lunes, 5 de septiembre de 2016

Los partidos vuelven a hacer caja: se repartirán 150 millones en un año si hay terceras elecciones

 

Detalle de las papeletas en el Centro Cultural Volturno (Pozuelo de Alarcón), donde ha votado Pedro Sánchez. (Foto: EFE)
  
Un fracaso de la clase política, pero también una nueva oportunidad de hacer caja para los partidos. Si finalmente los españoles tienen que volver a las urnas el próximo mes de diciembre, los partidos políticos se habrán repartido cerca de 150 millones de euros en subvenciones del Ministerio del Interior en un solo año, gracias a la celebración de tres elecciones generales consecutivas: las del pasado 20D, las anticipadas del 26J y las previstas para el próximo mes de diciembre.
Tan sólo en las elecciones generales del 20D, los partidos se repartieron alrededor de 48 millones de euros en subvenciones. Se trata de una estimación inicial, ya que el Tribunal de Cuentas aún no ha publicado su informe de fiscalización correspondiente a aquellos comicios.
Al PP le habrían correspondido 16,8 millones de euros: 12,5 millones por los votos y escaños obtenidos y otros 4,3 millones por el envío de papeletas a los electores. Con un resultado de 90 escaños en el Congreso, al PSOE le corresponderían un total de 15,5 millones (incluyendo 4,3 millones por el envío de papeletas).
La subvención correspondiente a Podemos y sus confluencias sumaría 7,7 millones, mientras que Ciudadanos (que en aquella ocasión logró 40 escaños) recibiría 4 millones de euros. A ERC le habrían correspondido 1,4 millones.

El agujero de Izquierda Unida

La otra cara de la moneda se encuentra en formaciones políticas como Democràcia y Llibertat (antes se llamaba Convergència y ahora Partido Demócrata Catalán) e Izquierda Unida: en ambos casos, sus resultados no cumplieron las expectativas y por tanto la subvención recibida no cubre la totalidad de sus gastos de campaña.
En el caso de la formación independentista catalana, habrá recibido algo menos de dos millones de euros de subvención, mientras que Izquierda Unida obtuvo sólo 200.000 euros. Algo que ha dejado un agujero de más de dos millones de euros en las arcas de la coalición comunista, hoy integrada en Unidos Podemos.
En total, 48 millones de euros en subvenciones tan sólo en los comicios generales del pasado 20 de diciembre. Una cifra que hay que multiplicar ahora por tres, con la convocatoria sucesiva de tres elecciones generales en un sólo año: en total, cerca de 150 millones.
El Ministerio del Interior paga estas ayudas a los partidos para cubrir sus gastos de campaña electoral por distintos conceptos. Las formaciones políticas reciben 21.167,64 euros por cada escaño conseguido en el Congreso y en el Senado. A ello hay que sumar otros 0,81 euros por cada voto recibido (siempre que el partido haya obtenido al menos un diputado) y otros 0,32 euros por voto, por cada candidato que obtenga un escaño en el Senado.
 
 

El envío de papeletas a los electores

Interior abona además a los partidos una subvención para sufragar el gasto de envío de papeletas: 0,18 euros por elector en cada una de las circunscripciones a las que presente candidatos. Esto supone una cifra de 4,3 millones de euros para cada uno de los tres grandes partidos (PP, PSOE y Podemos), que presentan listas en la práctica totalidad de las circunscripciones provinciales. Todo ello, con algunos límites: la subvención nunca podrá superar el gasto real realizado por cada partido en campaña, una vez fiscalizado por el Tribunal de Cuentas.
En las pasadas elecciones anticipadas del 26J, Ciudadanos planteó una propuesta para reducir drásticamente los gastos de campaña, mediante medidas como realizar un solo envío con las papeletas de todos los partidos. Al final, el acuerdo no fue posible y cada formación política anunció su propio compromiso para reducir sus gastos.
Ahora, si se confirma la celebración de elecciones anticipadas en diciembre, los partidos se repartirán otros 50 millones de euros en subvenciones.

Nueve citas electorales en tres años

Un gasto que no deja de crecer si se tiene en cuenta que, en tan sólo tres años, los partidos han concurrido a nueve consultas electorales, una media de tres cada año: las elecciones europeas del 25 de mayo de 2014 (en las que Podemos irrumpió por primera vez como fuerza política), las elecciones andaluzas del 22 de marzo de 2015, dos meses después las elecciones autonómicas y municipales del 24M, las catalanas del 27 de septiembre de 2015, las generales del 20D, las elecciones anticipadas del 26J de 2016, las gallegas y vascas convocadas para el próximo 25 de septiembre, y previsiblemente las elecciones generales anticipadas del próximo mes de diciembre.
Nueve convocatorias electorales en tan sólo tres años, para un país paralizado cuyos partidos políticos se muestran incapaces de investir a un presidente y formar Gobierno desde el pasado mes de diciembre.

sábado, 3 de septiembre de 2016

Rivera inaugura una nueva campaña de derribo contra Rajoy para estupor del PP

La intervención de Rivera causó un gran estupor en la bancada popular.

