El PP acaba de añadir una nueva denuncia al escándalo millonario de las subvenciones concedidas por el Gobierno valenciano de Ximo Puig a las empresas del hermano del propio presidente autonómico. La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular, Eva Ortiz, comunicará a los tribunales el hecho de que la consejera de Justicia, Gabriela Bravo, no activó la Inspección de Servicios, dependiente de su Consejería, para comprobar las innumerables irregularidades que han visto la luz a lo largo de años sobre el escándalo del pago de subvenciones a las sociedades de Francis Puig, hermano del presidente regional. Gabriela Bravo no es sólo la consejera de Justicia. Es, además, la pareja de Ximo Puig.
El PP sostiene que la Consejería de Bravo “no ha hecho nada, y nunca ha controlado el dinero público de los valencianos que iban a parar las empresas el hermano del presidente Ximo Puig”.
Fuentes oficiales del PP han confirmado a OKDIARIO que el único organismo que no investiga a los hermanos de Ximo Puig “es justamente el primero que debía haberlo hecho: en el artículo 30 de la Ley reguladora de la Inspección se señala que la actuación inspectora se iniciará a raíz de cualquier dato obtenido por el sistema de alertas”.
Eva Ortiz ha denunciado, ademas, que la consejera de Justicia ha mentido en sede parlamentaria y que, tras ser preguntada por este aspecto, ha asegurado que sí había inspeccionado las empresas del hermano de Ximo Puig.
El PP aclara que “obstaculizar cualquier tipo de investigación interna para tratar de ocultar el presunto desfalco de sus hermanos puede acarrear consecuencias penales” y se ha preguntado por qué “tenía tanto interés el PSPV en separar la Inspección de Servicios de la Consejería de Transparencia esta Legislatura para dársela a Bravo”. Y es que ese traspaso de competencias se produjo precisamente para que fuese Bravo la responsable de ese cuerpo inspector.
Bravo ha sostenido en las Cortes valencianas que existía un informe sobre la concesión de estas ayudas. Pero el PP mantiene que “la Inspección no ha sacado ningún tipo de informe sobre las subvenciones obtenidas por los hermanos del presidente Puig”.
Eva Ortiz aclara que esta Consejería «tenía la obligación de comprobar que la actividad que los hermanos de Puig decían que estaban realizando realmente se realizaba». «Nosotros nos preguntamos: si hay dos Consejerías bajo la tutela de este Gobierno que son Educación y Economía que tienen expedientes abiertos, incluso una de ellas, Educación, ha pedido que se devuelva dinero, ¿por qué la Inspección de Servicios no lo sabe, no le consta y no lo pone negro sobre blanco?», zanja.
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