Atiende a la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción y los cita para noviembre Fueron 'titulares de la máxima representación y poder en el sindicato' durante los hechos
Francisco Fernández Sevilla y Manuel Pastrana, en Sevilla en mayo de 2013.
El juez de Sevilla que investiga un posible fraude en subvenciones por parte de UGT-A mediante facturas falsas ha imputado en la causa a los dos últimos ex secretarios generales del sindicato, Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla.
Según han informado fuentes judiciales, el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla, Juan Jesús García Vélez, ha atendido la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción y ha citado a declarar a ambos el próximo mes de noviembre.
En un escrito elevado con fecha 6 de octubre, el Ministerio Público pedía a este magistrado que cite a declarar como imputados a ambos exaltos cargos del sindicato dada su participación "directa" en las actividades investigadas.
En primer lugar, la Fiscalía ponía de manifiesto en su escrito que tanto Pastrana como Fernández Sevilla "fueron titulares a la fecha de los hechos de la máxima representación y poder en el sindicato", precisando que el primero de ellos "fue secretario general durante todo el desarrollo de los hechos investigados y hasta mayo de 2013".
Un 'núcleo de decisión' bien definido
De su lado, Fernández Sevilla "fue secretario de Organización durante el mismo periodo y luego secretario general, y según declaraciones de todos los testigos, pertenece al núcleo de decisión" junto con Manuel Pastrana y el exvicesecretario general de Administración y Recursos Humanos de UGT-A Federico Fresneda.
Según explica la Fiscalía, "este núcleo de decisión se concentra desde el punto de vista orgánico en la comisión ejecutiva del sindicato", aseverando que esta comisión ejecutiva, "y singularmente los acusados, no solo eran conocedores sino que tomaron decisiones en relación con los hechos objeto del presente procedimiento".
A continuación, el fiscal delegado Anticorrupción, Fernando Soto, hace un resumen de los hechos investigados, indicando que, "en esencia, el objeto del presente procedimiento es la financiación irregular del sindicato UGT Andalucía a través de la defraudación generalizada en las subvenciones recibidas relativas a fondos de formación".
Según pone de manifiesto, los hechos investigados "comienzan a implantarse cuando se puso en marcha la llamada central de compras, cuestión que se deduce no solo de las investigaciones sino de las declaraciones de los imputados", y explica que esta central de compras "fue inspiración directa de Manuel Pastrana, según lo manifestado por Fresneda, y continuó en la implantación de la misma Francisco Fernández, no solo en su época de secretario de organización, sino en el periodo que sucedió a Pastrana".
Presunto desvío de fondos por distintas vía
El Ministerio Público señala que "esta financiación ilícita" se llevaba a cabo por medio de varias "vías", la primera de ellas el denominado 'rapel', una "figura a tenor de la cual se repercutía un porcentaje en las compras que hacía el sindicato a un proveedor, soportado por este y posteriormente ingresado en la cuenta señalada por el sindicato".
"Luego ante la Administración, el sindicato presentaba la factura sin incluir ese descuento, lucrándose así en el exceso y falseando las justificaciones que presentaban a la Administración", asevera el fiscal, precisando que "los importes totales obtenidos por el sindicato a través de este 'rapel' se repartían entre la propia estructura regional y las uniones provinciales", y "el lugar en que se hacía era la comisión ejecutiva".
Otra "vía" era el 'bote', a través del cual el sindicato "encargaba la elaboración de facturas simuladas, que sin responder a realidad o negocio jurídico alguno, pasaba a formar parte de una cuenta acreedora de UGT con terceros, y siempre previo pago de esas facturas", lo cual "hacía que el sindicato sostuviera actividades al margen de la subvencionada con cargo a ese 'bote'".
"Así y de esa manera, la actividad ordinaria de la entidad se sufragaba con fondos que realmente eran procedentes de subvenciones destinadas a fondos de formación", pone de manifiesto la Fiscalía en su escrito.
El Ministerio Público destaca que en la rendición de cuentas que Fresneda presentaba periódicamente ante la comisión ejecutiva "se incluía el monto obtenido por el 'rapel', se informaba sobre el mismo y al mismo tiempo se decidía sobre la propuesta de reparto por la comisión", tal y como afirmó Roberto Macías, secretario de Fresneda en Administración y posteriormente en el departamento de compras.
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