lunes, 28 de febrero de 2011
Bono pidió a varios empresarios del Ibex 35 publicidad para su hípica
Porcelanosa pagó 284.000 euros; Hoteles Beatriz, 90.000; y Seguros Pelayo, 30.000
La sociedad Hípica Almenara, cuyo propietario mayoritario es el presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, que posee el 80% de las acciones, acudió a varios responsables de empresas que cotizan en el selectivo Ibex 35 para solicitar que invirtiesen dinero en anuncios publicitarios en su instalación deportiva.
Así lo revelan a Enrique Morales y Juan E. Pflüger, periodistas del diario La Gaceta, varios empresarios, que reconocieron que los responsables de la empresa de Bono se pusieron en contacto con ellos para intentar que parte de su presupuesto de marketing se invirtiese en Hípica Almenara.
Ninguno de ellos ha confirmado si finalmente accedió a la demanda de la empresa del ex presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, pero lo que es cierto es que entre los muchos anunciantes del complejo ecuestre se encuentran empresas del Ibex.
Entre ellas destacan las eléctricas Endesa e Iberdrola, la constructora ACS y el Banco Santander.
Grandes ingresos
La publicidad, en diferentes tipos de soporte, es una de las principales fuentes de ingresos de la sociedad de la que participa José Bono, como socio mayoritario, y sus cuatro hijos con un 5% de las acciones cada uno.
En el año 2009, el empresario Francisco Hernando El Pocero declaró a los medios de comunicación que:
En concreto, habría abonado 104.000 euros, a los que habría que añadir otros 180.000 destinados a la instalación de su torre publicitaria.
Otros ingresos de estas sociedades, reconocidos por Bono, fueron los 30.000 euros abonados por Seguros Pelayo o los 90.000 de Hoteles Beatriz.
Concluía señalando que la sociedad hípica tuvo que hacer frente al pago de 300.000 euros para la preparación de los soportes para la inclusión de anuncios.
Pero que todas las reformas habían partido de iniciativas de los propios anunciantes.
Obras polémicas
La empresa Onde 2000, propiedad de Francisco Hernando, confirmaba que el mismo José Bono se había puesto en contacto con ellos para realizar las mejoras en las instalaciones, y que estas poco tenían que ver con la posibilidad de aumentar los espacios publicitarios de los patrocinadores.
Así, un representante de la constructora señaló a este diario que "la hípica de Bono necesitaba un nuevo sistema de canalización y reconducción de aguas a través de un colector a la red general de alcantarillado y un sistema de conducción de aguas pluviales".
Además se realizaron otros trabajos varios como el acondicionamiento de las pistas, la construcción de gradas, las casetas para los caballos y el aparcamiento.
El total de las obras ascendió a 600.000 euros, de los que 104.000 fueron abonados por Porcelanosa y 200.000, según las declaraciones de Bono, por la empresa de su propiedad.
Jamás justificó de dónde habían salido los otros 300.000 euros invertidos.
Además de las empresas que suelen frecuentar este tipo de espacios con su publicidad, como Iberia, Hipercor, Coca-Cola o Bancaja, llama la atención la gran cantidad de empresas constructoras y otras relacionadas, de un modo u otro, con la Junta castellanomanchega.
Este diario ha supervisado cada una de las empresas que han incluido su publicidad en los certámenes de la hípica y ha podido comprobar que hay múltiples empresas locales dependientes de la Junta de Comunidades.
Así, son frecuentes carteles del propio Gobierno autonómico, de Caja Castilla-La Mancha o de la Fundación Cultura Deporte, dependiente del Ejecutivo regional.
También, empresas de servicios como Ambulancias Finisterre de Toledo o Medio Ambiente y Gestión, una empresa dedicada al urbanismo de parques y jardines y que en su página web se posiciona como uno de los principales contratistas de este sector con la Administración pública y los municipios de Castilla-La Mancha.
Amigos
Otras empresas que también han pagado espacios publicitarios a la mercantil propiedad de José Bono y sus cuatro hijos son: García Baquero, Seguros Pelayo, Rodríguez París y el Grupo de Empresas San Román.
Otras empresas son especialmente llamativas por los titulares de las mismas. Entre estas se encuentran las que son propiedad de Pedro Ortega Cano, hermano del diestro José, amigo personal del político castellanomanchego.
Pedro Ortega está presente en Hípica Almenara a través de la publicidad de dos de sus empresas, las constructoras Construcciones Cano, SA y Consor Ortega.
Otro de los amigos que han pagado carteles en el centro deportivo de Bono es Juan José Cercadillo, presidente del grupo inmobiliario Hercesa.
Porcelanosa e Iberdrola han anunciado que patrocinarán en mayo, nuevamente, el Concurso Internacional de Saltos de Toledo que se celebrará en Hípica Almenara.
El premio para el ganador del certamen asciende a 70.000 euros. La página que anuncia el evento es oxersport.com, también anunciante de la hípica.
Este artículo se publicó originalmente en La Gaceta.
Así lo revelan a Enrique Morales y Juan E. Pflüger, periodistas del diario La Gaceta, varios empresarios, que reconocieron que los responsables de la empresa de Bono se pusieron en contacto con ellos para intentar que parte de su presupuesto de marketing se invirtiese en Hípica Almenara.
Ninguno de ellos ha confirmado si finalmente accedió a la demanda de la empresa del ex presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, pero lo que es cierto es que entre los muchos anunciantes del complejo ecuestre se encuentran empresas del Ibex.
Entre ellas destacan las eléctricas Endesa e Iberdrola, la constructora ACS y el Banco Santander.
Grandes ingresos
La publicidad, en diferentes tipos de soporte, es una de las principales fuentes de ingresos de la sociedad de la que participa José Bono, como socio mayoritario, y sus cuatro hijos con un 5% de las acciones cada uno.
En el año 2009, el empresario Francisco Hernando El Pocero declaró a los medios de comunicación que:
"Yo no hice las obras para Bono, las hice para unos señores que tienen allí unos carteles y una publicidad, que son los que me encargaron ese trabajo. (...) Y esas empresas, vía ingresos por banco, me pagaron las obras".Un aspecto que, en mayo pasado, el grupo hotelero Beatriz confirmaba a este diario por medio de un correo electrónico:
"Es cierto. Pagamos la parte proporcional que nos correspondía, previa factura, y no nos fue reintegrada ninguna cantidad".Tras las publicaciones de La Gaceta, el político socialista se apresuró a explicar estos extremos señalando que solamente Porcelanosa había pagado parte de los trabajos de mejora en las instalaciones.
En concreto, habría abonado 104.000 euros, a los que habría que añadir otros 180.000 destinados a la instalación de su torre publicitaria.
Otros ingresos de estas sociedades, reconocidos por Bono, fueron los 30.000 euros abonados por Seguros Pelayo o los 90.000 de Hoteles Beatriz.
Concluía señalando que la sociedad hípica tuvo que hacer frente al pago de 300.000 euros para la preparación de los soportes para la inclusión de anuncios.
Pero que todas las reformas habían partido de iniciativas de los propios anunciantes.
Obras polémicas
La empresa Onde 2000, propiedad de Francisco Hernando, confirmaba que el mismo José Bono se había puesto en contacto con ellos para realizar las mejoras en las instalaciones, y que estas poco tenían que ver con la posibilidad de aumentar los espacios publicitarios de los patrocinadores.
Así, un representante de la constructora señaló a este diario que "la hípica de Bono necesitaba un nuevo sistema de canalización y reconducción de aguas a través de un colector a la red general de alcantarillado y un sistema de conducción de aguas pluviales".
Además se realizaron otros trabajos varios como el acondicionamiento de las pistas, la construcción de gradas, las casetas para los caballos y el aparcamiento.
El total de las obras ascendió a 600.000 euros, de los que 104.000 fueron abonados por Porcelanosa y 200.000, según las declaraciones de Bono, por la empresa de su propiedad.
Jamás justificó de dónde habían salido los otros 300.000 euros invertidos.
Además de las empresas que suelen frecuentar este tipo de espacios con su publicidad, como Iberia, Hipercor, Coca-Cola o Bancaja, llama la atención la gran cantidad de empresas constructoras y otras relacionadas, de un modo u otro, con la Junta castellanomanchega.
Este diario ha supervisado cada una de las empresas que han incluido su publicidad en los certámenes de la hípica y ha podido comprobar que hay múltiples empresas locales dependientes de la Junta de Comunidades.
Así, son frecuentes carteles del propio Gobierno autonómico, de Caja Castilla-La Mancha o de la Fundación Cultura Deporte, dependiente del Ejecutivo regional.
También, empresas de servicios como Ambulancias Finisterre de Toledo o Medio Ambiente y Gestión, una empresa dedicada al urbanismo de parques y jardines y que en su página web se posiciona como uno de los principales contratistas de este sector con la Administración pública y los municipios de Castilla-La Mancha.
Amigos
Otras empresas que también han pagado espacios publicitarios a la mercantil propiedad de José Bono y sus cuatro hijos son: García Baquero, Seguros Pelayo, Rodríguez París y el Grupo de Empresas San Román.
Otras empresas son especialmente llamativas por los titulares de las mismas. Entre estas se encuentran las que son propiedad de Pedro Ortega Cano, hermano del diestro José, amigo personal del político castellanomanchego.
Pedro Ortega está presente en Hípica Almenara a través de la publicidad de dos de sus empresas, las constructoras Construcciones Cano, SA y Consor Ortega.
Otro de los amigos que han pagado carteles en el centro deportivo de Bono es Juan José Cercadillo, presidente del grupo inmobiliario Hercesa.
Porcelanosa e Iberdrola han anunciado que patrocinarán en mayo, nuevamente, el Concurso Internacional de Saltos de Toledo que se celebrará en Hípica Almenara.
El premio para el ganador del certamen asciende a 70.000 euros. La página que anuncia el evento es oxersport.com, también anunciante de la hípica.
Este artículo se publicó originalmente en La Gaceta.
El Ayuntamiento socialista de Sevilla avala la corrupción
Sexto dirigente del PSOE que figura como intruso en la trama de los ERE.
García Prieto es compañero de ejecutiva de Rivas, imputado en el 'caso Mercasevilla'.
periodista digital
Un dirigente socialista de Camas y ex concejal del PSOE en este Ayuntamiento sevillano aparece como intruso en un expediente de regulación de empleo (ERE) financiado por la Junta de Andalucía.
Se trata de José Antonio García Prieto, secretario de Política Municipal del PSOE de Camas, cuyo secretario general sigue siendo el ex delegado de Empleo en Sevilla e imputado por el caso Mercasevilla, Antonio Rivas.
Con éste son ya seis los cargos o dirigentes socialistas incluidos de manera fraudulenta en los ERE incentivados con fondos públicos.
