Podemos propone cambiar la Constitución de forma ilegal y sin la mayoría necesaria

 

Quiere prescindir del apoyo del partido más votado, el PP, en el proceso

Podemos propone cambiar la Constitución de forma ilegal y sin la mayoría necesaria

 

“Un país para la gente”. Éste es el cínico título del documento publicado hoy por Podemos con el fin de reclamarle al PSOE el control del CNI, el CIS, el BOE por parte del partido de ultraizquierda.

Iglesias exige el control de TVE tras definir el periodismo como ‘un arma para disparar’
Pablo Iglesias reconoce que se ha dejado usar por Irán para desestabilizar España

¿El servicio de inteligencia español en manos de un títere de Irán?

Cabe preguntarse qué tiene que ver que Podemos exija controlar el CNI con gobernar para “la gente”. Es más: deberíamos plantearnos en qué medida un país miembro de la UE y de la OTAN puede permitir que sus servicios de inteligencia estén controlados por alguien que reconoció abiertamente que se deja utilizar por Irán. Pero estos detalles, que están mereciendo la atención de la mayoría de los medios en el día de hoy, son la fachada de algo de mucho mayor calado y que demuestra, a las claras, hasta qué punto Podemos pretende saltarse nuestras normas de convivencia para imponer sus dictados ideológicos a escala constitucional.

Podemos (5,1 millones de votos) desprecia los 7,2 millones de votos del PP

De la página 20 a la 24 del citado documento hay un capítulo titulado “Cambio constitucional: un gran debate político y ciudadano para garantizar los derechos y defender la soberanía popular”. En la página 23 Podemos reconoce lo obvio: “la Constitución no ofrece un camino fácil para su reforma. El cambio constitucional en España no es, por tanto, una cosa sencilla.” Acto seguido, Podemos se lanza a negar la necesidad de tener que contar con el PP para cambiar nuestro marco democrático:

“Las mayorías cualificadas que el texto exige para proceder a su modificación obligan a contar con un Partido Popular que, hasta el momento, solo ha hecho gala de un tozudo inmovilismo, tanto en lo relativo a la reforma constitucional como en muchos otros asuntos. Esto evidencia una paradoja antidemocrática: un partido que representa a menos del 30 % del electorado (7 millones de electores) se apropia del candado constitucional y se impone, a través de un sistema electoral con graves carencias representativas, sobre más de 15 millones de electores que desean abrir un proceso de cambio.”

Hay que recordar que Podemos y sus coaliciones autonómicas obtuvieron 5.189.463 votos; el PP, con 7.215.752, fue el partido más votado. Es decir, que una formación de ultraizquierda que incluso yendo en coalición con una larga lista de partidos obtuvo muchos menos votos que el PP en solitario, desprecia sin rodeos el peso político del partido más votado. Pero la cosa no se queda ahí.

A falta de los votos necesarios, proponen saltarse la legalidad

Lo más pasmoso es lo que viene a continuación:

“Pero en democracia nunca existen las vías muertas. Incluso si la apertura del gran debate constitucional por parte del Gobierno del Cambio no lograse modificación alguna en las posiciones del PP, cabría activar la vía popular sobre la base del artículo 1 (soberanía del pueblo español), del artículo 23 (derecho de la ciudadanía a participar en asuntos públicos) o del artículo 92 (referéndum consultivo); es decir, existen derechos y garantías democráticas previstos en la Constitución española que permiten convocar un referéndum para iniciar el proceso, de modo que la ciudadanía se pueda pronunciar directamente sobre el marco general y el alcance del cambio constitucional a través de una pregunta clara y concisa, acordada entre las distintas formaciones políticas partidarias de abrir un proceso democrático de superación del marco actual.”

Esto es el colmo de la cara dura: Podemos invoca la soberanía nacional (Artículo 1) para saltársela, para violar lo que los españoles eligieron de forma libre y democrática en el referéndum con el que se aprobó la Constitución vigente. El Artículo 23 no habla de la modificación de la Constitución, y el 92 tampoco. Este último, de hecho, habla de la elaboración de las leyes, no de la reforma del propio marco democrático en el que se basan esas leyes. Lo relativo a la reforma constitucional viene en el Título X (Artículos 166 a 169). Concretamente, el Artículo 168 se refiere a la revisión total de la Constitución, y el procedimiento que prevé para ello es muy claro:

1. Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes.
2. Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras.
3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referémdum para su ratificación.

Resumiendo: que Podemos pretende saltarse estas normas de convivencia votadas por los españoles, lo cual es una absoluta ilegalidad.

Lo que Podemos intenta en España ya lo hizo el chavismo en Venezuela

Estamos ante algo mucho más grave que la mera actuación de un funcionario desaprensivo que se salta la ley en un procedimiento administrativo, a sabiendas de que lo que hace está mal. Y ello nos debería servir de aviso. Si Podemos pretende cambiar nuestro propio marco de convivencia de forma ilegal, ¿qué seguridad tenemos de que respetará la legalidad en cuestiones de menor importancia? No hace falta recurrir a la imaginación. Al frente de la formación de ultraizquierda están personajes que trabajaron como asesores para el régimen chavista venezolano, el más corrupto de Hispanoamérica, que ha llevado a ese país a unas cotas de inseguridad jurídica y de abuso de poder tan sistemáticos que Venezuela, hoy por hoy, es el ejemplo que deberíamos tener como referencia todos los españoles para saber qué es lo que debemos evitar.

