. El problema es que Alaya quiere saber de antemano si acceden a su propuesta, pues, en caso contrario, no le interesa la oferta. Y por el momento todo apunta a que no va a tener ese pronunciamiento específico.
Esas mismas fuentes subrayan que, aun en caso de que se llegaran a delimitar las funciones de Alaya, no sería para dejarle terminar las tres causas, sino que la única que está claro que debería seguir en sus manos es la del caso ERE, la más avanzada (pendiente de la decisión que tome el Supremo respecto a los cinco aforados nacionales). Las otras dos causas, especialmente la de los avales a empresas prácticamente se da por hecho que las perdería.
Para el Gobierno de la todavía presidenta en funciones de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, no es cuestión baladí que el hilo conductor de las tres causas se rompa. Tampoco es de extrañar la preocupación que, como adelantó ABC, Díaz transmitió directamente al presidente del CGPJ y Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, por el futuro de ese juzgado y porque la lentitud en la investigación de causas está perjudicando a la imagen del Gobierno autonómico. Y es que el anuncio de Alaya sobre su intención de concluir los procedimientos abiertos -aunque para ello sean necesarias prórrogas de seis meses-ha caído como un jarro de agua fría sobre la dirigente socialista, que si bien el caso ERE ya lo da por amortizado, no ve con buenos ojos que Alaya siga con los otros dos. Díaz prefiere que coja las riendas del juzgado cuanto antes Núñez Bolaños, una juez de Familia, amiga del consejero andaluz de Justicia en funciones, Emilio Llera, que irrumpió en escena en el último momento cuando todo el mundo daba por sentado que la plaza de Alaya sería para su refuerzo, el juez Álvaro Martín. Habiendo más juzgados de instrucción «disponibles», Núñez solo pidió este.
Acuerdo para el reparto
Fuentes del propio Consejo critican que no es casual que la Comisión Permanente tenga previsto abordar hoy solo la propuesta de refuerzos que ha hecho el TSJA (y no el plan de Alaya) sin «personalizar» en jueces ni en repartos. No lo tiene complicado: la propuesta del TSJA señala que los refuerzos «colaboren» con la nueva titular en la tramitación y resolución de todos los asuntos de que conoce el juzgado, «conforme a los criterios de distribución de los mismos que conjuntamente formulen y apruebe la Sala de Gobierno del TSJ andaluz». Es decir, si no hay acuerdo será la propia Ley Orgánica del Poder Judicial la que dirima el conflicto: el juez de refuerzo se ocupará de los asuntos de nueva entrada y el titular, de todos los demás.
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