Aviso del motor al Gobierno

Luca de Meo (Seat): “Para fabricar un coche eléctrico se necesita un 30% menos de horas de trabajo”

Advierte que “hay que buscar soluciones” para mantener el empleo en el sector

Sugiere que el mix de ventas tendrá que ser un 50% de híbridos enchufables y eléctricos

Luca de Meo

El presidente de Seat, Luca de Meo, aseguró este viernes que la industria del automóvil tendrá que cambiar de una “manera brutal” para poder enfrentarse a los desafíos de la movilidad eléctrica y de reducción de emisiones que pide la UE.   Tenemos la responsabilidad de lograr los objetivos que nos exigen que son conceptualmente correctos, pero también queremos que la gente pueda seguir trabajando. Un coche eléctrico necesita entre un 20% y un 30% menos de horas de trabajo que un vehículo de combustión, ya que tiene menos piezas. O me planteo vender entre un 20% y un 30% más de coches o habrá que buscar otras soluciones para este 30% de trabajadores”, explicó.   

Respecto a la reducción de las emisiones que tiene que llevar a cabo la industria del automóvil, De Meo señaló que la idea del Gobierno le parece coherente a nivel global, pero hay que reflexionar acerca de la velocidad de dicho cambio. El Ejecutivo ha propuesto prohibir la venta de coches de gasolina, diésel e híbridos en 2040, y su circulación en 2050.

“En 2040 es difícil saber lo que va a pasar. Pero si aceptamos que el escenario central de reducción de emisiones es de 95 gramos por kilómetro recorrido de media para 2020, que para 2025 es de 82 gramos y en 2030 será de 50 gramos, hablamos de que en 10 años una de las industrias más importantes del Planeta tendrá que transformarse totalmente, cuando sabemos que ahora mismo partimos de 0, porque, por ejemplo, en España, el parque de coches eléctricos representa el 0,3%”, aseguró. A su juicio, el mix de ventas de las automovilísticas tendrá que ser un 50% de híbridos enchufables y eléctricos para poder alcanzar dichos objetivos.

Coche compartido

Respecto a la plataforma de coche compartido que tiene Seat, Respiro, de Meo no ve factible de momento llevarla también a Barcelona, ya que allí “están cerrando la puerta a las plataformas de carsharing”. Además, aseguró que Respiro “no es rentable”, pero este tipo de plataformas es la tendencia del mercado y están aprendiendo de este sector. “Nosotros no ganamos dinero con Respiro. Un día vamos a tener que ver la luz al final de túnel, porque un negocio que no es rentable tiene las piernas cortas”, dijo de Meo, que cree que el futuro de este negocio pasará por los coches autónomos.

Planes de expansión

Seat planea expandirse por el Norte de África, China y Sudamérica. En África, la firma lidera la estrategia de VW. “En China estamos dando apoyo a la tercera joint venture del Grupo con el diseño y desarrollo de los coches, pero la idea es llegar en 2021 o 2022 con la marca Seat”, añadió Christian Stein, director de Relaciones Institucionales de Seat. En Sudamérica, el objetivo es abrir fábricas en Argentina y Brasil.

El mercado principal de Seat es Alemania, donde se producen el 22% de sus ventas; en segundo lugar va España con el 21%. El año pasado, la firma facturó 9.600 millones de euros y en 2018 espera superar esa cifra. 

En referencia a los posibles modelos de negocio que la compañía puede llevar a cabo en un futuro en el que el automóvil autónomo predomine y el acceso a las ciudades cada vez esté más restringido a los vehículos particulares, De Meo señaló que la empresa tiene varias posibilidades: “Podemos seguir produciendo coches, operar con plataformas de movilidad o integrarnos al negocio del big data, porque nuestro producto, el automóvil, será un pilar fundamental de toda esta cadena (…) el vehículo se va a convertir en la segunda plataforma de producción de datos después del móvil”.

