El suicidio de España – Marta González Isidoro
No sería ni descabellado ni tampoco irresponsable afirmar que España atraviesa por la situación política posiblemente más crítica desde la instauración del régimen Constitucional, allá por 1978. Ni siquiera el intento de golpe de Estado de 1982, visto ahora en perspectiva histórica, puso a nuestra joven democracia en la tesitura en la que ahora se encuentra. 37 años después de que la generación de nuestros padres diseñara el Sistema político y de convivencia que más prosperidad y libertad ha dado a nuestro país en toda su Historia, aparece en el horizonte el espectro de un neo comunismo de corte bolivariano que amenaza con saltar por los aires todas las estructuras sobre las que se apoya la arquitectura política, económica y social de nuestro país.
Treinta años de deconstrucción de la identidad nacional y territorial de España, de cesión de competencias tan esenciales como la Educación, y de ausencia de cohesión social en torno a un proyecto de nación compartida, unido a la profunda crisis económica, Institucional y de valores que vive nuestro país, explican, en parte, la aparición y auge de formaciones políticas oportunistas, populistas, antidemocráticas y liberticidas con clara vocación de gobierno.
El panorama es francamente preocupante, porque, más allá de la sana alternancia de Partidos políticos con posturas ideológicas distantes que, dentro del juego democrático natural, plantean correcciones a determinadas acciones políticas, el resultado de las elecciones municipales y autonómicas celebradas el pasado 25 de mayo ha puesto sobre la mesa la fractura ideológica y social de un país que revisa su Historia para romper con ella.
La Venezuela chavista ya está en España a través de eso que el expresidente Felipe González llama la aventura alternativa, y la plataforma de lanzamiento al resto de Instituciones del Estado son los ayuntamientos y las Comunidades Autónomas. Madrid, Barcelona y Valencia son sólo la punta del iceberg del proceso de disolución del Sistema desde dentro. A falta de pocas horas para que se constituyan los nuevos Consistorios, el vuelco es contundente.
La entrada en escena de Podemos, el frente ideológicamente vinculado con el llamado Socialismo del Siglo XXI bolivariano y con la revolución iraní, y la deriva del principal Partido de la Oposición, el Partido Socialista Obrero Español – PSOE – hacia la extrema izquierda, puede llevar a España al sectarismo y la exclusión de la otra parte de la población, la liberal-conservadora, a la que ya se la califica como de fascista, indecente o gentuza. Enemigos, no adversarios… el lenguaje político y de la calle recupera, en estos crispados días, términos que creíamos olvidados en el baúl del recuerdo de nuestros mayores.
El desgaste sufrido por el Partido Popular en el Gobierno, tras cuatro años de profunda crisis económica heredada de la etapa socialista, de reformas necesarias pero impopulares, de descontento popular por la brutal subida de impuestos, el aumento de las desigualdades sociales, el descenso de los estándares de bienestar y la corrupción endémica que afecta a todas las fuerzas políticas sin excepción, y de decepción por la renuncia de los principios ideológicos liberal- conservadores que tradicionalmente le definen, ha coincidido con el colapso del Sistema de equilibrios que la Transición puso en marcha con el consenso entonces de todas las fuerzas políticas – incluso antagónicas -, y que hoy, desde la Monarquía a la cuestión de la integridad territorial, un espectro muy amplio de la población cuestiona. Entre la regeneración y necesaria ventilación del Sistema, y la ruptura, hay diferencias considerables.
