La operación Edu contra el presunto fraude masivo cometido en Andalucía con los fondos públicos para la formación de trabajadores sigue diseccionando los más de 8.000 expedientes con este tipo de subvenciones aprobados por los diferentes Ejecutivos autonómicos socialistas entre 2007 y 2013, la duración del último programa del Fondo Social Europeo. Las pesquisas siguen centrándose por ahora en la provincia de Málaga, pero los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía y los funcionarios del Servicio de Inspección de la Seguridad Social ya manejan datos de otras demarcaciones que han puesto en el foco de la investigación subvenciones sospechosas concedidas por la Junta a asociaciones vecinales que habrían sido luego desviadas a empresas de la órbita del PSOE.
Los agentes de la UDEF están convencidos de que la presunta estafa de la formación esconde la verdadera red clientelar del socialismo andaluz. Las asociaciones de vecinos habrían jugado un papel decisivo en el riego por aspersión de esos fondos públicos a cambio de respaldos electorales. De hecho, los colectivos vecinales son una de las instituciones que más fondos para cursos habrían recibido de la administración andaluza. Aparecen decenas de ellas en las resoluciones aprobadas por la Junta para repartir estas ayudas.
Conocer exactamente cuánto recibieron va a resultar más difícil, entre otros motivos, porque al tratarse de entidades sin ánimo de lucro no están obligadas a presentar sus cuentas en el registro mercantil. Además, algunas asociaciones vecinales habrían recibido dinero por triplicado en una sola convocatoria. Primero, como asociación; después, como asociación integrada en una federación; y por último, como asociación integrada en una federación que a su vez forma parte de una confederación. Sólo entre enero de 2009 y mayo de 2012, la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Andalucía (CAVA), que supuestamente representa a todos los colectivos vecinales de Andalucía, ingresó subvenciones directas por valor de 683.000 de euros para destinarlos a cursos para trabajadores.
Direcciones falsas
Lo que luego ocurrió con esos fondos es un misterio para los investigadores. En su página web oficial no hay rastro de los cursos que habría promovido ni tampoco de su hipotético resultado, ni tampoco se aclara qué dinero fue administrado directamente por ella y cuánto desvió a sus entidades asociadas. Desde la propia CAVA reconocen que la asociación está funcionando en estos momentos bajo mínimos. “Estamos en una época complicada. En estos momentos no nos paga nadie las cuotas, así que seguimos trabajando pero tenemos muy pocos recursos”, admite un empleado de la confederación, Rafael, un nombre falso para evitar que sufra represalias. “¿Cuánto dices que nos dieron? ¿Más de 600.000 euros? Eso es imposible. Ya me gustaría a mí ver ese dinero”, asegura incrédulo Rafael, con una larga trayectoria a sueldo de la Confederación.
c/ José Saramago 8, supuesta sede oficial de la Confederación de Vecinos
A los investigadores también les están sorprendiendo las cantidades que repartió alegremente la Junta a estos colectivos para la celebración de acciones formativas, y que además canalizara esas ayudas millonarias a través de asociaciones de vecinos, que no disponen de la infraestructura necesaria para celebrar ese tipo de programas. El propio Rafael reconoce que todos los cursos que organizaron “se celebraron en otros locales”. “Aquí no hay sitio para esto ni nosotros somos gente suficiente para hacer ese tipo de cursos”, admite.
El sitio desde el que habla Rafael es un bajo en el número 48 de la avenida Luis Montoto de Sevilla. Pero esa no es la dirección oficial de la Confederación de Vecinos. Según el registro mercantil, debería estar en un primer piso del número 8 de la calle José Saramago (antigua calle General García de la Herranz) de la capital hispalense. Sin embargo, en ese edificio sólo hay viviendas y ninguno de los vecinos de ese inmueble contactados por este diario ha oído hablar en su vida de la Confederación de Vecinos ni de nada que se le parezca. Ni siquiera Rafael ha oído hablar nunca de esa calle, a pesar de que en ese lugar se encuentra la dirección oficial del organismo para el que trabaja.
Asociaciones vecinales satélite
Los residentes en el número 8 de la calle José Saramago tampoco han oído hablar del resto de extrañas asociaciones vecinales que figuran domiciliadas en esa misma vivienda. Una de ellas es la Asociación de Mujeres Vecinales de Andalucía, integrada en la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Andalucía y que también recibió ayudas para la celebración de cursos para trabajadores. En una convocatoria de 2009, por ejemplo, percibió 81.238 euros y, en 2010, una de 76.956 euros y otra de 64.365 euros.
