García Ortiz pincha el lawfare: todos los sumarios de García Castellón del “independentismo violento” (incluido Puigdemont) integran las actuaciones “más relevantes contra el terrorismo".
Todos los sumarios del juez Manuel García Castellón contra Puigdemont y demás presuntos protagonistas de actos violentos indepes como tsunami o cdr forman parte de los “procedimientos más relevantes del área de terrorismo”.
Lo suscribe ante Moncloa el fiscal general del estado, Álvaro García Ortiz, cuyos subordinados, tras los pactos con Junts, tratan de aguar sumarios y reputarlos de “desórdenes públicos”, en contra de lo que llevan sosteniendo desde 2019.
Lo que el fiscal general llama “independentismo violento” en el informe que eleva al Gobierno, Sánchez lo bautiza “conflicto político” en su amnistía. Debe explicar a la UE si España persigue terroristas o políticos. Y si son terroristas por qué les amnistía con un truco: que no tengan condena firme, algo más lento que una ley.
El fiscal general del estado, cuando no se ocupa de promocionar ilegalmente a su exjefa, deja valientes escritos. Así describe las más “relevantes" operaciones del "área del terrorismo”. “Tras la celebración del referéndum ilegal de Cataluña, la Guardia Civil identificó como una amenaza la existencia y proliferación de los Comités de Defensa de la República (CDR).
Dicha hipótesis se reforzó tras los violentos actos producidos tras la denominada «sentencia del procés» durante el otoño de 2019. Consecuencia de lo anterior, se procedió a la apertura de una operación sustentada en medidas de investigación autorizadas por el Juzgado Central de Instrucción n.º 6 en el marco de sus DP 104/2017 declaradas secretas”. Unas investigaciones sobre 13 CDR de García Castellón que el fiscal general valida como concepto. Fue terrorismo.
El fiscal general avala los sumarios de García Castellón por terrorismo indepe.
“2019, en el marco de las DP 99/2018, se procedió a la detención de 9 individuos implicados en la comisión de presuntos delitos de terrorismo y fabricación de explosivos, miembros del Equipo de Respuesta Táctica, de los cuales 7 fueron presentados ante la autoridad judicial, quien decretó su ingreso en prisión y que en la actualidad se encuentran en libertad bajo fianza con medidas de control. Igualmente, durante 2020 el juzgado tomó declaración a otros 4 individuos en calidad de investigados.
El fiscal general del estado, cuando no se ocupa de promocionar ilegalmente a su exjefa, deja valientes escritos.
En la actualidad se está pendiente de la resolución de diversos recursos de las defensas de los procesados y una vez resueltos solo queda la celebración del plenario ante la Sala de lo Penal correspondiente”, explica García Ortiz a Sánchez.
El fiscal general cree, como García Castellón, que fabricar explosivos es terrorismo. Hoy, por culpa de ambos procesos, la fiscalía pide 248 años de prisión para 12 CDR.
Lo que el fiscal general llama “independentismo violento” en el informe que eleva al Gobierno, Sánchez lo bautiza “conflicto político” en su amnistía.
“Igualmente, en las DP 85/2019 se está pendiente de la cumplimentación de diversas comisiones rogatorias libradas a distintos países y con su recepción se podrá hacer una valoración jurídica de los hechos”, detalla el fiscal general a Moncloa. Es la causa que ha elevado García Castellón al Supremo por implicar al aforado Puigdemont como cabecilla del Tsunami Democrátic.
Y es otra de las más relevantes operaciones antiterroristas para García Ortiz. El taimado juez objeto de acusaciones de lawfare coincide con el fiscal general: no fueron meros desórdenes públicos, fue terrorismo. García Ortiz respaldaba el criterio de magistrado y sus fiscales. Hasta hoy.
La fiscalía sostuvo desde 2019 que el tsunami era terrorismo hasta el 19 de julio de 2023. “En el parecer del Ministerio los hechos objeto de la presente causa son susceptibles de ser calificados como un delito de terrorismo de los artículos 571 y ss del Código Penal, tal y como ha venido manteniéndose desde el inicio de las actuaciones mediante dictámenes que se ratifican en el presente”.
Pero el 26 de julio de 2023 (Sánchez ya precisa los votos de los líderes del tsunami) cambia de criterio: “realmente el Ministerio Fiscal no está en condiciones, a la vista del estado del procedimiento, para adelantar su criterio de forma taxativa y concluyente sobre si procede o no dicha inhibición”.
Esto ocurre en un ministerio público cuyo jefe está condenado por desvío de poder. Paradójicamente, el fiscal general dos meses después inserta el sumario que salpica a Puigdemont entre las actuaciones más brillantes contra el terrorismo. Y se lo hace saber a Sánchez.
Hasta tertulianas vinculadas con la judicatura braman que no se puede llamar terrorismo al tsunami si no está claro si hubo muertos. Año tras año ha habido condenados por terrorismo callejero sin muertos: los de la kale borroka etarra. Pero todavía no toca amnistiarlos.
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