Confiscaciones, jueces a dedo y amnistías: El Govern absorberá a funcionarios y no asumirá deuda si el Gobierno no negocia
Una «ley suprema» para romper con España. La Ley de Transitoriedad y Fundacional de la República rezuma ambición en su articulado y adolece de lagunas que el soberanismo confía en llenar con la independencia en marcha y tras una negociación con el Gobierno que se prevé imposible. La norma, que sólo entrará en vigor si vence el sí el 1 de octubre, prevé que el Govern participe en el nombramiento de la nueva cúpula judicial; una amnistía para todos los políticos imputados por impulsar el procés; la confiscación de bienes del Estado y la absorción de funcionarios. Estos son sus artículos clave:
Elección de jueces
El nuevo poder poder judicial en Cataluña dependerá de un complejo sistema que, en esencia, deja en manos del Govern la elección de su cúpula. Según recoge el artículo 66.3, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) se convertirá «en el Tribunal Supremo» de Cataluña, órgano judicial superior en todos los órdenes». El nombramiento de su presidente -máxima autoridad judicial de Cataluña- dependerá del president de la Generalitat «a propuesta de la Comisión Mixta», formada en su mayoría por «personas designadas por el Govern»: cinco, incluyendo al conseller de Justicia, frente a las cuatro escogidas por los propios jueces. El Fiscal General del Estado catalán sí será nombrado por el Parlament por mayoría absoluta. El riesgo de politización de la Justicia también pende del método de selección de jueces, letrados y fiscales. Según la ley de ruptura, quiene hayan ocupado plaza en «los órganos judiciales y la fiscalía de Cataluña» los tres años anteriores» a la aprobación de la ley seguirán en sus plazas, excepto si renuncian a ser incorporados. Sin embargo, quienes «pertenezcan a los cuerpos correspondientes al Estado español» deberán volver a concursas «a las plazas que se convoquen».
Amnistía
Los redactores de la ley han incluido en la ley un artículo -el 79.4- ideado en exclusiva para amnistiar de forma inmediata a políticos soberanistas imputados por promover el procés, entre ellos el ex president Artur Mas. El redactado especifica que «los juzgados y tribunales sobreseen o anulan los procesos penales contra investigados o condenados por conductas» para promover «la creación de un nuevo Estado de forma democrática y no violenta».
Confiscación de bienes
Una de las incógnitas que no resuelve el articulado es el proceso de negociación para el traspaso de activos y pasivos entre gobiernos. Sin embargo, sí se da por hecho -sin especificar el método- que la Generalitat confiscará todas las propiedades que el Estado tiene en Cataluña. El artículo 20 recoge que «el Estado catalán sucederá al Estado español y se mantiene en la posición de la Generalitat la titularidad de cualquier clase de derecho real sobre todo tipo de bienes en Cataluña». También se da por hecha la subrogación de todos los «contratos, convenios y acuerdos» firmados por el Gobierno y que sean necesarios para el funcionamiento del nuevo gobierno. Con la misma naturalidad se asume que todos los funcionarios -de la Generalitat o del Gobierno- «se integran en la administración pública de Cataluña» (Artículo 17). Para policías y jueces se «requiere la posesión de la nacionalidad catalana», puntualiza la nueva ley.
Permanencia en la UE
La más importante de las leyes de «desconexión» recoge unos de los postulados más polémicos del procés y da por hecha la permanencia de una república catalana en la Unión Europea (UE) pese a que ninguna autoridad comunitaria ha apoyado nunca esa tesis. La Ley de Transitoriedad garantiza que «el derecho de la Unión Europea»», «el derecho internacional» y «los tratados internacionales» seguirán vigentes en Cataluña. El redactado elude toda mención a un posible proceso negociador con el eurogrupo y se garantiza la continuidad en el proyecto (Artículo 14.2): «Las normas de la UE que entren en vigor con posterioridad a la entrada en vigor de esta ley se integrarán automáticamente».
Deuda con España
El rechazo del Gobierno a cualquier negociación deja sin respuesta el capítulo de la parte de la deuda del Estado que corresponde a Cataluña. Sin disposición concreta ni pistas sobre cómo se solventará el conflicto, el artículo 82 de la ley de desconexión repite la política de hechos consumados. «El Estado catalán sucederá al Reino de España en los derechos y obligaciones de carácter económicos y financiera en los términos que se acuerden con este». Descartada la participación del Gobierno en cualquier conversación, el diputado de la CUP y uno de los redactores de la ley Benet Salellas fue ayer claro: «Si no hay negociación, no hay asunción de la deuda».
Doble nacionalidad
La obtención de la nacionalidad catalana «no exige la renuncia de la nacionalidad española» y estará garantizada para los españoles empadronados en Cataluña antes de 2017. Con el objetivo de «no dejar a nadie fuera», la lista de condiciones para tener pasaporte catalán son múltiples: si se pide tras dos años de empadronamiento; hijos de padres catalanes o «apátridas».
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