Anfac alerta de que el “veto” del Gobierno al diésel dañará el empleo en el sector

Los españoles siguen apostando al ladrillo aunque creen que no tendrán pensión

La sociedad española cada vez es más consciente de que el sistema de pensiones, tal y como lo conocemos, no es sostenible. De hecho, uno de cada cuatro inversores de entre 35 y 44 años piensa que no tendrá acceso a una pensión cuando se jubile y ocho de cada diez considera que la pensión pública que recibirá será "insuficiente" para mantener su nivel de vida. Sin embargo, los españoles no comienzan a preocuparse por ahorrar para su jubilación hasta unos diez años antes y eso, en palabras de Beltrán de la Lastra, presidente de Bestinver, es como "estudiar el día antes del examen, por la noche y, además, después de comer".

Así lo ha expresado durante la presentación del I Observatorio del Ahorro y la Inversión en España que han presentado la gestora independiente de activos y la escuela de negocios IESE en un acto que ha contado con la presencia del presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella. Y es que España es de los países de su entorno cercano que menos dinero destina al ahorro, apenas un 5%, y sigue siendo de los más endeudados con un 100% de la riqueza de los hogares como consecuencia de la fuerte presencia del ladrillo en las decisiones de inversión frente a otros activos financieros.

© Proporcionado por Titania Compañia Editorial S.L. Fuente: El Observatorio del Ahorro y la Inversión Bestinver-IESE

Según el estudio, son los mayores de 54 años los que más importancia le dan a la contratación de planes de pensiones o seguros de ahorro de cara a preparar su jubilación. De hecho, el inversor español solo comienza a preocuparse por su jubilación cuando le quedan apenas 10 años para llegar a esta. Respecto a los productos de inversión, un 87% de los inversores posee una combinación de bienes inmuebles y productos financieros, lo que sigue poniendo de manifiesto que los ahorros de los españoles continúan estancados en el sector inmobiliario y los depósitos bancarios.

© Proporcionado por Titania Compañia Editorial S.L. El Observatorio del Ahorro y la Inversión de Bestinver-IESE

No obstante, los inversores más jóvenes sí están cambiando estos hábitos de inversión. Según los datos del INE de 2017, el porcentaje de los que tienen una vivienda en propiedad ha disminuido del 60% al 27% actual. Con todo, un 87% de los inversores posee una combinación de bienes inmuebles y productos financieros. Entre los primeros destaca la vivienda en propiedad, y entre los segundos, los productos de inversión donde sobresalen los planes de pensiones y los depósito

Este dato se refleja en la encuesta del observatorio en el hecho de que los propietarios más jóvenes cuentan con mayor proporción de viviendas no totalmente pagadas y con menor proporción de segunda vivienda que los propietarios de viviendas en general.

Además, el seguimiento de las inversiones se hace cada vez más desde las plataformas digitales. Hasta un 83% lo hace a través de la web y tan solo un 18% lo continúa haciendo en la oficina física.

Pese a este auge del entorno digital, uno de cada tres inversores no analiza la oferta de productos financieros del mercado, sino que se ciñe a la oferta común de las entidades bancarias, aunque un 40% no esté contento con las rentabilidades obtenidas.

El observatorio, que busca recoger las tendencias sobre el ahorro y la inversión en España, se basa en una encuesta realizada por Kantar TNS a más de 1.000 personas, mayores de 35 años que poseen, al menos un producto de inversión.

Las eléctricas quieren cargar al recibo los 200 millones del plan de Sánchez para impulsar las electrolineras