La intervención de Rivera causó un gran estupor en la bancada popular.

El líder de C's provocó un enfado monumental en las filas populares al dar por roto el pacto antes incluso de la votación y por amortizado a Rajoy. El popular Rafael Hernando le replicó.

Se ha abierto la veda contra Mariano Rajoy después de perder la votación definitiva por idéntico resultado al del miércoles: 170 votos a favor y 180 en contra. Era algo con lo que contaban los populares, especialmente después de escuchar a Felipe González asomar la patita horas antes y pedir desde una radio colombiana a Rajoy que se haga el haraquiri político y proponga a otro candidato del PP para presidente. "El partido más votado presenta un candidato que es el más vetado", lo resumió.
Sin embargo, lo que pilló a la plana mayor del PP con el pie cambiado es que fuera Albert Rivera, su socio hasta este viernes, el primero en comprar de forma entusiasta la propuesta de González. Así, el líder de Ciudadanos se subió a la tribuna para dar por roto el acuerdo con el PP -sin esperar a la reunión que la Ejecutiva de C's mantendrá el lunes- y para sugerir a los populares que para la próxima presenten "algún candidato con posibilidades". Y entonces, sólo entonces, Ciudadanos se replanteará si vuelve a sus brazos.  
El miércoles Rivera ya le dejó claro a Rajoy que no se fiaba de él y que su partido estaría vigilante. Pero 48 horas después fue mucho más lejos, rompiendo apresuradamente con Rajoy para no comprometer sus expectativas electorales del día 25 de septiembre en el País Vasco y Galicia. Si quedaba alguna duda de que el líder de C's nunca se sintió cómodo pactando con el todavía -y quién sabe cuánto tiempo más- presidente en funciones, esta vez despejó todas.  
La intervención de Rivera causó tal estupor e indignación en las filas populares que el portavoz del PP, Rafael Hernando, aprovechó su turno de palabra para responderle con cajas destempladas dos cosas. Primero, que ni él ni el PP firman acuerdos "para 15 minutos". Segundo, que la candidatura de Rajoy no es negociable. "En democracia no se van los que ganan, ¿saben quiénes se van? los que pierden (...). Nuestro candidato es Mariano Rajoy, lo va a ser mañana, pasado mañana y lo va a ser durante mucho tiempo". 
Eso precisamente pondrán de manifiesto los populares en una reunión del Comité Ejecutivo Nacional que su presidente convocó precisamente para este sábado con la intención de cortar por lo sano cuanto antes un debate, el de su continuidad, que sabía a ciencia cierta que la oposición iba a desempolvar. 
Lo sabía porque no es la primera vez. Ya después de las elecciones del 20 de diciembre Rajoy recibió todo tipo de presiones para que, aun habiéndolas ganado, se retirara como gesto de buena voluntad, presiones a las que también entonces se sumó Rivera, que le instó a renunciar en el debate de investidura de marzo, el de Pedro Sánchez. Llegaron incluso a equiparar su caso al del expresidente riojano Pedro Sanz, que tras las autonómicas de 2015 dijo adiós para favorecer un pacto entre el PP y C's. Aunque uno y otro poco tienen que ver. Para empezar Sanz gobernó durante 20 años.
Entonces las presiones no surtieron efecto y ahora tampoco tienen ningún viso de hacerlo. A Rajoy ni se le pasa por la cabeza echarse a un lado habiendo ganado dos elecciones, asegura su entorno. Pero en esto estaban los felipes, pages y fernández varas del PSOE y ahora también Rivera.
Los socialistas que están en esta tesis pretenden convencer a Sánchez de que al PSOE le viene bien como coartada, para trasladar el peso de la culpa de unas terceras elecciones al PP por negarse a la condición sine qua non de cambiar de candidato. Aunque de momento su jefe de filas no se ha pronunciado al respecto de la continuidad de Rajoy
La otra baza con la que trabajan los críticos del PSOE, entre los que se encuentran la mayoría de barones regionales preocupados por el precio político de unas terceras elecciones, es la convocatoria de un Comité Federal que fuerce un cambio de postura en Sánchez. Haberlo lo habrá, ya sea antes o inmediatamente después de las elecciones vascas y gallegas del 25 de septiembre.
Sin embargo, y a pesar del ruido de sables, ¿quién puede asegurar que de él vaya a salir otra cosa que no sea la voluntad del secretario general? Porque Pedro Sánchez se siente fortalecido tras haber llevado su no es no hasta las últimas consecuencias, y de hecho este viernes no había más que ver las caras de satisfacción en Antonio Hernando, Meritxell Batet y el resto de su equipo.
Cuentan de él que está tan crecido que hasta ha dejado de coger el teléfono a quien no le interesa. Esto es, a todos los dirigentes de su partido que no piensan como él. Y son muchos, pero la burbuja en la que está metido junto a su guardia de corps le impide ver cuántos. 