García Prieto se une a una lista que se inició con Antonio Garrido Santoyo, dirigente del PSOE de Baeza (Jaén), prejubilado en Mercasevilla, y que después se amplió al conocer los casos de César Braña, el ex diputado socialista y ex gobernador civil en Cádiz y Burgos, ya fallecido, incluido en el ERE de Hitemasa; Rafael Rosendo Villavieja, ex alcalde de El Pedroso (Sevilla), prejubilado en Cydeplast; Juan Rodríguez Cordobés, ex delegado de Trabajo y Asuntos Sociales en Sevilla, prejubilado en Calderinox, y Alejandro Millán, en Graficromo.
AVAL A LA CORRUPCIÓN
Por cuarta vez, la mayoría socialista del Ayuntamiento de Sevilla, con el imprescindible voto de calidad de su alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, ha vetado la creación de una comisión de investigación sobre los muchos desmanes que, en forma de corrupto amiguismo se han cometido en la gestión de la venta de los terrenos de Mercasevilla.
El PSOE sabrá los motivos por los que ha decidido no volver a designar a Monteseirín como candidato a la alcaldía.
Pero su descrédito personal, su pésima gestión política y su permisividad ante una corrupción creciente en su Ayuntamiento tendrán mucho que ver.
EL DOGAL JUDICIAL
El Juzgado de lo Social número cuatro de Sevilla ha fijado para el 24 de junio la vista oral relativa a la demanda promovida por el Instituto Nacional de Empleo (INEM), para reclamar a 18 de los empleados de Mercasevilla prejubilados en el expediente de regulación de empleo (ERE) promovido en 2007, de cuyas prestaciones se desliga la Consejería de Empleo, el reintegro de las cuantías percibidas con cargo al subsidio de desempleo.
El INEM pide la reversión de estas partidas ajenas a las propias prejubilaciones al contabilizar estas últimas como rentas, mientras los prejubilados promueven demandas para reclamar los "compromisos" de pago contenidos en dicho ERE, cuyo coste se eleva a 9.046.976, 95 euros.
Con éste son ya seis los cargos o dirigentes socialistas incluidos de manera fraudulenta en los ERE incentivados con fondos públicos.
García Prieto se une a una lista que se inició con Antonio Garrido Santoyo, dirigente del PSOE de Baeza (Jaén), prejubilado en Mercasevilla, y que después se amplió al conocer los casos de César Braña, el ex diputado socialista y ex gobernador civil en Cádiz y Burgos, ya fallecido, incluido en el ERE de Hitemasa; Rafael Rosendo Villavieja, ex alcalde de El Pedroso (Sevilla), prejubilado en Cydeplast; Juan Rodríguez Cordobés, ex delegado de Trabajo y Asuntos Sociales en Sevilla, prejubilado en Calderinox, y Alejandro Millán, en Graficromo.
AVAL A LA CORRUPCIÓN
Por cuarta vez, la mayoría socialista del Ayuntamiento de Sevilla, con el imprescindible voto de calidad de su alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, ha vetado la creación de una comisión de investigación sobre los muchos desmanes que, en forma de corrupto amiguismo se han cometido en la gestión de la venta de los terrenos de Mercasevilla.
El PSOE sabrá los motivos por los que ha decidido no volver a designar a Monteseirín como candidato a la alcaldía.
Pero su descrédito personal, su pésima gestión política y su permisividad ante una corrupción creciente en su Ayuntamiento tendrán mucho que ver.
EL DOGAL JUDICIAL
El Juzgado de lo Social número cuatro de Sevilla ha fijado para el 24 de junio la vista oral relativa a la demanda promovida por el Instituto Nacional de Empleo (INEM), para reclamar a 18 de los empleados de Mercasevilla prejubilados en el expediente de regulación de empleo (ERE) promovido en 2007, de cuyas prestaciones se desliga la Consejería de Empleo, el reintegro de las cuantías percibidas con cargo al subsidio de desempleo.
El INEM pide la reversión de estas partidas ajenas a las propias prejubilaciones al contabilizar estas últimas como rentas, mientras los prejubilados promueven demandas para reclamar los "compromisos" de pago contenidos en dicho ERE, cuyo coste se eleva a 9.046.976, 95 euros.
domingo, 27 de febrero de 2011
El SAS recurrirá el fallo que le condena por acoso laboral a una facultativa,tiene que pagar 120.000 euros
La Consejería de Salud del Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha anunciado que recurrirá la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Granada que ha condenado al SAS a pagar una indemnización de 120.000 euros por acoso laboral a la médico que denunció supuestas irregularidades en la gestión de las listas de espera quirúrgicas de un hospital de Granada.
La Administración ha reconocido que acepta parcialmente el fallo, pero que no comparte que se produjera acoso contra la trabajadora, médico de Admisión y Documentación del hospital público.
Según informa Europa Press, la sentencia afirma que el SAS vulneró los "derechos fundamentales" de la trabajadora, que fue sometida a acoso después de que pusiera en conocimiento de la Fiscalía, junto al sindicato CCOO, las sospechas de una mala praxis administrativa en la gestión de las listas de espera del centro médico de Granada.
Este asunto de las posibles irregularidades fue investigado por el Juzgado de Instrucción 4 de Granada, que trasladó la causa a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) para que informase si apreciaba o no indicios de actividad criminal en las actuaciones de inspección que llevaría a cabo.
El juzgado acordó el sobreseimiento provisional y el archivo de la investigación -tal y como propuso la Fiscalía de Granada-, en tanto que la agencia, que contará con las actuaciones practicadas por el Ministerio Público y los hechos denunciados por la médico que dio pie a la apertura de las diligencias, no obtenga datos concretos con valor probatorio de la naturaleza penal de las posibles infracciones cometidas, algo que a fecha de hoy no se ha producido.
Coincidiendo con el argumento del fiscal que llevó el caso, el juez compartía "íntegramente" su criterio de que existen "indicios de una mala praxis administrativa" en la gestión de las listas de espera del centro médico, que puede ser además "continuada" en el tiempo y "extendida en la Administración sanitaria".
El titular del juzgado, Antonio Moreno, alertaba igualmente en un auto de que esa extensión temporal y personal de las irregularidades "obligaría a una auditoría completa de miles de historias clínicas", lo que podría derivar en una "afectación grave a la intimidad sanitaria de miles de ciudadanos", razón por la que trasladaba la causa a la Agencia Española de Protección de Datos, que es la competente para el tratamiento de estos datos personales.
Difícil de probar
En esta situación, la condena judicial al SAS, aunque no es firme y admite recurso, ha sido celebrada por el sindicato CCOO, que afirma que "reconoce con rotundidad la existencia de acoso laboral, pese a las dificultades de probar este tipo de actuaciones". Asimismo, teniendo en cuenta que la actual dirección del hospital no es la que existía cuando estos hechos se iniciaron, el sindicato espera que reincorporen a la médico a su puesto en el hospital granadino.
En esta situación, la condena judicial al SAS, aunque no es firme y admite recurso, ha sido celebrada por el sindicato CCOO, que afirma que "reconoce con rotundidad la existencia de acoso laboral, pese a las dificultades de probar este tipo de actuaciones". Asimismo, teniendo en cuenta que la actual dirección del hospital no es la que existía cuando estos hechos se iniciaron, el sindicato espera que reincorporen a la médico a su puesto en el hospital granadino.
viernes, 25 de febrero de 2011
Caso "Faisán"El ‘chivatazo’ fue un favor del Gobierno a ETA durante la negociación
Fue el lunes cuando el juez de la Audiencia Nacional sustituto de Garzón se desplazó, sin previo anuncio y con la máxima reserva, hasta el país vecino para completar su investigación sobre el caso. Allí se entrevistó con los mandos policiales franceses que participaron en la operación contra la red de extorsión de ETA hasta el ‘chivatazo’ del 4 de mayo de 2006, pero sobre todo con la juez Levert.
El Confidencial Digital ha podido saber los detalles principales del encuentro. Por ejemplo, que fue más largo e intenso de lo que en un principio había planeado el juez español Ruz. Motivo: Levert llevaba tiempo esperando esa reunión, que había sido rechazada en repetidas ocasiones porque no quería hablar con Baltasar Garzón, su antecesor en el juzgado. Y puso sobre la mesa los que, a su juicio, son los “puntos clave” de la investigación del ‘chivatazo’.
Levert insiste en las actas de Thierry
La juez antiterrorista francesa puso especial énfasis en el contenido de la comisión rogatoria de 645 folios que remitió a principios de enero a la Audiencia Nacional. De esta documentación, Pablo Ruz declaró secretos nueve folios, en los que se recoge información sobre las negociaciones mantenidas entre el Gobierno español y ETA.
Levert destacó la importancia de los papeles incautados al entonces jefe del aparato político de la banda, Francisco Javier López Peña, conocidos como las ‘actas de Thierry’. En ellas, ETA asegura que el Gobierno, a través del abogado José Manuel Gómez Benítez –elegido para la negociación con los terroristas y hoy vocal del Consejo del Poder Judicial nombrado por el PSOE- calificó el ‘chivatazo’ como un “favor” del Gobierno español a la banda, cuando se encontraba en plena negociación con los terroristas.
Sobre la veracidad de lo escrito por Thierry, ambos jueces coincidieron en señalar que las actas que redacta ETA siguen un axioma: “Los terroristas pueden matar, pero jamás mienten en sus informes internos”. Se trata de una máxima muy característica de los regímenes comunistas y que ellos han adquirido como propia. Por este motivo, los dos magistrados consideran estos documentos una “prueba vital” en el desarrollo del sumario y de cara al juicio.
“Ojo con Rubalcaba”
Las fuentes consultadas por ECD, conocedoras del contenido de la reunión entre Ruz y Levert, destacan la “desconfianza” que mostró la juez francesa por el papel del Gobierno en la investigación del ‘caso Faisán’.
En concreto, Laurence Levert calificó de como “significativo” el interés demostrado por Alfredo Pérez Rubalcaba por cerrar el caso, así como su empecinamiento en no informar sobre las conversaciones mantenidas por él con, Víctor García Hidalgo, director general de la Policía, los días posteriores al ‘chivatazo’.
Más en concreto, la magistrada no olvida las críticas que recibió hace dos años, del ministro español del Interior, en una sesión de control en el Congreso. Rubalcaba calificó de “intromisión” el que Levert solicitara a la Audiencia Nacional la traducción al francés del sumario.
Frustró una “gran investigación capitaneada por Marlaska”
En su visita a París, Pablo Ruz quiso conocer de primera mano la investigación realizada de forma conjunta entre las policías española y francesa, capitaneada por Fernando Grande-Marlaska y Laurence Levert, para detener a la cúpula de financiación de ETA.
