Pedro Sánchez con Susana Díaz (EP)
La Junta de Andalucía presupuestó, a través del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), cerca de 43 millones de euros para la lucha contra la violencia de género en 2018. Sin embargo, de esa cantidad, la que realmente llegó a las víctimas de forma directa fue de apenas 1,2 millones.
El resto se pierde en una estructura de asociaciones subvencionadas, personal o gastos varios. En contraposición, el gobierno de Susana Díaz triplicó esa cifra únicamente en concepto de dietas para las distintas consejerías.
Según se desprende del análisis del Presupuesto autonómico, hasta 9,5 millones del Presupuesto destinado a las víctimas se fue en sueldos de 182 trabajadores; otros 12,2 millones en gastos corrientes (agua, luz, mantenimiento, seguridad o incluso vestuario); 20 millones a ‘transferencias de capital’, un apartado en el que se incluyen las subvenciones a sindicatos, las ayudas para “potenciación del asociacionismo de mujeres” (las asociaciones feministas se llevan 3 millones de euros), la promoción en las universidades de “actuaciones en materia de género” y distintas acciones de formación. También se incluyen otros conceptos que ni siquiera se detallan y cuyo importe asciende a 900.000 euros.
Sin embargo, para ayudas directas a las víctimas de violencia de género apenas se destinan, en conclusión, 1,2 millones de euros, desglosados de la siguiente forma: 400.000 para “programas de atención social a las mujeres”, 660.000 para ayudarlas económicamente,190.000 en “atención psicológica a víctimas de la violencia”, 101.981 en “atención integral a mujeres víctimas de Violencia de género” y 253.785 euros en “atención especializada a menores expuestos a la violencia de género”.
Mientras, el importe destinado únicamente a pagar dietas en las distintas consejerías -tanto en sus sedes centrales como en las correspondientes delegaciones- ascendió a 3,06 millones de euros, solo en 2018.
Aquí el desglose detallado del gasto en dietas por consejerías:
Presidencia, Administración local y Memoria Democrática: 216.906
Economía y Conocimiento: 170.286
Hacienda y Administración Pública: 114.185
Educación: 436.542
Salud: 281.549
Igualdad: 103.843
Justicia e Interior: 185.799
Empleo, Empresa y Comercio: 140.927
Fomento y Vivienda: 433.794
Turismo y Deporte: 207.625
Cultura: 93.864
Agricultura, Pesca y Desarrollo rural: 322.192
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio: 358.403
La cantidad anterior no incluye las dietas correspondientes a otros organismos como la Cámara de Cuentas, el Consejo Consultivo o el Consejo Audiovisual, entre otros.
Las ‘casas gratis’ de los altos cargos
La comparación con otros gastos del gobierno autonómico también es llamativa. Es el caso, por ejemplo, de algunos privilegios de que gozaban los altos cargos del Ejecutivo de Susana Díaz, como el ‘plus’ mensual para costear el alquiler de sus viviendas. La prebenda, regulada por ley, suponía para las arcas de la Junta de un gasto anual superior a los 700.000 euros. En septiembre, el último contabilizado, se llegaron a pagar 63.000 euros.
Se trata de una cantidad que supera la dotación de los programas de atención a las mujeres víctimas de violencia de género antes indicados. En algunos casos, como el de “atención integral a mujeres víctimas”, la cuantía se multiplica hasta siete veces.
Como publicó OKDIARIO, entre los beneficiarios, 59, figuraba por ejemplo el propio vicepresidente de la Junta socialista, Manuel Jiménez Barrios; el consejero de Empleo, Javier Carnero; el de Fomento, Felipe López y el de Agricultura, Rodrigo Sánchez Haro, además de un amplio etcétera de viceconsejeros, directores y secretarios generales. Las cuantías van desde los 300 a los 1.383 euros que cobraba el director del Centro andaluz de Arte Contemporáneo, Juan Antonio Álvarez Reyes.
Siendo consejera de Hacienda, la actual ministra María Jesús Montero consideró “justo” que los altos cargos recibiesen ese dinero extra debido al “sobrecoste añadido por hacer su trabajo”. Montero veía necesario “compensar el gasto que ocasiona ostentar una representación institucional”.
PP, Ciudadanos y VOX se han comprometido a racionalizar el gasto de la Administración y, con ello, las remuneraciones de sus cargos, lo que incluye una revisión de estos privilegios.
okDiario
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