Sánchez empieza a poner coto a Iglesias en el Gobierno

 

Podemos seguirá presionando al PSOE para cumplir con los compromisos del pacto de la coalición

Pedro Sánchez rinde cuentas | Informe de su primer año de gobierno junto a Podemos en directo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Senado, donde compareció sobre la pandemia, mira a su vicepresidente segundo, Pablo Iglesias (septiembre) - Dani Gago

La mayoría de los ministros socialistas tenían la expectativa de que recuperarían autonomía en el Gobierno una vez estuviesen aprobados los Presupuestos. Porque así la debilidad del PSOE —con 120 diputados en un Congreso muy fracturado y con Unidas Podemos (UP) presionando dentro y fuera de La Moncloa— ya no sería tanta traba. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya trabaja para ir frenando algunas presiones de su socio. Podemos no percibe nada nuevo.

Hay cuatro elementos que demuestran ese intento del PSOE por diferenciarse y poner límites a la «invasión competencial» de UP. Uno, la negativa a reformar las mayorías parlamentarias para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ); dos, la propuesta para elevar a 35 el número de años utilizado para calcular la pensión; tres, su «no» a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y cuatro, una defensa explícita de la Monarquía parlamentaria, del pacto constitucional y las instituciones. Esto último desde siempre pero acentuado estos días por el discurso republicano de Podemos.

Los comités de seguimiento del pacto de coalición que se prometieron PSOE y UP al principio de la legislatura fracasaron después de que se confirmara que la alternativa útil para superar los problemas eran las reuniones de Sánchez e Iglesias.

UP quiere mantener esa misma dinámica, donde se ve fuerte. Pero en el PSOE tienen claro que ahora se abre una nueva etapa. «Se puede gobernar con 120 escaños» con las cuentas públicas aprobadas, confiaba un alto cargo del Ejecutivo en una información publicada por ABC a mediados de noviembre.

En la última rueda de prensa del Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, renunció a la reforma de las mayorías para renovar el CGPJ que reclama Podemos por el bloqueo del PP. «No vamos a tramitar nada que afecte a las mayorías necesarias para la renovación del órgano, no está en el ánimo del grupo mayoritario de la Cámara», dijo. El PSOE busca un acuerdo con el PP y Podemos lo quiere con ERC y Bildu.

Calvo resolvió así dos dudas. Por un lado, explicó que están en contra de las reclamaciones de Iglesias. Por otro, que no van a reactivar la reforma que tienen paralizada en el Congreso ni van a aceptar enmiendas de UP en este sentido durante la tramitación de la proposición de ley para limitar los poderes del CGPJ con el mandato caducado.

Calvo rechaza la subida del SMI

La vicepresidenta primera también fue tajante al asegurar que el Gobierno no iba a plantear una subida del SMI en estos momentos. Calvo cerró filas con la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, y se posicionó en contra de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que había defendido el aumento para 2021 provocando malestar en los socialistas.

«Tendrá que seguir subiendo, pero ahora no toca —expresó Calvo en La Sexta—, pero tendrá que seguir subiendo porque es el compromiso de investidura del presidente Sánchez y tendrá que ser al ritmo al que interese a los derechos de los trabajadores».

La propuesta del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, sobre las pensiones también ha provocado tensiones en la coalición y críticas de los socios. Podemos la considera «inaceptable». Además, acusan a Sánchez de ir en contra de sus propias palabras al recordar un vídeo de 2018 donde criticaba a la exministra Fátima Báñez.

«Hemos escuchado decir a la ministra de Trabajo que lo que hay que hacer es aumentar los años de cotización... ¡No! Lo que hay que hacer es aumentar los salarios para sostener el sistema público de pensiones. ¡A ver si se enteran!», defendía entonces el presidente del Gobierno.

Desahucios: significativo

Por otro lado, es significativo que el día que se aprobó la ampliación del decreto antidesahucios, que incluía además la prohibición del corte de suministros, no había ningún ministro de UP al no formar parte de sus competencias.

Desde el entorno del vicepresidente Iglesias aseguran que por mucho que el PSOE presentara como suyas las medidas, se aprobaron gracias a la presión de Podemos. Pero para desbloquear la negociación tuvieron que aceptar a regañadientes la compensación que exigía el PSOE para grandes tenedores que pudieran ver pérdida de ingresos.

Desde Unidas Podemos señalan que las tensiones con los socialistas suelen surgir por una falta de voluntad con el programa de Gobierno. Y aseguran que seguirán apretando para cumplir todos los compromisos firmados.