La juez francesa relató que existía un calendario de actuación pactado entre Francia y España, y reconoció que el soplo a ETA, ocurrido en Irún, supuso un “duro golpe”, que frustró todo el trabajo realizado hasta el momento y que acabó con las expectativas generadas por Marlaska y por ella misma para esa importante detención.
El Confidencial Digital ha podido saber los detalles principales del encuentro. Por ejemplo, que fue más largo e intenso de lo que en un principio había planeado el juez español Ruz. Motivo: Levert llevaba tiempo esperando esa reunión, que había sido rechazada en repetidas ocasiones porque no quería hablar con Baltasar Garzón, su antecesor en el juzgado. Y puso sobre la mesa los que, a su juicio, son los “puntos clave” de la investigación del ‘chivatazo’.
Levert insiste en las actas de Thierry
La juez antiterrorista francesa puso especial énfasis en el contenido de la comisión rogatoria de 645 folios que remitió a principios de enero a la Audiencia Nacional. De esta documentación, Pablo Ruz declaró secretos nueve folios, en los que se recoge información sobre las negociaciones mantenidas entre el Gobierno español y ETA.
Levert destacó la importancia de los papeles incautados al entonces jefe del aparato político de la banda, Francisco Javier López Peña, conocidos como las ‘actas de Thierry’. En ellas, ETA asegura que el Gobierno, a través del abogado José Manuel Gómez Benítez –elegido para la negociación con los terroristas y hoy vocal del Consejo del Poder Judicial nombrado por el PSOE- calificó el ‘chivatazo’ como un “favor” del Gobierno español a la banda, cuando se encontraba en plena negociación con los terroristas.
Sobre la veracidad de lo escrito por Thierry, ambos jueces coincidieron en señalar que las actas que redacta ETA siguen un axioma: “Los terroristas pueden matar, pero jamás mienten en sus informes internos”. Se trata de una máxima muy característica de los regímenes comunistas y que ellos han adquirido como propia. Por este motivo, los dos magistrados consideran estos documentos una “prueba vital” en el desarrollo del sumario y de cara al juicio.
“Ojo con Rubalcaba”
Las fuentes consultadas por ECD, conocedoras del contenido de la reunión entre Ruz y Levert, destacan la “desconfianza” que mostró la juez francesa por el papel del Gobierno en la investigación del ‘caso Faisán’.
En concreto, Laurence Levert calificó de como “significativo” el interés demostrado por Alfredo Pérez Rubalcaba por cerrar el caso, así como su empecinamiento en no informar sobre las conversaciones mantenidas por él con, Víctor García Hidalgo, director general de la Policía, los días posteriores al ‘chivatazo’.
Más en concreto, la magistrada no olvida las críticas que recibió hace dos años, del ministro español del Interior, en una sesión de control en el Congreso. Rubalcaba calificó de “intromisión” el que Levert solicitara a la Audiencia Nacional la traducción al francés del sumario.
Frustró una “gran investigación capitaneada por Marlaska”
En su visita a París, Pablo Ruz quiso conocer de primera mano la investigación realizada de forma conjunta entre las policías española y francesa, capitaneada por Fernando Grande-Marlaska y Laurence Levert, para detener a la cúpula de financiación de ETA.
La juez francesa relató que existía un calendario de actuación pactado entre Francia y España, y reconoció que el soplo a ETA, ocurrido en Irún, supuso un “duro golpe”, que frustró todo el trabajo realizado hasta el momento y que acabó con las expectativas generadas por Marlaska y por ella misma para esa importante detención.
jueves, 24 de febrero de 2011
Gervasio Sánchez, V Premio Internacional de Periodismo Julio Anguita Parrado
El V Premio Internacional de Periodismo Julio Anguita Parrado, que promueve el Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA), ha recaído en el periodista español Gervasio Sánchez, tras el acuerdo del jurado reunido en Córdoba, que ha destacado del premiado "su independencia y excelencia periodística".
Dichas cualidades, a juicio del jurado, son aún más destacables teniendo en cuenta "las dificultades y precariedad laboral que amenazan el desarrollo del trabajo informativo. Un entorno en el que Sánchez ha sido capaz de mantener una clara conciencia crítica y un permanente compromiso cívico. El jurado ha querido reconocer en la figura de Gervasio Sánchez el valor del trabajo de los reporteros gráficos".
Periodista independiente y reportero gráfico, Gervasio Sánchez nació Córdoba en agosto de 1959, se licenció en 1984 en la rama de Periodismo de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de Barcelona y desde entonces ha trabajado como periodista independiente para diferentes diarios y revistas, especializándose en conflictos armados.
Desde 1984 y hasta 1992 cubrió la mayor parte de los conflictos de América Latina y desde 1988 mantiene una estrecha relación con el 'Heraldo de Aragón'. Ha trabajado como enviado especial de este diario aragonés tanto en la Guerra del Golfo como en los distintos conflictos armados en la antigua Yugoslavia, e igualmente en África, Asia y América Latina.
También colabora con la Cadena Ser y con el servicio español de la BBC desde 1994, con el Magazine de La Vanguardia y con la revista 'Tiempo' desde el año 2000. Su trayectoria, caracterizada por despertar conciencias a través de sus imágenes y hacernos más humanos, también cuenta con la publicación de varios libros y el reconocimiento de otros prestigiosos premios.
El objetivo del Premio Internacional de Periodismo Julio Anguita Parrado, con una dotación económica de 5.000 euros, es reconocer una trayectoria profesional brillante, comprometida con la defensa de los derechos humanos y desarrollada en zona en conflicto bélico o de especial violencia social. Este año se han recibido un total de 15 candidaturas de siete países distintos: España, Portugal, México, Argentina, Perú, Ucrania y Túnez.
El jurado de esta edición ha estado compuesto por los periodistas Lluis Bassets (director de Opinión de El País), Ana Alonso Montes (jefa de la sección de Internacional de El Mundo), Juan Antonio Sacaluga Luengo (RTVE) y los profesores Aurora Labio Bernal (Facultad de Comunicación de Sevilla) y Antonio Barragán Moriana (Universidad de Córdoba), así como por Antonia Parrado Rojas, en representación de la familia Anguita Parrado, y por la secretaria general del SPA, Lola Fernández Palenzuela, que ha actuado como secretaria del jurado, con voz pero sin voto.
Desde su creación, este premio ha sido entregado en la ciudad de Córdoba todos los días 7 de abril desde que el SPA lo instituyó en el año 2007, recordando así el día en el que falleció el periodista cordobés Julio Anguita Parrado mientras cubría la invasión de Irak. Desde ese año el galardón ha recaído en Eman Ahmad (Irak) en 2007; Eduardo Márquez (Colombia) en 2008; Caddy Adzuba (R.D.Congo) en 2009 y Mónica Bernabé (España) en 2010.
El premio Julio Anguita Parrado está organizado por el Sindicato de Periodista de Andalucía y la Federación de Sindicatos de Periodistas, junto al Ayuntamiento y la Universidad de Córdoba y con la colaboración especial del Parque Joyero de Córdoba, diseñador del galardón de olivo y plata que reciben los premiados cada edición.
Rosa Aguilar declara en el B.O.J.A.un patrimonio de 400.000 euros
La ministra de Medio Ambiente y ex alcaldesa, Rosa Aguilar, declara en el BOJA un patrimonio de 400.000 euros.
La ex consejera de Obras Públicas, ex alcaldesa de Córdoba y ahora titular de la cartera de Medio Ambiente, cesó en la Junta allá por octubre de 2010 para pasar al gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero. En esa transición burocrática, Aguilar tuvo que dejar constancia de su patrimonio personal en una declaración personal con la que todo alto cargo está obligado a cumplir con el ciudadano. Tan es así, que el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicó ayer la declaración de hasta 61 cargos de la Junta cesantes o que actualizaban su declaración patrimonial en cuanto a cambio de atribuciones o asunción de nuevas competencias.
En el primer puesto del listado que hace público el boletín de la Junta, Aguilar expone el valor de sus bienes patrimoniales, que asciende a la no menos despreciable cantidad de 386.000 euros (unos 65 millones de las antiguas pesetas). Unos datos apenas conocidos antes y de los que el BOJA da clara cuenta. Así, Rosa Aguilar declara estar en posesión de un piso en Córdoba cuyo valor catastral (menor que el de mercado) asciende a 43.439,74 euros así como una cochera de 5.907,13 euros. A estas posesiones inmobiliarias en Córdoba se suma una vivienda en Almería cuyo valor se eleva a 85.763,56 euros.
En el capítulo de acciones y participaciones en capital de sociedades, títulos de deuda pública, fondos de inversión y otros valores mobiliarios, la ex regidora declara ostentar hasta cinco tipos de productos diferentes que suman cerca de 42.000 euros. Por un lado, un fondo de pensiones en Cajasur por 11.441 euros. Obligaciones subordinadas en la misma entidad por 15.060 euros, más un fondo de inversión en BBVA (en Bolsa) de 1.227 euros y otro fondo de los denominados dinámico en el mismo banco por 4.837 euros. A todos ellos se suman unas obligaciones en Autopistas del Atlántico por 9.414 euros. La bolsa ahorradora de la ministra se cierra con un dato muy importante, en su saldo total de cuentas bancarias aparecen 204.497 euros. Casualmente, de los 61 cargos públicos que aparecen en la misma edición del BOJA con sus emolumentos y patrimonios, es la dirigente que más ahorro cuantifica en sus cuentas bancarias.
La declaración la cierra un Audi A3 2.0 TFSI Ambition valorado en 13.890 euros (de todos es conocida su afición automovilística) y una deuda con Cajasur por una hipoteca no vencida de la que quedan 41.231 euros.
¡Preparen la cartera!
El ministro de bombillas asegura que el gobierno buscará fórmulas para evitar que se produzca otra subida de la luz este año.
Que traducido al castellano viene a ser… Pues eso.
Que traducido al castellano viene a ser… Pues eso.
miércoles, 23 de febrero de 2011
El Senado pide que los patios de Córdoba sean patrimonio inmaterial de Unesco
La Cámara Alta ha aprobado en el pleno una moción, consensuada por todos los grupos, para sumarse al deseo ya expresado de instituciones y entidades sociales para que la candidatura de los patios sea aceptada por la Unesco en la reunión que tendrá lugar este año en Bali.
Según figura en el texto de la moción, los patios cordobeses son un prototipo más de la cultura andaluza y en ellos "se conjuga la arquitectura, las costumbres y las tradiciones con una belleza tan especial y singular que merecen la admiración de quienes los visitan".
Gracias a los vecinos, este arte popular se conserva y se muestra especialmente en mayo, cuando tiene lugar el tradicional concurso de patios.
