Los asesinos de Ernest Lluch se han sometido a dos tratamientos fallidos en el Hospital Reina Sofía de Córdoba.

Ni el amparo de la sanidad pública andaluza, que les pagó un costoso tratamiento de reproducción asistida, les ha bastado a dos etarras integrantes del «comando Barcelona» que asesinó al ex ministro socialista Ernest Lluch, Nerea Bengoa Ziarsolo y Fernando García Jodrá, para ver cumplido su deseo de ser padres.

En este empeño —inútil hasta el momento—, las arcas del Servicio Andaluz de Salud (SAS) han enterrado ya cerca de 12.000 euros, después de que los terroristas hayan agotado las dos oportunidades que la Administración autonómica ofrece a las parejas que no pueden concebir por sus propios medios y solicitan, como último recurso, beneficiarse de técnicas de fecundación in vitro.

Ambos etarras, que cumplen condenas en las prisiones de Córdoba y Huelva, empezaron a tratarse el pasado verano en el Hospital Universitario Reina Sofía, después de que Instituciones Penitenciarias atendiera su solicitud a través del servicio médico penitenciario ubicado en las cercanías de Alcolea, donde cumple condena la joven etarra.

Las dos ocasiones en que se han sometido a estas complejas pruebas, que consisten en la extracción de ovocitos y la posterior fecundación con semen en una probeta, se han saldado con sendos intentos fallidos, según ha podido saber ABC de fuentes de toda solvencia. Queda la duda de si el SAS aceptará darles una tercera oportunidad, toda vez que la primera vez que se sometieron al plan de reproducción asistida fracasó antes incluso de implantarles a Nerea Bengoa los embriones en el útero.

Cada plan de fecundación in vitro en un centro público, al margen de que los resultados sean o no satisfactorios, asciende a 6.000 euros y, supera, en muchos casos un tratamiento contra el cáncer. En la actualidad, más de 2.500 parejas andaluzas se encuentran en listas de espera para recibir tratamientos de fertilidad en el SAS, según los últimos datos facilitados por el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo. La elevada demanda existente se traduce en insoportables demoras que superan los dos años e incluso los tres.

En el caso de los pistoleros que segaron también la vida a dos concejales del PP y a un guardia urbano, e intentaron hasta ocho veces matar al periodista Luis del Olmo, el coste se multiplica por dos. En el supuesto de que el SAS emitiera una «factura sombra» —la simbólica nota que ha empezado a enviar a pacientes comunes—para informarles sobre el importe de las pruebas practicadas, en ella debería figurar un desembolso cercano a los 12.000 euros, según las cifras que maneja al respecto la propia Consejería de Salud, que ha negado ningún trato de favor a los miembros de ETA.

A esta suma habría que añadir el coste del férreo despliegue policial montado en el centro cordobés cada vez que Nerea Bengoa, sola o con su pareja, han tenido que pasar por consulta ginecológica en el hospital Materno-Infantil o someterse a alguna prueba siguiendo las pautas del estricto plan de reproducción asistida.

García Jodrá, que compartió prisión durante seis años con su pareja, fue trasladado a la prisión onubense el pasado mes de junio. Con anterioridad, Instituciones Penitenciarias accedió a que mantuvieran un «vis a vis», pero ni por ésas lograron su objetivo de tener descendencia. Con motivo del proceso médico, el asesino de Ernest Lluch, que acumula penas que superan los doscientos años de reclusión, fue devuelto durante unos días a la cárcel de Córdoba.