Las eléctricas ya han hecho sus primeros cálculos para estimar a cuánto asciende el coste del plan del Gobierno para instalar miles de puntos de recarga eléctrica en la red nacional de estaciones de servicio. La primera estimación es que la medida -incluida en el borrador de Ley de Transición Energética y Cambio Climático- ascendería a 200 millones de euros para un total de 10.000 puntos de recarga, que serían suficientes para atender el desarrollo del vehículo eléctrico.
Los grupos están analizando el borrador remitido por el Ministerio de Transición Ecológica a la Comisión de Energía de la CEOE y están intentando estructurar una respuesta conjunta a través de la patronal Aelec. Su primera conclusión es que el plan del Gobierno es viable técnicamente y supone una gran oportunidad de transformación para el país en su camino de reducir sus emisiones contaminantes.
La segunda conclusión es que esta empresa no es gratis al suponer una fuerte apuesta por el vehículo eléctrico, que a día de hoy no está lo suficientemente maduro como para invertir por propios criterios de mercado. En este sentido, las compañías eléctricas proponen que la transformación sea considera como una inversión regulada y financiada con cargo al recibo de la luz aprovechando que el propio borrador de Ley abre la puerta a «mecanismos de financiación parcial o total» para el impulso de los cargadores.
Las alegaciones que serán remitidas al Gobierno solicitan incluir este coste de 200 millones como coste regulado para ser cargado al recibo de la luz durante los próximos 40 años. Esta cifra incluiría la instalación de los cargadores y el retorno por inversión en redes, ahora mismo fijado en el 6,5% pero pendiente de revisión a partir de 2020.
Las eléctricas han trasladado su propuesta a la confederación de empresarios propietarios de estaciones de servicio (Ceees), que estos días ha mostrado su preocupación ante los cambios propuestos por el Ejecutivo. El borrador establece que más de 1.000 gasolineras con ventas anuales superiores a los 5.000 litros de carburante tengan operativos sus puntos de recarga 27 meses después de que entre en vigor la nueva Ley. En caso de no hacerlo, estas empresas se enfrentarían a sanciones de hasta 30 millones de euros al cometer una infracción muy grave de la Ley de Hidrocarburos.
El plan de las eléctricas no gusta en la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). Su presidente, José María Marín Quemada, se posicionó ayer en contra de que la inversión en infraestructuras vaya con cargo al recibo. «El desarrollo de la red de recarga no puede ser exclusivamente un coste regulado de distribución que el consumidor eléctrico pague independientemente de su uso», argumentó en una jornada del sector organizada por Expansión. Fuentes del regulador insisten en que esto crearía desigualdades: «¿Por qué un agricultor de Lérida tiene que financiar la infraestructura a un conductor de vehículo eléctrico en Madrid?», se preguntan. La opinión de la CNMC es clave en un momento en el que va a asumir las competencias en la elaboración y fijación de los peajes regulados.
Las eléctricas y otras empresas instaladoras de puntos de recarga han mantenido diversos contactos con Ceees para firmar acuerdos de inversión que faciliten este despliegue. Estos memorandos incluyen desde la instalación de placas fotovoltaicas para autogenerar la luz en la estación y luego recargar los coches, hasta la firma de concesiones en las que las eléctricas se hacen cargo de la inversión y luego obtienen parte del beneficio de cada recarga.
En España hay actualmente alrededor de 3.807 puntos de recarga eléctricos de los cuales sólo 155 se encuentran en estaciones de servicio. El sector advierte de que por el momento estas instalaciones no son rentables porque no existe una demanda real en el mercado, lo que conlleva que la obligación de instalación «precipitada» carece según la patronal de «sensatez y seguridad jurídica».
La inversión en electrolineras será sólo una pequeña parte de la inversión de 35.000 millones de euros que según el sector será necesaria para modernizar la infraestructura eléctrica y adecuarla de cara a la mayor penetración de renovables, impulso del autoconsumo y generación distribuida de luz -a través de la cual el consumidor vuelca su propia luz a la red- y fomento del vehículo eléctrico. De hecho, la propia electrificación del transporte más allá de las electrolineras conllevará una inversión superior a los 1.000 millones de euros, según un informe realizado por Deloitte y que será presentado en los próximos días.
EL MUNDO

Tras pasar meses clamando contra Franco, Sánchez agasaja al dictador chino Xi Jinping

@ElentirVigo 

Hoy ha llegado a España en visita oficial Xi Jinping, que gobierna el mayor régimen antidemocrático del mundo y el que más población tiene sometida: la dictadura comunista de China.

Los más de 100 millones de muertos que causó el comunismo, divididos por países
Esto es lo que hizo el PSOE cuando Europa quiso condenar los crímenes del comunismo

Después de dedicarse durante meses a clamar contra Francisco Franco, contra el que ha dirigido una campaña que tiene como fin la profanación de la tumba del general ferrolano, Sánchez ha dado hoy una cordial bienvenida al dictador chino. Como ya pasó hace unos días con su viaje a Cuba, el presidente socialista español no ha tenido ni una sola palabra para acordarse de la falta de libertades y de la violación de derechos humanos en China.