Sánchez empieza a poner coto a Iglesias en el Gobierno es un contenido original de ABC.es

Carta del almirante Nicola di Felice: El chantaje de Open Arms.

 

Por el almirante (retirado) Nicola De Felice.

La nave negrera de la ONG española Open Arms está desembarcando a sus 265 “naufragos de pago” en Sicilia, en Porto Empedocle. De nuevo, el chantaje de mostrar los menores presentes a bordo a los medios de comunicación ha desencadenado la falsa solidaridad, hipócrita y buenista, del débil gobierno italiano que, a pesar de todas las adversidades de la pandemia y las dificultades que está sufriendo el pueblo italiano, mantiene abiertos los puertos y favorece la inmigración descontrolada de los inmigrantes ilegales. Malta se negó a permitir el desembarco, mientras que a Libia y Tunez, a pesar de estar mucho más cerca, ni siquiera se lo solicitaron. Después de desembarcar unos cincuenta menores, los inmigrantes ilegales serán transbordados al “Rhapsody”, el crucero utilizado para la cuarentena por el Ministerio del Interior. Lamentablemente, los gobiernos europeos de izquierda radical no tienen intención de aplicar las normas internacionales que regulan estos casos. Los barcos de las ONG, con su aproximación a las costas libias, activan el factor de atracción incitando a los comerciantes de seres humanos a reactivar su negocio criminal y a enviarles las barcazas llenas de inmigrantes ilegales: los bengalíes, el segundo grupo étnico más grande desembarcado en Italia en 2020, pagan hasta 30.000,00 euros por persona para subir a los barcos. Las ONG se convierten así, indirectamente, en cómplices de la trata de personas y del aumento de las muertes en el mar. Los buques de las ONG infringen las normas internacionales de rescate en el mar (Convenio de Hamburgo) al no pedir al coordinador estatal de la zona de rescate (que no es Italia) que asigne el “Place of Safety” más cercano (por ejemplo, los puertos tunecinos que antes del Covid estaban llenos de cruceros occidentales). Violan el derecho del mar de la ONU al no respetar las normas sobre inmigración ilegal y el derecho de los estados costeros, violan el artículo 13 del Reglamento de Dublín de la Unión Europea, que exige que el estado de bandera (en este caso España) se haga cargo de la protección internacional y de las solicitudes de asilo político.

El de Open Arms es el primer caso de inmigrantes ilegales que entran en Italia a través de un barco de una ONG en 2021. La ONG francesa “Sos Mediterranée” ya está preparando en Marsella el barco noruego Ocean Viking, mientras que otras ONG, como la italiana “Mediterranea Saving Humans” o la alemana “Sea Watch”, se preparan para iniciar su campaña de invasión de 2021 en Italia. La reflexión final es: si hay reglas internacionales que regulan estos casos, ¿por qué los europeos no las respetan? ¿Por qué Europa no inicia de una vez por todas una actividad de colaboración con los Estados de origen y tránsito bloqueando las salidas en origen? Ya se ha hecho en Somalia contra los piratas con excelentes resultados. En lugar de inventar operaciones navales no concluyentes, la UE debería iniciar una actividad conjunta de vigilancia y patrullaje entre Europa y Libia y entre Europa y Túnez, en las aguas territoriales libias y tunecinas, bloqueando las barcazas antes de que salgan de suelo africano. Esto debería hacerse antes de que sea demasiado tarde para nuestra bella Europa.

 

Álvaro Peñas

Es un mierda.

Todo el que abandona, corriendo como una gallina con diarrea, el lugar del accidente que ha provocado, es un mierda. Lo dice la psiquiatría forense, lo afirma la sabiduría popular y lo digo yo, que no soy psiquiatra ni sabio ni popular. Mario Herrera, zángano de Podemos que parasita en las ubres de no sé qué mandarinato autonómico, es un mierda, pero no por su condición de excremento podemita, aunque sólo con eso bastaría para que el camión de la basura lo alojase en su sentina. No. Es un mierda certificado por su conducta, pareja y derivada de su ideología.