Precisamente, Hugo Chávez echó abajo la Constitución venezolana de 1961 sin respetar su procedimiento de reforma, recurriendo a una ley orgánica (es decir, de rango inferior a esa Carta Magna) para convocar elecciones y, por medio de un fraude electoral, aprobar una nueva, sin el apoyo de la oposición y que sirvió para consolidar el poder del chavismo e identificarlo con las bases de esa república. Todo ello convenientemente disfrazado con la misma terminología demagógica que usa el partido de Pablo Iglesias Turrión. Ahora Podemos quiere llevarnos a la misma senda que sirvió para que sus colegas venezolanos acumulasen todo el poder posible, para hacer y deshacer a su antojo, sin importar los derechos y libertades individuales.

 

Venezuela pide docenas de aviones llenos de billetes porque no puede imprimir

elEconomista.es

 

 

 

 

Los aviones han descargado unos 5.000 millones de billetes pocos meses

 

 

 

Tres docenas de aviones Boeing 747 procedentes de diferentes partes del mundo han llegado a Venezuela en los últimos meses. No traen ni comida ni medicamentos, sino que su cargamento está compuesto por miles de millones de billetes encargados por el Gobierno de Nicolás Maduro para intentar adquirir dólares y poder importar papel higiénico o medicinas, entre otras cosas.

El diario The Wall Street Journal explica que los aviones que han llegado traían al menos unos 5.000 millones de billetes que el presidente Nicolás Maduro autorizó a finales de 2015. El país, que sufre el desplome del petróleo y la cuestionable gestión económica de los últimos años, se ve obligado a incrementar la masa monetaria para seguir funcionando. Sin embargo, esta política tiene algunos efectos secundarios: está hundiendo el valor del bolívar y está desembocando en una inflación galopante que puede alcanzar el 720% este año.

El banco central del país ordenó que los billetes importados fuesen de 100 y 50 bolívares, porque los de 2, 5, 10 y 20 bolívares tienen un mayor coste de impresión que el propio valor del billete. Durante 2015 se ha multiplicado por dos la cantidad de billetes de 100 y 50 bolívares en circulación.

Aún así, según fuentes del diario estadounidense, el banco central ya ha emprendido negociaciones para pedir 10.000 millones más de billetes. Si este pedido termina materializándose, sería una orden de impresión mayor que la petición anual realizada por el BCE y la Reserva Federal juntos.

Maduro modificó en diciembre una ley para lograr el control total sobre el banco central. Elias Matta, abogado y miembro de la oposición venezolana asegura lo siguiente: "Para detener la impresión excesiva de billetes tenemos que deshacer esa ley y restaurar la autonomía e independencia del banco central". 

Mercado negro en Venezuela

Ante este descomunal incremento de la oferta de bolívares, la divisa venezolana sigue perdiendo valor en el mercado negro de divisas. Algunos cajeros automáticos sólo permiten sacar hasta 6.000 bolívares al día, lo que son unos 6 dólares en este mercado no oficial. Aún así, los cajeros se quedan en ocasiones sin efectivo.

Los controles de precio establecidos por el Gobierno de Maduro sólo han empeorado las cosas, explican varios economistas a The Wall Street Journal. Cuando se establece un precio máximo para un bien mientras que la inflación sigue subiendo, hay muchos productores o empresas que comienzan a sufrir pérdidas por cada bien que venden, puesto que el precio considerado como 'justo' por el Gobierno a veces es inferior a los costes de producir ese bien. 

Con este tipo de decisiones intervencionistas se fomenta un mercado negro en el que las empresas pueden vender un bien a un precio suficiente para cubrir los costes de producción, y los consumidores pueden acceder a bienes que escasean en las estanterías de los supermercados. Hay mercados negros para cientos de productos, desde los coches hasta los pañales de bebés.

¿Por qué no imprime sus billetes?

Según The Wall Street Journal, las propias imprentas del país no tienen ni suficiente papel ni metal para imprimir las grandes cantidades de billetes que están solicitando las autoridades del país. La 'fabricación' de billetes oficiales en casi todos los países requiere de tecnología y varios materiales anti-falsificación de los que ahora mismo carece Venezuela, al menos para imprimir las ingentes cantidades de billetes que solicita el Gobierno.

El diputado de Podemos por Málaga y ex presidente de la Fundación CEPS Alberto Montero

Podemos nombra portavoz de Economía al presidente de la Fundación que cobró 3,7 millones del Gobierno de Venezuela

                                                        

Alberto Montero está expedientado por la Universidad de Málaga por permitir que Errejón cobrara la beca de 1.800 euros al mes sin ir a trabajar

 

Podemos ha colocado como portavoz de Economía y presidente de la Comisión de Empleo del Congreso de los Diputados a Alberto Montero, ex presidente de la Fundación CEPS que cobró 3,7 millones de euros por elaborar supuestos informes de asesoramiento para los gobiernos venezolanos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

       

Alberto Montero Soler es profesor colaborador de Economía Política en la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga. En este cargo, fue el director del “proyecto de investigación” que permitió a su compañero de partido Íñigo Errejón cobrar una beca de 1.800 euros al mes sin ir a trabajar.