Durante el debate, que ha sido presenciado desde la tribuna de invitados por los miembros de la Asociación Amigos de los Patios Cordobeses, el senador socialista Antonio Hurtado ha afirmado que los patios, "únicos en el mundo", forman parte del "ADN cordobés".
En un mundo convulso, ha dicho Hurtado, los patios propugnan los valores de "convivencia, tolerancia, amistad, elegancia, sencillez, austeridad y sobriedad, pero también de belleza y equilibrio".
Patios de "tertulia, de duende y de magia", ha resaltado este senador por Córdoba después de señalar que esta peculiar arquitectura cordobesa se sustenta gracias a "vecinos anónimos".
Vecinos como Felisa, una mujer ya fallecida que definía a las flores de su patios como "damas a quienes servir", ha recordado Hurtado.
El senador del PP Jesús Ramón Aguirre, por su parte, ha subrayado la importancia de los patios, "uno de los mayores atractivos culturales y turísticos" de Córdoba y exponente de la arquitectura andaluza.
"Remansos de paz", ha continuado el parlamentario el PP, los patios deben su permanencia al cuidado de los vecinos, que durante todo el año los miman para la cita de mayo.
La Fiscalía de Sevilla ha pedido una condena de 900.000 euros de multa a los cuatro acusados por la presunta petición de comisiones ilegales en Mercasevilla, entre ellos el ex delegado de la Consejería de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas.
En un escrito de acusación al que ha tenido acceso Efe, la Fiscalía pide la misma pena para los otros tres acusados: los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, y la funcionaria María Regla Pereira, entonces coordinadora de proyectos de la Fundación Mercasevilla.
Según la Fiscalía, en enero de 2009 los acusados Mellet y Ponce se reunieron con directivos del grupo de hostelería La Raza y les pidieron "una colaboración voluntaria con la Junta de Andalucía", y les prometieron que si accedían a entregar el dinero "su grupo obtendría luego favores tales como subvenciones y la concesión de todos los cátering que se organizaran".
En un escrito de acusación al que ha tenido acceso Efe, la Fiscalía pide la misma pena para los otros tres acusados: los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, y la funcionaria María Regla Pereira, entonces coordinadora de proyectos de la Fundación Mercasevilla.
Según la Fiscalía, en enero de 2009 los acusados Mellet y Ponce se reunieron con directivos del grupo de hostelería La Raza y les pidieron "una colaboración voluntaria con la Junta de Andalucía", y les prometieron que si accedían a entregar el dinero "su grupo obtendría luego favores tales como subvenciones y la concesión de todos los cátering que se organizaran".
El Falla descalifica a una comparsa de Córdoba por hacer 'trampas'
'Los molto contenti' durante su actuación en el Falla.
Las bases del concurso de Cádiz establecen que el repertorio debe ser inédito.
El jurado del concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz decidió minutos antes de la once de la noche de ese martes hacer efectiva la descalificación del certamen gaditano de una comparsa de Córdoba. Y no será la última. Todo concurso del Falla que se precie debe tener su ingrediente de polémica y la de este año ya está servida. Ha tardado el jurado en actuar pero, cuando lo ha hecho, ha aplicado rigurosamente el nuevo reglamento, y con pruebas sólidas.
La comparsa de Córdoba 'Los molto contenti' ha sido descalificada a los pocos minutos de actuar el martes en las tablas del Gran Teatro Falla por incumplimiento "muy grave" de las bases del certamen. En concreto, los artículos que recogen que los repertorios con los que los grupos acuden al concurso del Falla deben estar inéditos en cualquier otro concurso. Deben ser rigurosos estrenos.
Los cordobeses conocían esta cláusula y, pese a ello, se arriesgaron a actuar el pasado fin de semana en el concurso de su tierra. El resultado ha sido un gran revuelo entre las agrupaciones gaditanas, especialmente entre las damnificadas que en la noche del domingo veían cómo se quedaban a las puertas de la clasificación en los cuartos de final, en beneficio de grupos como el de Córdoba, que habría hecho 'trampas'.
Las perjudicadas recopilaron entonces toda la información posible: grabaciones de audio y vídeo, fotografías y recortes de prensa, para probar que 'Los molto contenti' y el coro 'Los mon amour' –que aún no ha actuado pero que correrá la misma suerte el próximo domingo-, habían incumplido conscientemente el reglamento.
Los coristas afectados apuntan a que en el concurso del Falla han participado otros 12 grupos de fuera de la provincia que podrían haber incumplido las bases del certamen de idéntica forma que los cordobeses, aunque muchos de ellos se han quedado fuera por escasa puntuación y ya no procede actuar en su contra. En muchos casos, los grupos, conocedores del incumplimiento en el que incurrían, se han inscrito y participado en otros concursos cambiando el nombre de la agrupación pero con el mismo disfraz ('tipo', en Cádiz) y repertorio.
Por el momento, las pruebas sólo señalan a las dos agrupaciones citadas de Córdoba, aunque hay al menos media docena de las clasificadas en cuartos de final sobre las que se cierne la duda de la trampam motivo por el que lo denunciantes exigen más dureza con los descalificados, que en el caso de la comparsa llevaba varios años acudiendo al concurso del Falla y es muy querida entre el público, con un castigo ejemplar y una sanción que le impida presentarse en próximas ediciones del concurso gaditano.
La comparsa de Córdoba 'Los molto contenti' ha sido descalificada a los pocos minutos de actuar el martes en las tablas del Gran Teatro Falla por incumplimiento "muy grave" de las bases del certamen. En concreto, los artículos que recogen que los repertorios con los que los grupos acuden al concurso del Falla deben estar inéditos en cualquier otro concurso. Deben ser rigurosos estrenos.
Los cordobeses conocían esta cláusula y, pese a ello, se arriesgaron a actuar el pasado fin de semana en el concurso de su tierra. El resultado ha sido un gran revuelo entre las agrupaciones gaditanas, especialmente entre las damnificadas que en la noche del domingo veían cómo se quedaban a las puertas de la clasificación en los cuartos de final, en beneficio de grupos como el de Córdoba, que habría hecho 'trampas'.
Las perjudicadas recopilaron entonces toda la información posible: grabaciones de audio y vídeo, fotografías y recortes de prensa, para probar que 'Los molto contenti' y el coro 'Los mon amour' –que aún no ha actuado pero que correrá la misma suerte el próximo domingo-, habían incumplido conscientemente el reglamento.
Un "castigo ejemplar"
Los representantes legales de los coros gaditanos 'La plaza de los colores' y '¡Qué fresquito lo tengo!', que se consideran perjudicados por la clasificación de los grupos cordobeses, entregaron todo el material inculpatorio a la presidenta del jurado, María Victoria Smith, que con las pruebas en la mano decidió hacer efectiva la descalificación.Los coristas afectados apuntan a que en el concurso del Falla han participado otros 12 grupos de fuera de la provincia que podrían haber incumplido las bases del certamen de idéntica forma que los cordobeses, aunque muchos de ellos se han quedado fuera por escasa puntuación y ya no procede actuar en su contra. En muchos casos, los grupos, conocedores del incumplimiento en el que incurrían, se han inscrito y participado en otros concursos cambiando el nombre de la agrupación pero con el mismo disfraz ('tipo', en Cádiz) y repertorio.
Por el momento, las pruebas sólo señalan a las dos agrupaciones citadas de Córdoba, aunque hay al menos media docena de las clasificadas en cuartos de final sobre las que se cierne la duda de la trampam motivo por el que lo denunciantes exigen más dureza con los descalificados, que en el caso de la comparsa llevaba varios años acudiendo al concurso del Falla y es muy querida entre el público, con un castigo ejemplar y una sanción que le impida presentarse en próximas ediciones del concurso gaditano.
Los asesinos de Ernest Lluch se han sometido a dos tratamientos fallidos en el Hospital Reina Sofía de Córdoba.
Ni el amparo de la sanidad pública andaluza, que les pagó un costoso tratamiento de reproducción asistida, les ha bastado a dos etarras integrantes del «comando Barcelona» que asesinó al ex ministro socialista Ernest Lluch, Nerea Bengoa Ziarsolo y Fernando García Jodrá, para ver cumplido su deseo de ser padres.
En este empeño —inútil hasta el momento—, las arcas del Servicio Andaluz de Salud (SAS) han enterrado ya cerca de 12.000 euros, después de que los terroristas hayan agotado las dos oportunidades que la Administración autonómica ofrece a las parejas que no pueden concebir por sus propios medios y solicitan, como último recurso, beneficiarse de técnicas de fecundación in vitro.
Ambos etarras, que cumplen condenas en las prisiones de Córdoba y Huelva, empezaron a tratarse el pasado verano en el Hospital Universitario Reina Sofía, después de que Instituciones Penitenciarias atendiera su solicitud a través del servicio médico penitenciario ubicado en las cercanías de Alcolea, donde cumple condena la joven etarra.
Las dos ocasiones en que se han sometido a estas complejas pruebas, que consisten en la extracción de ovocitos y la posterior fecundación con semen en una probeta, se han saldado con sendos intentos fallidos, según ha podido saber ABC de fuentes de toda solvencia. Queda la duda de si el SAS aceptará darles una tercera oportunidad, toda vez que la primera vez que se sometieron al plan de reproducción asistida fracasó antes incluso de implantarles a Nerea Bengoa los embriones en el útero.
Cada plan de fecundación in vitro en un centro público, al margen de que los resultados sean o no satisfactorios, asciende a 6.000 euros y, supera, en muchos casos un tratamiento contra el cáncer. En la actualidad, más de 2.500 parejas andaluzas se encuentran en listas de espera para recibir tratamientos de fertilidad en el SAS, según los últimos datos facilitados por el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo. La elevada demanda existente se traduce en insoportables demoras que superan los dos años e incluso los tres.
En el caso de los pistoleros que segaron también la vida a dos concejales del PP y a un guardia urbano, e intentaron hasta ocho veces matar al periodista Luis del Olmo, el coste se multiplica por dos. En el supuesto de que el SAS emitiera una «factura sombra» —la simbólica nota que ha empezado a enviar a pacientes comunes—para informarles sobre el importe de las pruebas practicadas, en ella debería figurar un desembolso cercano a los 12.000 euros, según las cifras que maneja al respecto la propia Consejería de Salud, que ha negado ningún trato de favor a los miembros de ETA.
A esta suma habría que añadir el coste del férreo despliegue policial montado en el centro cordobés cada vez que Nerea Bengoa, sola o con su pareja, han tenido que pasar por consulta ginecológica en el hospital Materno-Infantil o someterse a alguna prueba siguiendo las pautas del estricto plan de reproducción asistida.