Mario Herrera, que como todos sus tovarich de Podemos ha conseguido vivir como un faraón a costa de los esclavos lobotomizados que les votan, estrelló su coche de lujo a las tres de la madrugada del uno de enero y se dio a la fuga huyendo de la pareja de fascistas con tricornio que le habrían pedido explicaciones sobre su sordera ante el Toque de Queda, le hubieran obligado a tocar la corneta de los borrachos para medir cuántas uvas fermentadas había soplado antes y después las doce campanadas, y le habrían hecho una PCR para comprobar si por la nariz solo se había metido el dedo, o no. Además de un mierda, Mario Herrera es tonto, porque el DNI de su cobardía quedaba troquelado en la matrícula de su coche de lujo, y antes de que cantara el gallo los fascistas del tricornio le cazaron, claro, escondido en su madriguera, temblando como un conejo con síndrome de abstinencia, de abstinencia de valor que es lo que les provoca el Baile de San Vito a todos los mierdas, a todos los cobardes como él.

Después, nada. Salvo el Himalaya de mentiras torpes, atropelladas, inconcebibles, increíbles, con las que trató de explicar y justificar lo que había pasado y cómo había sucedido. Los cobardes suelen tener una imaginación desbordante para el “se non è vero, è ben trovato”. Mario Herrera ni eso, su imaginación y su dialéctica son dignas de eutanasia, lo cual lo dice todo (y nada bueno) del nivel de sus votantes.

No pagará ni por sus culpas ni por su abyecta conducta porque el camión de la basura podemita, del que Mario Herrera es un excremento más, descarga todas las semanas en el Consejo de Ministros y todos los días en los Telediarios y en el Congreso de los Diputados. Mario Herrera tiene salvoconducto, no solo para pasarse el Toque de Queda por los cojones de los que carece, sino para seguir vomitando odio y escupiendo veneno en las Redes Sociales diciendo que “en España hacen falta guillotinas y quemar más iglesias”. Quiero pensar que se refiere a su jefe, Iglesias. Tontunas de mí buena voluntad navideña

 

Eduardo García Serrano

Eutanasia y aborto. Un Gobierno con asesinos de socios, no tiene licencia para matar inocentes.

 

Si suicidarse es un delito, matar a un inocente debería ser socorrido con matar a quien le mató. Argumentaba Urkullu en defensa de ETA, que más de 10 años de prisión para un etarra era matarle en vida. Por eso, Lendakari, por eso; marioneta de BILDU, nadie puede deponer la vida de un inocente, ¿Quién le preguntado a un bebe si quiere ser abortado?  No hay derecho sin deber correlativo. Si existe derecho a la educación es porque padres y gobernantes han de (poseen el deber de) proveer a ese derecho. Los derechos no son conejos que salen de la chistera a de un prestidigitador, responden a hechos, se relacionan con deberes. Nadie puede exigir la ayuda al suicidio, pues nadie está obligado a facilitarlo, por mucha compasión que sienta. Existe el deber de socorro, no el deber de homicidio, aunque se le denomine con el eufemismo de eutanasia (buena muerte). No hay buena muerte sin justicia, y justicia es la voluntad de dar a cada uno lo suyo. Lo “suyo” del enfermo o del moribundo es la medicina, el afecto, la compañía, los cuidados paliativos, que ha desarrollado eficazmente la medicina actual.

 

No es bueno el encarnizamiento terapéutico, ni se puede obligar a emplear medios desproporcionados para mantener la vida, pero no es lícito quitar la vida de nadie por acción u omisión simplemente porque el interesado (o sus familiares o facultativos) lo solicite.

 

Una ley de eutanasia es un abuso de poder, pues ninguno, tampoco el Estado, posee un derecho de vida o muerte sobre los ciudadanos.

 

La ley de eutanasia es ilegal. No es recta ordenación de la razón: es desorden torcido de un falso sentimiento de compasión, que encubre el afán de aligerar el erario público, disminuir el número de comensales, enriquecer a trabajadores de la muerte... Y no está dirigida al bien común. La eutanasia no protege al enfermo ni al moribundo. Los pone entre la espada y la pared, los conmina a solicitar su eliminación, los acucia con conciencia de sobrantes.

 

La eutanasia es un abuso de unos parlamentarios que han perdido el norte, que se sienten investidos del derecho a decidir sobre el bien y el mal, que suplantan el papel de Dios. La eutanasia atenta contra la dignidad de la vida humana. Cierra el círculo abierto con el aborto, hace ya 35 años en el caso de España. El legislador se juzga autorizado para permitir que se eliminen seres humanos antes de su nacimiento, y ahora permite el homicidio con excusa de compasión.

