Tras casi cinco años de proceso y tres jueces, el autor del chivatazo a ETA sigue siendo una incógnita - El caso se centra ahora en el análisis de un vídeo.
El juez Grande-Marlaska (tercero por la derecha), tras precintar el bar Faisán durante la operación contra ETA del 20 de junio de 2006.
El chivatazo existió. Eso nadie parece discutirlo. Alguien -supuestamente un mando policial- avisó el 4 de mayo de 2006 a un colaborador de ETA -Joseba Elosua, dueño del bar Faisán - de que ese día iba a producirse una gran operación contra la banda si Elosua se reunía en Irún, como tenía previsto, con un etarra del aparato de extorsión. Le transmitió también su temor de que la operación hiciera fracasar el inminente proceso de diálogo con ETA, en plena tregua. El chivatazo tuvo éxito: la operación se frustró.
Todo lo demás son incógnitas. La más obvia: ¿quién dio el soplo a Elosua? El que lo hizo, ¿actuó por propia iniciativa o ejecutaba una orden política del Ministerio del Interior? Pero hay otras: ¿por qué tras ser avisado de la operación, Elosua, en vez de quedarse quieto en su casa o en su bar, se citó con el etarra en Francia aun a riesgo de ser detenido allí (cosa que no ocurrió únicamente porque París no lo autorizó)? Y sobre todo: si el objetivo era no poner en riesgo el diálogo con ETA, ¿por qué la operación policial sí se llevó finalmente a cabo el 20 de junio, sólo mes y medio después?
¿Por qué, por ejemplo, a principios de septiembre, el Gobierno destituyó discretamente a uno de los presuntos implicados en el soplo, el director general de la Policía, pero no al otro, el jefe superior de la Policía en el País Vasco? Y ¿cómo es que el agente encargado de investigar el chivatazo, que señaló como culpables a varios colegas, es ahora acusado a su vez por un superior de ser él quien intentó borrar pruebas?
El caso Faisán , que el PP ha convertido en arma contra el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, es una cadena de interrogantes y, por momentos, un relato surrealista. La causa judicial dura ya casi cinco años.
EL SOPLO
A las once de la mañana del 4 de mayo de 2006, Joseba Elosua, de 72 años, dueño del bar Faisán de Irún, arrancó su Ford Focus y salió de casa por el garaje. Por el retrovisor -según contaría él mismo al juez meses más tarde- vio a un hombre apostado en el portal. No se paró a preguntarle qué quería: siguió su camino hacia el Faisán, adonde llegó a las 11.10.
Elosua era un viejo conocido de la policía. Su bar, vigilado desde hacía años, servía al aparato de extorsión de ETA como punto de recogida del dinero entregado por empresarios vascos. Los teléfonos de Elosua estaban pinchados y en su coche la policía había instalado un dispositivo para escuchar las conversaciones que tuviera dentro. Sin ese dispositivo, por cierto, no habría caso Faisán, como se verá más adelante.
El 3 de mayo de 2006, la policía se entera de que esa misma tarde se va a producir en una sidrería de Oiartzun una cita entre Elosua, Ramón Sagarzalu (otro miembro de la red de extorsión de ETA) y el dirigente del PNV Gorka Agirre. En esa cita, Agirre va a entregar a Elosua "nueve botellas de vino" -nueve millones de pesetas (54.000 euros), según los investigadores- procedentes supuestamente de una extorsión. Y ese dinero va a ser entregado al día siguiente al etarra José Antonio Cau Aldanur, que se desplazará hasta Irún desde Francia para recogerlo en el Faisán.
La policía española informa inmediatamente a la francesa y al juez Fernando Grande-Marlaska. Las tres partes acuerdan que al día siguiente, después de años de seguimiento, lanzarán la Operación Urogallo contra el aparato de extorsión y detendrán a varios implicados, incluidos previsiblemente Cau, Elosua y Gorka Agirre.