Para los que desconozcan la realidad del gigante asiático, aquí van algunos datos:

• La dictadura comunista china es, a día de hoy, el régimen que ha cometido el mayor genocidio registrado por la historia. Establecida en octubre de 1949, Su primer dictador, Mao Tse-Tung, a quien el régimen de Xi Jinping sigue venerando como a un ídolo, emprendió una campaña denominada “Gran Salto Adelante” entre 1959 y 1961, que provocó la mayor hambruna de la historia de la humanidad. El historiador chino Yu Xiguang cifró en 55 millones los muertos provocados por ese genocidio. Hoy la dictadura mantiene el culto público a Mao, el mayor genocida de la historia.
• Aún hoy China mantiene una extensa red de prisiones y campos de concentración llamada Laogai, la versión china del Gulag soviético. En ella son recluidos presos comunes pero también presos políticos. La historiadora británica de origen chino Jung Chang, en su libro “Mao: The Unknown Story” (2005), cifró en 27 millones los prisioneros muertos en el Laogai a causa de las pésimas condiciones de vida, los trabajos forzados, las torturas y las ejecuciones. Según la Laogai Research Foundation, la red del Laogai abarca en la actualidad a un millar de centros de detención que mantiene encarceladas a millones de personas.
• China es un régimen de partido único, sin pluralismo político y sin elecciones libres. Todo está bajo el control del Partido Comunista de China (PCCh), incluso las fuerzas armadas. Xi Jinping es el secretario general de ese partido. En la Asamblea Popular Nacional hay también una oposición ficticia formada por una serie de organizaciones agrupadas en el Frente Unido, cuya dirigente, Sun Chunlan, es miembro del PCCh. En la práctica, todos los cargos de ese Frente Unido son seleccionados por el PCCh. Se convocan elecciones cada cinco años mediante un sistema piramidal y jerarquizado, en el que el PCCh ejerce un dominio absoluto. En la práctica, los ciudadanos chinos no ejercen ninguna forma de control sobre su gobierno.
• Xi Jinping ha llevado a cabo estos últimos años una amplia purga, con la excusa de luchar contra la “corrupción”, para depurar a los miembros desafectos del partido y afianzar su poder. Su objetivo es convertirse en dictador del país con carácter vitalicio. A esta campaña hay que añadir un aumento del culto a la persona del dictador sin parangón desde los tiempos de Mao.
• China mantiene una política de control de la población que incluye los abortos forzados, que afectan a las mujeres que se quedan embarazadas por segunda o más veces. Estas políticas antinatalistas, unidas a la promoción del aborto provocado entre la sociedad china, han provocado un fuerte desequilibrio demográfico en el país a causa de la aplicación selectiva de los abortos. En 2012, por cada 100 niñas nacían 117 niños en el país. En China no hay protección para los hijos por nacer. Desde la aplicación de esas políticas se han perpetrado más de 330 millones de abortos en el país: un genocidio silencioso del que pocos hablan.
• China no respeta la libertad religiosa. El Partido Comunista mantiene organizaciones títeres para controlar la práctica de las grandes religiones. Los que no se someten a esas organizaciones títeres son perseguidos. La dictadura comunista ha encarcelado a lo largo de los años a obispos católicos fieles a Roma y a pastores protestantes. La dictadura lleva a cabo en la actualidad una política de demolición de cruces que tiene como fin eliminar los símbolos cristianos. Recientemente, el régimen comunista incluso ha prohibido a los minoristas y a los sitios web la venta de la Biblia.
• China es una de las dictaduras comunistas que con más dureza ha perseguido a los homosexuales. Como ya señalé aquí, en su libro “Diccionario de la homofobia” (2015), Louis-George Tin señala que en el Laogai, fueron recluidos “decenas de millares de homosexuales, con frecuencia asimilados a otras categorías sospechosas de traición (los extranjeros, los mestizos, los católicos, los intelectuales occidentalizados) y siempre tratados muy duramente”. El escritor chino-francés Jean Pasqualini, un superviviente del Laogai, relató en su libro “Prisonnier de Mao” (1974) la ejecución de dos prisioneros homosexuales en el campo de Qinghe en 1960, asesinados de un tiro en la cabeza, por mantener relaciones entre ellos. El trato a los prisioneros homosexuales en el Laogai chino era parecido o incluso peor que en las prisiones soviéticas.
• China aplica una amplia censura por motivos ideológicos, que incluye el bloqueo de páginas web y la censura de libros, videojuegos, películas, canciones, obras de teatro y emisiones de radio y televisión. La censura incluye aquellos contenidos que sean de tipo religioso. A modo de ejemplo, películas como “Ben-Hur” (1959) y “La Pasión de Cristo” (2004) fueron prohibidas en China por sus mensajes cristianos. Hay casos de censura que ya son ridículos. Por ejemplo, los dibujos animados del osito Winnie the Pooh están prohibidos en China por su parecido físico con el dictador, que ha dado lugar a muchos memes. En Internet, la dictadura comunista tiene un sistema denominado Proyecto Escudo Dorado que sirve para vigilar los contenidos de todo tipo de sitios web y también el correo electrónico. Sitios como YouTube, Instagram, Twitter, Flickr, Pinterest, Vimeo, la mayoría de servicios de Google, las versiones china y japonesa de la Wikipedia, así como diversos medios digitales, están bloqueados en China. El régimen no ofrece ninguna explicación sobre estos bloqueos.