García Jodrá, que compartió prisión durante seis años con su pareja, fue trasladado a la prisión onubense el pasado mes de junio. Con anterioridad, Instituciones Penitenciarias accedió a que mantuvieran un «vis a vis», pero ni por ésas lograron su objetivo de tener descendencia. Con motivo del proceso médico, el asesino de Ernest Lluch, que acumula penas que superan los doscientos años de reclusión, fue devuelto durante unos días a la cárcel de Córdoba.
Los investigadores del Faisán acusan a dos policías más del chivatazo a ETA
.
Las sospechas sobre estos dos policías se sustentan en el intenso e inusual tráfico de llamadas que mantuvieron los días 3 y 4 de mayo de 2006 con Enrique Pamies, jefe superior de Policía del País Vasco y uno de los imputados. Alberto L. y Teresa H. hablaron con él en 16 y 15 ocasiones, respectivamente, en las dos jornadas claves del chivatazo, saltándose la cadena de mando. En el caso del Alberto L., el jefe de la Unidad Central de Información Interior (UCII), de la que dependía, y el comisario general de Información, máximo responsable antiterrorista. En el caso de Teresa H, el comisario jefe de la Brigada Provincial de Información, a la que pertenecía, y el comisario provincial de San Sebastián, máximo responsable policial de la provincia.
Las sospechas sobre ambos no son nuevas. Los investigadores ya dejaron constancia de ellas en sus primeros informes. En las conclusiones del número 367 afirmaban que Alberto L. estuvo en permanente contacto con Enrique Pamies la tarde-noche del 3 de mayo, cuando se planificó el chivatazo, a pesar de no tener una relación jerárquica y funcional con él. “Traslada las informaciones al jefe superior esa noche, pudiendo haber influido las mismas en la toma de decisiones del director general de la Policía”.
Alberto L. tenía entonces como función la de coordinar y supervisar todos los dispositivos operativos que se llevaban conjuntamente con los servicios policiales francesas. Los días 3, 4 y 5 de mayo de 2006 se encontraba comisionado en Bayona para mantener reuniones operativas con sus homólogos franceses, lo que aprovechó para evitar el inicio de la operación contra la red de extorsión en Francia y mantuvo puntualmente informado de los acontecimientos al jefe superior, que de manera inmediata trasladaba los datos al también imputado Vìctor García Hidalgo, director de la Policía, según los informes de investigación.
En el caso de Teresa H., los investigadores afirman que en sus “reiteradas comunicaciones” con el jefe superior le tuvo al tanto del desarrollo de la operación contra el Faisán en España, “estableciéndose una manifiesta relación de causalidad entre los hechos que acontecen y las comunicaciones que tiene este mando policial (Enrique Pamies) con el director de la Policía y con Alberto L.”
Pese a la contundencia de las acusaciones, ambos prestaron declaración como testigos el 23 de diciembre de 2008, el mismo día en que lo hicieron como imputados Pamies, García Hidalgo y el inspector José María Ballesteros. Teresa H. volvió a hacerlo el pasado día 8.
Este es un extracto del interrogatorio a Alberto L. por el juez Baltasar Garzón, que entonces estaba al frente de la investigación.
Juez.- ¿En algún momento el jefe superior de Policía del País Vasco, en las conversaciones que mantiene con usted, la ayuda que le pide tiene relación con el tema del Faisán?
Alberto L.- Para nada, en absoluto. Él nada más me habla de Francia (se refiere a la coartada de Enrique Pamies, que manifestó que la mañana del chivatazo iba a tener una cita con un confidente de ETA en el sur de Francia).
Juez.- Entonces, mera coincidencia en la secuencia temporal de dos eventos totalmente diferentes.
Alberto L.- Pues por un estilo.
Juez.- …con un escenario geográfico exactamente el mismo; con unos policía que están al lado del Faisán enviados para dar una cobertura de algo que después no se produce (la entrevista con el confidente) y lo único que acontecen son las no detenciones (de los miembros de la red de extorsión) que era el objetivo perseguido. ¿Qué casualidad, eh?
Alberto L.- Yo llevo 28 años luchando contra ETA,y todo mi trabajo profesional ha sido siempre detener.
Juez.- Ya, ya.
Alberto L.- O sea que
Juez.- Pero digo que qué casualidad.
Alberto L.- Que sí, sí.
Juez.- Qué casualidad que ocurran esos dos acontecimientos.
Alberto L.- Me lo está usted contando.
Juez.- Exactamente en la misma secuencia temporal y encajando cada una de las llamadas telefónicas con un acontecimiento externo como es la sucesión de hechos de la frustración de la operación policial y judicial. Así es desde la tarde del día 3 hasta las dos y pico de la tarde del día 4. Como piezas de un ajedrez, de un rompecabezas, perfecto.
Alberto L.- Pues ahora entiendo por qué estoy aquí.
(…) Juez.- ¿Usted qué sabe del tema Faisán?
Alberto L.- Yo nada, en absoluto. Lo que sé ya se lo he comentado. Me limité a transmitir, insistir para que se efectuasen las detenciones (en Francia).
En el caso de Teresa H., éstas fueron algunas de sus respuestas a las preguntas del juez.
Juez.- ¿Usted se considera una persona de confianza del jefe superior de Policía del País Vasco?
Teresa H.- Sí, y sobre todo porque también tenemos una relación personal. Él me enseñó a mí a trabajar, empecé a trabajar con él; de ahí la relación de amistad y relación profesional.
(…) Juez.- Oiga usted, ¿en la noche del día 3 no tuvo ninguna reunión sobre tema relacionado con la investigación del Faisán?
Teresa H.- No, no.
Juez.- ¿Alguien le dijo que informara usted directamente al jefe superior de Policía sobre el contenido de esta investigación.
Teresa H.- No.
Juez.- ¿No? ¿Usted de manera voluntaria le informó al jefe superior de Policía de esta investigación.
Teresa H guarda Silencio
Juez.- ¿Recuerda usted sobre qué versó la conversación que tuvo usted a las once menos cinco de la noche del día 3 de mayo de 2006?
Teresa H.- No recuerdo.
Juez.- No recuerda. ¿De esa noche no recuerda nada de lo que hablara con el jefe superior de Policía?
Teresa H.- Puf, es que ya le digo, no sé si sería tema de trabajo, tema familiar. Es que no puedo, es que no recuerdo. Ya digo que, bueno, si mira todo el rastreo de mi teléfono tenemos conversaciones a todas las horas.
Juez.- Sí, pero mire usted, es que esas conversaciones que usted tiene con el jefe superior van inmediatamente concatenadas a otra serie de conversaciones, todas ellas en un mismo marco, y no me cuadra que sea para hablar de los niños, con todo respeto.
Teresa H.- Ya, ya.
Juez.- Hay una llamada suya, hay otra que le devuelve. Hay otra que el señor Pamies hace a otra personalidad. Hay otra que hace, que luego se devuelve. Hay una secuencia de llamadas y contra llamadas que no parece como que se hablara de niños ahí. ¿Puede ser que sí?
Teresa H.- Ya, es que, ahora mismo señoría, es que.
Juez.- Le estoy pidiendo que recuerde. ¿Es habitual en su forma de trabajara el uso de sms con el jefe superior?
Teresa H.- Sí, sí, es la práctica habitual, porque cuando hay una investigación que tenemos que hacer o alguna gestión nos los envía por mensaje también.
Juez.- A las 11,07 horas del 4 de mayo, le digo la hora porque es importante, usted vuelve a mandar un sms al señor jefe superior. ¿Recuerda usted el contenido?
Teresa H.- No lo recuerdo.
Juez.- No lo recuerda. ¿Recuerda usted si le contestó o no le contestó?
Teresa H.- Puf, no lo recuerdo.
Juez.- Bien, le vuelvo a decir que ese sms suyo se ubica exactamente en una secuencia con varias personas más y sin solución de continuidad. No puede usted recordar si era ¿quedamos a cenar? o ¿nos vemos con los niños? o ¿cómo te va?, ¿no recuerda nada a pesar de su buena memoria?
Teresa H.- Es que ya le digo, nos llamamos y nos mensajeamos miles de veces, puf, no recuerdo exactamente para qué le mando el mensaje o por qué me manda mensaje en esa fecha.
Entregas anteriores:
- El rastreo al móvil de Ballesteros corrobora que estuvo en el bar
- El policía filmado declaró que no sabía si había estado en el bar
- Una cámara grabó a uno de los imputados saliendo del Faisán
Fuente.El Confidencial
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz
martes, 22 de febrero de 2011
Garzón pudo fraccionar sus cobros de Nueva York para "dificultar su seguimiento"
Marchena, instructor de la causa contra Garzón por presunto cohecho y prevaricación, ordenó el pasado mes de septiembre a la Guardia Civil que investigase las cuentas bancarias del juez para aclarar "cuánto, cuándo, cómo y quién" financió sus actividades académicas en EEUU durante el permiso por estudios que le concedió el Consejo General del Poder Judicial entre el 1 de marzo de 2005 y el 30 de junio de 2006. Al menos cinco grandes empresas españolas aportaron fondos para esos cursos, y Marchena tiene indicios de que una parte del dinero cobrado por Garzón se ocultó al fisco estadounidense.
El informe entregado a Marchena por la Guardia Civil sostiene que "no se han detectado" en las cuentas corrientes abiertas por Garzón en España "pagos correspondientes a la actividad desarrollada por el querellado para la Universidad de Nueva York o cualquiera de sus entidades asociadas". Los agentes añaden que en esas mismas cuentas tampoco hay rastro del "ingreso de cantidades correspondientes a pagos imputados en las declaraciones tributarias por determinados pagadores en concepto de cursos, conferencias y seminarios".
Cantidades fraccionadas
La Brigada de Delincuencia Económica argumenta que "esto puede ser debido a que las cantidades se fraccionan a la hora de ser ingresadas, lo que dificulta su seguimiento, o a que los pagos se realizan en cuentas tituladas por terceras personas físicas o jurídicas, tales como agentes o representantes, o que estas cantidades hayan podido ser ingresadas en un tiempo posterior al periodo investigado", es decir, de marzo de 2005 a junio de 2006.
La esposa de Garzón, Rosario Molina, ingresó más de 300.000 euros en una cuenta de Caja Madrid, de la que ella era titular, sólo un mes después de la llegada del juez a EEUU, según adelantó El Confidencial. Molina, según las pesquisas de la Guardia Civil, ingresó el 6 de abril de 2005 317.130 euros en una cuenta corriente abierta a su nombre en la sucursal de Caja Madrid situada en la calle de Severo Ochoa de la localidad madrileña de Las Rozas.
El informe al que ahora ha tenido acceso este diario también revela "la existencia de conferencias impartidas en el extranjero en el periodo estudiado, sin que en las cuentas bancarias analizadas se haya reflejado pago alguno". Los investigadores concluyen que "esto puede deberse a que los pagos pueden haberse realizado en cuentas abiertas en el extranjero, en efectivo o a través de terceras personas".