El contexto es, sin embargo, distinto al de años anteriores: el 22 de marzo ETA ha declarado una tregua. El Gobierno ha dicho que, antes de sentarse a hablar con la banda, va a "verificar" que la tregua va en serio, y eso está haciendo en esos meses de abril y mayo: la policía comprueba, por ejemplo, que ETA ha dado orden de "congelar" la extorsión. Pero, por lo visto, el 3 de mayo se siguen haciendo entregas de dinero. El juez, en cualquier caso, decide lanzar la operación.
Así que son las 11.10 del 4 de mayo y Elosua ha entrado en el Faisán. Quince minutos después -según su declaración ante el juez-, el mismo hombre al que un rato antes ha visto frente a su domicilio entra en el bar, se le acerca y le entrega un móvil. Al otro lado de la línea, un segundo hombre que no se identifica avisa a Elosua de que sus teléfonos están pinchados y el bar vigilado, que lo saben todo sobre la entrega de dinero y que, si finalmente Cau Aldanur viene a España y se encuentra con Elosua, ambos serán detenidos. Todo eso, añade, sería fatal para el proceso de diálogo con ETA aún en gestación.
¿Cómo se conoce el contenido de esa conversación, que duró casi nueve minutos? Porque Joseba Elosua, nada más colgar el teléfono y devolvérselo al misterioso agente de paisano, llama a su yerno Carmelo Luquin, se monta con él en el Ford Focus y sale escopetado hacia Francia, a encontrarse con Cau. En el coche Elosua y Luquin van hablando sin saber que la policía lo tiene pinchado y que varios agentes están escuchando el relato en tiempo real.
Y el relato no deja lugar a dudas. El dueño del Faisán se muestra alucinado porque un "madero" le ha dado el chivatazo para, según le ha dicho, "no fastidiar todo el proceso" porque "hay gente que quiere que esto se rompa".
Pero el caso es que, lejos de desistir de verse con Cau, Elosua lo llama por el camino y queda con él en el bar Talotegui de Bayona (Francia). Los policías que están siguiendo al Ford Focus ven cómo los tres hombres se juntan en el bar y cómo Elosua entrega a Cau un montón de periódicos con un sobre grande entre ellos. Sospechan, entonces, que le está dando el dinero convenido; que la cita que tenían previsto celebrar en España se está celebrando igualmente aunque en suelo francés, y lo comunican a sus superiores.
Ahí llega la siguiente situación kafkiana: la policía francesa se niega a realizar detenciones sin un permiso de las autoridades judiciales de París. La policía española insiste, la francesa se enroca. Hay un cruce frenético de llamadas entre mandos policiales de ambos países, en vano. Y, mientras, Elosua y Luquin comen tranquilamente en Bayona y vuelven a Irún a las 15.40.
La Operación Urogallo se ha frustrado en España por un chivatazo, y en Francia por un problema burocrático.
Sin embargo, sólo mes y medio después, el 20 de junio -cuando el soplo aún no ha trascendido-, la operación sí se lleva a cabo, impulsada por el juez español Grande-Marlaska y la francesa Laurence Le Vert. Son detenidas 12 personas, incluidos Elosua, Luquin y Sagarzazu. Una semana antes, José Luis Rodríguez Zapatero ha anunciado que en verano comenzará formalmente el diálogo con ETA.
LA INVESTIGACIÓN
La reconstrucción del chivatazo recogida aquí es la que se desprende de los cinco informes que elaboró entre julio de 2006 y 2007 el comisario Carlos Germán, que dirigía el operativo de la Operación Urogallo antes de que se malograse y que fue encargado por Grande-Marlaska de investigar el soplo. Más tarde el caso pasó a Baltasar Garzón y, cuando éste fue suspendido el pasado mayo, reactivó la investigación otro magistrado, Pablo Ruz. Investigación que se sigue en contra del criterio de la fiscalía: esta pidió el archivo en 2009 por no ver "claros indicios incriminatorios" para señalar al autor del chivatazo.
Según Germán, sí se le puede señalar y no es uno, son tres: el inspector de Vitoria José María Ballesteros -supuestamente el agente que abordó a Elosua en el Faisán y le entregó el móvil-; el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamies -supuestamente quien habló con Elosua-; y el entonces director general de la Policía, Víctor García Hidalgo. Los tres están imputados.
