Los ataques de Pablo Iglesias al juez instructor de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, y a los medios de comunicación críticos con Unidas Podemos sitúan al Gobierno en posiciones inadmisibles, antidemocráticas e impropias de un país miembro de la Unión Europea.
Solo en regímenes de corte populista, iliberal y autoritario se puede entender que un vicepresidente utilice la radio pública para presionar a la Justicia, descalificando una instrucción en marcha, y arremeter al mismo tiempo contra la prensa por investigar el conocido como caso Dina, por el que Iglesias podría ser citado a declarar como investigado en el Tribunal Supremo.
Se le imputarían posibles delitos de revelación de secretos -por apropiarse de la tarjeta del móvil de su antigua asesora, Dina Bousselham, como él mismo ha reconocido- y daños -por el borrado de su contenido, tal y como ella declaró ante el magistrado-.
En la entrevista que concedió ayer a RNE, Iglesias, que había guardado silencio desde que estalló el escándalo, repitió en varias ocasiones -sin citar al juez instructor que le retiró hace días su condición de perjudicado en el caso- que «parece que algunos quieren que los responsables de una cloaca, que quedó acreditada en sede parlamentaria, se vayan de rositas», insinuando una posible prevaricación de García Castellón y hasta su disparatada sumisión a Villarejo.
Acto seguido, recordó que esa «cloaca» es ahora ante todo mediática y tachó de «gentuza» y «tipejos» a conocidos periodistas y medios de comunicación, entre ellos EL MUNDO. Finalmente, calificó de «bajezas» las informaciones publicadas por varios medios referidas a una posible filtración de información de la Fiscalía a la abogada de su partido, Marta Flor, para ayudar a Unidas Podemos en su defensa.
Es cierto que la actitud de Iglesias es propia de un político que se siente acorralado por sus propias mentiras y teme ser desplazado de su posición de poder, pero no hay que olvidar que de momento sigue siendo vicepresidente del Gobierno.
Y su virulenta reacción contra la Justicia y los medios de comunicación, dos pilares de nuestro sistema democrático, son una muestra del peligro que representa tener en el Consejo de Ministros a alguien que ha declarado abierta y reiteradamente su voluntad de acabar con el sistema constitucional vigente.
Si Sánchez quiere ganar credibilidad en Europa y contar con la colaboración institucional del principal partido de la oposición, deberá asumir que su cercanía a un populista megalómano desprestigia internacionalmente el nombre de España y hace inviable cualquier acercamiento entre los dos principales partidos políticos en el Parlamento.
El Partido Popular presentó ayer en el Congreso una batería de 44 preguntas escritas a Iglesias sobre su participación en el caso, denunciando que en su entrevista en la radio pública Iglesias no negó «el chivatazo» de la Fiscalía.
Pero la verdadera catadura de Iglesias no quedó ayer solo en evidencia por sus graves acusaciones e injurias para intentar salvar su posición. Además, evidenció que su feminismo es solo una máscara electoral al reconocer que se quedó con la tarjeta de Bousselham, a la que presentó como una desamparada «mujer de veintitantos años», para «protegerla».
Una actitud paternalista y «heteropatriarcal» que contrasta con su discurso, que ya sabemos impostado y falso.
El Mundo
viñeta de Linda Galmor
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