La arbitrariedad y el oscurantismo del gobierno independentista no tiene parangón en los países de nuestro entorno.
Los independentistas querían aplazar las elecciones al 30 de mayo, porque les beneficiaba en sus cálculos electorales. Nada que ver con una preocupación ante la pandemia. No creo que nadie sea tan ingenuo para creerse seriamente que ERC y JxCat antepondrían los intereses de los ciudadanos a los suyos. No son de esa clase de políticos. Como era más que previsible, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña decidió ayer tumbar el decreto del gobierno catalán y mantener la cita electoral para el 14 de febrero. Los magistrados tardaron menos de dos horas, porque el tema siempre ha estado muy claro para cualquier jurista que no esté ofuscado por el fanatismo partidista. Cuando suceden estas cosas, me pregunto si a los osados autores de este bodrio les tocó el título de licenciado en Derecho en una tómbola. No hay otra explicación. No hace tanto tiempo pudimos comprobar la concatenación de despropósitos jurídicos que se realizaron alrededor del proceso para imponer la independencia. Es verdad que los cabecillas de la trama, unos recién salidos de la cárcel gracias al regalo del tercer grado y otros fugados de la Justicia, tienen ahora la suerte de que España está gobernada por una coalición socialista-comunista que es muy sensible y deferente con los que quieren destruirla.
La arbitrariedad y el oscurantismo del gobierno independentista no tiene parangón en los países de nuestro entorno. No hay ningún atisbo de exageración en mis palabras. La utilización sistemática de los recursos públicos para favorecer a los fieles con la causa por medio de subvenciones, colocaciones, concesiones y todo tipo de mamandurrias es, simplemente, espectacular. Ni siquiera los socialistas, siempre proclives a convertir las administraciones públicas en una gran agencia de colocación, son capaces de llegar a esos extremos. El intento de aplazar las elecciones, que es un proceso que no se puede interrumpir, salvo por un escenario catastrófico, y menos sin un sustento legal, es un claro ejemplo de cómo interpretan la democracia. Estos «demócratas del adoctrinamiento» controlan las instituciones como si fueran un cortijo al servicio de sus ideas partidistas, sus asociaciones y esa burguesía nacionalista que utilizaba el saludo romano durante la época de Franco. En cierta ocasión estaba comprando libros en los Encantes y en un montón encontré varios sobre el Valle de los Caídos y otros folletos de contenido «patriótico». Lo más divertido es que tenían el sello de una conocida empresa de ascensores, ya desaparecida, cuyo propietario era un gran amigo de Pujol. La familia propietaria había transitado del franquismo al nacionalismo y ahora al independentismo.
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