Quienes los perpetran celebran, desde su ignorancia aldeana, el brutal empobrecimiento derivado de sus políticas.
Hace algunos meses, tras la aprobación de la Ley de Educación que niega al castellano la condición de lengua oficial y vehicular en toda España, Escritores con la Historia, asociación de la que me honro en formar parte, promovió un manifiesto titulado ‘Escritores con nuestra Lengua’ al que se adhirieron millares de ciudadanos anónimos, así como destacadas figuras de la literatura y el periodismo, encabezadas por el premio Nobel Mario Vargas Llosa. El texto, ajeno a ideologías y centrado en denunciar el riesgo inherente a permitir la erradicación de nuestro idioma común del sistema de enseñanza en aquellas comunidades donde gobierna el independentismo, concluía con estas palabras: «Nosotros, como escritores, quizás más obligados que nadie a defender la lengua quenos une, al tratarse de nuestra herramienta esencial de creación, hemos decidido levantar nuestra voz, a través de este llamamiento al colectivo y a la sociedad, para exigir el estricto cumplimento de la Constitución y el amparo efectivo del derecho de todos los españoles a ‘conocerla’ y ‘usarla’ en cualquier lugar de territorio español. Dicho ello sin menoscabo, sino bien al contrario, desde el mayor respeto, aprecio y cariño al uso del resto de lenguas habladas en España -españolas, por consiguiente-, porque constituyen un rasgo más de la riquísima heterogeneidad cultural nacional. Esa riqueza está felizmente a salvo. Pero lo que hoy está siendo agredido, y es ante lo que nos rebelamos, es el derecho de muchas personas a emplear el español con normalidad. Ningún hispanohablante ha de sentirse huérfano de sí mismo al serle vetado expresarse en la lengua en la que aprendió a conjugar los verbos amar, pensar, imaginar, comprender y vivir».
La ministra cuya firma rubrica esa norma inconcebible en cualquier país democrático ya no forma parte del Gabinete, pues una vez perpetrada la traición el traidor deja de ser necesario. Sánchez la utilizó para pagar a los separatistas una parte del peaje pactado, después de lo cual la cesó. Pero la persecución a los hispanoparlantes se acentúa. Baleares sufre una dramática escasez de personal sanitario porque el dominio del catalán es requisito indispensable para concurrir a las correspondientes oposiciones. Ni los médicos que se expresan en español pueden ejercer su profesión en las islas, ni los isleños ser curados por profesionales con quienes se entienden a la perfección. La lengua, cuya razón de ser es facilitar la comunicación entre las personas, se ha tornado muralla en detrimento de su salud. En Cataluña, entre tanto, la Generalitat urde planes para vetar el español también en la Universidad (de la escuela ya fue desterrado) y expulsar así de las aulas a incontables estudiantes nacionales y extranjeros, con la consiguiente pérdida de talento, diversidad y pluralismo. Cada día hay más hispanohablantes víctimas de estos feroces pogromos lingüísticos, mientras quienes los perpetran celebran, desde su ignorancia aldeana, el brutal empobrecimiento derivado de sus políticas.
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