Baltasar Garzón y los jueces Pablo Guevara y Fernando Grande Marlaska (EFE).
LA JUEZA LE VERT EVITÓ MANDARLE INFORMACIÓN PORQUE DESCONFIABA DE ÉL
Las actas de ETA sobre las negociaciones con el Gobierno siguen deparando sorpresas. La última tiene que ver con Baltasar Garzón. El juez de la Audiencia Nacional aparece en estos documentos como parte activa en el proceso de paz. Al menos, uno de los negociadores del Gobierno arguyó que el juez, además de ser “garantía” para la buena marcha del proceso, tenía abiertas las líneas con el Ejecutivo y Batasuna.
El Gobierno, siempre según las actas incautadas al ex jefe de ETA Javier López Peña, Thierry, aseguró que contaba con su apoyo. Según fuentes de la investigación, el magistrado, actualmente suspendido de sus funciones de manera cautelar, había mediado judicialmente para que las negociaciones fructificaran.
Estas actas se encontraban hasta este martes bajo secreto de sumario en la investigación que lleva el sustituto de Garzón, Pablo Ruz, sobre el Caso Faisán. En el momento en que se produjo el chivatazo a ETA, el 4 de mayo de 2006, Baltasar Garzón se encontraba en Nueva York impartiendo unos cursos durante una excedencia. Su sustituto en aquel entonces fue Fernando Grande-Marlaska, quien no quiso abortar el operativo contra la red de extorsión de ETA y prosiguió con la investigación.
De las actas también se desprende que el Gobierno empleó a tres negociadores. Se trata del presidente de los socialistas vascos, Jesús Eguiguren, el ex ministro en la era de Felipe González, Javier Moscoso, y el actual vocal de Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), José Manuel Gómez Benítez. En aquel entonces, este último era abogado, entre otros, del propio Garzón.
Estas actas aparecen dentro de los folios enviados por Francia a través de una comisión rogatoria. Una documentación que la juez antiterrorista francesa, Laurence le Vert, no quiso remitir a Garzón durante el tiempo que éste se encargó del asunto. Y no se lo envió porque, tal y como queda reflejado en la comisión rogatoria, desconfiaba de él. Una vez que Ruz se puso al frente del Juzgado Central de Instrucción número 5 –tras la suspensión de Garzón-, la juez francesa decidió enviar toda la documentación referente a la delación policial ocurrida en Irún en el bar Faisán, propiedad de Joseba Elosúa.
Entre todos los datos que envía, aparece la explicación de la magistrada al instructor sobre su retraso en el envío en los documentos. Entre otras cosas, muestra su malestar ante la pasividad de Garzón en la investigación. Es más, estas mismas fuentes recuerdan que el juez no citó a Elosúa hasta enero de 2009 para que realizara una rueda de reconocimiento para identificar al inspector José María Ballesteros, uno de los tres imputados, como la persona que entró en su local y le entregó un teléfono. Al otro lado del aparato, una persona le alertaba que iba a ser detenido junto a otras personas en un operativo contra la red de extorsión de ETA, entre ellos uno de los fundadores de ETA, Julen Maradiaga, o el miembro del PNV ya fallecido Gorka Aguirre.
Efectivamente, Ballesteros ha reconocido ante Ruz que sí entró en el bar Faisán aquel 4 de mayo de 2006, pero desmiente que fuera para alertar a Elosúa.
Fuentes próximas al asunto señalan que, en el último auto del juez, dictado este martes, se otorga la condición de testigo protegido a cinco personas, además de a una persona o institución que podría haber actuado como mediadora entre el Gobierno y la organización terrorista. De estos cinco testigos, que son presentados por una enumeración, tres son los negociadores elegidos por el Ejecutivo. De los otros dos, hay uno que podría ser un agente de la Ertzaintza, Policía o Guardia Civil conocedor de lo que ocurrió el día del chivatazo y otro podría ser un agente, pero sin mayor relevancia para la investigación.
La ‘presunta’ llamada de Garzón a Marlaska
Sobre la participación de Garzón ya habló el que fuera comisario accidental en el momento de los hechos, José Cabanillas. Cuando fue a declarar a la Audiencia Nacional, este alto cargo policial dijo a Ruz que Garzón llamó a Grande-Marlaska el día antes de la operación conjunta entra España y Francia. Le pidió, según este testigo, que no llevara a cabo la operación, extremo al que Grande-Marlaska se negó tajantemente. Cabanillas estaba en el momento de la llamada en el despacho del juez, junto a Carlos Germán, jefe en aquel entonces del operativo contra la red de extorsión y responsable a posteriori de la investigación del chivatazo.
Tras el rechazo de Grande-Marlaska, Garzón habló con Germán. Lo único que Cabanillas pudo escuchar es cómo el jefe policial atendía a las peticiones. Al día siguiente, se produjo la delación policial. Aun así, Ruz no ha dado credibilidad a la declaración de Cabanillas tras las contradicciones mostradas sobre su versión por el ex comisario general de Información, Telesforo Rubio.
Al poco tiempo de que ETA, en pleno alto al fuego y en negociaciones con el Gobierno, decidiera atentar contra el Terminal 4 del aeropuerto de Barajas que causó la muerte de dos personas, el 30 de diciembre de 2006, Garzón dictó un auto rechazando citar a declarar en calidad de imputados a Arnaldo Otegi, Joseba Permach y Pernando Barrena por el atentado.
Tan sólo unas semanas después, a finales de enero, el magistrado señala que es un “argumento simplista” la criminalización de todos los actos de la izquierda ‘abertzale’ y que decir que ésta es parte de ETA, "contradice la Constitución Española". Este auto añadía que el movimiento independentista vasco tiene “todo el derecho (constitucional)” a operar en política con libertad y a organizar los actos que considere oportuno.
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