miércoles, 10 de agosto de 2016

DIAGNÓSTICO SOBRE VENEZUELA

Diagnóstico sobre Venezuela

           

Anuncios de Maduro: Se rompen las esperanzas

El análisis
Asdrubal Oliveros
(Infolatam).- “Este “cambio de piezas” realizado por el presidente Maduro es una señal de que el ala radical está tomando fuerza dentro del Ejecutivo y marca el fin de esta etapa, aunque errática, de aplicación de políticas pragmáticas, y nos llevará de vuelta a la profundización de los controles con sus nefastas consecuencias para la economía local”.
(Infolatam, por Rogelio Núñez)-. La debilidad política del presidente Nicolás Maduro y la crisis institucional por la que atraviesa Venezuela no hacen sino retrasar sine die la aplicación del programa de ajuste para superar la crisis económica que arrastra el país. Una crisis marcada por la caída del PIB, una inflación de tres dígitos y el creciente desabastecimiento.
El régimen chavista lleva un quinquenio de retraso a la hora de poner orden en la economía. Primero por al enfermedad de Chávez (2011), después por las elecciones presidenciales de octubre de 2012, luego por la muerte del líder bolivariano y las nuevas elecciones presidenciales (2013) y en 2014 por la oleada de protestas opositoras.
En 2015 el régimen optó por medidas paliativas antes de por llevar a cabo un ajuste en toda regla porque había elecciones legislativas. Y mientras eso ocurría, la economía no ha dejado sino de dar señales de decadencia: desde que en 2006 el país creció al 9,4% la ralentización (2007, 2008) y la crisis (2009, 2010, 2014 y 2015) se han ido sucediendo.
El régimen de Nicolás Maduro parece tener un solo objetivo: sobrevivir a 2016 y llegar vivo a enero de 2017. Para ello es necesario retrasar el referéndum revocatorio y evitar que fructifique el diálogo entre el gobierno y la oposición. Fundamentalmente porque el chavismo sabe que saldría derrotado de las urnas.
Esta es la teoría (que Maduro solo busca sobrevivir a 2016), es la que sostiene uno de los más agudos analistas venezolanos, Luis V. León: “Este dilema entre la guerra y la negociación se complica aún más si le agregamos una tercera opción. La posibilidad de que los pros y los contras fracturen y dividan irremediablemente a la oposición, con lo que ninguna de las dos fuerzas pueda cumplir exitosamente su objetivo y en el camino se colee una posibilidad que mi esposa, mis amigos y algunos colegas serios, pero con gusto reciente por las apuestas, ven como imposible: que no pase nada y que simplemente el gobierno surfee, con crisis y todo, con violaciones y todo, con rechazo internacional y todo, hasta el año que viene o más, sin negociar ni pelear”.
La actual situación
Maduro, desde que asumió la presidencia en 2013, ha insistido en la tesis de que la crisis se explica porque existe una “guerra económica” y ha eludido aplicar medidas de ajuste y reforma como las propuestas en 2014 por Rafael Ramírez, quien acabó saliendo del gobierno.
“Somos de la opinión que Maduro considera arriesgado, en la situación actual, realizar un ajuste profundo en la economía: primero, su nivel de popularidad es bajo (el peor desempeño en la historia del chavismo). Segundo, el liderazgo dentro de la coalición de gobierno también es limitado. Tercero, no tiene capacidad de tender puentes con la oposición en estos momentos para darle soporte a las medidas. Cuarto, el apoyo internacional también se ha reducido y, por último, en pocos meses tiene un proceso electoral enfrente. En esta situación, lo que el chavismo mejor sabe hacer es surfear la crisis, implementar medidas aisladas, radicalizar el discurso (guerra económica y peleas con los países vecinos) junto con un eficiente aparato de propaganda”, apunta el analista Asdrúbal Oliveros.
El no combatir como se debía a la inflación ha provocado que el país sufra ahora un proceso hiperinflacionario. Según el FMI, la inflación de Venezuela será de 481,5% en 2016, frente al 121,7% de 2015. Y aumentará en 2017 si sigue esta senda y subirá hasta un 1.642,8%, de promedio, y de 2.200 de proyección anual.
Venezuela lleva soportando una inflación de dos dígitos desde antes de la llegada de Hugo Chávez al poder y de más del 20% desde 2007. Tras superar el 27% en 2011 y el 20% en 2012, en 2013 dio un salto cualitativo hasta superar el 56%. En 2015 atravesó la línea del 100%.
Venezuela lleva sin lograr contener la inflación desde los años 90.
Desde hace una década Venezuela marca el índice de inflación más alto de América latina. Se ha convertido ya en un problema estructural para la economía venezolana pues lleva soportando una inflación de dos dígitos desde antes de la llegada de Hugo Chávez al poder y de más del 20% desde 2007. Tras superar el 27% en 2011 y el 20% en 2012, en 2013 dio un salto cualitativo hasta superar el 56%. En 2015 atravesó la línea del 100%.
El Fondo Monetario Internacional pronosticó para este 2016 una contracción de 8% para Venezuela (6% en octubre pasado) y no ve cambios significativos en la senda económica, lo que sumado al descenso de los precios del petróleo provocará que la crisis  empeore “con un descenso proyectado del PIB en casi 18% durante 2015 y 2016 (la tercera mayor caída en el mundo)” y una inflación récord que culminó el año pasado en 275%.
Lo que cabe esperar en 2016
Todo apunta a que este segundo semestre va a traer muy malas noticias para la economía venezolana.