Ballesteros, Pamies y García son los señalados porque, según el registro telefónico de sus móviles, se intercambiaron llamadas justo en los momentos previos y posteriores al chivatazo; Ballesteros estaba físicamente allí donde estaba Elosua (lo acreditan los repetidores de telefonía). Y, a las 11.23 -la hora aproximada en la que Elosua recuerda haber recibido el soplo-, Ballesteros estaba en el Faisán y llamó a Pamies. Víctor García no es el superior inmediato de Pamies, por eso es llamativo que se llamaran tanto ese día; el 20 de junio, durante la operación que sí cuajó, no lo hicieron.
Sin embargo, cuando en enero de 2009 el juez montó una rueda de reconocimiento para ver si Elosua reconocía en Ballesteros al hombre que le pasó el móvil, Elosua no lo reconoció; en eso, entre otras razones, se apoyaba la fiscalía para pedir el archivo. También en el hecho de que ciertos datos que el chivato contó a Elosua no los conocían los imputados sino sólo quien estuviese "familiarizado muy de cerca con la operación" que iba a desarrollarse. Y que dirigía el comisario Germán.
Hay, por último, un vídeo: el de la cámara del bar Faisán que grabó toda la jornada del 4 de mayo. Los investigadores están analizándolo para averiguar si el inspector Ballesteros es uno de los hombres a los que se ve salir del local. La cinta tiene dos cortes, pero ninguno de ellos coincide con el momento -entre las 11.20 y las 11.30- en el que según Elosua se produjo el chivatazo. Así que lo de los cortes no aclara nada.
Para enredarlo todo un poco más, un superior del comisario Germán, el policía José Cabanillas, ha declarado este mes al juez que Germán intentó borrar la grabación del coche en la que se oye a Elosua narrar el soplo, la prueba clave de todo el caso. Germán pasa así de acusador a acusado.
Alfredo Pérez Rubalcaba siempre ha negado que su ministerio ordenara el chivatazo. Víctor García fue destituido como director general el 8 de septiembre de 2006, cuatro días después de ser implicado en el soplo, aunque Interior negó que el cese tuviera algo que ver con eso (coincidió con la creación de un mando único para Policía y Guardia Civil). Enrique Pamies sigue en su cargo.
Fuente:El Pais
El chivatazo existió. Eso nadie parece discutirlo. Alguien -supuestamente un mando policial- avisó el 4 de mayo de 2006 a un colaborador de ETA -Joseba Elosua, dueño del bar Faisán - de que ese día iba a producirse una gran operación contra la banda si Elosua se reunía en Irún, como tenía previsto, con un etarra del aparato de extorsión. Le transmitió también su temor de que la operación hiciera fracasar el inminente proceso de diálogo con ETA, en plena tregua. El chivatazo tuvo éxito: la operación se frustró.
Todo lo demás son incógnitas. La más obvia: ¿quién dio el soplo a Elosua? El que lo hizo, ¿actuó por propia iniciativa o ejecutaba una orden política del Ministerio del Interior? Pero hay otras: ¿por qué tras ser avisado de la operación, Elosua, en vez de quedarse quieto en su casa o en su bar, se citó con el etarra en Francia aun a riesgo de ser detenido allí (cosa que no ocurrió únicamente porque París no lo autorizó)? Y sobre todo: si el objetivo era no poner en riesgo el diálogo con ETA, ¿por qué la operación policial sí se llevó finalmente a cabo el 20 de junio, sólo mes y medio después?
¿Por qué, por ejemplo, a principios de septiembre, el Gobierno destituyó discretamente a uno de los presuntos implicados en el soplo, el director general de la Policía, pero no al otro, el jefe superior de la Policía en el País Vasco? Y ¿cómo es que el agente encargado de investigar el chivatazo, que señaló como culpables a varios colegas, es ahora acusado a su vez por un superior de ser él quien intentó borrar pruebas?
El caso Faisán , que el PP ha convertido en arma contra el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, es una cadena de interrogantes y, por momentos, un relato surrealista. La causa judicial dura ya casi cinco años.