La Universidad de Málaga abrió en diciembre de 2014 un expediente disciplinario a ambos, después de que se hicieron públicos estos hechos. Bajo la dirección de Montero, Íñigo Errejón cometió una doble irregularidad: cobró la beca sin ir a trabajar e incurrió en incompatibilidad, ya que al mismo tiempo cobró de Podemos como coordinador de su campaña electoral.

Expediente disciplinario abierto por la Universidad de Málaga a Alberto Montero por permitir que Errejón cobrara la beca de 1.800 euros al mes sin ir a trabajar.

Desde septiembre 2009, Alberto Montero ha sido sucesivamente tesorero, vicepresidente y presidente de la Fundación CEPS, que ha cobrado 3,7 millones de euros por asesorar al Gobierno de Venezuela.

En concreto, Montero ocupó la presidencia de la entidad entre abril de 2013 y marzo de 2014. En el mismo período, el secretario del patronato de CEPS era su discípulo y compañero de partido Íñigo Errejón. También han sido miembros del patronato de la Fundación otros dirigentes de Podemos como Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero o Carolina Bescansa.

Tan sólo en 2013, bajo la presidencia de Alberto Montero, la Fundación CEPS tuvo unos ingresos de 775.000 euros, según sus cuentas anuales, que están firmadas personalmente por Íñigo Errejón. Más de la mitad de este dinero, el 64% procedía del Gobierno de Venezuela a través de tres convenios.

La firma de Errejón, estampada en las cuentas de la Fundación CEPS de 2013.

El primero de ellos, por importe de 290.000 euros, fue firmado con el Despacho de Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, ocupado por Hugo Chávez en aquel momento, para realizar estudios sobre “cambios, procesos y conflictos sociales, y otros trabajos de investigación relativos a la vida en sociedad”.

      

El segundo convenio, por importe de 186.000 euros, fue firmado con el Grupo de Investigación Social Siglo XXI (GISXXI) –un instituto demoscópico vinculado al régimen venezolano– para la “puesta en marcha de una unidad de investigaciones sociológicas y la emisión de encuestas cualitativas y cuantitativas”.

Y el tercer convenio, por importe de 20.000 euros, se firmó con el Banco de Venezuela, también dependiente del Gobierno de Hugo Chávez.

Otro 35,5% de los ingresos de la Fundación CEPS, 254.000 euros, procedieron de convenios firmados con otro gobierno de la órbita bolivariana, el de Ecuador. Se trata de un convenio de 196.000 euros firmado con la Cancilleria de Ecuador (Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio) y otro de 58.000 euros con la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo de Ecuador (SENPLADES).

Dictaban a Chávez el guión del Aló Presidente

Es decir, en aquel ejercicio 2013, el 99,5% de los ingresos de la Fundación CEPS dirigida por Alberto Montero e Íñigo Errejón procedieron de los gobiernos de Venezuela y Ecuador. Sólo un 0,5% de sus ingresos procedieron de España: un convenio de 20.000 euros firmado con la Universidad de Valencia para impartir un Máster de Asistencia Electoral y Observación Electoral Internacional en el que actuaron como ponentes los principales líderes que hoy forman la dirección de Podemos.

Pese al cariz académico dado a los convenios firmados con Venezuela, lo cierto es que los miembros de la Fundación CEPS asesoraban al presidente Hugo Chávez sobre cuestiones como los mensajes que debía lanzar a la población a través de su programa Aló Presidente.

Tal como ha informado OKDIARIO, en otros informes los actuales dirigentes de Podemos propusieron a Chávez que creara un programa de “turismo revolucionario” junto a Irán y Cuba, le sugirieron crear unas milicias internacionales con la participación de jóvenes españoles e incluso le plantearon la conveniencia de aprovechar el movimiento 15M como embrión de un movimiento boliviariano en España.

El embrión de lo que luego ha sido Podemos, después de que el Gobierno de Venezuela financiara con 4,2 millones de euros a los actuales dirigentes de este partido. Una cifra que incluye los 425.000 euros que Juan Carlos Monedero cobró por un informe inexistente sobre la creación de una moneda única para los países de la órbita bolivariana.

La izquierda quiere barra libre para que los piquetes coaccionen a todos los trabajadores

Podemos, PSOE e IU quieren privilegiar a los sindicalistas en caso de huelga

Prisión de un año y nueve meses hasta tres años o pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro meses. Ésa es la sanción que contempla el Código Penal para las coacciones en las huelgas.

Este sindicalismo se tiene que acabar
Ni ‘Ley Mordaza’ ni huelga como delito: las mentiras izquierdistas sobre ‘los 8 de Airbus’

Una agresión a los derechos de todos los trabajadores

El Artículo 315 del Código Penal castiga en su punto 2 las coacciones que impidan o limiten el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga. El punto 3 castiga a los que “actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga”. Ahora la izquierda quiere privilegiar a los sindicatos y otorgar total impunidad para que los piquetes violentos coaccionen a todos los trabajadores. Algo radicalmente antidemocrático.

Hace unos días Podemos anunciaba la presentación de proposiciones no de ley en la Asamblea de Madrid y en el Parlamento de Andalucía “pidiendo la derogación del artículo 315.3 del Código Penal, que castiga el derecho a huelga”. El grupo parlamentario de Podemos ha presentado también la iniciativa en el Congreso de los Diputados, en lo que constituye una ofensiva en toda regla para violar el derecho a trabajar y privilegiar a los piquetes sindicales. Pero Podemos no está solo en ese ataque contra los derechos de quienes no nos sumamos a las convocatorias de los sindicatos. El PSOE e Izquierda Unida también se han mostrado de acuerdo con la iniciativa.