Garzón dijo este domingo, en una entrevista concedida a Radio Nacional de España en Berlín, que confía en no encontrarse "al final" de su carrera judicial, aunque admite que tiene "muchos enemigos", especialmente en el Tribunal Supremo. El juez denuncia una "campaña" en su contra supuestamente orquestada por quienes tratan de amedrentar a "los jueces con criterio propio".
Barcelona es la única ciudad en la que es más rentable alquilar una plaza de garaje que un piso
Los datos hablan por sí solos. Comprar una plaza de garaje con vistas a alquilarla y conseguir pingües beneficios resultó menos rentable en 2010 que otras inversiones más tradicionales.
La rentabilidad bruta de una plaza de garaje en alquiler en nuestro país oscila entre el 2,1% y el 4,3% y en todos los casos, excepto Barcelona, se encuentran por debajo de las obtenidas por la vivienda. El rendimiento de las letras del tesoro a doce meses -el contrato más frecuente en este tipo de arrendamientos- es del 2,4%.
Sólo en la Ciudad Condal la rentabilidad (4,3%) estuvo por encima de la que se consiguió al arrendar un piso (3,5%), según los datos recopilados por idealista.com.
(Pinche aquí para ampliar la imagen)
En el resto de España (Alicante, Bilbao, Córdoba, Granada, Málaga, Murcia, Palma de Mallorca, Santander, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza) resultó más rentable alquilar viviendas que garajes. “El desplome de la burbuja inmobiliaria ha provocado que invertir en plazas de garaje ya no sea tan rentable. Con la crisis, ahora sale más rentable comprar una casa para alquilarla que hacer la misma operación con una plaza de garaje”, apunta Fernando Encinar, jefe de estudios de idealista.com.
De hecho, la Ciudad Condal, donde una plaza de garaje costó de media 29.081 euros, fue la única capital con yields ligeramente superiores al 4% frente al 3,2% de Madrid, por poner un ejemplo. Además, se da la circunstancia de que en la capital de España, los precios de compra de las plazas de garaje eran un 22,5% más caros: 35.645 euros.
Más de 30 años para recuperar la inversión en Madrid
Los precios en Barcelona se encuentran entre los más baratos de las ciudades analizadas por idealista.com. Sólo en Málaga y en Palma de Mallorca las plazas son algo más baratas: 28.164 y 28.999 euros, respectivamente.
Por el contrario, Bilbao es con diferencia la capital más cara: 46.266 euros la plaza de garaje. Su alquiler ofreció rentabilidades medias del 2,7% frente al 3,6% del alquiler de viviendas.
La combinación de menores precios y mayores rentabilidades permite que se necesiten menos tiempo en Barcelona que en otras capitales para recuperar la inversión: 23 años. Por el contrario, la peor relación precio-rentabilidad se da en Valladolid y Zaragoza. En ambas capitales se necesitarían 47 y 46 años, respectivamente, para recuperar el dinero invertido en la compra del garaje. En Madrid, por su parte, son necesarios 31 años.
Para la elaboración de este estudio, idealista ha dividido el precio medio de alquiler anual del metro cuadrado entre el precio del metro cuadrado en venta en las diferentes capitales de provincia españolas referente al cuarto trimestre de 2010. El resultado obtenido es el porcentaje bruto de rentabilidad que proporciona a un propietario alquilar su plaza. Este dato facilita el análisis del estado actual del mercado y es un punto de partida básico para todos aquellos inversores que quieran comprar activos inmobiliarios con el fin de obtener beneficios.
Fuente.cotizalia
La rentabilidad bruta de una plaza de garaje en alquiler en nuestro país oscila entre el 2,1% y el 4,3% y en todos los casos, excepto Barcelona, se encuentran por debajo de las obtenidas por la vivienda. El rendimiento de las letras del tesoro a doce meses -el contrato más frecuente en este tipo de arrendamientos- es del 2,4%.
Sólo en la Ciudad Condal la rentabilidad (4,3%) estuvo por encima de la que se consiguió al arrendar un piso (3,5%), según los datos recopilados por idealista.com.
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En el resto de España (Alicante, Bilbao, Córdoba, Granada, Málaga, Murcia, Palma de Mallorca, Santander, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza) resultó más rentable alquilar viviendas que garajes. “El desplome de la burbuja inmobiliaria ha provocado que invertir en plazas de garaje ya no sea tan rentable. Con la crisis, ahora sale más rentable comprar una casa para alquilarla que hacer la misma operación con una plaza de garaje”, apunta Fernando Encinar, jefe de estudios de idealista.com.
De hecho, la Ciudad Condal, donde una plaza de garaje costó de media 29.081 euros, fue la única capital con yields ligeramente superiores al 4% frente al 3,2% de Madrid, por poner un ejemplo. Además, se da la circunstancia de que en la capital de España, los precios de compra de las plazas de garaje eran un 22,5% más caros: 35.645 euros.
Más de 30 años para recuperar la inversión en Madrid
Los precios en Barcelona se encuentran entre los más baratos de las ciudades analizadas por idealista.com. Sólo en Málaga y en Palma de Mallorca las plazas son algo más baratas: 28.164 y 28.999 euros, respectivamente.
Por el contrario, Bilbao es con diferencia la capital más cara: 46.266 euros la plaza de garaje. Su alquiler ofreció rentabilidades medias del 2,7% frente al 3,6% del alquiler de viviendas.
La combinación de menores precios y mayores rentabilidades permite que se necesiten menos tiempo en Barcelona que en otras capitales para recuperar la inversión: 23 años. Por el contrario, la peor relación precio-rentabilidad se da en Valladolid y Zaragoza. En ambas capitales se necesitarían 47 y 46 años, respectivamente, para recuperar el dinero invertido en la compra del garaje. En Madrid, por su parte, son necesarios 31 años.
Para la elaboración de este estudio, idealista ha dividido el precio medio de alquiler anual del metro cuadrado entre el precio del metro cuadrado en venta en las diferentes capitales de provincia españolas referente al cuarto trimestre de 2010. El resultado obtenido es el porcentaje bruto de rentabilidad que proporciona a un propietario alquilar su plaza. Este dato facilita el análisis del estado actual del mercado y es un punto de partida básico para todos aquellos inversores que quieran comprar activos inmobiliarios con el fin de obtener beneficios.
Fuente.cotizalia
La ministra Pajín abandona un restaurante de lujo después de ser increpada por una comensal
La cliente le recriminó su doble condición de socialista y asidua a la cocina de cinco tenedores
Hubo tensión cuando los escoltas solicitaron a la que hacía los comenatrios y a sus acompañantes que se identificasen.
La ministra de Sanidad, Leire Pajín, vivió hace algunos días un desagradable incidente en el comedor de Horcher, uno de los restaurantes más exclusivos y también más caros de Madrid.
La ministra, que había acudido al selecto establecimiento hostelero -situado en la calle Alfonso XII de madrid- junto a dos acompañantes, fue increpada por una comensal.
La mujer le afeó su doble condición de representante del Gobierno socialista y asidua a la cocina de cinco tenedores, "a cuenta del sueldo que le pagamos todos los españoles".
En un tono de voz lo suficientemente elevado como para que pudieran escucharlo los demás clientes que a esa hora degustaban las exquisiteces del menú, la citada comensal recriminó a Pajín el discurso falsamente solidario de los socialistas, "los recortes sociales" acometidos por el Gobierno y los cinco millones de parados.
Según la enfadada clienta, estos eran argumentos más que sólidos, para censurar su presencia en un restaurante tan caro como Horcher.
En ese instante, según la versión ofrecida a La Gaceta por un testigo de la escena, Pajín, que se había levantado de su asiento para atender a las palabras de su interlocutora, estuvo a punto de tropezar.
Los diversos sueldos a cargo del erario que Leire Pajín ha venido ingresando en los últimos años -como ex secretaria de Estado de Coorperación, como secretaria de Organización del PSOE, como senadora y ahora como ministra-, fueron asimismo utilizados por la espontánea 'manifestante' para increpar a la titular de Sanidad.
El momento de máxima tensión se produjo cuando los escoltas de Pajín solicitaron a la comensal y a sus acompañantes que se identificasen.
Una pretensión a la que estos se negaron alegando no haber cometido ningún delito. Finalmente, tras atender las explicaciones de los guardaespaldas, la ministra decidió abandonar Horcher sin haber dado cuenta siquiera del segundo plato.
El restaurante Horcher, considerado un clásico de Madrid, abrió sus puertas en 1943 y debe su prestigio a sus exquisitas recetas de caza como las de la liebre, las codornices asadas o las hamburguesas de carne de solomillo y ternera picada a cuchillo.
Entre su clientela habitual se cuentan destacados representantes de la aristocracia patria, las finanzas o la Banca.
En sus elegantes e intimistas comedores, punto de encuentro de personajes de rancio abolengo, millonarios de nuevo cuño, ejecutivos de postín y políticos de fino paladar, se han sellado acuerdos considerados de alto secreto; y cerrado negocios de muchos millones de euros.
Pérez-Reverte arremete contra María Antonia Iglesias y Pilar Rahola: "Son joyas de la telemierda.
El escritor cartagenero cree que las colaboradoras de 'La Noria' son unas "cantamañanas".
Arturo Pérez-Reverte no se anda con chiquitas. Tras definir a España "como un país enfermo, inculto y que alardea de ser inculto", ahora el autor de títulos como 'La carta esférica' ha decidido centrar su tiro sobre María Antonia Iglesias y Pilar Rahola -ambas colaboradoras de 'La Noria' (Telecinco)-, al tacharlas de "joyas de la telemierda" y "cantamañas".
En su artículo de XL Semanal, publicado el domingo 20 de febrero de 2011, con título Sobre violaciones y fascistas, el escritor se queja de "la demagogia pseudofeminista imbécil" de que hacen alarde estas "individuas".
La noticia de que la policía británica se infiltró en grupos ecologistas, publicada en enero por el periódico Telegraph ---Mark Kennedy: 15 other undercover police infiltrated green movement---, ha servido a Pérez-Reverte para hablar de lo que él considera una "tontería internacional": la ya citada demagogia y el afán de muchos de desvirtuar las palabras y vaciarlas de significado, como ocurre con el término "facha".
Con los tiempos que corren y los que van a correr, la tontería es internacional. Pensaba en eso leyendo las manifestaciones de unas ecologistas inglesas que aseguraban «sentirse violadas» porque el compañero de lucha con el que se dieron muchos, repetidos y voluntarios homenajes carnales, resultó ser un policía infiltrado.
