sábado, 12 de noviembre de 2022

SÁNCHEZ, EL PARADIGMA DE LA EVOLUCIÓN FATAL.

 

En 2018, el 17 de mayo, en el programa de Antena 3 dirigido por Susanna Griso, el aspirante a líder permanente de la República Democrática y Bananera de las Naciones Celtibéricogodas y Fenicias, no tenía duda alguna de que lo ocurrido en el Parlamento Catalán (fenicio) los días 6 y 7 de septiembre de 2017 era “lógicamente” un delito de rebelión.

Abundando en esta fase evolutiva del personaje, ese mismo mes de mayo el PSOE, por orden de su amado líder anunció, poco antes de la moción de censura contra Mariano Rajoy, que iban a adecuar el delito de rebelión a la España del siglo XXI porque, según palabras de su líder “es evidente que el delito de rebelión, tal y como está tipificado desde 1995, no corresponde al tipo de rebelión que se ha sufrido en los últimos meses”, refiriéndose a los hechos de septiembre y octubre de 2017 en Cataluña.

Por lo visto, siendo una rebelión lo que se produjo en Cataluña, ésta fue una rebelión más adecuada al siglo XXI que la tipificada en el Código Penal (CP) no lo era. En consecuencia, había que modificar la tipificación del delito de rebelión en el CP.

Una vez en el gobierno gracias a los apoyos, entre otros, de los independentistas catalanes, Sánchez ya iba matizando su parecer respecto de los hechos ocurridos en septiembre y octubre de 2017 en Cataluña. Ya no estaba tan claro que fueran constitutivos de delito de rebelión, ni siquiera de una rebelión adecuada a los tiempos que corrían.

Llegó el juicio a los acusados por aquel golpe y la evolución del presidente dio un paso más. Sánchez dejó claras sus intenciones de obligar a la Abogacía del Estado a presentar una acusación de sedición, en lugar de rebelión.

La abogada general del Estado, dependiente de la recién nombrada ministra de Justicia, Dolores Delgado, tuvo que tomar cartas en el asunto y destituir a Edmundo Bal, responsable de defender la posición del Estado en el juicio, pues se negaba a rebajar la calificación del delito a sedición. Dado el carácter jerárquico de la Abogacía del Estado Bal fue relevado en el juicio del “procès” y todo arreglado.

Las tesis de la Abogacía del Estado, es decir del gobierno, se impusieron finalmente en el Tribunal Superior de Justicia y las condenas lo fueron por sedición, no por rebelión, además de por malversación. Pero las cosas no iban a quedarse ahí.

La permanente necesidad de Sánchez de lograr apoyos parlamentarios para sacar adelante sus torticeras leyes y convalidar los decretos que iba emitiendo en pleno estado de alarma, con nocturnidad y alevosía, le obligaba a seguir cediendo ante las exigencia, sobre todo, del independentismo catalán.

Eso fue un catalizador para dar un salto cualitativo en la evolución del espécimen, había llegado la hora de los indultos. Y sin ningún rubor procedió a ello, sin despeinarse.

Después de todo ese recorrido evolutivo, le debió de coger gusto al asunto y, sin tener ninguna necesidad práctica de lograr aprobar los presupuestos del 2023, más allá de lograr el aplauso de sus plebeyos, negocia con ERC, es decir con el enano que le hizo inclinarse ante la senyera, con la provocativa ausencia de la bandera nacional.

El resultado de dicha negociación, negada reiteradamente por él y su siniestro ministro de la Presidencia, ha sido el último estadío de la evolución de este fenómeno de la política, ese líder de pasarela: ha eliminado del CP el delito de sedición y lo ha convertido en un delito agravado de desorden público.

Ahora prácticamente va a dar lo mismo que unos responsables políticos de un golpe a la democracia, que se pasen por el arco del triunfo la constitución, varias leyes y unas cuantas resoluciones judiciales, que organizar un botellón que acabe con un desmadre de cierta consideración.

La evolución de este personaje quedará para los anales, en unos años será motivo de estudio en las facultades de ciencias políticas, en las de psicología y seguro que hasta en las de psiquiatría. Se va a convertir en un paradigma de la evolución. Pero no va a ser el único que se le vaya a poder atribuir, le acompañará también el de la mentira contumaz e indisimulada y el de la autocracia petulante.

