Nunca
antes en la Democracia española había emergido de las entrañas de una
Administración autonómica una trama institucionalizada de corruptelas y
derroche como la que sacude desde hace un par de años al Gobierno andaluz.
Aunque la perversión del sistema de concesión de ayudas para expedientes de
regulación de empleo (ERE) se remonta a hace ya una década, ha sido en el
segundo tramo de la presente legislatura cuando la Justicia ha empezado a
indagar en unos hechos que salpican de lleno al PSOE de esta región.
De momento, la investigación judicial y policial siguen su minucioso trabajo
y todavía habrá que esperar meses y meses para que sean depuradas más
responsabilidades y se destapen anomalías desconocidas ("Sólo conocemos un
20% del escándalo", mantienen en el PP).
Los días previos a esta cita han estado marcados más por los pasos que se
daban en la instrucción del caso que por el calado de los mensajes políticos de
campaña.
De los siete procedimientos de investigación abiertos en relación con el uso
de la famosa partida presupuestaria 31L -gestionada por la Agencia de
Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), antiguo Instituto de Fomento
Andaluz (IFA)-, los principales avances tuvieron lugar en la causa de los ERE.
El auto de ingreso en prisión provisional del brazo ejecutor de las
subvenciones ilícitas, el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de
la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, cifró en 686 millones de euros
el "ingente despilfarro".
Y ello, tras una comparecencia por parte del cabecilla de la red donde
señaló a ex altos cargos de la Administración andaluza, como el que fuera
presidente de la Junta, Manuel Chaves, y su mano derecha, Gaspar Zarrías, o el
diputado socialista José Antonio Viera, y a consejeros actuales como la titular
de Presidencia, Mar Moreno, que va este 25 de marzo de 2012 de número tres en
la lista del PSOE por Jaén.
Estos nombres todavía no han sido imputados, mientras que sí lo fueron los
de Antonio Fernández, ex consejero de Empleo; Agustín Barberá, ex viceconsejero
del ramo; Juan Márquez y Daniel Riversa, sucesores de Guerrero en la Dirección
General de Trabajo, y Antonio Rivas y Juan Rodríguez Cordobés, ex delegados
provinciales de Empleo en Sevilla.
Estos deberán declarar en las próximas semanas ante la juez Alaya, que
también ordenó la encarcelación del ex chófer de Guerrero, Juan Francisco
Trujillo, beneficiado por su socio con ayudas por valor de 1,3 millones; dinero
que fue a parar al consumo por parte de ambos de 25.000 euros mensuales de
droga ("mínimo cinco gramos diarios").
Entre tanto, el candidato socialista a la Presidencia de la Junta, José
Antonio Griñán, se dedicó estos días a negar que las irregularidades se
cometieran durante la presente legislatura y marcó distancia con Guerrero y su
entorno.
Un argumento difícil de sostener después de destaparse, por ejemplo, que su
actual director general de Trabajo, el mencionado Rivera, reconoce en una
grabación que dio una ayuda al margen de la Ley a la empresa Industrias
Elizana.
Y lo hace ante la ex asesora de Empleo María José Rofa, la misma trabajadora
amenazada con ser despedida si tiraba de la manta que contó a la Guardia Civil
cómo en dicha consejería, con su actual responsable al frente, Manuel Recio, el
equipo de Rivera manejaba los expedientes irregulares "con las persianas
bajadas".
Sin embargo, no ha sido esta la única grabación que ha trascendido en las
últimas semanas y que compromete el futuro de Griñán.
En relación al segundo fondo de reptiles (el primero es el de ayudas a
empresas afines al PSOE o alcaldías socialistas de la Sierra Norte sevillana
como El Pedroso), se descubrió la estafa de Invercaria, empresa pública de
capital riesgo de la Junta de Andalucía.
La cinta recoge una conversación de la ex presidenta de esta entidad, Laura
Gómiz, dando órdenes al ex director de Promoción de este organismo, Cristóbal
Cantos, a fin de que redactase informes con fechas y datos falsos sobre
créditos millonarios a empresas para que Invercaria pudiera pasar el filtro de
la fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía.
El Ejecutivo de Griñán negó los hechos, habló de "manipulaciones"
en la prueba sonora y enmarcó el escándalo en la "guerra sucia
electoral".
Una lucha en la que el PSOE fue, por su parte, acusado de practicar la
"campaña del miedo" debido a sus eslóganes apocalípticos sobre
un hipotético Gobierno del PP que traería recortes en educación, sanidad,
pensiones y servicios sociales.
Por su parte, los populares de Javier Arenas, con un ojo en el EREgate, cuyo
coste situaron en más de 1.400 millones hasta 2015 -pidiendo además sanciones
penales para los políticos manirrotos-, alternaron la réplica a esos ataques de
quienes se perpetuaron en el poder más de 30 años con la formulación de
propuestas para lograr "el cambio".
Así, recordaron al rival que bajo mandato socialista en Andalucía se ha
pasado de 500.000 desempleados a 1,2 millones y una tasa del paro del 31%, la
más alta de España, siendo del 55% en lo concerniente a menores de 25 años.
También culparon al PSOE de que el fracaso escolar en esta comunidad alcance
el 34% y de recortar 135,5 millones de euros entre 2007 y 2012 en la educación
andaluza, algo que se traduce, por ejemplo, en que 20.000 alumnos asisten a
clase en aulas prefabricadas.
No faltó en la contienda el debate sobre las jubilaciones. Arenas incidió en
que ha sido el Gobierno de Mariano Rajoy el que ha subido las pensiones tras la
congelación histórica del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.
Otra de las cuestiones que creó especial revuelo entre Moncloa y los
socialistas andaluces fue la duda que sembraron estos sobre la continuidad del
Plan de Empleo Rural (PER).
Griñán criticó que el Gobierno de la Nación aún no desbloqueara la partida
al respecto de 200 millones prevista en los Presupuestos Generales prorrogados
para este año; algo que, dijo, se tenía que haber producido en el mes de
febrero.
Ante estas la palabras, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima
Báñez, no tardó en anunciar que, pese a la austeridad de las cuentas de
2012-2013, dicho plan recibirá 215 millones de euros y que el próximo miércoles
convocará a los sindicatos agrarios para repartir este dinero.
'La Gaceta'