Me alarma ver al presidente del Gobierno de España hablando de “consolidar una relación de confianza” con una dictadura como China, como si fuese un país homologable a cualquier Nación democrática. A ver con qué cara viene luego Sánchez a presumir de antifranquista mientras se muestra tan obsequioso con la más grande de las dictaduras del mundo.

El PSOE ignora la corrupción en su programa electoral

Susana Díaz y Pedro Sánchez, durante el mitin celebrado este martes en Marbella.

Sólo Ciudadanos y Adelante Andalucía abordan medidas contra la "corrupción política" en sus propuestas y el PP opta por la "transparencia"

'Corrupción', 'fraude' o 'regeneración democrática' son términos que no existen en el documento del PSOE de cara a las elecciones andaluzas; solo 'transparencia' puede encontrarse ocho veces

El votante del PSOE en Andalucía tolera más la corrupción

La factura de la corrupción andaluza: más de 1.200 millones bajo sospecha y más de 600 imputados

El programa del PSOE andaluz para las elecciones del 2 de diciembre no incluye ni una sola medida para luchar contra la corrupción política. Ni siquiera recoge la palabra en sus 140 páginas. Tampoco se refiere a 'regeneración democrática' ni utiliza términos similares, pues cuando alude a la regeneración es para hablar de "espacios" o "áreas urbanas", y usa el vocablo "evasión" para abordar el tema de la fiscalidad, pero nunca "fraude".

En su preámbulo, bajo el eslogan "Más Andalucía", el PSOE andaluz se centra en hacer un balance de logros y presentar sus "propuestas en positivo" a la vez que critica a la oposición en fechas preelectorales, cuyos dirigentes regionales y nacionales han aportado únicamente "descalificación, desprecio clasista e insulto". "Las derechas han convertido nuestra comunidad en su campo de batalla y a los andaluces en el blanco de sus ataques", sostiene el programa electoral. Como si los candidatos de los demás partidos y las propias formaciones no tuvieran nada que ver con Andalucía, el documento continúa: "Nos desprecian porque no admiten que los andaluces votemos en libertad y porque ignoran la sabiduría de un gran pueblo al que siempre han mirado por encima del hombro".

Las críticas que se han hecho a su gestión o contra la continuidad de un gobierno socialista en la Junta de Andalucía después de 36 años son consideradas "componendas, bloqueos institucionales y vetos", y en su reflexión de arranque el documento elude toda referencia a la corrupción, a pesar de ser una de las principales preocupaciones de los andaluces según los sondeos.