Empezando por una caída de la producción petrolera y por la depreciación del tipo de cambio alternativo (“El pasado viernes 29 de julio la cotización cerró en 645,1 bolívares por dólar, lo que representa una depreciación de 67,9% en 142 días. Todo un récord, si tomamos en cuenta que el antiguo Simadi, desde que empezó y hasta quedarse estacionado en 199,9 bolívares por dólar, se depreció sólo 16,9% en tres meses).
Mientras, continúa la apreciación del dólar negro y el precio del crudo no levanta cabeza. Además los aumentos salariales (“el Ejecutivo ha decretado dos aumentos del salario mínimo y del bono de alimentación sólo en el primer semestre, lo que representa un aumento nominal de 56% y 175,3%, respectivamente”) no compensan que la inflación está fuera de control (“En lo que va de año el incremento de los precios ha venido acelerándose y pasamos de incrementos intermensuales de 9,2% a uno de 24,8%. De esta manera, en junio la inflación acumulada que estimamos se encontró en 128,6%, un poco menos del doble de lo que fue la inflación para todo 2014 (68,5%).  En términos interanuales, estamos hablando de un crecimiento de los precios por encima de 300,0% y no es muy difícil imaginarse el panorama de precios para lo que queda de año de seguir así”).
Oliveros y Navarro además creen que en lo que respecta al sector monetario “se acabó la fiesta” ya que “de acuerdo con el BCV, en los primeros seis meses del año la liquidez monetaria creció 30,9% en términos nominales, no obstante, en términos reales, según nuestros estimados de inflación, se ha contraído 40,9%. Asimismo, cuando se compara el crecimiento interanual por mes es de notar que en términos reales no se ha experimentado crecimiento.
Lo que habría que hacer y no se hace
Venezuela se enfrenta no a un cambio de ciclo ni a una crisis coyuntural sino a una crisis de dimensiones estructurales.
Por eso, autores como Luis Zambrano Senquín creen que “esto plantea problemas que trascienden a un simple plan de estabilización. No hablamos de un programa fiscal o monetario, sino de que las políticas dirigidas a la estabilización a su vez tienen que promover y ayudar a cambiar la estructura económica. Esas son palabras mayores”.
Para impulsar tales planes se necesita un gobierno con amplia legitimidad y fuertes consensos, justo de lo que carece el actual ejecutivo. “Dados esos retos técnicos, políticos y de recursos, difícilmente el gobierno actual pueda asumirlos. No tiene el músculo político, financiero ni la capacidad técnica para formular un programa de este tipo y menos aún llevarlo a cabo”, señala Zambrano Sequín.
La actual crisis venezolana requeriría de, al menos, tres etapas para ser afrontada:
1-. Aplicación de un plan de emergencia
Este autor señala que el primer paso debe ir por atajar la crisis humanitaria antes que la económica: “La crisis venezolana es de una gravedad tal que lo primero es un plan de emergencia donde el énfasis no va estar en la estabilización y mucho menos en las reformas estructurales, sino en atender la crisis humanitaria, un problema de hambre y de salud. Reconstruir las redes de producción, los inventarios, actualizar tecnología, recomponer cadenas de insumos, eso requiere tiempo… Hay que buscar de la manera más rápida posible que la estructura de precios esté mejor alineada con los costos de producción. Pero hablamos de un período de emergencia  de seis meses o un año donde básicamente el suministro interno tendrá que resolverse vía importaciones. Si al mismo tiempo se envían las señales correctas, los precios comienzan a funcionar de manera eficaz, se levantan las restricciones legales que no fomentan la inversión y se erradica la amenaza de expropiaciones y nuevos controles, la reacción de la oferta será más pronta”.
Venezuela está al borde de una crisis humanitaria: en julio del pasado año, el Grupo de Crisis Internacional con sede en Bruselas publicó un informe sobre la situación económica y social del país en el que expresaba su preocupación por un colapso repentino en el consumo de alimentos y el hambre generalizada. El informe describe otro lado menos apreciado del drama en el sistema de salud pública y privada. Lo que en resumen estos aspectos clave en la vida cotidiana de los ciudadanos indican es que el país se está deslizando hacia una catástrofe humanitaria.
2-. Programa de estabilización
Después de esta fase de emergencia, el autor propone un período de estabilización donde se tomen medidas para reducir la inflación en un contexto donde los precios, tras el fin del control, deben haber experimentado un salto. Se procederá a la reducción del déficit fiscal y, sobre todo, su financiamiento vía impuesto inflacionario aplicando además de disciplina en cuanto al presupuesto público y al crecimiento del dinero y el crédito.
En este periodo señala Zambrano “hay que ir a un régimen cambiario que implique flexibilidad del tipo de cambio nominal, el ancla de precios estará en el flanco fiscal. Ahora, no puedes tener un tipo de cambio completamente flexible hasta que no alcances una estabilización firme y corrijas desequilibrios fundamentales…. Hay que buscar de la manera más rápida posible que la estructura de precios esté mejor alineada con los costos de producción. Pero hablamos de un período de emergencia  de seis meses o un año donde básicamente el suministro interno tendrá que resolverse vía importaciones.
3-. Reformas estructurales
Una vez finalizada la fase de estabilización propone una serie de reformas estructurales que pasan, entre otras cosas, por “redefinir el papel del Estado en la economía, incluyendo el rol del sector público en los sectores claves de la economía (petróleo, energía y minería)”.

