La Guardia Civil halló en la trituradora de la sede del partido un recibo de 15.000 euros abonados a un empleado y varios «voluntarios»
La investigación del caso 3%, que dirige el titular del Juzgado de Instrucción número uno de El Vendrell (Tarragona), se ha visto impulsada por el análisis de la documentación obtenida en el registro de la sede de Convergència, en concreto del despacho del tesorero del partido, Andreu Viloca. Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recuperaron el contenido de la trituradora de papel que había en oficina, y han podido reconstruir, tira a tira, once documentos.
Uno de ellos es un recibo datado el 4 de julio de 2013 en Barcelona. Redactado en catalán, su contenido no deja lugar a dudas: «Recibo en este acto la cantidad total de 15.000 € (quince mil euros), en efectivo metálico, de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), en pago por mis aportaciones efectuadas para la realización de distintas actividades de la Fundació Nous Catalans y el pago de las colaboraciones de diversos voluntarios de la mencionada entidad durante el 1er trimestre del 2012».
El firmante, que responde a las iniciales P.G. (aparece el nombre completo y el DNI) recibió la citada cantidad con la condición de saldar sus cuentas con el partido y renunciar a reclamaciones judiciales: «Al recibir la cantidad citada, doy por finiquitado este proceso con plena satisfacción por toda clase de conceptos, manifestando a los efectos que procedan que no reclamaré ninguna cantidad más por ningún concepto a CDC, renunciando en este acto a interponer cualquier tipo de reclamación ante los Juzgados, así como acciones judiciales y administrativas ante cualquier otra jurisdicción».
El caso investiga los pagos que realizaron varias empresas a cambio de obtener contratos públicos de administraciones controladas por Convergència Democràtica de Catalunya. Las presuntas mordidas documentadas se canalizaron como donacioens ficticias a las fundaciones que controlaba el partido, principalmente CatDem, antes denominada Fundació Catalanista i Demòcrata Ramon Trias Fargas, que cambió de nombre al verse inmersa en el caso Palau de la Música, que ahora se juzga.
El hecho de que Convergència dispusiera en su sede de elevadas cantidades de efectivo, en este caso 15.000 euros, apunta a que proceden de comisiones ilegales. Las fuentes consultadas sostienen que un pago de esta naturaleza, un finiquito, por ese importe se realiza por transferencia o cheque bancario. El hecho de haber triturado el recibo -la única prueba del pago- antes del registro de la Guardia Civil cimenta las sospechas de que ese dinero no tenían un origen lícito.
Entre los documentos triturados y reconstruidos también hay dos tarjetas de visita de dos importantes constructoras: OHL y Teyco. La primera es del director territorial de Cataluña de la multinacional y la segunda corresponde a Jordi Sumarroca, uno de los arrestados en la operación contra el 3%. La familia Sumarroca, propietaria de Teyco, entre otras empresas, también está siendo investigada en la Audiencia Nacional por el pago de asesorías a Jordi Pujol Ferrusola. Fuentes del grupo empresarial que puso en marcha el fundador de Convergència Carles Sumarroca sostienen que todos los pagos correspondían a «trabajos reales».
Otro de los documentos reconstruidos es un sobre con el membrete del partido y una anotación manuscrita que dice «traspàs efectiu» (traspaso en efectivo).
A los investigadores les ha llamado la atención que Viloca, tesorero del partido y de la fundación, acumulaba decenas de documentos relativos a licitaciones de obras públicas, tanto los anuncios como las adjudicaciones. Junto a su despacho también había una gran caja fuerte.
Los documentos intervenidos en julio de 2015 en la sede de CatDem, que comparte edificio con la de Convergència, acreditan que Viloca participaba en adjudicaciones públicas, algo que en absoluto debe estar entre las funciones del tesorero del partido. Así, un informe de los fiscales Anticorrupción del caso, José Grinda y Fernando Bermejo, entregado al juez de El Vendrell Josep Bosch Mitjavila apunta claras y contundentes conclusiones: «Una vez analizada y contextualizada (la documentación intervenida) con el resto de la investigación, pone de manifiesto una clara relación ilegal con aquellos empresarios y las respectivas adjudicaciones de obras y servicios, consistente en el cobro de comisiones en nombre de CDC».
«Evidente relación»
La investigación ha «detectado comunicaciones con ciertos empresarios sobre asuntos relacionados con adjudicaciones, listados de empresas adjudicatarias y donantes». Los documentos «ponen en evidencia la relación directa entre el Sr. Viloca y aquellos empresarios». Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han documentado -y reproducido con gráficos- siete casos concretos de adjudicaciones que estuvieron precedidas por reuniones entre el empresario ganador del concurso y el tesorero, según las agendas intervenidas a Viloca.
Durante el procedimiento de licitación se producían las donaciones a la fundación del partido.
La causa que investiga el juez de El Vendrell se inició por la denuncia de la exconcejal de Torredembarra Montse Gassull, de ERC, que falleció el pasado 19 de febrero víctima de un cáncer. La trama local que denunció la exedil desveló la presunta financiación ilegal de Convergència con adjudicaciones a nivel local, de diputaciones y autonómico.
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