Reclaman una lluvia de privilegios para los piqueteros

Según informaba ayer Europa Press, la citada iniciativa de Podemos, que contaría con el apoyo de los socialistas y de IU, además de dar barra libre para los piquetes, reclama endurecer las penas por impedir el derecho de huelga, es decir, que quieren una lluvia de privilegios para los piqueteros y maniatar a todo trabajador que les haga frente para defender su derecho a trabajar. No conformes con ello, reclaman el sobreseimiento de todas las causas judiciales actualmente abiertas contra piquetes violentos, que se anulen con rapidez -en un máximo de 15 días- todas las condenas ya dictadas, e incluso reclaman que el Estado indemnice a todos los piquetes que han sido condenados en aplicación de la ley por haber coaccionado a otros trabajadores.

La Policía sería obligada a actuar contra todo ciudadano que se defendiese

Esta iniciativa de la izquierda, propia de quienes no admiten más norma de convivencia que la ley del embudo, abre la puerta a una situación social tremendamente grave. Para empezar, lo que se propone la izquierda supondría abrir la puerta a la consolidación de una mafia sindical con permiso legal para pisotear, por medio de la violencia, a todos los trabajadores, empresarios y autónomos. Si se aprueba esta reforma, la Policía tendría que cruzarse de brazos ante cualquier piquete que esté coaccionando o agrediendo a un ciudadano. Es más: los agentes del orden estarían obligados a forzar a los ciudadanos a someterse a las imposiciones mafiosas de los piqueteros, en caso de que los demás trabajadores se resistiesen a sus coacciones.

Quieren cambiar la convivencia democrática por la ley de la selva

La izquierda ha dicho muchas veces, con absoluto cinismo, que un Estado liberal se basa en la ley del más fuerte, olvidando que el liberalismo implica el imperio del Derecho para todos y el amparo de los derechos de las minorías frente a los potenciales abusos de la mayoría, sin que puedan prevalecer privilegios de unos sobre otros. Esa concepción del Derecho, basada en la justicia y en la igualdad ante la ley, es la que desanima a todo ciudadano a tomarse la justicia por su mano, algo innecesario cuando el Estado ampara tus derechos sin discriminaciones. Esa iniciativa izquierdista implica sustituir la concepción del Derecho propia de una democracia liberal por las normas arbitrarias de un régimen bananero al estilo de la Venezuela chavista. Si lo que pretenden es destruir nuestra convivencia democrática, sustituyendo la igualdad por el privilegio y el amparo de las minorías por la dictadura de la mayoría, muchos españoles tendremos que replantearnos si el régimen resultante merece nuestro respeto y nuestra fidelidad, porque eso que pretende establecer la ultraizquierda con el apoyo del PSOE se parece poco o nada a una democracia

El suicidio de España

El suicidio de España – Marta González Isidoro

07/02/2016

No sería ni descabellado ni tampoco irresponsable afirmar que España atraviesa por la situación política posiblemente más crítica desde la instauración del régimen Constitucional, allá por 1978. Ni siquiera el intento de golpe de Estado de 1982, visto ahora en perspectiva histórica, puso a nuestra joven democracia en la tesitura en la que ahora se encuentra. 37 años después de que la generación de nuestros padres diseñara el Sistema político y de convivencia que más prosperidad y libertad ha dado a nuestro país en toda su Historia, aparece en el horizonte el espectro de un neo comunismo de corte bolivariano que amenaza con saltar por los aires todas las estructuras sobre las que se apoya la arquitectura  política, económica y social de nuestro país.

Treinta años de deconstrucción de la identidad nacional y territorial de España, de cesión de competencias tan esenciales como la Educación, y de ausencia de cohesión social en torno a un proyecto de nación compartida, unido a la profunda crisis económica, Institucional y de valores que vive nuestro país, explican, en parte, la aparición y auge de formaciones políticas oportunistas, populistas, antidemocráticas y liberticidas con clara vocación de gobierno.  

El panorama es francamente preocupante, porque, más allá de la sana alternancia de Partidos políticos con posturas ideológicas distantes que, dentro del juego democrático natural, plantean correcciones a determinadas acciones políticas, el resultado de las elecciones municipales y autonómicas celebradas el pasado 25 de mayo ha puesto sobre la mesa la fractura ideológica y social de un país que revisa su Historia para romper con ella. 

La Venezuela chavista ya está en España a través de eso que el expresidente Felipe González llama la aventura alternativa, y la plataforma de lanzamiento al resto de Instituciones del Estado son los ayuntamientos y las Comunidades Autónomas. Madrid, Barcelona y Valencia son sólo la punta del iceberg del proceso de disolución del Sistema desde dentro. A falta de pocas horas para que se constituyan los nuevos Consistorios, el vuelco es contundente.

La entrada en escena de Podemos, el frente ideológicamente vinculado con el llamado Socialismo del Siglo XXI bolivariano y con la revolución iraní, y la deriva del principal Partido de la Oposición, el Partido Socialista Obrero Español – PSOE – hacia la extrema izquierda, puede llevar a España al sectarismo y la exclusión de la otra parte de la población, la liberal-conservadora, a la que ya se la califica como de fascista, indecente o gentuza. Enemigos, no adversarios… el lenguaje político y de la calle recupera, en estos crispados días, términos que creíamos olvidados en el baúl del recuerdo de nuestros mayores. 