Podemos lleva al Congreso que 2 millones de inmigrantes sean funcionarios y paguen los “españoles defraudadores”

                   
Podemos ha retomado la propuesta lanzada por Eduardo Garzón, asesor de Ahora Madrid y hermano del comunista Alberto Garzón, quien declaró en una tertulia televisiva en la televisión iraní Híspan TV que la mejor manera para integrar a los más de dos millones de inmigrantes era convertirlos a todos en funcionarios para que se adaptaran mejor a nuestro país y así conseguir una mejor integración. La propuesta, calificada inicialmente de disparatada por algunos miembros de la formación ultraizquierdista, ha sido asumida por algunos círculos de cara a su inclusión en futuras convocatorias electorales. Con ello pretenden combatir los “prejuicios” contra esa población de lo que llaman la “derecha xenófoba” europea.
Preguntado sobre cómo pagaría a esos dos millones de nuevos funcionarios, que se sumarían a los otros 2.542.787, que existen actualmente, sin contar los que trabajan para las administraciones autonómicas y los ayuntamientos, el asesor populista señaló que con los millones de euros que evaden las grandes empresas. Es decir, pagarles con el dinero que supuestamente se recaudaría evitando el fraude fiscal de las grandes fortunas.

domingo, 7 de agosto de 2016

Un alcalde socialista se dio un último homenaje a costa del pueblo antes de ser inhabilitado

               