Y claro. La diferencia entre irse a la cama con un ecologista o con un policía es que el txakurra te viola. Tú puede que no te percates; pero él, en su fuero interno, sabe que te viola. El fascista. Frente a eso, ya me dirán ustedes qué palabra reservamos al violador de verdad.
Para avalar su tesis, el escritor recuerda sus tiempos de corresponsal en TVE:
Pregúntenle a Márquez y a los colegas con los que andábamos por los Balcanes qué es violar de verdad, y a lo mejor los pillan relajados y se lo cuentan. Mujeres entre los escombros de sus casas, degolladas después de pasarles por encima docenas de serbios o croatas. Hoteles llenos de jóvenes apresadas para disfrute de la tropa, a las que se pegaba un tiro cuando quedaban preñadas.
Supongo que para individuas como Pilar Rahola, María Antonia Iglesias y otras joyas de la telemierda, que tras vivir de la política viven ahora de la demagogia pseudofeminista imbécil, el arriba firmante tendría que haber evitado aquello: persuadir a mil quinientos tíos con escopetas de que lo que hacían estaba feo. Seguro que las antedichas y otros cantamañanas de ambos sexos lo habrían evitado, con dos cojones. Interponiéndose. Así que seguramente me llamarán violador pasivo, por defecto.
lunes, 21 de febrero de 2011
El esquivo fantasma del bar Faisán.El caso del chivatazo a ETA
Tras casi cinco años de proceso y tres jueces, el autor del chivatazo a ETA sigue siendo una incógnita - El caso se centra ahora en el análisis de un vídeo.
El juez Grande-Marlaska (tercero por la derecha), tras precintar el bar Faisán durante la operación contra ETA del 20 de junio de 2006.
El chivatazo existió. Eso nadie parece discutirlo. Alguien -supuestamente un mando policial- avisó el 4 de mayo de 2006 a un colaborador de ETA -Joseba Elosua, dueño del bar Faisán - de que ese día iba a producirse una gran operación contra la banda si Elosua se reunía en Irún, como tenía previsto, con un etarra del aparato de extorsión. Le transmitió también su temor de que la operación hiciera fracasar el inminente proceso de diálogo con ETA, en plena tregua. El chivatazo tuvo éxito: la operación se frustró.
Todo lo demás son incógnitas. La más obvia: ¿quién dio el soplo a Elosua? El que lo hizo, ¿actuó por propia iniciativa o ejecutaba una orden política del Ministerio del Interior? Pero hay otras: ¿por qué tras ser avisado de la operación, Elosua, en vez de quedarse quieto en su casa o en su bar, se citó con el etarra en Francia aun a riesgo de ser detenido allí (cosa que no ocurrió únicamente porque París no lo autorizó)? Y sobre todo: si el objetivo era no poner en riesgo el diálogo con ETA, ¿por qué la operación policial sí se llevó finalmente a cabo el 20 de junio, sólo mes y medio después?
¿Por qué, por ejemplo, a principios de septiembre, el Gobierno destituyó discretamente a uno de los presuntos implicados en el soplo, el director general de la Policía, pero no al otro, el jefe superior de la Policía en el País Vasco? Y ¿cómo es que el agente encargado de investigar el chivatazo, que señaló como culpables a varios colegas, es ahora acusado a su vez por un superior de ser él quien intentó borrar pruebas?
El caso Faisán , que el PP ha convertido en arma contra el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, es una cadena de interrogantes y, por momentos, un relato surrealista. La causa judicial dura ya casi cinco años.
EL SOPLO
A las once de la mañana del 4 de mayo de 2006, Joseba Elosua, de 72 años, dueño del bar Faisán de Irún, arrancó su Ford Focus y salió de casa por el garaje. Por el retrovisor -según contaría él mismo al juez meses más tarde- vio a un hombre apostado en el portal. No se paró a preguntarle qué quería: siguió su camino hacia el Faisán, adonde llegó a las 11.10.
Elosua era un viejo conocido de la policía. Su bar, vigilado desde hacía años, servía al aparato de extorsión de ETA como punto de recogida del dinero entregado por empresarios vascos. Los teléfonos de Elosua estaban pinchados y en su coche la policía había instalado un dispositivo para escuchar las conversaciones que tuviera dentro. Sin ese dispositivo, por cierto, no habría caso Faisán, como se verá más adelante.
El 3 de mayo de 2006, la policía se entera de que esa misma tarde se va a producir en una sidrería de Oiartzun una cita entre Elosua, Ramón Sagarzalu (otro miembro de la red de extorsión de ETA) y el dirigente del PNV Gorka Agirre. En esa cita, Agirre va a entregar a Elosua "nueve botellas de vino" -nueve millones de pesetas (54.000 euros), según los investigadores- procedentes supuestamente de una extorsión. Y ese dinero va a ser entregado al día siguiente al etarra José Antonio Cau Aldanur, que se desplazará hasta Irún desde Francia para recogerlo en el Faisán.
La policía española informa inmediatamente a la francesa y al juez Fernando Grande-Marlaska. Las tres partes acuerdan que al día siguiente, después de años de seguimiento, lanzarán la Operación Urogallo contra el aparato de extorsión y detendrán a varios implicados, incluidos previsiblemente Cau, Elosua y Gorka Agirre.
El contexto es, sin embargo, distinto al de años anteriores: el 22 de marzo ETA ha declarado una tregua. El Gobierno ha dicho que, antes de sentarse a hablar con la banda, va a "verificar" que la tregua va en serio, y eso está haciendo en esos meses de abril y mayo: la policía comprueba, por ejemplo, que ETA ha dado orden de "congelar" la extorsión. Pero, por lo visto, el 3 de mayo se siguen haciendo entregas de dinero. El juez, en cualquier caso, decide lanzar la operación.
Así que son las 11.10 del 4 de mayo y Elosua ha entrado en el Faisán. Quince minutos después -según su declaración ante el juez-, el mismo hombre al que un rato antes ha visto frente a su domicilio entra en el bar, se le acerca y le entrega un móvil. Al otro lado de la línea, un segundo hombre que no se identifica avisa a Elosua de que sus teléfonos están pinchados y el bar vigilado, que lo saben todo sobre la entrega de dinero y que, si finalmente Cau Aldanur viene a España y se encuentra con Elosua, ambos serán detenidos. Todo eso, añade, sería fatal para el proceso de diálogo con ETA aún en gestación.
¿Cómo se conoce el contenido de esa conversación, que duró casi nueve minutos? Porque Joseba Elosua, nada más colgar el teléfono y devolvérselo al misterioso agente de paisano, llama a su yerno Carmelo Luquin, se monta con él en el Ford Focus y sale escopetado hacia Francia, a encontrarse con Cau. En el coche Elosua y Luquin van hablando sin saber que la policía lo tiene pinchado y que varios agentes están escuchando el relato en tiempo real.
Y el relato no deja lugar a dudas. El dueño del Faisán se muestra alucinado porque un "madero" le ha dado el chivatazo para, según le ha dicho, "no fastidiar todo el proceso" porque "hay gente que quiere que esto se rompa".
Pero el caso es que, lejos de desistir de verse con Cau, Elosua lo llama por el camino y queda con él en el bar Talotegui de Bayona (Francia). Los policías que están siguiendo al Ford Focus ven cómo los tres hombres se juntan en el bar y cómo Elosua entrega a Cau un montón de periódicos con un sobre grande entre ellos. Sospechan, entonces, que le está dando el dinero convenido; que la cita que tenían previsto celebrar en España se está celebrando igualmente aunque en suelo francés, y lo comunican a sus superiores.
Ahí llega la siguiente situación kafkiana: la policía francesa se niega a realizar detenciones sin un permiso de las autoridades judiciales de París. La policía española insiste, la francesa se enroca. Hay un cruce frenético de llamadas entre mandos policiales de ambos países, en vano. Y, mientras, Elosua y Luquin comen tranquilamente en Bayona y vuelven a Irún a las 15.40.
La Operación Urogallo se ha frustrado en España por un chivatazo, y en Francia por un problema burocrático.
Sin embargo, sólo mes y medio después, el 20 de junio -cuando el soplo aún no ha trascendido-, la operación sí se lleva a cabo, impulsada por el juez español Grande-Marlaska y la francesa Laurence Le Vert. Son detenidas 12 personas, incluidos Elosua, Luquin y Sagarzazu. Una semana antes, José Luis Rodríguez Zapatero ha anunciado que en verano comenzará formalmente el diálogo con ETA.
LA INVESTIGACIÓN
La reconstrucción del chivatazo recogida aquí es la que se desprende de los cinco informes que elaboró entre julio de 2006 y 2007 el comisario Carlos Germán, que dirigía el operativo de la Operación Urogallo antes de que se malograse y que fue encargado por Grande-Marlaska de investigar el soplo. Más tarde el caso pasó a Baltasar Garzón y, cuando éste fue suspendido el pasado mayo, reactivó la investigación otro magistrado, Pablo Ruz. Investigación que se sigue en contra del criterio de la fiscalía: esta pidió el archivo en 2009 por no ver "claros indicios incriminatorios" para señalar al autor del chivatazo.
Según Germán, sí se le puede señalar y no es uno, son tres: el inspector de Vitoria José María Ballesteros -supuestamente el agente que abordó a Elosua en el Faisán y le entregó el móvil-; el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamies -supuestamente quien habló con Elosua-; y el entonces director general de la Policía, Víctor García Hidalgo. Los tres están imputados.
Ballesteros, Pamies y García son los señalados porque, según el registro telefónico de sus móviles, se intercambiaron llamadas justo en los momentos previos y posteriores al chivatazo; Ballesteros estaba físicamente allí donde estaba Elosua (lo acreditan los repetidores de telefonía). Y, a las 11.23 -la hora aproximada en la que Elosua recuerda haber recibido el soplo-, Ballesteros estaba en el Faisán y llamó a Pamies. Víctor García no es el superior inmediato de Pamies, por eso es llamativo que se llamaran tanto ese día; el 20 de junio, durante la operación que sí cuajó, no lo hicieron.
Sin embargo, cuando en enero de 2009 el juez montó una rueda de reconocimiento para ver si Elosua reconocía en Ballesteros al hombre que le pasó el móvil, Elosua no lo reconoció; en eso, entre otras razones, se apoyaba la fiscalía para pedir el archivo. También en el hecho de que ciertos datos que el chivato contó a Elosua no los conocían los imputados sino sólo quien estuviese "familiarizado muy de cerca con la operación" que iba a desarrollarse. Y que dirigía el comisario Germán.
Hay, por último, un vídeo: el de la cámara del bar Faisán que grabó toda la jornada del 4 de mayo. Los investigadores están analizándolo para averiguar si el inspector Ballesteros es uno de los hombres a los que se ve salir del local. La cinta tiene dos cortes, pero ninguno de ellos coincide con el momento -entre las 11.20 y las 11.30- en el que según Elosua se produjo el chivatazo. Así que lo de los cortes no aclara nada.
