«Los países miembros también pueden utilizar que los ingresos por el mercado de derechos de emisiones han sido superiores a lo previsto», informaba la Comisión Europea en su comunicación sobre la crisis energética. Un mensaje directo para el Ministerio de Hacienda, que es el encargado de recaudar esta tasa verde. Según estiman los Presupuestos Generales del Estado de 2022, esta partida se elevará este año hasta los 2.000 millones de euros.

Una cifra que engorda un 61% a los 1.240 millones de euros que recaudó Hacienda en 2020, según consta en los últimos Presupuestos. Hasta agosto de 2021, la recaudación por los derechos de emisión de gases de efecto invernadero fue de 1.557 millones de euros, un 25% más que en todo el ejercicio anterior. Los PGE pronosticaban en octubre que, a cierre de 2021, esta vía de ingresos patrimoniales engordaría hasta los 2.335 millones de euros y se moderará, aunque levemente, hasta los 2.000 millones de euros en 2022.

«Las causas del crecimiento son el aumento del volumen de derechos distribuidos por España, pero, sobre todo, la fuerte subida de los precios (el precio medio en 2021 casi duplica el de 2020)», informan los Presupuestos Generales del Estado de 2022. En la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021, las previsiones eran ingresar 1.200 millones de euros.

El Gobierno consideraba que 2021 se iba a cerrar con un precio de 25 euros/tonelada de CO2. Pero el mercado se ha descontrolado en ese periodo y ha duplicado la previsión hasta cerrar el ejercicio con precio de 53,55 euros/tonelada. Y para 2022 la previsión se queda aún más corta. La media para los dos primeros meses de este año es de 84,79 euros/tonelada. Se espera que la recaudación para este año supere con creces a 2021, aunque desde el Ministerio de Hacienda no han actualizado sus cifras pese a la solicitud de Vozpópuli.

La Comisión Europea explica en su comunicación de este martes que, en un primer momento, los fondos de este mercado de derechos de emisión tenían como principal objetivo financiar proyecto destinados a la descarbonización de la economía. En particular, inversiones centradas en la eficiencia energética, la transición energética y la innovación en tecnologías limpias. Ahora, Bruselas da luz verde a que los países miembros pueden utilizar los ingresos para financiar los aspectos sociales en los hogares de ingresos bajos y medios.

Hacienda aprovecha la especulación

El aumento del coste de contaminar es lo que buscaba la Unión Europea en 2005 cuando creó este mercado. La intención era desincentivar con este pago las emisiones para cumplir el protocolo de Kyoto y reinvertir los ingresos de este mercado en proyectos medioambientales.

Un mercado donde los miembros de la Unión Europea y sus empresas negocian los derechos de emisiones de dióxido de carbono (CO2). Un sistema similar a la Bolsa donde, en vez de pagar euros por acciones de una empresa, se compran y venden las toneladas de CO2 que se puede emitir. Estos derechos son demandados por los dueños de industrias que necesitan contaminar, como centrales térmicas, cogeneración o refinerías. Lugares con gran protagonismo en la producción energética que, si tienen que pagar muy alto ‘la multa’ de contaminar, la energía que producen se dispara. 

Los inversores se han unido a empresas y países miembros para competir en la rentabilidad de este mercado de emisiones compuesto en cerca de 2.000 millones de toneladas de CO2, en torno al 45% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero que tiene la Unión Europea, de los que pueden hacer uso 10.000 instalaciones con autorización para explotar estos derechos.