El ex alcalde socialista de Albox, Rogelio Mena, cargó al Ayuntamiento un gran número de gin tonics -hasta cinco en una sola factura-, botellas de cava e incluso un chuletón gallego -de más de un kilo de peso que costó casi 50 euros- en bares y restaurantes a finales de 2015, pocos meses antes de verse obligado a dejar el cargo por su inhabilitación judicial de dos años y medio por denegar información a la oposición.
Mena hizo estos gastos cuando ya conocía su inhabilitación, así como las denuncias del PP por sus desorbitados gastos por viajes y dietas cargados -de forma injustificada, según los populares- al Ayuntamiento durante 2014 y 2015, que ascendían a 47.000 euros. En esos dos años, Rogelio Mena hizo 84 viajes a Sevilla y Madrid con cargo al Ayuntamiento "sin justificar ni uno solo", según las denuncias de la oposición.
Estas denuncias no sólo no llevaron al alcalde a evitar los cargos al Consistorio, sino que, como ha informado ahora el PP, durante 2015 siguió presentando facturas que suman 13.000 euros más, en muchos casos por dietas, comidas y copas, como las mencionadas anteriormente. De ahí a que haya ampliado su denuncia por un presunto delito de malversación de fondos públicos contra Mena.
Como ya ha informado este diario, la Fiscalía solicitó, apenas meses después de que se cargaran estos gastos al Ayuntamiento, que Rogelio Mena declarara como investigado al apreciar indicios de malversación de fondos públicos por el cobro masivo de dietas a cargo del Consistorio que presuntamente no habría justificado, así como viajes a actos de UGT, tal y como denunció en su día el Partido Popular y que dio lugar a esta decisión.
Los populares, con su portavoz a la cabeza, Juan Pedro Pérez, no aciertan todavía a comprender cómo es posible que Mena continuara con "su buena vida, a base de viajes, chuletones, cava y despilfarros a costa del Ayuntamiento" cuando ya conocía sus denuncias por los gastos cargados en los años anteriores.
Este periódico ha tenido acceso a algunas de las facturas cargadas a todos los albojenses por su ex alcalde a finales de 2015, apenas meses antes de que la Audiencia Provincial confirmara, en febrero de 2016, su inhabilitación, que le obligó a dejar el cargo poco después, en marzo.
Entre ellas se encuentra, por ejemplo, la cargada por una comida de tres personas en agosto de 2015, apenas dos meses después de que Mena fuera condenado por un Juzgado de lo Penal de Almería a dos años y medio de inhabilitación. La factura, de un restaurante almeriense, asciende a 138,20 euros y uno de los comensales pudo degustar un chuletón gallego de 1.080 gramos que costó casi 50 euros. Además, la comida, que se completó con dos parrilladas completas, cuatro cervezas y los respectivos postres y cafés, fue aderezada con una botella de cava 'Comité de Subirats'.
El 21 de noviembre, Mena cargó otra factura de 33,75 euros, de un conocido bar almeriense, por ni más ni menos que cinco gin tonics, junto a un batido natural y dos cervezas. Pocos días después, el 6 de diciembre, cargó -solo 6,70 euros- otro gin tonic y un café consumidos en un pub de la capital. Y así, denuncia el PP, hasta completar los 13.000 euros pagados por todos los albojenses al ex alcalde durante 2015 "sin que hayan sido justificados" como gastos por su trabajo público.
Ante estos hechos, los populares han 'invitado' a la nueva alcaldesa, Sonia Cerdán (PSOE), a sumarse a la denuncia por malversación contra el ex alcalde, para que juntos, dicen, puedan aclarar "qué es lo que ha sucedido con el dinero de los albojenses durante estos nueve años de gestión, caiga quien caiga y le duela a quien le duela", como señala su portavoz, Juan Pedro Pérez.
Pérez mantiene que este asunto "no es cuestión de colores políticos ni de partidos, aquí lo único que importa es parar y esclarecer esta presunta trama de corrupción que durante años ha dirigido el sindicalista Rogelio Mena Segura".
Pese a las denuncias de la oposición, Rogelio Mena ha defendido siempre su inocencia, por mucho que estas y otras acusaciones le hayan costado, primero su cargo como secretario de Ideas de Susana Díaz, y después la salida del PSOE para seguir aferrándose al sillón de la Alcaldía, que finalmente tuvo que dejar en marzo de este año.
El ex alcalde mantuvo en su día, cuando se conoció la denuncia por el cobro de dietas y desplazamientos, que las gestiones realizadas en Almería, Sevilla y Madrid -por las que cobró las dietas- habían hecho que el Ayuntamiento obtuviera subvenciones por valor de 466.538 euros en 2013 y de otros 471.912 en 2014, que se habían destinado a actuaciones en beneficio del interés general.
 

sábado, 6 de agosto de 2016

El teniente Castillo, el ídolo de la izquierda que ordenó disparar contra civiles

 

