Prisión de un año y nueve meses hasta tres años o pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro meses. Ésa es la sanción que contempla el Código Penal para las coacciones en las huelgas.
Este sindicalismo se tiene que acabar
Ni ‘Ley Mordaza’ ni huelga como delito: las mentiras izquierdistas sobre ‘los 8 de Airbus’
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Una agresión a los derechos de todos los trabajadores
El Artículo 315 del Código Penal castiga en su punto 2 las coacciones que impidan o limiten el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga. El punto 3 castiga a los que “actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga”. Ahora la izquierda quiere privilegiar a los sindicatos y otorgar total impunidad para que los piquetes violentos coaccionen a todos los trabajadores. Algo radicalmente antidemocrático.
Hace unos días Podemos anunciaba la presentación de proposiciones no de ley en la Asamblea de Madrid y en el Parlamento de Andalucía “pidiendo la derogación del artículo 315.3 del Código Penal, que castiga el derecho a huelga”. El grupo parlamentario de Podemos ha presentado también la iniciativa en el Congreso de los Diputados, en lo que constituye una ofensiva en toda regla para violar el derecho a trabajar y privilegiar a los piquetes sindicales. Pero Podemos no está solo en ese ataque contra los derechos de quienes no nos sumamos a las convocatorias de los sindicatos. El PSOE e Izquierda Unida también se han mostrado de acuerdo con la iniciativa.
Reclaman una lluvia de privilegios para los piqueteros
Según informaba ayer Europa Press, la citada iniciativa de Podemos, que contaría con el apoyo de los socialistas y de IU, además de dar barra libre para los piquetes, reclama endurecer las penas por impedir el derecho de huelga, es decir, que quieren una lluvia de privilegios para los piqueteros y maniatar a todo trabajador que les haga frente para defender su derecho a trabajar. No conformes con ello, reclaman el sobreseimiento de todas las causas judiciales actualmente abiertas contra piquetes violentos, que se anulen con rapidez -en un máximo de 15 días- todas las condenas ya dictadas, e incluso reclaman que el Estado indemnice a todos los piquetes que han sido condenados en aplicación de la ley por haber coaccionado a otros trabajadores.
La Policía sería obligada a actuar contra todo ciudadano que se defendiese
Esta iniciativa de la izquierda, propia de quienes no admiten más norma de convivencia que la ley del embudo, abre la puerta a una situación social tremendamente grave. Para empezar, lo que se propone la izquierda supondría abrir la puerta a la consolidación de una mafia sindical con permiso legal para pisotear, por medio de la violencia, a todos los trabajadores, empresarios y autónomos. Si se aprueba esta reforma, la Policía tendría que cruzarse de brazos ante cualquier piquete que esté coaccionando o agrediendo a un ciudadano. Es más: los agentes del orden estarían obligados a forzar a los ciudadanos a someterse a las imposiciones mafiosas de los piqueteros, en caso de que los demás trabajadores se resistiesen a sus coacciones.
Quieren cambiar la convivencia democrática por la ley de la selva
La izquierda ha dicho muchas veces, con absoluto cinismo, que un Estado liberal se basa en la ley del más fuerte, olvidando que el liberalismo implica el imperio del Derecho para todos y el amparo de los derechos de las minorías frente a los potenciales abusos de la mayoría, sin que puedan prevalecer privilegios de unos sobre otros. Esa concepción del Derecho, basada en la justicia y en la igualdad ante la ley, es la que desanima a todo ciudadano a tomarse la justicia por su mano, algo innecesario cuando el Estado ampara tus derechos sin discriminaciones. Esa iniciativa izquierdista implica sustituir la concepción del Derecho propia de una democracia liberal por las normas arbitrarias de un régimen bananero al estilo de la Venezuela chavista. Si lo que pretenden es destruir nuestra convivencia democrática, sustituyendo la igualdad por el privilegio y el amparo de las minorías por la dictadura de la mayoría, muchos españoles tendremos que replantearnos si el régimen resultante merece nuestro respeto y nuestra fidelidad, porque eso que pretende establecer la ultraizquierda con el apoyo del PSOE se parece poco o nada a una democracia
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