No señor Sánchez, usted no está armonizando nuestro Código Penal al de los países de nuestro entorno. En todos ellos existen figuras penales similares a la de sedición de nuestro código y con penas similares e incluso superiores.

Usted lo que ha hecho es vendernos a todos a unos golpistas que ahora lo podrán volver a hacer y les saldrá gratis.

Usted debía de preocuparse por armonizar el salario medio de los españoles al de la UE, debería preocuparse por converger con los países de la UE en lo que se refiere a deuda, déficit, paro, calidad de enseñanza, inversiones en investigación, etc. y dejarse de vender a España a quien tanto la odia, para su satisfacer su infinito ego y sus ansias de permanencia en el poder.

Al fin y al cabo, con estas maniobras no demuestra otra cosa que debilidad y dependencia, además de infinita zafiedad.

Luis Balde ( El Correo de España )

EL EXTREMISTA Y OPORTUNISTA.

 

No soy muy aficionado a los acertijos, pero si yo les pregunto quién es el máximo responsable de la demolición programada del Psoe saldrían un montón de nombres que, por acción u omisión, han debilitado la marca y la han dejado imposible, como diría Don Luis Mejías “para vos y para mi”

Este suceso político y sociológico me la pica, que es la expresión menos soez que se me ocurre para referirme al espectáculo casi pornográfico que desde la llegada de Zapatero a la Secretaria General del partido socialista comenzó a perpetrar.

Hace doce años La Esfera de los libros me pidió que escribiese un ensayo sobre la decadencia del PSOE que el editorial título “El Psoe en llamas”,  y cito en mi ensayo a   Wladimir Lenin que decía :  «Detrás de un extremista siempre hay un oportunista» y ¡vive Dios que se ha cumplido”.

Zapatero, que está estos días en la Cumbre del grupo de Puebla que se celebra en Colombia, en su condición de patrón y agitador intelectual del Comunismo latinoamericano, es el extremista al que se refería Lenin, mientras que Pedro Sánchez es el prototipo indeleble del oportunista.

Yo creo que esta pareja toxica son las dos peores desgracias que el destino ha enviado al  Psoe y, de paso, a España pero para ser algo más justo  ZP es un fanático  y Antonio Sánchez Castejón es un trilero sin ideología y un amoral sin conciencia.

Ayer publiqué  un artículo que titulé “Un sospechoso viaja en Falcón” refiriéndome al golpe anticonstitucional que está a punto de perpetrar Sánchez a favor de los golpistas catalanes que han reconocido que les va a facilitar nuevas intentonas sediciosas gracias a que le rebaja las penas en el código penal.

Hace un par de años escribí otro artículo titulado:  “¡Es la democracia, imbécil!”, recordando la frase que Bill Clinton le espetó a George Bush padre, al señalarle cual era el verdadero problema de su país.

Hoy lo que empieza a estar en riesgo en nuestro país es la democracia y quien la está debilitando es Pedro Sánchez porque es el que gobierna sin controles de los otros poderes del Estado mientras que sus seguidores persiguen y desentierran a dictadores muertos y llaman fascista a cualquiera que no se arrodille ante Sánchez en posición de hacerle una felación sin manos.

Yo confío en la dignidad de nuestro pueblo y en la inteligencia de las mujeres y los hombres que saben que estamos tratando con un tramposo sin moral.

La confrontación por defender o denostar a un hombre cuya palabra no tiene valor y carece de principios solo le beneficia a él.

Diego Armario

Pedro Sánchez, un mentiroso patológico y el desguace de la España del 78

 Pedro Sánchez miente, pero esto ya no es noticia. Él, que dijo sin rubor que en Cataluña "ha habido clarísimamente un delito de sedición", ahora lo suprime para "homologarlo con Europa": otra mentira más. Urge que el postsanchismo llegue


cuanto antes para empezar a arreglar todo lo que está desguazando.

Pedro Sánchez es un mentiroso de manual, y ahí está la hemeroteca de sus entrevistas y sus intervenciones para comprobarlo. Y solo quien sepa que esas son sus armas –mucho peor que enfrentarse a un “tahúr del Mississippi”, como definió Alfonso Guerra a Adolfo Suárez- podrá ver con claridad el riesgo que se corre cuando alguien se sienta a intercambiar cromos con él.  Alberto Núñez Feijóo lo vio tarde en la negociación del CGPJ. Pero, al menos, lo vio.

Aunque tenía motivos para romper in extremis –como ahora se demuestra con la eliminación del delito de sedición-, la maquinaria política y mediática de Moncloa le colgó el ‘muerto’ del bloqueo para ser señalado como “viejo PP”, “nuevo Casado”“rehén de los poderes mediáticos, de la ultraderecha” y, cómo no, “de Ayuso”.  El gallego ha pagado su paso en falso en la negociación con Pedro Sánchez con un frenazo en las encuestas. Otros, como Albert Rivera, lo pagaron con el fin de su carrera política. Y algún otro más anda rogando una plaza de profesor universitario mientras llora por los rincones las traiciones de su ‘elegida’ y recuerda los tiempos en que una coleta se abrazaba al presidente...

Si Feijóo hubiera caído en la trampa de la negociación de Sánchez con el CGPJ hoy sería, como los dos anteriores, otro cadáver político y una muesca más en la culata del presidente. Por ello,  tras el anuncio de Sánchez -¡Oh, sorpresa!- en la tele de Ferreras (la presidenta madrileña había estado en el programa ‘hostil’ unas horas antes, cosa que no se le ocurre al presidente del Gobierno que solo acude a las emisoras amigas), en Génova reivindican como un éxito que Feijóo, aunque fuera en el descuento del partido, rompiera la negociación cuando el presidente le confirmó lo que todos sabíamos: que iba a cargarse el delito de sedición para contentar a sus socios y eliminar escollos futuros.

Pedro Sánchez y la posverdad

Pedro Sánchez, cómo no, volvió a mentir ante los poco más de 800.000 espectadores que siguieron la entrevista por TV en la noche del jueves. Con su rostro de mayor sorpresa contestó “noooo…” cuando Ferreras le preguntó si eliminar la sedición de nuestro Código Penal era el precio a pagar a ERC por su apoyo a los Presupuestos. Y, sin solución de continuidad, encadenó una tras otras falsedades con la mejor de sus sonrisas.

Sin el menor rubor, Pedro Sánchez aseguró que él había “reivindicado desde siempre” eliminar el delito de sedición para llamarlo “desórdenes públicos agravados”.  Pero en mayo de 2018, ante Susana Griso en Antena3, decía exactamente esto (y las comillas son literales): “Si no hay altercados públicos, lógicamente eso no significa que no pueda haber un delito de rebelión como sí que se produjo”.

Y Pedro Sánchez –debía ser su otra personalidad, según la tesis de Carmen Calvo para diferenciar al Doctor Jekyll Sánchez, candidato del Míster Hyde Sánchez, presidente- añadió: “Creo que clarísimamente ha habido un delito de rebelión, de sedición, en España”. Un año después, en el debate electoral de 2019, el Sánchez candidato iba más allá y prometía una reforma "para prohibir de una vez por todas la celebración de referéndums ilegales”.

¿Qué ha sucedido entre el Sánchez de 2018 o 2019 y el de este jueves? Algunos, como Edmundo Bal, lo contaban de manera descarnada ayer mismo en un clarificador artículo en Vozpopuli:  

“El discurso cambió cuando el PSOE ganó las elecciones y Sánchez tuvo que sumarlo todo, incluido el nacionalismo catalán, para poder gobernar. Y los nacionalistas comenzaron a usar la reforma del Código Penal como una espada de Damocles permanentemente suspendida sobre su cabeza –recordaba Bal, abogado del Estado que se batió contra el independentismo desde la Justicia española-. El cambio se materializó en la concesión del indulto a los nueve condenados por el proces en junio de 2021. Defendió que era la mejor decisión para Cataluña y el resto de España”

Pedro Sánchez, sin que le tiemble la voz, ha cambiado 180 grados su postura como ha hecho en otros temas por un puro afán de supervivencia. Es el mismo presidente que prometió que “con Bildu no vamos a pactar, si quiere lo digo cinco veces o veinte: con Bildu no vamos a pactar”; el mismo que en 2019 aseguraba que “no dormiría por la noche” si pactara con Pablo Iglesias y unos meses después se abrazaba a él y le daba cinco ministerios.

Miente Pedro Sánchez también cuando aseguraba a Ferreras que “estamos dando un paso adelante de homologación con Europa, estamos cambiando un delito que se promulgó en 1822»: el Código Penal que castiga la sedición se aprobó en 1995, con Felipe Gonzélez. Y a Sánchez se le olvidó decir que la ley del Indulto, en la que se basó para perdonar a Junqeras y compañía, es… de 1870. Por no hablar de la “homologación” con Europa: es falso que sean menores las penas por sedición en Europa, puesto que delitos en Alemania homologables a la sedición pueden ser castigados hasta con la cadena perpetua si lo cometen, como fue el caso, autoridades.

El doctor Jekyll Pedro Sánchez candidato –distinto del Míster Hyde Pedro Sánchez presidente, según Carmen Calvo- decía en 2018: “Creo que clarísimamente ha habido un delito de rebelión, de sedición, en España”

Para Pedro Sánchez, como demuestra la hemeroteca, la mentira es un arte poco valorado. Como dijo el propio Feijóo, no se puede pactar con él “ni con este PSOE”. Porque el silencio, cuando no el aplauso, como Ximo Puig, de los barones socialistas -a excepción de Lambán y un Page que parece haberse dado por fin cuenta de que puede perder Castilla-La Mancha-, demuestra que, sin ellos, la ardua tarea de desguace del andamiaje constitucional de la España del 78 sería imposible. Demasiado precio para salvar al inquilino de Moncloa y engordar al PSC de los Illa e Iceta.

Pedro Sánchez y el postsanchismo

Y el grave problema para España es que los efectos del ‘sanchismo’ –como insisto contaba en estas páginas Edmundo Bal- “no tienen como alcance una legislatura, sino un plan que va mucho más allá: pretende dejar inerme a la nación española frente a los ataques a su Estado de Derecho y a su Constitución. No se conforma con indultar los delitos del pasado, sino en disculpar preventivamente los futuros intentos de ruptura del separatismo”.

Urge pensar ya en el postsanchismo. Y en “cómo revertir democráticamente el daño sin precedentes y la desprotección de nuestro Estado de Derecho que este Gobierno prevé dejarnos como herencia”. No será fácil. Que llegue cuanto antes porque habrá mucho que volver a coser. O a España, volviendo a Guerra, no la va a conocer “ni la madre que la parió”.

voxpópuli

jueves, 10 de noviembre de 2022

IMPLANTACIÓN DEL SEGURO OBLIGATORIO DE ENFERMEDAD

 

IMPLANTACIÓN DEL SEGURO OBLIGATORIO DE ENFERMEDAD (14 DICIEMBRE 1942)


Cartilla de identidad del asegurado

En la España de la posguerra la atención sanitaria estaba en manos de la beneficencia de ayuntamientos y diputaciones, con la existencia de hospitales destinados a atender determinados enfermos y a las personas indefensas. También se encontraban los hospitales militares para la atención de los oficiales y tropa. Determinados colectivos contrataban la asistencia médica por medio de “igualas”, que consistía en una cuota fija. Las mutualidades de trabajo estaban fundamentalmente radicadas en zonas urbanas, mientras que médicos atendían individualmente al mundo rural. Obviamente, también existía la medicina privada cuya coste se atendía por las familias que pudiesen hacerlo.

El 14 de diciembre de 1942, mediante Ley, se aprobó la implantación del Seguro Obligatorio de Enfermedad. En una primera etapa, desde septiembre de 1944, las prestaciones de carácter obligatorio eran la medicina general y maternidad, la farmacia y las indemnizaciones por enfermedad. Los beneficiarios de tal seguro eran los trabajadores o productores y sus familias,  calificados en la norma como “económicamente débiles”, es decir, aquellos con unas rentas por el trabajo inferiores a 9.000 pesetas anuales. Se añadió posteriormente una indemnización por fallecimiento del trabajador asegurado.

La gestión administrativa del Seguro se adjudicó al creado Instituto Nacional de Previsión, mediante la llamada “Caja Nacional del Seguro de Enfermedad”.

La indemnización por enfermedad consistía en un 50% del salario, a partir del quinto día de enfermedad, y llegaba hasta 26 semanas. Era requisito para el cobro que la duración de la enfermedad fuese superior a 7 días y existía además un periodo de carencia de 6 meses desde la afiliación.

En el caso de maternidad, la indemnización a las mujeres afiliadas era del 60% de su salario. La carencia, en su caso, para recibir la indemnización era de 9 meses antes del parto.

La financiación del Seguro era tripartita, a cargo de los empresarios, trabajadores y Estado, que tuvo una participación muy pequeña a lo largo de todo el periodo. La aportación estatal supuso un 3,7% de media, a partir de 1946. Sin duda alguna, los inicios del SOE fueron difíciles y complicados dada la carencia de financiación, de hospitales y clínicas, sin embargo, puede afirmarse que, con su puesta en funcionamiento, se produjo un cambio absoluta en la atención sanitaria de la población, atendida, como ya se ha dicho, exclusivamente por la beneficencia.

Fue precisa la aprobación del Plan Nacional de instalaciones sanitarias que tenía como objetivo la construcción, básicamente de hospitales (Residencias) y ambulatorios. En 1948, el gobierno declaró estas obras como de «interés nacional». Con la ejecución de este plan, en 1973, el porcentaje de camas propias solamente había subido hasta el 20%, mientras que las ofrecidas por el sector privado ascendían al 33,2%.

En 1963 se aprobó la Ley sobre bases de la Seguridad Social, cuyo texto articulado entró en vigor en 1967. Tal reforma significó que el sistema asumió la totalidad de los trabajadores, con independencia de su nivel económico y cuotas de ingresos. Se unificaron todos los seguros existentes, enfermedad, vejez y accidentes, configurando una sola cotización. Se añadió definitivamente la atención por médicos especialistas, los ingresos hospitalarios y se amplió la lista de medicamentos incluidos en el seguro.

España fue uno de los últimos países europeos en implantar tal seguro, creado inicialmente en Alemania por el canciller Otto von Bismarck en 1883, a la que siguió Suiza en 1911 y demás países de Europa. Ni los gobiernos de Alfonso XII, Primo de Rivera o la Segunda República, osaron hacer frente a esa problemática nacional. Finalizando, es preciso agregar que tal SOE fue el embrión de la seguridad social y su acción protectora emergidas en el último cuarto del siglo XX.



Francisco Gilet

El otro indulto


PABLO XIMÉNEZ DE SANDOVAL

Ignoremos a todos los cargos del PSOE, por razones obvias, y aun así la lista de personalidades que han firmado en apoyo de José Antonio Griñán es verdaderamente notable. El expresidente de la Junta de Andalucía, de 76 años, fue condenado el pasado mes de julio por el Tribunal Supremo a seis años de cárcel por el caso ERE, la trama en la que se desviaron cientos de millones en ayudas públicas para resolver la vida a amiguetes por medio de prejubilaciones fraudulentas (aquí tiene la sentencia y aquí se la explica Reyes Rincón). Griñán debe ahora ingresar en prisión. El pasado 1 de septiembre, su esposa y sus tres hijos registraron una petición de indulto ante el Ministerio de Justicia por razones de “humanidad y equidad” y pidieron expresamente que no se enrede en el debate político. Desde entonces, la petición ha acumulado una lista de apoyos que desafía la intuición. Según el último recuento publicado se han significado en apoyo del indulto personas tan conocidas como los escritores Fernando Savater, Manuel Vicent, Luis García Montero, Javier Cercas, el seleccionador Vicente del Bosque, el director de cine José Luis Garci, el periodista Iñaki Gabilondo, antiguos magistrados, antiguos dirigentes sindicales, profesores universitarios y, en el mundo de la política, excargos del PP andaluz como Juan Ojeda, políticos de IU, del catalanismo, del andalucismo, de la órbita de Podemos… Aquí tiene la lista más exhaustiva que he encontrado.

Uno de los firmantes es el exmagistrado del Supremo José Antonio Martín Pallín, que hoy expone sus argumentos a favor del indulto en una tribuna en nuestras páginas. Escribe: “Estimo que, ante el desatino judicial, el indulto solicitado y los que se presenten en el futuro deben concederse por razones de justicia y equidad. Según el artículo 4 del Código Penal, el juez o tribunal puede suspender la ejecución de la pena mientras no se resuelva sobre el indulto cuando, de ser ejecutada la sentencia, la finalidad de este pudiera resultar ilusoria. Según la Constitución, uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico es la justicia. De momento, la única forma de restaurarla es mediante el ejercicio del derecho de gracia”. Lea aquí sus argumentos: ‘Caso ERE’: una sentencia equivocada y un indulto justificado.

El artículo de Martín Pallín nos sirve de entrada a un debate que lleva circulando desde el día que salió la sentencia y que en algún momento deberá resolver el Consejo de Ministros. Más allá de la obviedad de que las sentencias están para cumplirlas, que en eso estamos todos de acuerdo, aquí tiene algunos puntos de vista más sobre el caso de José Antonio Griñán.

El escritor Fernando Savater, otro de los firmantes, lo contó en una columna: “Deploro y condeno las faltas del político socialista, en parte castigadas por su zarandeo procesal y su deshonor político. Pero no soy juez, ni verdugo”. Lea aquí: He firmado por el indulto a Griñán.

El abogado Enrique Lillo critica la sentencia: “Ante la ausencia de prueba directa y clara de la autoría de los hechos por los dirigentes políticos de la Junta, se acude a consideraciones genéricas sobre supuestas interpretaciones —“debía conocer”, “debía saber”, “no es lógico que no lo conociera”— que no pueden armar una motivación suficiente de una prueba condenatoria”. Léalo aquí: El caso de los ERE de Andalucía: vicios de una sentencia.

Y la catedrática Ana Carmona explica los condicionantes del indulto: “El Ejecutivo se encuentra solo ante el peligro, debiendo calibrar las consecuencias políticas derivadas de una decisión que, con independencia de cuál sea, rebasa el terreno de lo estrictamente individual —la puesta en libertad o no del condenado— para situarse en el centro del debate público”. Léalo aquí: Sobre el indulto a Griñán.

Aparte, si tiene la suerte de poder ignorar completamente a un tipo llamado Elon Musk en Twitter, aproveche para echar un vistazo a nuestras lecturas de Opinión de este miércoles.


martes, 8 de noviembre de 2022

LA SENTENCIA DE LOS ERE DEBE CUMPLIRSE COMO LAS DEMÁS.

 

En un sinsentido jurídico que quien fuera presidente de la Junta andaluza, y también del PSOE, José Antonio Griñán, esté exigiendo que su pena de seis años de cárcel por el fraude de los ERE quede sin efecto en la creencia de que antes o después será indultado por el Gobierno.

Sería como beneficiarse de un indulto preventivo, no concedido, e incluso tramitado y aprobado antes de que la propia pena haya empezado a ejecutarse. El PSOE se equivocó desde un primer momento planteando esta cuestión como una pugna entre odiadores y admiradores de Griñán.

No se trata de que alguien quiera que entre en prisión o no, porque esto no va de empatía o antipatía con una persona que, como dijo el presidente del Gobierno, ha sido condenado «injustamente», lo que es tanto como sostener que el Tribunal prevaricó condenando a un inocente.

En realidad, esto va de cumplimiento de la ley y de las sentencias en tiempo y forma. Lo contrario sería tanto como generar un resquicio de privilegios para Griñán y un agravio comparativo respecto a muchos cientos de presos con seis años de cárcel que sí entraron inmediatamente.

La justicia de autor con penas ‘ad hoc’ para alguien solo porque es un político sería indigna de nuestro sistema. Además, Griñán yerra al enfrentarse a la Fiscalía porque se limita a describir una verdad.

Sí, los ERE fueron corrupción pura y dura.

ABC