Para enredarlo todo un poco más, un superior del comisario Germán, el policía José Cabanillas, ha declarado este mes al juez que Germán intentó borrar la grabación del coche en la que se oye a Elosua narrar el soplo, la prueba clave de todo el caso. Germán pasa así de acusador a acusado.
Alfredo Pérez Rubalcaba siempre ha negado que su ministerio ordenara el chivatazo. Víctor García fue destituido como director general el 8 de septiembre de 2006, cuatro días después de ser implicado en el soplo, aunque Interior negó que el cese tuviera algo que ver con eso (coincidió con la creación de un mando único para Policía y Guardia Civil). Enrique Pamies sigue en su cargo.
Fuente:El Pais
El chivatazo existió. Eso nadie parece discutirlo. Alguien -supuestamente un mando policial- avisó el 4 de mayo de 2006 a un colaborador de ETA -Joseba Elosua, dueño del bar Faisán - de que ese día iba a producirse una gran operación contra la banda si Elosua se reunía en Irún, como tenía previsto, con un etarra del aparato de extorsión. Le transmitió también su temor de que la operación hiciera fracasar el inminente proceso de diálogo con ETA, en plena tregua. El chivatazo tuvo éxito: la operación se frustró.
Todo lo demás son incógnitas. La más obvia: ¿quién dio el soplo a Elosua? El que lo hizo, ¿actuó por propia iniciativa o ejecutaba una orden política del Ministerio del Interior? Pero hay otras: ¿por qué tras ser avisado de la operación, Elosua, en vez de quedarse quieto en su casa o en su bar, se citó con el etarra en Francia aun a riesgo de ser detenido allí (cosa que no ocurrió únicamente porque París no lo autorizó)? Y sobre todo: si el objetivo era no poner en riesgo el diálogo con ETA, ¿por qué la operación policial sí se llevó finalmente a cabo el 20 de junio, sólo mes y medio después?
¿Por qué, por ejemplo, a principios de septiembre, el Gobierno destituyó discretamente a uno de los presuntos implicados en el soplo, el director general de la Policía, pero no al otro, el jefe superior de la Policía en el País Vasco? Y ¿cómo es que el agente encargado de investigar el chivatazo, que señaló como culpables a varios colegas, es ahora acusado a su vez por un superior de ser él quien intentó borrar pruebas?
El caso Faisán , que el PP ha convertido en arma contra el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, es una cadena de interrogantes y, por momentos, un relato surrealista. La causa judicial dura ya casi cinco años.
EL SOPLO
A las once de la mañana del 4 de mayo de 2006, Joseba Elosua, de 72 años, dueño del bar Faisán de Irún, arrancó su Ford Focus y salió de casa por el garaje. Por el retrovisor -según contaría él mismo al juez meses más tarde- vio a un hombre apostado en el portal. No se paró a preguntarle qué quería: siguió su camino hacia el Faisán, adonde llegó a las 11.10.
Elosua era un viejo conocido de la policía. Su bar, vigilado desde hacía años, servía al aparato de extorsión de ETA como punto de recogida del dinero entregado por empresarios vascos. Los teléfonos de Elosua estaban pinchados y en su coche la policía había instalado un dispositivo para escuchar las conversaciones que tuviera dentro. Sin ese dispositivo, por cierto, no habría caso Faisán, como se verá más adelante.
El 3 de mayo de 2006, la policía se entera de que esa misma tarde se va a producir en una sidrería de Oiartzun una cita entre Elosua, Ramón Sagarzalu (otro miembro de la red de extorsión de ETA) y el dirigente del PNV Gorka Agirre. En esa cita, Agirre va a entregar a Elosua "nueve botellas de vino" -nueve millones de pesetas (54.000 euros), según los investigadores- procedentes supuestamente de una extorsión. Y ese dinero va a ser entregado al día siguiente al etarra José Antonio Cau Aldanur, que se desplazará hasta Irún desde Francia para recogerlo en el Faisán.
La policía española informa inmediatamente a la francesa y al juez Fernando Grande-Marlaska. Las tres partes acuerdan que al día siguiente, después de años de seguimiento, lanzarán la Operación Urogallo contra el aparato de extorsión y detendrán a varios implicados, incluidos previsiblemente Cau, Elosua y Gorka Agirre.
El contexto es, sin embargo, distinto al de años anteriores: el 22 de marzo ETA ha declarado una tregua. El Gobierno ha dicho que, antes de sentarse a hablar con la banda, va a "verificar" que la tregua va en serio, y eso está haciendo en esos meses de abril y mayo: la policía comprueba, por ejemplo, que ETA ha dado orden de "congelar" la extorsión. Pero, por lo visto, el 3 de mayo se siguen haciendo entregas de dinero. El juez, en cualquier caso, decide lanzar la operación.
Así que son las 11.10 del 4 de mayo y Elosua ha entrado en el Faisán. Quince minutos después -según su declaración ante el juez-, el mismo hombre al que un rato antes ha visto frente a su domicilio entra en el bar, se le acerca y le entrega un móvil. Al otro lado de la línea, un segundo hombre que no se identifica avisa a Elosua de que sus teléfonos están pinchados y el bar vigilado, que lo saben todo sobre la entrega de dinero y que, si finalmente Cau Aldanur viene a España y se encuentra con Elosua, ambos serán detenidos. Todo eso, añade, sería fatal para el proceso de diálogo con ETA aún en gestación.
¿Cómo se conoce el contenido de esa conversación, que duró casi nueve minutos? Porque Joseba Elosua, nada más colgar el teléfono y devolvérselo al misterioso agente de paisano, llama a su yerno Carmelo Luquin, se monta con él en el Ford Focus y sale escopetado hacia Francia, a encontrarse con Cau. En el coche Elosua y Luquin van hablando sin saber que la policía lo tiene pinchado y que varios agentes están escuchando el relato en tiempo real.
Y el relato no deja lugar a dudas. El dueño del Faisán se muestra alucinado porque un "madero" le ha dado el chivatazo para, según le ha dicho, "no fastidiar todo el proceso" porque "hay gente que quiere que esto se rompa".
Pero el caso es que, lejos de desistir de verse con Cau, Elosua lo llama por el camino y queda con él en el bar Talotegui de Bayona (Francia). Los policías que están siguiendo al Ford Focus ven cómo los tres hombres se juntan en el bar y cómo Elosua entrega a Cau un montón de periódicos con un sobre grande entre ellos. Sospechan, entonces, que le está dando el dinero convenido; que la cita que tenían previsto celebrar en España se está celebrando igualmente aunque en suelo francés, y lo comunican a sus superiores.
Ahí llega la siguiente situación kafkiana: la policía francesa se niega a realizar detenciones sin un permiso de las autoridades judiciales de París. La policía española insiste, la francesa se enroca. Hay un cruce frenético de llamadas entre mandos policiales de ambos países, en vano. Y, mientras, Elosua y Luquin comen tranquilamente en Bayona y vuelven a Irún a las 15.40.
La Operación Urogallo se ha frustrado en España por un chivatazo, y en Francia por un problema burocrático.
Sin embargo, sólo mes y medio después, el 20 de junio -cuando el soplo aún no ha trascendido-, la operación sí se lleva a cabo, impulsada por el juez español Grande-Marlaska y la francesa Laurence Le Vert. Son detenidas 12 personas, incluidos Elosua, Luquin y Sagarzazu. Una semana antes, José Luis Rodríguez Zapatero ha anunciado que en verano comenzará formalmente el diálogo con ETA.
LA INVESTIGACIÓN
La reconstrucción del chivatazo recogida aquí es la que se desprende de los cinco informes que elaboró entre julio de 2006 y 2007 el comisario Carlos Germán, que dirigía el operativo de la Operación Urogallo antes de que se malograse y que fue encargado por Grande-Marlaska de investigar el soplo. Más tarde el caso pasó a Baltasar Garzón y, cuando éste fue suspendido el pasado mayo, reactivó la investigación otro magistrado, Pablo Ruz. Investigación que se sigue en contra del criterio de la fiscalía: esta pidió el archivo en 2009 por no ver "claros indicios incriminatorios" para señalar al autor del chivatazo.
Según Germán, sí se le puede señalar y no es uno, son tres: el inspector de Vitoria José María Ballesteros -supuestamente el agente que abordó a Elosua en el Faisán y le entregó el móvil-; el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamies -supuestamente quien habló con Elosua-; y el entonces director general de la Policía, Víctor García Hidalgo. Los tres están imputados.
Ballesteros, Pamies y García son los señalados porque, según el registro telefónico de sus móviles, se intercambiaron llamadas justo en los momentos previos y posteriores al chivatazo; Ballesteros estaba físicamente allí donde estaba Elosua (lo acreditan los repetidores de telefonía). Y, a las 11.23 -la hora aproximada en la que Elosua recuerda haber recibido el soplo-, Ballesteros estaba en el Faisán y llamó a Pamies. Víctor García no es el superior inmediato de Pamies, por eso es llamativo que se llamaran tanto ese día; el 20 de junio, durante la operación que sí cuajó, no lo hicieron.
Sin embargo, cuando en enero de 2009 el juez montó una rueda de reconocimiento para ver si Elosua reconocía en Ballesteros al hombre que le pasó el móvil, Elosua no lo reconoció; en eso, entre otras razones, se apoyaba la fiscalía para pedir el archivo. También en el hecho de que ciertos datos que el chivato contó a Elosua no los conocían los imputados sino sólo quien estuviese "familiarizado muy de cerca con la operación" que iba a desarrollarse. Y que dirigía el comisario Germán.
Hay, por último, un vídeo: el de la cámara del bar Faisán que grabó toda la jornada del 4 de mayo. Los investigadores están analizándolo para averiguar si el inspector Ballesteros es uno de los hombres a los que se ve salir del local. La cinta tiene dos cortes, pero ninguno de ellos coincide con el momento -entre las 11.20 y las 11.30- en el que según Elosua se produjo el chivatazo. Así que lo de los cortes no aclara nada.
Para enredarlo todo un poco más, un superior del comisario Germán, el policía José Cabanillas, ha declarado este mes al juez que Germán intentó borrar la grabación del coche en la que se oye a Elosua narrar el soplo, la prueba clave de todo el caso. Germán pasa así de acusador a acusado.
Alfredo Pérez Rubalcaba siempre ha negado que su ministerio ordenara el chivatazo. Víctor García fue destituido como director general el 8 de septiembre de 2006, cuatro días después de ser implicado en el soplo, aunque Interior negó que el cese tuviera algo que ver con eso (coincidió con la creación de un mando único para Policía y Guardia Civil). Enrique Pamies sigue en su cargo.
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