 

La eutanasia pervierte la medicina, la profesión médica. Un médico es un sanador, no un verdugo. La medicina conlleva sentido de justicia. Eso significa, en latín, la palabra “médico”: el que indica lo que es justo, lo que está en el “medio”: entre la crueldad (encarnizamiento) y la compasión homicida (eutanasia). ¿Dónde están los médicos ante la ley de eutanasia? ¿Dónde está el juramento hipocrático? ¿Dónde sus protestas, sus manifestaciones, sus movilizaciones, sus proclamas? ¿O es que solo les interesa el sueldo? En esto no les aplaudo.

 

Hace unos años, en una mesa redonda que yo moderaba, un profesor de filosofía del derecho defendía la eutanasia argumentando que la libertad humana era absoluta. Qué disparate. ¿Cómo ha de ser absoluta una dimensión de un ser limitado y contingente como es el hombre? ¿Acaso nos hemos dado la vida, hemos decidido en qué lugar y hora nacer? ¿Acaso somos inmortales? La libertad del hombre es finita como finito es el hombre, y está al servicio de la razón. Un ser humano puede decidir suicidarse, jamás exigir que se le ayude a hacerlo. ¿O se busca en la ley la aquiescencia que la conciencia no puede dar? Y si la libertad de un hombre es absoluta, también la es de todos los demás hombres, que pueden negarse a satisfacer la petición de su congénere. ¿O es que el Estado debe subvenir a cualquiera necesidad emanada de una pretendida libertad absoluta? ¿Y si la libertad absoluta proclama la necesidad de eliminar a los judíos o a los propietarios, también el Estado ha de complacer a nazis y comunistas?

 

Un partido que promueve la eutanasia es un partido totalitario, que en lugar de gobernar, dirigir la nave, se erige en Leviatán, absorbe el papel de sumo pontífice y pontifica y decide sobre la vida y la muerte. Y los votantes de estos partidos son responsables. Si conscientes, por conscientes; si inconscientes, por borregos, tontos útiles de una partitocracia deplorable, revestida de democracia.

 

La eutanasia es una ley gravemente injusta. Legislarla sin escuchar a expertos (como ha hecho el Parlamento español) es antidemocrático. Aprobarla en tiempo de pandemia es obsceno. Injustos, antidemocráticos y obscenos son calificativos atribuibles también a los votantes de esos partidos, si no exigen una rectificación.

Blog de Juan Pardo

FRANCO CERRÓ LA VERJA, AHOGÓ A GIBRALTAR Y ACHANTÓ A INGLATERRA

 

La política exterior española respecto a Gibraltar ha sido un canto al absurdo, a la cobardía y al entreguismo. La actual ministra de asuntos exteriores, Arancha González Laya, ha convertido a Gibraltar en la cloaca idílica del crimen, el contrabando, la evasión fiscal y la amenaza nuclear.

El nuevo “estatus” del Peñón tras el “Brexit”, ideado por Reino Unido y aceptado por el gobierno socialcomunista español, impone la servidumbre de España hacia la colonia británica. La verja de Gibraltar, frontera entre España y el territorio usurpado, desaparecerá.

Desapareciendo la verja, serán más fluidas e impunes las prácticas de lavado de dinero negro procedente del narcotráfico, la domiciliación de evasores fiscales, el contrabando, o el riesgo que para la bahía de Algeciras entraña el desembarco constante de naves británicas y norteamericanas con dotación nuclear.

La rapacidad británica para despellejar la soberanía española e incumplir los acuerdos alcanzados ha sido una seña permanente de la Pérfida Albión. El Tratado de Utrecht suscrito en 1713, y en virtud del cual España entregaba Gibraltar a la corona británica, se circunscribía a una limitación establecida en el artículo 10 del acuerdo y que suponía la cesión de “la ciudadela, castillo, puerto y fortalezas” que corresponden a Gibraltar, pero sin “jurisdicción territorial alguna” por parte de los ingleses ni “comunicación terrestre con el país circunvecino”. Nada se decía sobre el espacio aéreo ni sobre las aguas jurisdiccionales que permanecerían, al igual que la jurisdicción territorial, en manos de España. 

Con el tiempo, los ingleses fueron ganando terreno al mar y construyendo sobre él. Expulsaron de las aguas jurisdiccionales españolas a nuestros pescadores. Construyeron un aeropuerto para forjar como propio el espacio aéreo.

Previamente habían usurpado suelo español no cedido: en el siglo XIX y con motivo de varios episodios de fiebre amarilla, los ingleses aprovecharon la ayuda humanitaria de España que les cedió provisionalmente parte del istmo para arrebatárnoslo, trasgrediendo los límites territoriales del Tratado de Utrecht.