José del Castillo Sáenz de Tejada, el teniente de la Guardia de Asalto que fue asesinado el 12 de julio de 1936 y que desencadenó la venganza que culminó con el asesinato del líder de la derecha monárquica José Calvo Sotelo, fue un criminal protegido por el Gobierno del Frente Popular. Una persona que usaba su cargo como militar para beneficio sectario de sus ideas políticas, no para garantizar la seguridad de los Españoles, objetivo al que se había comprometido, pero que no cumplió en varios episodios de su vida.
Ahora, el Comisariado de la Memoria Histórica que preside la socialista Francisca Sauquillo quiere darle una calle en Madrid, una distinción que ya tuvo durante la Guerra Civil, pero que es más que discutible incluso aplicando la Ley de Memoria Histórica.
Durante la revolución de octubre de 1934, Castillo formaba parte de las columnas enviadas por el Gobierno legítimo de la República para sofocar un movimiento revolucionario que pretendía dar un golpe de Estado. Recordemos que la revolución de octubre fue un intento de anarquistas, socialistas y comunistas de impedir el acceso al Gobierno del partido que había ganado las elecciones: la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA).
Dirigía una sección de morteros que debía atacar a los revolucionarios en Villaviciosa. Esos revolucionarios habían causado la muerte de centenares de personas, entre ellos varias decenas de religiosos, y habían bombardeado Oviedo, donde también habían quemado la Universidad, la Catedral y la Cámara Santa. Estaban realizando actos criminales, pero bajo el argumento de que él no disparaba contra el pueblo, se negó a reestablecer el orden y terminar con los asesinatos que se venían sucediendo.
Fue destituído y condenado, pero se reincorporó a la vida el 12 de marzo, tras la victoria del Frente Popular. Desde entonces su militancia en la Unión Militar Republicana Antifascista (UMRA) y su compromiso como instructor de las milicias de las Juventudes Socialistas Unificadas, pesaron más que su compromiso de defender a España y los españoles. Su nuevo puesto estaba en la Guardia de Asalto y su destino en el cuartel de Pontejos, en una compañía de especialidades que tenía como objetivo el mantenimiento del orden público. Curiosamente un orden que el atacaba adiestrando a los pistoleros socialistas y comunistas.
El 14 de abril de 1936 se festejaba el quinto aniversario de la proclamación de la república. Durante el desfile militar, un grupo de obreros abucheó a su paso a la Guardia Civil. Un miembro del Instituro Armado que se encontraba presente, de paisano, les recriminó su actitud y, al volverse le asesinaron de un disparo por la espalda.
Su nombre era Anastasio de los Reyes. Dos días después se celebró un multitudinario entierro al que asistieron representantes de todos los partidos de la derecha y muy pocos miembros de los partidos del Gobierno. Quienes sí estuvieron presentes fueron numerosos agentes de las diversas policías, militares y guardias civiles. Durante el recorrido desde el hipódromo al cementerio del Este, la comitiva fue atacada numerosas veces, causando varios heridos y obligando a intervenir a los agentes de paisano que se encontraban presentes, ya que desde Gubernación (antiguo Ministerio del Interior) no se dotó a la marcha de protección.
Cuando el cortejo fúnebre llegó a la altura de la plaza de Manuel Becerra se encontró a la sección de la Guardia de Asalto del teniente Castillo que les cortaba el paso. Sin previo aviso, Castillo ordenó abrir fuego contra quienes avanzaban los primeros. Como consecuencia de los disparos murieron tres personas: Andrés Sáenz de Heredia, de 24 años; Manuel Rodríguez Gimeno, de 30; y Luis Rodríguez Verges, de 23 años. Los tres recibieron disparos en la cabeza que les causaron la muerte casi inmediata. Además hubo varias decenas de heridos de diversa consideración.
Curiosamente, en esta ocasión el teniente Castillo hizo todo lo contrario de lo que había hecho en la revolución de octubre. En este caso no solamente disparó contra el pueblo, sino que la orden partió de el. Y el Gobierno republicano del Frente Popular no abrió, si quiera, una investigación oficial. Protegió al militar que había ordenado el asesinato a sangre fría de varias personas, abusando de su cargo, por el mero hecho de pensar de diferente manera.
Puedes comentar el blog con el autor en @Juanerpf o en la página de Facebook Los Crímenes del Comunismo.

viernes, 5 de agosto de 2016

La Ley de Vagos y Maleantes: así se crearon campos de concentración en la 2ª República

 
 
 



Tal día como hoy se publicó esa ley republicana en la Gaceta de Madrid

La Ley de Vagos y Maleantes: así se crearon campos de concentración en la 2ª República


 
 
Tal día como hoy, el 5 de agosto de 1933, aparecía publicada en la Gaceta de Madrid la llamada Ley de Vagos y Maleantes, una norma tachada habitualmente de “franquista”.
Una ley creada por un gobierno de izquierdas en la Segunda República
Hay que recordar que en agosto de 1933 España estaba bajo la Segunda República y con un gobierno presidido por el izquierdista Manuel Azaña. La ley, hecha de común acuerdo entre los distintos grupos políticos en unas Cortes republicanas ampliamente dominadas por la izquierda, sancionaba diversas conductas y a ciertas personas, entre ellas “los vagos habituales”, “los rufianes y proxenetas”, “los ebrios y toxicómanos habituales” y “los mendigos profesionales”, e incluso aquellos que no justificasen la posesión o la procedencia del dinero o efectos en su poder.
Los extranjeros, en el punto de mira de la Ley de vagos y maleantes
El 5 de septiembre de 1933 La Vanguardia informaba de unas declaraciones del jurista Mariano Ruiz-Funes, miembro del partido de Azaña, sobre el alcance de esa ley. Entre otros colectivos, el autor del texto afirmaba que la ley serviría para “limpiar algunas importantes ciudades españolas de extranjeros peligrosos.” Declaraba, así mismo, que la norma no sólo pretendía expulsar del territorio español a los extranjeros que se dedicasen a la delincuencia, sino que también “debe ampliarse a las órdenes de expulsión de una buena cantidad de extranjeros que hacen espionaje político y carecen de profesión conocida y que pululan por algunas ciudades del mediterráneo español.