El desgaste sufrido por el Partido Popular en el Gobierno, tras cuatro años de profunda crisis económica heredada de la etapa socialista, de reformas necesarias pero impopulares, de descontento popular por la brutal subida de impuestos, el aumento de las desigualdades sociales, el descenso de los estándares de bienestar y la corrupción endémica que afecta a todas las fuerzas políticas sin excepción, y de decepción por la renuncia de los principios ideológicos liberal- conservadores que tradicionalmente le definen, ha coincidido con el colapso del Sistema de equilibrios que la Transición puso en marcha con el consenso entonces de todas las fuerzas políticas – incluso antagónicas -, y que hoy, desde la Monarquía a la cuestión de la integridad territorial, un espectro muy amplio de la población cuestiona. Entre la regeneración y necesaria ventilación del Sistema, y la ruptura, hay diferencias considerables.

Lo más inquietante en el escenario político que se vislumbra, con un Gobierno colapsado y  unas Elecciones Generales a la vuelta de la esquina, es que los que apuestan por la ruptura parecen nostálgicos de un Tiempo que no han conocido y que fue la antesala de una Guerra Civil que dejó cicatrices como cremalleras en la piel de cada territorio, de cada familia, de cada rincón de aquella España que ya parecía olvidada… Hasta que el PSOE del expresidente Zapatero recuperó sus raíces mesiánicas, resucitó los fantasmas de una de las trincheras y enarboló la tricolor – la bandera Republicana – como emblema de legítima libertad, etiquetando automáticamente a quienes se inclinaban por la cordura y la recuperación del espíritu de la Transición como los herederos intelectuales de esa otra España oscura y trasnochada. Empezó entonces en la izquierda española la recuperación de ese proyecto, – lento pero seguro que hoy se materializa en la composición de los gobiernos locales y autonómicos -, de desalojar la opción liberal-conservadora de todas las Instituciones del Estado.

La expulsión, sin más, del discurso social y político de una amplia parte de la población española que se reconoce en los símbolos de nuestro Estado – Corona, himno, bandera-, en la defensa de la unidad del territorio nacional y el respeto a su diversidad cultural y lingüística; en la defensa de la vida, la familia, la libertad religiosa, de educación y de las raíces judeo-cristianas como pilar de nuestra civilización; en la promoción de valores como el esfuerzo, la disciplina, la meritocracia o la responsabilidad; que se siente orgullosa de sus Fuerzas Armadas y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado; y que no se acompleja por sentirse más próxima en la esfera internacional a los actores que comparten su misma visión del individuo y del mundo.

Los decentes frente a los pijos indecentes. Un Frente Popular de izquierda radical a modo de cordón sanitario formado por una amalgama de comunistas, socialistas, okupas, antisistemas, independentistas, filoterroristas, plataformas cívicas y oportunistas de nuevo cuño  – como Ciudadanos – que ya apuntan propuestas, formas y cambios políticos de naturaleza autoritaria y nociva para la convivencia pacífica. 

Independientemente de la batería de propuestas surrealistas que a nivel municipal y autonómico se van a intentar a implementar en los próximos meses y que ya están provocando la alarma de inversores nacionales y extranjeros, el problema de fondo es que el fantasma de las dos Españas vuelve a planear sobre el que es, sin duda, el Estado-nación más antiguo de Europa – si no del mundo – y, no obstante, más cuestionado y ninguneado por sus propios ciudadanos. Los ciudadanos lanzamos al gobierno el mensaje de que la regeneración de la vida pública debía ser más efectiva, y nos encontramos, de la noche a la mañana, con que el castigo generalizado puede desembocar en el suicidio de España.

Nuestro sistema electoral no garantiza que la lista más votada sea finalmente la que gobierne, y por ello, pese a la fragmentación electoral, 7 de las 17 Comunidades Autónomas y cientos de municipios van a ser gobernados por una ideología radical de corte social, popular y anticapitalista que cuestiona la salud de nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho, que apuesta por la insumisión ante las leyes que consideren injustas, la demagogia – devolución de la democracia y el espacio público al ciudadano -, la estandarización social, el control férreo del individuo, el control estalinista de los medios de comunicación, la abolición de la monarquía y los demás símbolos del Estado, la imposición de un laicismo institucional radical, la eliminación de los conciertos educativos, el impago de la deuda, la expropiación de propiedades, la imposición de una renta mínima y un techo de salario máximo, la reorganización de los depósitos bancarios, o la revisión de toda nuestra Política Exterior y de Defensa, entre otras perlas.

Actos que necesariamente precisan para su aplicación práctica de un Gobierno Central fuerte y de la misma cuerda que reviente desde dentro el Sistema, y que gracias a la deriva socialista, si no vuelve a la centralidad y recupera el sentido de Estado, puede empezar a concretarse a partir de las próximas Elecciones Generales de noviembre, cuando los españoles nos veamos en la tesitura de elegir entre la renovación o la revolución. 

Nota del autor:

Este artículo fue escrito casi dos semanas antes de la constitución de los Ayuntamientos y gobiernos de las Comunidades Autónomas en España. Por diferentes motivos ajenos al autor, el artículo no ha podido ser publicado con anterioridad.