A día de hoy la bahía de Algeciras- llamada por los británicos “bahía de Gibraltar”- como las aguas gibraltareñas, son utilizada por la Royal navy para expulsar a las patrullas de la Guardia civil y para lanzar bloques de hormigón con los que forman arrecifes artificiales para destruir los barcos de nuestros pescadores.

Piratería delictiva y trampas criminales constantes. No faltaron, tras la humillación del Tratado de Utrecht de 1713, los intentos bélicos o políticos de España por recuperar esos 6 kilómetros cuadrados de suelo español gibraltareño, ya fuera bajo monarquías o repúblicas. Fueron todos infructuosos.

Pero hubo uno que fue el más sagaz, contundente y amenazante contra la Pérfida Albión. Lo protagonizó el régimen franquista, que además de desarrollar un ambicioso programa de armamento atómico y de pergeñar en el norte de África una élite militar legionaria cada vez más poderosa, contemplaba un plan geopolítico basado en alcanzar la bomba atómica y defender un atalaya de dominio mediterráneo como era Gibraltar. Todo ello resultaba clave para mantener a ralla a nuestro enemigo vecino: Marruecos.

Para ello, la hábil diplomacia franquista llevo en los primeros años 60, al Comité de descolonización de la ONU, el contencioso de Gibraltar. El éxito no pudo ser más notorio: dos resoluciones de la Asamblea General, en 1966 y 1967, reconocían el carácter “colonial” y no autónomo de Gibraltar y obligaban a España y Reino Unido a efectuar un proceso de descolonización.

Las autoridades gibraltareñas y británicas volvieron a demostrar una vez más su filibusterismo y pillería y de forma artera e ilegal convocaron un “referéndum de autodeterminación” en 1967, que sirvió de coartada para no descolonizar Gibraltar y para que Gran Bretaña lo convirtiera, definitivamente, en una provincia de ultramar dotada de un régimen autónomo local pero tutelada desde Londres.

El gobierno franquista, lejos de achantarse, respondió: cerró la verja. Era el año 1969. La economía de Gibraltar se arruinó. Las arcas británicas tuvieron que inyectar recursos económicos para que la miseria absoluta no devorase el terruño, y se vieron esquilmadas. Los trabajadores españoles damnificados por el cierre fronterizo decretado, vieron como la política franquista de transformación agrícola, regadíos y pueblos de colonización, les abrían una ventana de oportunidades.

España en la escena internacional era respetada, y sólo la postración agónica del General Franco, llevó a nuestra Nación a abandonar esa posición de fuerza cuando fue entregado el Sáhara en noviembre de 1975, mientras el Caudillo esperaba la muerte. La defensa de la integridad territorial española, de la legalidad y del supremo interés defensivo del pueblo español, fue una máxima en la política exterior de Francisco Franco mientras tuvo conciencia, vigor y capacidad de acción.

La llegada al poder del socialismo en 1982 liquidó la situación de poderío que España ejercía respecto a Gibraltar, característica del franquismo. El proceso para la integración en la Comunidad europea, culminado en 1986, condujo a la apertura de la verja en 1982, al abandono de nuestra posición de “fuerza”. De nuevo se abría la circulación terrestre, y con el tiempo las relaciones comerciales y laborales con el Peñón se normalizarían.

La comarca conocida como el “Campo de Gibraltar” posee a 10.000 ciudadanos que todos los días cruzan la verja para trabajar. Precisamente esta baza, la del chantaje con cargo a los empleos de miles de españoles en el Peñón, ha sido empleada por el PSOE y el PP para abandonar la reivindicación de Gibraltar y establecer paripés, o protestas “suavecitas”, como lo fueron la histriónica idea de la co-soberanía de España y Reino Unido patentada por Aznar y fracasada, o la monumental estupidez del “foro trilateral” compuesto por el gobierno español, británico y gibraltareño impulsado por el socialista Zapatero.

En definitiva: han sido muchos y reiterados los teatrillos de PP y PSOE, que no ahondaron en la única y verdadera reivindicación que España debería haber formalizado, que es la devolución inmediata de Gibraltar por haber sido trasgredido el Tratado de Utrecht, por existir en suelo español una colonia ilegal empleada para el delito, y por tener nuestra Nación pleno derecho de acuerdo con la Historia y el Derecho internacional a recuperar Gibraltar.