Reclusos del campo de concentración de Alcalá de Henares, el primero creado en España a raíz de la Ley de vagos y maleantes de 1933 (Foto publicada por la revista ‘Estampa’ el 18 de agosto de 1934)
El gobierno de Azaña reconoció que quería hacer campos de concentración
El 14 de septiembre de 1933 Abc informaba de la creación de un “campo de concentración” en Figueras (Gerona) para internar a los sancionados por esta ley. El anuncio lo hizo el Gobernador General de Cataluña, el nacionalista Juan Selvas i Carné. La citada denominación para ese centro de internamiento no era cosa del diario, sino del político. Selvas dijo sin rodeos que “los que vayan detenidos al campo de concentración lo estarán de un modo eventual hasta que sean destinados a las colonias agrícolas, a las que se les deba mandar.” Es decir, que un miembro del propio gobierno izquierdista republicano reconocía que se iba a crear un “campo de concentración”. Por si a alguien le cabe alguna duda, ese mismo día el diario barcelonés La Vanguardia confirmaba dicha información, señalando que el campo de concentración estaría en el castillo de Figueras.
El 15 de septiembre La Vanguardia daba noticia de una manifestación de protesta de los vecinos de Figueras contra el nuevo campo de concentración. El diario barcelonés también señalaba declaraciones del Gobernador General de Cataluña, el nacionalista Selvas, no sólo contra los mendigos sino contra los pobres en general: “no eran precisamente los que se dedican a la mendicidad los que a él le interesaban para aplicarles la ley de vagos, sino otros individuos que no piden limosna y que son los verdaderamente peligrosos por su actuación.” El 27 de septiembre La Vanguardia informaba de una visita del gobernador Selvas al citado castillo de Figueras para inspeccionar las instalaciones para el nuevo campo de concentración.

Reclusos del campo de concentración de Alcalá de Henares. Una foto publicada en portada por la revista ‘Estampa’ el 18 de agosto de 1934
El barrio chino de Barcelona, también en el punto de mira
Sobre la aplicación de la ley, el 21 de septiembre de 1933 Abc informaba que el Gobernador General de Cataluña daba cuenta de que el Ministro de la Gobernación le había asegurado a propósito de Barcelona: “Voy a terminar con el barrio chino”. El ministro era Santiago Casares Quiroga, miembro de la izquierda republicana y galleguista, que más tarde sería presidente del gobierno del 13 de mayo al 19 de julio de 1936, dimitiendo nada más estallar la Guerra Civil.
Reclusos deportados a un campo de concentración en Lanzarote
En 1934 el nuevo gobierno lerrouxista siguió con la aplicación de la ley. El 18 de marzo La Vanguardia señalaba que ya estaba listo un campo de concentración en Lanzarote, al que se esperaba enviar a 200 deportados dos semanas después. El 28 de noviembre Abc daba cuenta de una nota del Consejo de Ministros en la que se trataba “la necesidad de habilitar un campo de concentración, cuyo proyecto ya está redactado, y las Cortes tienen votado un crédito de dos millones y medio de pesetas, al objeto de parar a todos aquellos malhechores, a quienes haya que aplicar la ley de Vagos y Maleantes, separándolos de las prisiones, en las que se dedican a propagar sus ideas. El 12 de diciembre La Vanguardia publicó una página de fotos de otro de los campos de concentración, con este texto: “El Gobierno ha organizado varios campos de concentración para vagos y maleantes. Uno de ellos será el de Alcalá de Henates, del cual ofrecen varios aspectos nuestras fotografías.”
El Frente Popular siguió aplicando la ley
El 11 de junio de 1936, ya nuevamente con la izquierda -esta vez el Frente Popular- en el gobierno, Abc informaba del “proyecto Jiménez Coronado”, Director General de Prisiones, “de crear un campo de concentración para vagos y maleantes en Lanzarote.” Como hemos visto, el anuncio resultaba paradójico, pues dicho campo ya venía funcionando desde dos años atrás.
La mala memoria del PSOE sobre la Ley ‘franquista’ de vagos y maleantes
El franquismo no derogó la ley, sino que la amplió, ya en los años 50, a otros colectivos como los homosexuales. En febrero de 2009 el entonces Ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, hablaba de la “Ley franquista de vagos y maleantes”. Así aparece titulada en la web del PSOE, que debió olvidar que antes de ser mantenida por el franquismo, esa ley fue aprobada por la izquierda republicana y con el apoyo del PSOE, entre otros partidos, y que con ella se pusieron en marcha los primeros campos de concentración en España, meses después de que con esa misma denominación el nazismo crease lugares de internamiento en Alemania para presos políticos.
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