* Periodista y Analista Política.

Cádiz,la ciudad que gobierna el Carnaval

ASÍ FUNCIONAN LOS AYUNTAMIENTOS DE PODEMOS

'Kichi' posa con su traje de la comparsa 'Los mendas lerendas' en la noche del viernes.

Ni cobra 1.800 €, ni ha reducido asesores, ni ha parado desahucios

EN IMÁGENES: El 'rey' Kichi

Al graderío más alto del Teatro Falla, el templo neomudéjar de los ladrillos coloraos de Cádiz, lo llaman el paraíso porque en el techo hay una pintura de Felipe Abarzuza que representa el Olimpo. Es el sitio de los chiquillos jóvenes, que desde allí cantan y riman: «¡Menos trabajo y más Carnaval!» y «¡Que bote el Kichi!».

El concurso de agrupaciones carnavalescas es explosión de alegría, vehículo artístico para el natural ingenio gaditano y simplificación fina o gruesa del debate político local, pero principalmente es espoleta de una actividad económica indispensable para la ciudad y formidable lobby, colosal apero de influencia social por la enorme proyección pública del Carnaval en toda España.

Entre los finalistas está un cuarteto bastante gracioso, sale el Cristo de El Enrollao y un monaguillo vestido de árbitro. El acabose ocurre cuando aparece una mamá con barba pelirroja carreteando un bebé que es un adulto disfrazado y anunciando, tras el correspondiente suspense, que el niño es hijo... «¡der Kishi!». El aludido se carcajea, los flashes se disparan, el Falla se muere.

Borja Romero, puro arte, inspiración desenvuelta, es uno de los protagonistas, tiene 24 años y explica el carisma iconográfico del Kichi entre la juventud de la capital con el 34% de paro: «Es uno más como yo, de la calle, que vive en el barrio de la Viña, que ha pasado hambre, que no tiene privilegios. Con verlo en un desahucio, ya hizo mucho más que la otra».

José María González Santos, el guapísimo Kichi, es el alcalde de Podemos muy querido entre la gente del Carnaval porque hasta hace un año era punta jurado -la posición más cercana al tribunal, por su expresividad y su voz atiplada- en la comparsa de Jesús Bienvenido.

Pese a haber insistido durante dos semanas, el alcalde rechazó conversar con este periódico, siquiera cinco minutos y alegando falta de tiempo -«¿Cuándo, pisha? Si mi agenda es un caos...»-, tras saber que se trataba de hacer un balance de su gestión al frente del Ayuntamiento. No tuvo problemas, en cambio, para dedicar el que fuese necesario a atender a todo tipo de medios que trataron su relación con el Carnaval en términos de ditirambo personal o de manera acrítica. El equipo de Comunicación de Podemos no iba a desaprovechar esta oportunidad: Kichi, rey del Carnaval; Kichi «llora como un chiquillo» por la letra de un pasodoble; A Kichi le salen dobles en el Carnaval; Kichi abronca a los ediles de la oposición por querer entrar en el teatro «por la cara». Y las fotos y los vídeos de esa sonrisa perenne, mirada chispeante, efigie de la comunidad popular, se hacen volar por las redes sociales. La popularidad es el poder.

Un grupo de ocupantes de la Corrala de la Bahía hace una pancarta.

El paroxismo de su forma de entender la política se alcanzó el miércoles, durante una semifinal, cuando cedió uno de los palcos del Falla a un grupo de ciudadanos sin hogar, con los que posó con atrevido desenfado. La situación se repitió en la final. A Julio Pardo, leyenda del Carnaval y eterno campeón de coros, le pareció muy mal: «Eso fue una estupidez. El Carnaval es una herramienta de propaganda fantástica. Pero una cosa es ser popular y otra, ser populista. Eso es hacer espectáculo con la caridad». El día que eso sucedía, el Ayuntamiento desalojaba sin miramientos de los bajos del Balneario, junto a la playa, a seis personas sin techo, deshaciéndose de sus pertenencias.

Kichi entró al Falla maquillado y vestido de rey, disfraz tomado de la comparsa en la que él mismo interpretó en 2008 Si yo fuera alcalde, mientras a las puertas protestaban los ocupantes de la Corrala de la Bahía, otro colectivo de desfavorecidos utilizado en su día para la foto. En una manzana abierta del barrio de San Severiano de Extramuros está el edificio, racional y sobrio, pintado de amarillo pálido.

Fue construido hace nueve años, la promotora quebró y los pisos fueron embargados por el Banco Santander sin salir a la venta. En enero de 2015, 28 familias con dificultades ocuparon las viviendas, llevando una treintena de niños. Un mes después, falleció un bebé y el asunto se convirtió en una prioridad política para Podemos en la campaña de las municipales.

'Ya me están diciendo lo mismo que la Teo'

Raúl tiene 30 años y un hijo de siete en la Corrala. Trabajó en la construcción, en la hostelería «y donde hiciera falta». Ahora, en nada. «Antes de las elecciones estaban todo el día aquí. Todo el día. El Kichi también. Nos dieron esperanzas. Que si iban a luchar por nuestros derechos, que si tenemos derecho a una vivienda digna, que si patatín, que si patatán... Vino una de pelo azul a recoger firmas, fotógrafos, cámaras... Y ahora que ya ha salido, ¿qué? Ahora nos dicen: 'Uh, es que esto tiene sus pasos...'. Ya me están diciendo lo mismo que la Teo, lo mismo, que me ponga a la cola del alquiler social...».

Una de las iniciativas que anunció el alcalde tras tomar posesión fue «darle una solución» a los ocupantes de la Corrala. En octubre, hartos de expectativas incumplidas, empezaron a movilizarse. Kichi publicitó entonces una carta al Santander en la que dice que el banco no «entiende de humanidad ni de derechos humanos» y que «una vivienda digna es también tener garantizados los suministros básicos de luz y de agua».

Estamos en febrero y la solución no aparece. No hay alquiler social, el juzgado ya ha anunciado el inminente desahucio y el Ayuntamiento, gobernado por quien garantizaba «ninguna casa sin luz ni agua», no ha ofrecido ninguna alternativa. Entretanto, en medio de Cádiz sobreviven desde hace más de un año 80 personas, entre ellas 30 niños, en viviendas sin luz ni agua. Para bañar a los críos, acuden a una fuente cercana con cubos y garrafas que luego calientan con una bombona. La electricidad mínima indispensable la obtienen con baterías portátiles, que se recargan conectando sus bornes a una pequeña scooter negra con el motor encendido. No hay lavadoras ni neveras: en verano la leche tarda dos horas en echarse a perder.

Lo llamativo es que las empresas suministradoras no son privadas, sino de titularidad municipal mayoritaria. Además, el edificio contiguo, pared con pared, es una concejalía de distrito -«Es tan fácil como tirar una alargadera»-. Tampoco les queda el tradicional recurso de enganchar un cable desde una farola, porque ha sido la Policía Local la que ha cortado la acometida de luz y permanecen apagadas incluso de noche.

«En Nochevieja sacamos una tele a la calle para comernos las uvas. La enchufamos a la farola. Y el Ayuntamiento mandó a dos municipales que quitaron la luz de toda la manzana. ¿Para qué quiero una carta si me quitas la luz? ¿Para qué me vale que venga el Kichi a darme una palmadita en la espalda? Hace un par de semanas vino a darnos ánimos. Yo lo llamo el palmaditas... Mira: el que te quiere ayudar, te ayuda. Y más si eres el alcalde. ¿No son tan radicales? ¿Cuál es la diferencia con los otros?», protesta Raúl.

La última queja alude a una antigua inquilina que él sospecha que podía ser una infiltrada para instigarles a movilizarse, primero, y a dejar de hacerlo en cuanto Kichi alcanzó el poder. Ezequiel Arauz fue uno de los fundadores de Podemos en Cádiz y confirma que fue así: «Decidieron meterla ahí para hacer una táctica de entrismo, que es típica del trotskismo. Se trataba de usarlos». Él dimitió en marzo de 2015, defraudado por la fagocitación de los círculos por Izquierda Anticapitalista, el núcleo del poder actual. Llevaba un año preparando el programa. «Kichi decía que no hacía falta, que cogiéramos cuatro cosas copiadas del PSOE y otras cuatro de IU. Decía: 'Si la gente nos va a votar igual, ¿tú no te das cuenta de que votan a Pablo?' Es todo una gran mentira», resume.

Kichi gobierna tras quedar segundo, después del PP, con 18.000 votos, un 28%. El PSOE local facilitó su investidura por orden de Ferraz, pero ahora mantiene con él una relación tormentosa que ha impedido sacar adelante los presupuestos de 2016. Su acción política se ha concentrado en la prioridad del cambio de hegemonía cultural -los símbolos, los gestos, las frases hechas, los eslóganes en Twitter, la teatralización- y en exprimir la visibilidad del cargo para consolidar una marca personal. Lo primero que hizo fue cambiar el retrato del Rey Juan Carlos de su despacho por otro de Fermín Salvochea, presidente del Cantón de Cádiz y popularísimo Santo de la Anarquía. A partir de ése, innumerables. Y siempre el sello de la cercanía, «no somos profesionales», Carnaval, Cádiz Club de Fútbol y ahora también Cofradía aunque se haya declarado ateo.

El sueldo de 1.800 euros

El alcalde prometió que su sueldo no excedería de 1.880 euros al mes, el que tenía cuando era profesor. Su salario ya no se lo paga el Ayuntamiento, porque el partido lo ha designado diputado provincial. Él dice que «renuncia» a cobrar como regidor, pero la realidad es que la ley le obliga a elegir y él escoge: el que sabe que no va a perder si hay una moción de censura, el que le permite tener otra asignación por grupo -que tiene un miembro: él- y el que le da la posibilidad de contratar a dedo a dos asesores: ahí ha puesto a la novia de su jefe de Gabinete, ambos residentes en Madrid hasta que se hizo con la Alcaldía, y a la pareja de su edil de Medio Ambiente. Es también el más alto: 62.000 euros anuales. Su equipo de prensa se encarga de difundir mes a mes que Kichi dona el «sobrante» a una asociación, siempre cercana a su esfera de influencia.

«Reducir drásticamente los cargos municipales de libre designación», decía el programa de compromisos de Podemos, dentro del capítulo de medidas para una «nueva ética de la representación política». Pues ahora hay 10 donde antes había ocho. El partido simuló además que a las cuatro primeras plazas se accedería por un proceso «inédito en 20 años», público, «transparente y abierto». «Contamos con vosotros para nuestro equipo», anunciaban para invitar a los ciudadanos a enviar su currículum. Recibieron 417 y los escogidos fueron todos de Podemos, tres de ellos miembros de la ejecutiva local. El Diario de Cádiz transcribió así la forma que tuvo la concejal María Romay de anunciar los nombramientos: «La Sandra, el Perico...».

Tras ganar las primarias con un 94,8% de los votos, Kichi proclamó que su prioridad sería «parar» los desahucios. Según el juez decano, los desahucios en 2015 han vuelto a ser alrededor de 200. Fue espectacular y convenientemente televisado el enfrentamiento que el alcalde mantuvo con la Policía para intentar evitar, sin éxito, el primero que tuvo que afrontar. Ya luego se supo que la arrendadora era una anciana gravemente enferma que necesitaba para subsistir los 400 euros de renta que llevaban dos años sin pagarle. Lo que sí ha hecho Kichi es poner por escrito un protocolo que él llama «antidesahucios» y que no los impide: es el que ya existe en otras ciudades para que el juzgado avise al Ayuntamiento con tiempo para que desarrolle una intervención social.

«Lo primero, el hambre», fue el titular que colocó en su investidura: «Acabaremos con la situación de emergencia social en 100 días». No ha habido ningún cambio significativo a ese respecto. La última semana de enero se destinaron a esos fines 95.000 euros, en la línea del año anterior.

La gestión 'no existe'

Empresarios, comerciantes y asociaciones de vecinos coinciden en denunciar que la gestión «no existe». El Ayuntamiento ha paralizado los dos grandes proyectos de inversión previstos para la ciudad. De un lado, la actuación urbanística para integrar el flamante Puente de la Constitución, que incluía un parking subterráneo y un mercado gastronómico en la estación; de otro, la modificación para liberar 300.000 metros cuadrados de suelo público frente a la playa y adjudicar allí un hotel para que Cádiz aspire a ser puerto base de los cruceros transmediterráneos. El equipo de Gobierno no ha sustituido esas iniciativas por otras, más allá de la aspiración genérica de apostar por «otro modelo de turismo social».

«No hay certidumbre porque no conocemos qué modelo de ciudad tiene ni qué ideas va a poner en marcha para atraer inversión, que es la única forma de crear empleo», dice Javier Sánchez, presidente de la Confederación de Empresarios. En el mismo sentido, Salvador Muñoz, de la Federación de Comerciantes, que además se queja de un perjuicio porque «movieron de sitio la Cabalgata y todavía no sabemos por qué».

«Lo más preocupante es la frustración que ha creado en muchos gaditanos que lo estaban pasando mal. Utilizaron a los empleados de las contratas municipales, a los parados... Prometía lo que sabía que no podía dar», afirma el portavoz del PP, Ignacio Romaní.

Podemos avanza en Cádiz: en las generales creció en 2.500 votos respecto a esas municipales. Es difícil que alguien pueda decirle en la ciudad del Carnaval a Kichi que tiene a todas las fuerzas vivas en contra: hoy él es el ídolo del paraíso.

Fuente: El Mundo

Podemos recibió dinero de Sortu a través de una campaña de ‘crowdfunding’

 

El partido de Pablo Iglesias no sólo se financió con dinero procedente de las dictaduras iraní y venezolana. La formación proetarra Sortu contribuyó a llenar las arcas de Podemos con aportaciones a través de una campaña de crowfunding, según una información que publica La Razón.

Los investigadores de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) tienen localizadas transferencias realizadas por la formación abertzale a la cuenta de Triodos Bank de Producciones Con Mano Izquierda (CMI), la última en diciembre de 2013 aunque se desconoce el montante final de los importes transferidos. Esta productora era una de las receptoras de los fondos que ingresaba 360 Global Media del gobierno iraní, según fuentes policiales, y con el que pagaba a Pablo Iglesias y a su núcleo duro.

 

Los motivos por los que el partido de Arnaldo Otegui pudo realizar estos pagos tendrían que ver con que la formación proetarra intentara llegar a acuerdos con Podemos. Una especie de pacto de no agresión en el País Vasco, una fórmula para evitar que la formación morada acaparara los votos de los simpatizantes menos radicales del entorno abertzale, que verían con buenos ojos las propuestas de Podemos y se alejarían de la línea más ‘dura’ de los de Otegui.

La colaboración entre ambas formaciones no llegó a concretarse, según La Razón, y en Podemos mantuvieron en cuarentena cualquier tipo de acuerdo hasta pasadas las elecciones, como ha ocurrido. la intención de los abertzales era llevar a su terreno al nuevo partido político. Le propusieron una reunión semiclandestina en Francia, donde probablemente habría aparecido algún miembro de ETA sin causas judiciales y, detrás, las Fuerzas de Seguridad. Esta operación habría supuesto el descrédito de Podemos y su neutralización de cara a las distintas citas electorales.

Pese a todo, Podemos siempre ha demostrado una estrecha relación con el mundo abertzale. El pasado mes de octubre, 21 cargos del partido de Pablo Iglesias participaron en una manifestación que pedía la excarcelación de Arnaldo Otegui. El secretario general de Podemos en Euskadi en aquel momento, Roberto Uriarte, dijo que no veía “ningún problema” en que cargos del partido participaran en la manifestación a título personal como han hecho junteros y concejales de la formación.