Un gobierno social patriota habría aprovechado el “Brexit” para formalizar la exigencia de recuperar Gibraltar; para legislar beneficios legales y fiscales que establecieran empresas nacionales e internacionales en el Campo de Gibraltar. Y una vez logrado el pleno empleo en la zona, y con todos nuestros conciudadanos trabajando en suelo español y sin necesidad de recurrir al Peñón, cerraríamos la verja y que los ingleses se queden con las monas gibraltareñas, que a esas sí que se las dejaríamos.

Desgraciadamente la indeseable desfachatez del gobierno actual acaba de culminar una ignominia que enaltecerá todavía más –y ya era difícil- la soberbia británica, su placer por encubrir el delito fiscal y monetario y su ambición por controlar los pasos del Estrecho y el Mediterráneo expulsando a nuestros pescadores y poniendo en riesgo ambiental y humano a la bahía de Algeciras por culpa del bunkering.

Joé Miguel Pérez ( El Correo de España  )

Pablo Iglesias está convencido de que el traslado de Illa a Cataluña busca hundir a Podemos

 

Considera que la operación de Moncloa persigue centrar el duelo de las elecciones catalanas entre ERC y el PSC y dejar a En Comu Podem sin espacio electoral

El desembarco de Salvador Illa en la batalla electoral del 14 de febrero en Cataluña se ha convertido en motivo de “máxima preocupación” para Pablo Iglesias. Hasta el punto de que el vicepresidente segundo del Gobierno da por hecho que el traslado del ministro de Sanidad, decidido por Pedro Sánchez, es una jugada del PSOE para hundir electoralmente a Podemos.

Todos los analistas políticos han coincidido en los últimos días en señalar que la llegada de Illa ha sacudido el panorama político en Cataluña. El movimiento ha sido interpretado por la mayoría como una operación de Moncloa para captar ese votante que en 2017 se movilizó para apoyar masivamente a Ciudadanos.

‘Operación Illa’ para hundir a Podemos

Sin embargo, la irrupción de la candidatura del todavía ministro de Sanidad ha puesto también en “máxima alerta” a Pablo Iglesias, según reconocen a Confidencial Digital fuentes de su máxima confianza.

Recuerdan que la última encuesta del CEO, el CIS catalán, sitúa al PSC muy cerca de Junts per Catalunya y sólo cuatro puntos y medio por debajo de ERC.

Vaticinan que los socialistas puedan incluso lograr ahora un gran éxito electoral por el ‘efecto Illa’, aunque advierten de que esa operación vendrá acompañada de un efecto secundario potencialmente desestabilizador para el Gobierno de coalición: el debilitamiento de su socio minoritario.

En el equipo del vicepresidente segundo asumen que En Comú Podem se enfrenta al mismo peligro que en la debacle del partido en Galicia y País Vasco. En ambos territorios, Podemos sufrió una importante fuga de votos hacia la izquierda nacionalista, BNG y EH Bildu en ese caso.

El “adversario a batir” por el independentismo

Según las fuentes consultadas por ECD, la cúpula de la formación morada ha detectado ahora en Cataluña una amenaza similar: ERC. Y no ha pasado por alto que el independentismo ha identificado a Salvador Illa como el “verdadero adversario a batir”.

Ese nuevo tablero político reduce, a juicio del equipo de Iglesias, las expectativas electorales de su partido al polarizar las elecciones catalanas en un duelo entre ERC y el PSC y dejar a En Comu Podem prácticamente sin electorado al que dirigirse. El votante de izquierdas no considerará útil, en ese escenario, decantarse por los ‘comunes’, concluyen.

En efecto, el independentismo ya ha modificado su estrategia. “El PSC apuesta fuerte para ganar las elecciones en Cataluña. Y los únicos que podemos ganar al PSC somos Esquerra Republicana. Ya lo hicimos en dos ocasiones el año pasado”, aseguró la portavoz de ERC, Marta Vilalta, nada más conocerse que el candidato socialista a la Generalitat sería Illa, y no Miquel Iceta, como se daba por seguro.

“Estas elecciones habrá que escoger entre Esquerra y el PSC”, escribió también Oriol Junqueras, presidente de ERC, el partido al que los sondeos otorgan la victoria el 14-F.

“Somos la única garantía para evitar un tripartito con el PSC, que ya no esconde su anticatalanismo”, reaccionó Albert Batet, presidente en la última legislatura del grupo parlamentario de Junts, que le pisa los talones a Esquerra en las encuestas.

