Pedro Sánchez quiere cerrar un pacto de avance hacia el separatismo que fuerce la Constitución, pero sin llegar a romperla. Los separatistas quieren algo más que una votación de un nuevo Estatuto de Autonomía expandido: quieren que Sánchez les trate y reconozca como nación soberana diferenciada de la española.
Y como los socialistas descuentan que van a tener que ceder más de lo deseado para evitar unas terceras elecciones, han dado ya orden a sus juristas de empezar a buscar nuevas fórmulas más allá de lo que sería una mera reforma estatutaria: una de las ideas que ha surgido se apoya en un referéndum nacional sobre las exigencias de los independentistas.
Y es que, aunque esa votación con toda probabilidad quitaría la razón a los separatistas a escala nacional, permitiría dar los resultados por comunidades autónomas, con lo que, por primera vez, habría un dato oficial de un escrutinio sobre los deseos de los catalanes y vascos de separarse de España. A partir de ahí, la gran pelea sería el contenido del texto de la pregunta.
El equipo del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no ha rechazado la exigencia de ERC de un referéndum separatista. Y no lo ha hecho porque lo cierto es que los socialistas hace tiempo que buscan fórmulas para dar encaje a la petición obvia de los independentistas. La gran opción que está encima de la mesa pasa por permitir un doble referéndum: el primero a escala nacional para validar una reforma de la Constitución tendente a ampliar las cesiones, entre otras cosas, del Título Octavo; y el segundo en Cataluña, donde se votaría una reforma que permitiría restituir el Estatut tumbado por el Tribunal Constitucional.
La reforma constitucional debería permitir el encaje, ahora sí, de aquel proyecto de Estatuto; y la segunda reforma, la del Estatuto en sí, debería regularlo como tal. Allí irían las cesiones en materia de Justicia, de financiación, de Educación, de eliminación de mecanismos de supervisión nacionales, de presencia en la UE, etc.
Pero ese modelo de votación no satisface a los separatistas, que han recordado ya que aceptar una negociación de un Estatuto de Autonomía les sitúa políticamente hace tres lustros: les sitúa aceptando que son una mera región. Y eso, sus bases y votantes radicalizados no lo aceptarían.
Por ello, Sánchez ha ordenado ya tirar de negociaciones previas y buscar fórmulas que, forzando la Constitución, permitan albergar el objetivo de ERC, PNV y EH Bildu.
Sobre la mesa existe ya un documento base que fue elaborado hace meses y cuenta tanto con el visto bueno del PSOE como del PSC, que es el interlocutor directo con los partidos separatistas. Pero el esquema apunta, precisamente, hacia ese doble referéndum sobre textos distintos, con lo que toda España votaría una reforma constitucional a la carta de las cesiones máximas admisibles dentro de las exigidas por los golpistas; y, más tarde, sólo los catalanes votarían sobre una reforma del Estatut de Autonomía para llevar estas cesiones a su nivel más exagerado dentro de los márgenes de interpretación constitucional.
El nuevo plan, sin embargo, pasa por aceptar, tal cual, la petición de los separatistas de cara a consultar a la población sobre un fraccionamiento de la nación en varias naciones. Y eso supondría dar, por primera vez, la posibilidad de votar a los catalanes y vascos sobre ese asunto. A todo el resto de españoles también. Pero con idea de mostrar después los resultados por regiones, algo que dispararía la presión social en esos territorios en caso de ser afirmativo el voto de forma mayoritaria.
No hay comentarios:
Publicar un comentario