También tiene su domicilio oficial en el inmueble de la calle José Saramago la Asociación Jóvenes Vecinos de Andalucía, otro de los organismos satélites de CAVA. Por supuesto, también recibió fondos de la UE para la celebración de cursos. Concretamente, en 2009 logró 58.918 euros y, en 2010, 51.448 euros. La última ayuda que recibió Jóvenes Vecinos de Andalucía, de 49.556 euros, figura en una resolución del 21 de marzo de 2012. Según los datos que manejan los investigadores, esa institución dejó de tener actividad sólo unos días después de recibir esos fondos. En estos momentos se trata de una asociación fantasma, carente de toda actividad.
Así lo confirman en la propia Confederación, que admite que Jóvenes Vecinos de Andalucía ya no existe. Esa asociación se ha convertido ahora, según revelan a este diario, en Jóvenes Vecinales de Andalucía, un ligero cambio de nombre que implica una nueva personalidad jurídica y que, por tanto, dificulta la exigencia de responsabilidades a la anterior marca y permite a la nueva seguir recibiendo ayudas. Todas estas prácticas son las que están encontrándose los investigadores de la UDEF y del SISS. E incluso peores. Después de todo, la Confederación es supuestamente la asociación vecinal más relevante de toda Andalucía. La lista de beneficiarias de este tipo es interminable.
La vinculación de estos colectivos con el PSOE es intencionadamente difusa, pero en algunos puntos de Andalucía, después de tres décadas de gobiernos socialistas, ni siquiera se esconde. Por ejemplo, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cádiz, que también pertenece a la Confederación, tiene decorada su página web con el logotipo de la Agrupación del PSOE de Cádiz. Lo habitual, no obstante, es la que las conexiones sean más sutiles y se traduzcan en el apoyo vecinal recurrente a las medidas de los dirigentes socialistas.
La pista del dinero
Los investigadores se centran en el rastreo de los fondos. Como ha denunciado la Cámara de Cuentas de Andalucía, las leyes aprobadas por la Junta han permitido la subcontratación ilimitada de los cursos para trabajadores. La ayuda va a una entidad concreta, pero ésta puede subcontratar con otras instituciones la realización de las acciones formativas para las que ha sido subvencionada. Eso es lo que hicieron sistemáticamente todas las asociaciones de vecinos que recibieron ese tipo de ayudas para suplir su falta de medios y experiencia. Los colectivos vecinales conseguían los fondos y luego los movían.
Félix Martín, presidente de CECAP
Y ahí es donde entran Ánfora Formación SL y Análisis y Formación Aplicada SL, dos sociedades mercantiles de la órbita del PSOE especializadas en la educación profesional. La primera empresa es propiedad de Pedro Ramiro Palos Sánchez, patrono de la Fundación por el Progreso de Andalucía, probablemente, la institución con más pedigrí de todas las que forman parte de la galaxia asociativa del socialismo andaluz. Ánfora aparece como adjudicataria de decenas de ayudas directas para formación. En una sola convocatoria de 2011, por ejemplo, recibió fondos de la Consejería de Empleo por valor de 290.227 euros.
Pedro Palos Sánchez también está vinculado con la segunda firma, Análisis y Formación Aplicada SL. Fue uno de sus administradores hasta mayo de 2008. El actual responsable es su antiguo socio Félix Martín Moreno, que curiosamente ocupa en la actualidad el puesto de presidente de la federación andaluza de la patronal de empresas de formación (CECAP). Cuando estalló la operación Edu el pasado mes de abril, Martín Moreno compareció en público para defender la legalidad en la que se mueven la mayoría de las empresas del sector. Pero no reveló que en 2003 concurrió a las elecciones municipales en la lista que presentó el PSOE en Castilleja de Guzmán (Sevilla) ni que la empresa de la que es propietario habría recibido en los últimos años más de 1,3 millones de euros en subvenciones directas para formación de trabajadores.
Eso es sólo una parte del negocio de las subvenciones que acabó en las cuentas de estas dos empresas cercanas al PSOE. A esas cantidades hay que sumar los fondos que recibieron por la vía de las asociaciones de vecinos. Aunque no figura en las resoluciones, tanto Ánfora como Análisis y Formación recibieron miles de euros para celebrar supuestos programas de reciclaje de empleados a través de diferentes colectivos vecinales, que decidieron subcontratarles las subvenciones que habían conseguido. La Junta puso el dinero, las asociaciones vecinales actuaron como pantalla y el dinero acabó en las cuentas de esas dos empresas. La UDEF trata de averiguar si se perdió algo por el camino. Por ahora, sus investigadores han encontrado irregularidades en el 85% de los expedientes analizados.
No hay comentarios:
Publicar un comentario