Marcar un perfil propio ante las catalanas

En el entorno del vicepresidente segundo del Gobierno anticipan a Confidencial Digital que los gestos para marcar perfil propio dentro del Gobierno, aun a costa de provocar conflictos internos entre los dos socios de la coalición, se intensificarán a medida que se acerque el arranque de la campaña catalana.

Admiten que, abandonado el sueño del ‘sorpasso’ a los socialistas, Pablo Iglesias ha comenzado a asumir que “la fuerza de Podemos cada vez se acerca más a la de la vieja IU, aunque con una vocación que ésta nunca quiso o no pudo ejercer: gobernar con el PSOE para arrastrarlo a posiciones más a la izquierda”.

Pese a ello, en el discurso presidencial de balance del año, Sánchez recuperó la semana pasada la línea de los días en que se aprobaron los Presupuestos para mandar un mensaje tranquilizador. “Este es un Gobierno de coalición que tiene ánimo de perdurar en el tiempo”, aseguró. “Y digo Gobierno de coalición con todas las letras”, insistió.

Una “inquietante” sangría de votos

Frente al mayor poder que ha tenido nunca en Madrid, como socio del PSOE en el Gobierno central, Podemos asume que empieza a deshacerse por el resto de España. Tras perder en 2019 la representación en Cantabria y Castilla-La Mancha, el pasado mes de julio quedó también fuera del Parlamento gallego.

El partido continúa una caída libre en las urnas que sufre desde 2015, año en el que se presentaron por primera vez a unas generales, y desde las autonómicas de 2016, cuando llegaron a ser segunda y tercera fuerza en Galicia y Euskadi, respectivamente. Reconocen la “inquietante” pérdida de apoyos que están sufriendo en estos momentos.

Pierden la mitad de los escaños

Por si esto fuera poco, altos cargos de Unidas Podemos advierten de que sus prospecciones internas anticipan que “todavía no se ha tocado fondo”. Un pronóstico por tanto mucho más negativo que el realizado por la gran mayoría de las encuestas publicadas.

En la coalición admiten que el desplome que arrojan sus estudios es “considerable” y que implicaría una notable pérdida de escaños en el Congreso si hoy se celebrasen unas elecciones generales en España.

Tal y cómo se contó en ECD hace unos meses, los cálculos internos del equipo de Pablo Iglesias sitúan en estos momentos a Unidas Podemos por debajo de los 20 diputados, 15 menos de los actuales 35.

Un experto demoscópico que asesora a la formación morada explica que la Ley d’Hont “premia a los que suben mucho en intención de voto, pero también castiga a los que sufren un descenso brusco de apoyos”.

No se rentabiliza el “escudo social”

Fuentes de la dirección de Unidas Podemos explican que su protagonismo en el Gobierno, con una vicepresidencia y cuatro ministerios, “actúa como un espejismo” que a pesar de todo no oculta que el partido pierde apoyos en cada cita electoral que se celebra.

“Ni con un vicepresidente ni con una de las ministras mejor valoradas, Yolanda Díaz, estamos sacando rédito electoral”, lamentan en privado.

Reconocen que la idea de basar su discurso en abanderar las medidas sociales aprobadas por el Gobierno de coalición en los primeros meses de legislatura, como los esfuerzos para impulsar el denominado “escudo social” contra los efectos de la pandemia con la aprobación del ingreso mínimo vital como principal medida, se está viendo “devorado por enredos judiciales como el caso Dina”.

elconfidencialdigital.com/.

Cada cuatro días es asesinado un periodista

 

Por

 editor

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En la década que acaba de concluir fueron asesinados en el mundo 888 periodistas y otros profesionales de la comunicación, en promedio uno cada cuatro días, lamenta en un informe al cierre de 2020 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Imagen de una protesta en México, donde fueron asesinados ocho periodistas en 2020, para rechazar la violencia contra los profesionales de la comunicación, un problema extendido en varias regiones del planeta, según reportes de la Unesco. Foto: Desinformémonos

El año 2020 cayeron asesinados 59 de esos profesionales, entre ellos cuatro mujeres, y el mayor número, con veintidós casos cada una, correspondió a las regiones de América Latina y el Caribe y Asia y el Pacífico, seguidas por los Estados árabes, con nueve, y África subsahariana, con seis, informa IPS.

La Unesco registró y condenó el asesinato de 57 periodistas en 2019 y de 99 en 2018, quienes «pagaron un alto precio por informar al público», al tiempo que deploró que se sostenga una elevada impunidad, que alcanza a 88 por ciento de los casos en 2019 y 87 por ciento en 2020.

La directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, dijo que en 2020, en el marco de la pandemia covid-19, «hemos sido testigos, quizá de manera inédita, de la importancia del periodismo para nuestras democracias y para la protección de los derechos humanos».

Según el informe, las condiciones de los profesionales de los medios de comunicación siguen siendo preocupantes en todas partes, pues los asesinatos continúan y los ataques no letales y el acoso siguen aumentando.

El año 2020 puso de relieve los peligros a los que se enfrentan los periodistas cuando informan sobre protestas, como las demostraciones de Black Lives Matter (Las vidas negras importan) contra el racismo, principalmente en América del Norte y otras manifestaciones en el mundo cubiertas por los profesionales de la información.

La Unesco identificó 125 protestas en 65 países en las que los periodistas fueron atacados o detenidos entre el 1 de enero de 2015 y el 30 de junio de 2020. De esos sucesos, veintiuno ocurrieron durante el primer semestre de 2020, pero el número de incidentes siguió aumentando durante la segunda mitad del año.

De su lado, la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) señaló en su informe de fin de año que entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2020 murieron cincuenta periodistas en el ámbito de su actividad profesional, a pesar de que las coberturas informativas se han reducido por la pandemia.

Además, crece la cifra de periodistas a los que matan en países considerados «en paz», como son los casos de México (ocho asesinatos), India (cuatro), Pakistán (cuatro), Filipinas (tres) y Honduras (tres).

Si en 2016 RSF registró que 58 por ciento de los periodistas abatidos mientras trabajaban perecieron en zonas de conflicto, esa proporción bajó a 32 por ciento en 2020, mientras que dos tercios murieron en países considerados en paz.

Más aún, del total de periodistas asesinados en 2020, según RSF, 84 por ciento fueron señalados y eliminados de forma deliberada, frente al 63 por ciento en 2019, y algunos de esos crímenes han sido especialmente atroces.

En México, un periodista del diario El Mundo, Julio Valdivia Rodríguez, fue encontrado decapitado en el oriental estado de Veracruz, y su colega Víctor Fernando Álvarez Chávez, director del medio digital de información local Punto por Punto Noticias, fue cortado en pedazos en la sureña ciudad de Acapulco.

En India, al periodista Rakesh Singh «Nirbhik», del diario Rashtriya Swaroop, lo quemaron vivo después de rociarlo con gel hidroalcohólico altamente inflamable, mientras que el periodista Isravel Moses, corresponsal de un canal de televisión en el sureño estado de Tamil Nadu, fue asesinado a machetazos.

En Irán, Rouhollah Zam, administrador del canal Amadnews de Telegram, condenado a muerte tras un juicio que RSF denunció como injusto, fue ejecutado en la horca. «Hacía 30 años que no se sometía a un periodista al arcaico y bárbaro castigo de la pena capital», indica el reporte.

Siete periodistas fueron asesinados mientras cubrían protestas. En Irak, hombres armados no identificados dispararon a la cabeza a los periodistas durante las manifestaciones, y así fueron asesinados tres reporteros.

En Nigeria, dos periodistas fueron víctimas del clima de violencia en el que se desarrollan las protestas, y en Colombia un reportero de un medio comunitario fue asesinado a tiros mientras cubría una manifestación de comunidades indígenas que protestaban contra la privatización de tierras en su región.

Además, la seguridad de las mujeres periodistas sigue siendo motivo de gran preocupación.

En una encuesta de la Unesco en octubre de 2020, 73 por ciento de las periodistas que respondieron al sondeo manifestaron haber sufrido violencia en línea en el marco de su trabajo, y 20 por ciento dijo que el acoso en línea se convirtió en abuso o ataques físicos.

La Unesco también registró que la crisis desencadenada por la pandemia ha amenazado la viabilidad y supervivencia de los medios de comunicación profesionales, en particular debido a la pérdida masiva de ingresos publicitarios, lo que ha creado un entorno laboral aún más precario para los trabajadores.

Además, en muchos países la legislación de emergencia y las medidas adoptadas para frenar la propagación del virus han servido de coartada para restringir la libertad de expresión y de prensa. También se ha procesado a muchos periodistas por denunciar los errores en la gestión de la crisis sanitaria por parte de las autoridades.

La pandemia «ha sido también la ‘tormenta perfecta’ para la libertad de prensa a nivel mundial. A pocos días del inicio del nuevo año, quiero hacer un llamado mundial para que todas las partes implicadas defiendan la información como un bien público. Proteger el periodismo es proteger la verdad», subrayó Azoulay.