EL SOPLO
A las once de la mañana del 4 de mayo de 2006, Joseba Elosua, de 72 años, dueño del bar Faisán de Irún, arrancó su Ford Focus y salió de casa por el garaje. Por el retrovisor -según contaría él mismo al juez meses más tarde- vio a un hombre apostado en el portal. No se paró a preguntarle qué quería: siguió su camino hacia el Faisán, adonde llegó a las 11.10.
Elosua era un viejo conocido de la policía. Su bar, vigilado desde hacía años, servía al aparato de extorsión de ETA como punto de recogida del dinero entregado por empresarios vascos. Los teléfonos de Elosua estaban pinchados y en su coche la policía había instalado un dispositivo para escuchar las conversaciones que tuviera dentro. Sin ese dispositivo, por cierto, no habría caso Faisán, como se verá más adelante.
El 3 de mayo de 2006, la policía se entera de que esa misma tarde se va a producir en una sidrería de Oiartzun una cita entre Elosua, Ramón Sagarzalu (otro miembro de la red de extorsión de ETA) y el dirigente del PNV Gorka Agirre. En esa cita, Agirre va a entregar a Elosua "nueve botellas de vino" -nueve millones de pesetas (54.000 euros), según los investigadores- procedentes supuestamente de una extorsión. Y ese dinero va a ser entregado al día siguiente al etarra José Antonio Cau Aldanur, que se desplazará hasta Irún desde Francia para recogerlo en el Faisán.
La policía española informa inmediatamente a la francesa y al juez Fernando Grande-Marlaska. Las tres partes acuerdan que al día siguiente, después de años de seguimiento, lanzarán la Operación Urogallo contra el aparato de extorsión y detendrán a varios implicados, incluidos previsiblemente Cau, Elosua y Gorka Agirre.
El contexto es, sin embargo, distinto al de años anteriores: el 22 de marzo ETA ha declarado una tregua. El Gobierno ha dicho que, antes de sentarse a hablar con la banda, va a "verificar" que la tregua va en serio, y eso está haciendo en esos meses de abril y mayo: la policía comprueba, por ejemplo, que ETA ha dado orden de "congelar" la extorsión. Pero, por lo visto, el 3 de mayo se siguen haciendo entregas de dinero. El juez, en cualquier caso, decide lanzar la operación.
Así que son las 11.10 del 4 de mayo y Elosua ha entrado en el Faisán. Quince minutos después -según su declaración ante el juez-, el mismo hombre al que un rato antes ha visto frente a su domicilio entra en el bar, se le acerca y le entrega un móvil. Al otro lado de la línea, un segundo hombre que no se identifica avisa a Elosua de que sus teléfonos están pinchados y el bar vigilado, que lo saben todo sobre la entrega de dinero y que, si finalmente Cau Aldanur viene a España y se encuentra con Elosua, ambos serán detenidos. Todo eso, añade, sería fatal para el proceso de diálogo con ETA aún en gestación.
¿Cómo se conoce el contenido de esa conversación, que duró casi nueve minutos? Porque Joseba Elosua, nada más colgar el teléfono y devolvérselo al misterioso agente de paisano, llama a su yerno Carmelo Luquin, se monta con él en el Ford Focus y sale escopetado hacia Francia, a encontrarse con Cau. En el coche Elosua y Luquin van hablando sin saber que la policía lo tiene pinchado y que varios agentes están escuchando el relato en tiempo real.
Y el relato no deja lugar a dudas. El dueño del Faisán se muestra alucinado porque un "madero" le ha dado el chivatazo para, según le ha dicho, "no fastidiar todo el proceso" porque "hay gente que quiere que esto se rompa".
Pero el caso es que, lejos de desistir de verse con Cau, Elosua lo llama por el camino y queda con él en el bar Talotegui de Bayona (Francia). Los policías que están siguiendo al Ford Focus ven cómo los tres hombres se juntan en el bar y cómo Elosua entrega a Cau un montón de periódicos con un sobre grande entre ellos. Sospechan, entonces, que le está dando el dinero convenido; que la cita que tenían previsto celebrar en España se está celebrando igualmente aunque en suelo francés, y lo comunican a sus superiores.
