Las frases contenidas en las resoluciones de la Audiencia Nacional siempre fueron de ida y vuelta. Siempre fueron reversibles ideológicamente, y siempre a favor de obra cuando era la izquierda quien necesitaba magnificarlas o acallarlas.
Bien estaba la cosa si quienes incluían en sus sentencias acotaciones políticas y derivaciones pseudo-jurídicas contra la derecha eran magistrados de vitola progresista, trayectoria de superioridad moral, o patente de corso ideológica.
Alguno de ellos ni siquiera permitió a Mariano Rajoy intuir por dónde le iba a venir la moción de censura que dio con él en un soporífero despacho del Registro de la Propiedad.
En cambio, si las resoluciones de la Audiencia Nacional afectan de lleno a un dirigente de la izquierda, como ocurrió ayer con Pablo Iglesias, el escándalo deja automáticamente de serlo y su fanfarria mediática se diluye en la rutina procesal de los Tribunales.
O en ese uso extensivo y caprichoso de la presunción de inocencia que la ética pública de la izquierda siempre niega a los demás. Por el mero hecho de afectar a un dirigente de Podemos, estas resoluciones nacen como si no fueran ajustadas a Derecho.
Son solo tics autoritarios de una derecha judicial con dejes vengativos y herencia ultraconservadora que apenas merecen mucho más que el desprecio del silencio, porque están viciadas por un ancestro reaccionario que conviene erradicar.
Una frase de la Audiencia contra Rajoy, sin siquiera amagar con imputarle personalmente, hunde a un Gobierno en semanas. Una frase contra Iglesias, apuntando a la comisión directa de dos presuntos delitos, es azúcar en el agua. El progresismo calla.
Antes de intuir que un juez de la Audiencia Nacional apuntara a su posible pre-imputación, Pablo Iglesias ya había señalado y estigmatizado con desprecio amenazante al Tribunal que condenó a su portavoz en Madrid, Isa Serra, por atacar a varios policías en una manifestación.
Restringir la independencia del poder judicial fue el primer objetivo de Iglesias desde que formó gobierno con Pedro Sánchez, por encima incluso de su propósito de dominar al PSOE.
Y su fiscal general lo demuestra en este caso protegiendo a Iglesias como si fuese intocable. La claudicación de los poderes legislativo y judicial frente a la autoridad abusiva del ejecutivo está en la primera cartilla de cualquier populismo nacido para derogar las libertades.
Por eso, cuando un juez tumba a un derechista es un justo ejercicio de legalidad. Y cuando golpea a un izquierdista de ley, es la reencarnación de la ultraderecha bajo una toga indigna.
Ningún gobierno soportó tan mal el peso de la hemeroteca como el de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Fernando Grande-Marlaska -juez avalado en su día por la derecha para saltar al CGPJ- acusó directamente a ministros del PP de diseñar una emboscada contra Iglesias utilizando las «cloacas del Estado».
Ahora, un juez tan miembro de la Audiencia Nacional como Marlaska intuye que Iglesias miente y sospecha que la «cloaca» estaba en Podemos. Mucho se equivocó en su día el PP con su parafernalia de medias verdades, sus delatores presos, y sus imaginativas versiones judiciales.
Hoy, la única diferencia es que Iglesias parece inmune.
Manuel Marín ( ABC )
No hay comentarios:
Publicar un comentario