Lo más inquietante en el escenario político que se vislumbra, con un Gobierno colapsado y unas Elecciones Generales a la vuelta de la esquina, es que los que apuestan por la ruptura parecen nostálgicos de un Tiempo que no han conocido y que fue la antesala de una Guerra Civil que dejó cicatrices como cremalleras en la piel de cada territorio, de cada familia, de cada rincón de aquella España que ya parecía olvidada… Hasta que el PSOE del expresidente Zapatero recuperó sus raíces mesiánicas, resucitó los fantasmas de una de las trincheras y enarboló la tricolor – la bandera Republicana – como emblema de legítima libertad, etiquetando automáticamente a quienes se inclinaban por la cordura y la recuperación del espíritu de la Transición como los herederos intelectuales de esa otra España oscura y trasnochada. Empezó entonces en la izquierda española la recuperación de ese proyecto, – lento pero seguro que hoy se materializa en la composición de los gobiernos locales y autonómicos -, de desalojar la opción liberal-conservadora de todas las Instituciones del Estado.
La expulsión, sin más, del discurso social y político de una amplia parte de la población española que se reconoce en los símbolos de nuestro Estado – Corona, himno, bandera-, en la defensa de la unidad del territorio nacional y el respeto a su diversidad cultural y lingüística; en la defensa de la vida, la familia, la libertad religiosa, de educación y de las raíces judeo-cristianas como pilar de nuestra civilización; en la promoción de valores como el esfuerzo, la disciplina, la meritocracia o la responsabilidad; que se siente orgullosa de sus Fuerzas Armadas y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado; y que no se acompleja por sentirse más próxima en la esfera internacional a los actores que comparten su misma visión del individuo y del mundo.
Los decentes frente a los pijos indecentes. Un Frente Popular de izquierda radical a modo de cordón sanitario formado por una amalgama de comunistas, socialistas, okupas, antisistemas, independentistas, filoterroristas, plataformas cívicas y oportunistas de nuevo cuño – como Ciudadanos – que ya apuntan propuestas, formas y cambios políticos de naturaleza autoritaria y nociva para la convivencia pacífica.
Independientemente de la batería de propuestas surrealistas que a nivel municipal y autonómico se van a intentar a implementar en los próximos meses y que ya están provocando la alarma de inversores nacionales y extranjeros, el problema de fondo es que el fantasma de las dos Españas vuelve a planear sobre el que es, sin duda, el Estado-nación más antiguo de Europa – si no del mundo – y, no obstante, más cuestionado y ninguneado por sus propios ciudadanos. Los ciudadanos lanzamos al gobierno el mensaje de que la regeneración de la vida pública debía ser más efectiva, y nos encontramos, de la noche a la mañana, con que el castigo generalizado puede desembocar en el suicidio de España.
Nuestro sistema electoral no garantiza que la lista más votada sea finalmente la que gobierne, y por ello, pese a la fragmentación electoral, 7 de las 17 Comunidades Autónomas y cientos de municipios van a ser gobernados por una ideología radical de corte social, popular y anticapitalista que cuestiona la salud de nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho, que apuesta por la insumisión ante las leyes que consideren injustas, la demagogia – devolución de la democracia y el espacio público al ciudadano -, la estandarización social, el control férreo del individuo, el control estalinista de los medios de comunicación, la abolición de la monarquía y los demás símbolos del Estado, la imposición de un laicismo institucional radical, la eliminación de los conciertos educativos, el impago de la deuda, la expropiación de propiedades, la imposición de una renta mínima y un techo de salario máximo, la reorganización de los depósitos bancarios, o la revisión de toda nuestra Política Exterior y de Defensa, entre otras perlas.
Actos que necesariamente precisan para su aplicación práctica de un Gobierno Central fuerte y de la misma cuerda que reviente desde dentro el Sistema, y que gracias a la deriva socialista, si no vuelve a la centralidad y recupera el sentido de Estado, puede empezar a concretarse a partir de las próximas Elecciones Generales de noviembre, cuando los españoles nos veamos en la tesitura de elegir entre la renovación o la revolución.
Nota del autor:
Este artículo fue escrito casi dos semanas antes de la constitución de los Ayuntamientos y gobiernos de las Comunidades Autónomas en España. Por diferentes motivos ajenos al autor, el artículo no ha podido ser publicado con anterioridad.
* Periodista y Analista Política.
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