Ahí llega la siguiente situación kafkiana: la policía francesa se niega a realizar detenciones sin un permiso de las autoridades judiciales de París. La policía española insiste, la francesa se enroca. Hay un cruce frenético de llamadas entre mandos policiales de ambos países, en vano. Y, mientras, Elosua y Luquin comen tranquilamente en Bayona y vuelven a Irún a las 15.40.
La Operación Urogallo se ha frustrado en España por un chivatazo, y en Francia por un problema burocrático.
Sin embargo, sólo mes y medio después, el 20 de junio -cuando el soplo aún no ha trascendido-, la operación sí se lleva a cabo, impulsada por el juez español Grande-Marlaska y la francesa Laurence Le Vert. Son detenidas 12 personas, incluidos Elosua, Luquin y Sagarzazu. Una semana antes, José Luis Rodríguez Zapatero ha anunciado que en verano comenzará formalmente el diálogo con ETA.
LA INVESTIGACIÓN
La reconstrucción del chivatazo recogida aquí es la que se desprende de los cinco informes que elaboró entre julio de 2006 y 2007 el comisario Carlos Germán, que dirigía el operativo de la Operación Urogallo antes de que se malograse y que fue encargado por Grande-Marlaska de investigar el soplo. Más tarde el caso pasó a Baltasar Garzón y, cuando éste fue suspendido el pasado mayo, reactivó la investigación otro magistrado, Pablo Ruz. Investigación que se sigue en contra del criterio de la fiscalía: esta pidió el archivo en 2009 por no ver "claros indicios incriminatorios" para señalar al autor del chivatazo.
Según Germán, sí se le puede señalar y no es uno, son tres: el inspector de Vitoria José María Ballesteros -supuestamente el agente que abordó a Elosua en el Faisán y le entregó el móvil-; el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamies -supuestamente quien habló con Elosua-; y el entonces director general de la Policía, Víctor García Hidalgo. Los tres están imputados.
Ballesteros, Pamies y García son los señalados porque, según el registro telefónico de sus móviles, se intercambiaron llamadas justo en los momentos previos y posteriores al chivatazo; Ballesteros estaba físicamente allí donde estaba Elosua (lo acreditan los repetidores de telefonía). Y, a las 11.23 -la hora aproximada en la que Elosua recuerda haber recibido el soplo-, Ballesteros estaba en el Faisán y llamó a Pamies. Víctor García no es el superior inmediato de Pamies, por eso es llamativo que se llamaran tanto ese día; el 20 de junio, durante la operación que sí cuajó, no lo hicieron.
Sin embargo, cuando en enero de 2009 el juez montó una rueda de reconocimiento para ver si Elosua reconocía en Ballesteros al hombre que le pasó el móvil, Elosua no lo reconoció; en eso, entre otras razones, se apoyaba la fiscalía para pedir el archivo. También en el hecho de que ciertos datos que el chivato contó a Elosua no los conocían los imputados sino sólo quien estuviese "familiarizado muy de cerca con la operación" que iba a desarrollarse. Y que dirigía el comisario Germán.
Hay, por último, un vídeo: el de la cámara del bar Faisán que grabó toda la jornada del 4 de mayo. Los investigadores están analizándolo para averiguar si el inspector Ballesteros es uno de los hombres a los que se ve salir del local. La cinta tiene dos cortes, pero ninguno de ellos coincide con el momento -entre las 11.20 y las 11.30- en el que según Elosua se produjo el chivatazo. Así que lo de los cortes no aclara nada.
Para enredarlo todo un poco más, un superior del comisario Germán, el policía José Cabanillas, ha declarado este mes al juez que Germán intentó borrar la grabación del coche en la que se oye a Elosua narrar el soplo, la prueba clave de todo el caso. Germán pasa así de acusador a acusado.
Alfredo Pérez Rubalcaba siempre ha negado que su ministerio ordenara el chivatazo. Víctor García fue destituido como director general el 8 de septiembre de 2006, cuatro días después de ser implicado en el soplo, aunque Interior negó que el cese tuviera algo que ver con eso (coincidió con la creación de un mando único para Policía y Guardia Civil). Enrique Pamies sigue en su cargo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario