Si no paga antes del lunes, el país entra en un periodo de 30 días de gracia antes de declararse oficialmente en suspensión de pagos.
A Argentina se le agota el tiempo. El ejecutivo argentino se enfrenta antes de este lunes a una contrarreloj de vértigo: en menos de 24 horas deberá pagar a la gran mayoría de sus acreedores. Si no, tendrá 30 días antes de entrar en oficialmente un 'default' técnico, es decir, no podrá hacer frente a sus pagos.
Será durante esos 30 días en los que se enfrentará a otra contrarreloj: deberá decidir cómo pagar sus deudas a acreedores y, a la vez, negociar con los llamados "fondos buitre" para abonarles lo que les debe. El país ya había iniciado conversaciones con estos fondos, sin llegar a ningún acuerdo.
La razón por la que podría no pagar sus deudas antes del lunes es una: el juez Thomas Griesa. El juez estadounidense cree que Argentina debe pagar antes a los "fondos buitre" que reclaman deudas al país desde hace 13 años.
Este pasado jueves, el juez rechazó la solicitud argentina de suspender esta medida para poder cumplir con el resto de sus acreedores. Una decisión que el gobierno argentino ya ha calificado de "abuso de autoridad" y que, amenazó, puede suponer un peligro para el sistema financiero global.
Antes del lunes debería pagar alrededor de 1.500 millones de dólares en capital e intereses a NML y otros fondos que actúan de forma similar. Algo que podría abrir la puerta a que los tenedores de la deuda reestructurada con los mismos vencimientos reclamen las mismas condiciones, lo que supondría 15.000 millones de dólares.
Esa cifra supone más de la mitad de las actuales reservas de su país que, dijo, ascienden a 29.000 millones.
El gobierno trabaja ahora a contrarreloj para encontrar una solución al problema. Ya expresó su intención de pagar a sus acreedores, y esta semana efectuó los depósitos bancarios con esa intención. Pero, una vez más, el juez Thomas Griesa le llevó la contraria y pidió la anulación de esta transferencia.
El magistrado considera, y así se lo hizo saber a Argentina, que el país debe pagar a todos sus acreedores, no sólo a algunos, con lo que estrecha el margen de actuación del ejecutivo de Kirchner.
Una semana 'horribilis' para el gobierno argentino
El procesamiento del vicepresidente argentino, Amado Boudou, en un caso de presunta corrupción golpea de lleno al Gobierno de Cristina Fernández, agobiado ya por el litigio con los fondos de inversión especulativos, también llamados "fondos buitre", y desgastado de cara a las presidenciales del próximo año.
Es la primera vez en la historia argentina que un vicepresidente afronta una medida judicial de tal magnitud.
Hasta ahora, el Gobierno de Cristina Fernández, quien para lograr su reelección en 2011 designó a Boudou como su compañero de fórmula por ser "leal", viene sosteniendo la inocencia del vicepresidente.
Sin embargo, el auto de procesamiento por cohecho y negociaciones incompatibles con su cargo, delitos penados con hasta 6 años de prisión, es una bomba que amenaza con estallarle en las manos a la propia mandataria.
Desde la oposición, afirman que es ella, si Boudou no renuncia por iniciativa propia, quien debe pedirle urgentemente su dimisión o al menos exigirle que se tome una licencia mientras responde ante la Justicia, sin ampararse en sus fueros.
De momento todo es silencio desde la Casa Rosada, mientras que desde la vereda opositora estudian cómo lograr convencer a algunos oficialistas para que los acompañen en un pedido de juicio político a Boudou, quien además es titular del Senado.
Por ahora, esta vía está cerrada para la oposición, ya que el oficialismo es mayoritario en ambas cámaras del Parlamento.
"Para el Gobierno es un golpe político importante", aseguró el analista político Rosendo Fraga.
La desgastada imagen del Gobierno argentino
Fernández no lo tiene fácil: si Boudou sigue aferrado a su sillón, es probable que la imagen del Gobierno continúe en caída.
Desgastada tras siete años en el poder, la mandataria ya había descartado impulsar una reforma constitucional para habilitar la posibilidad de un tercer mandato presidencial, pero al menos contaba con aguantar el vendaval de la agitada vida política argentina para asegurarse la continuidad del kirchnerismo después de 2015.
El fallo en contra de Argentina en la Justicia estadounidense en el juicio entablado por los "fondos buitres" ha puesto al país al borde de un cese de pagos. Los fondos buitre tienen como principal objetivo comprar activos al precio más reducido posible para que en un periodo de tiempo razonable puedan venderlo a otros inversores y así conseguir altas rentabilidades.
Acosada ya por el enfriamiento de la economía y la alta inflación, Argentina afronta por estas horas en Nueva York una dura negociación de final incierto.
Y sobre llovido, mojado. El procesamiento de Boudou terminó por convertir el ventarrón en una verdadera tormenta perfecta que amenaza el futuro electoral del oficialismo.