La palabra "transparencia" sí aparece en el texto un total de ocho veces, pero vinculada a distintas áreas. Por un lado se refiere a "una administración pública al servicio del progreso de Andalucía", pero también más adelante habla de transparencia en "los mercados", en la gestión de "tierras agrarias públicas", en las "operaciones quirúrgicas" o en la "delimitación y deslinde" del territorio. Recoge también la creación de una "Unidad de Transparencia Urbanística" y, en el punto 569 sobre 'Datos abiertos' señala que los "servicios y los datos de la Junta de Andalucía será abiertos por defecto" y se apuesta "por la transparencia, rendición de cuentas y acercamiento a la ciudadanía".

Bajo el epígrafe 'Un programa de reformas para el progreso de Andalucía' se podría atisbar vagamente una declaración de intenciones sobre cierta regeneración institucional, pues alude a una "nueva etapa" en la que "deben abordarse una serie de reformas institucionales relacionadas con la educación, la investigación, la regulación empresarial, los valores [...]" y considera el nuevo modelo de desarrollo, en términos generales, "una meta compleja y ambicioso. Compleja, porque afecta a aspectos simbólicos y procesos (regulación institucional, valores, motivaciones...) sobre los que es más difícil actuar que sobre los aspectos meramente físicos o materiales".

Habla de "cambios en las reglas del juego" y de "resistencias por parte de los actores afectados", pero sin concreciones, salvo para confirmar que el objetivo es dar solución "al principal problema estructural que tiene Andalucía: el desempleo".

Finalmente el PSOE de Andalucía estima "fundamental luchar contra la evasión fiscal y contra la planificación fiscal agresiva de empresas y personas con rentas altas, evitando el desarrollo de mecanismos de elusión fiscal".

PP-A

El PP andaluz tampoco profundiza en el concepto de 'corrupción política', a pesar de sus reiteradas denuncias contra el PSOE y el Gobierno andaluz en este sentido. La palabra "corrupción" es utilizada tres veces en todo su programa, que consta de 412 páginas, y dos de ellas para decir lo mismo: "Hay que dotar de más medios a la lucha contra la corrupción atendiendo de manera especial a los juzgados que instruyan macrocausas".

En el apartado 'Nuestro compromiso con Málaga' el PP señala que tras casi 40 años de socialismo en Andalucía no se ha logrado la convergencia e introduce por primera y única vez el argumento de la "corrupción política", pero sólo para realizar una crítica: "A todo esto se suma, los casos de corrupción política que hemos ido descubriendo en los últimos diez años y que confirman que para el socialismo, la Junta de Andalucía sólo ha sido el instrumento con el que mantenerse, a toda costa, en el poder".

Dedica el PP andaluz el apartado 'Una Administración Moderna, Ágil, Transparente y con unas Cuentas Saneadas' a varias propuestas relacionadas con lo que puede considerarse regeneración democrática y lucha contra la corrupción, aunque no se especifica así. Propone la eliminación de "estructuras duplicadas e innecesarias y despolitizar la Administración". También considera "absolutamente necesario" que se reduzca el número de altos cargos de la Junta y su correspondiente gasto, prometiendo una bajada de al menos un 25% y la publicación de todos los datos sobre puestos directivos, estructura y retribuciones.

Los 'populares' proponen la creación de una Ley de Buen Gobierno y Estatuto del Alto Cargo y la limitación de mandatos, una mayor transparencia y control de los incentivos y ayudas públicas, así como de la propia labor de la Intervención General y la actividad contractual de la Administración pública de la Junta de Andalucía.

En el programa del PP-A, la "regeneración" también es sólo minera, forestal o urbana, y el "fraude", que aparece en siete ocasiones, atañe a temas fiscales, de contratación y políticas activas de empleo, donde sí abunda y plantea propuestas para "solucionar la grave situación de caos administrativo, de escándalos y de casos de fraude que han llevado en los últimos años a una casi absoluta parálisis de estas políticas".

Entre otras medidas, aboga por promover "una gestión eficaz y eficiente en el otorgamiento de ayudas e incentivos al empleo y a empresas, estableciendo procedimientos efectivos y exhaustivos de control y seguimiento, con objeto de evitar posibles fraudes y/o abusos de poder".

La palabra "transparencia" es utilizada 15 veces aplicada a la gestión presupuestaria, a la gestión de los fondos públicos, a un Pacto andaluz por el Agua, a la Cultura o a la Oferta Pública de Empleo.

Ciudadanos

Sólo Ciudadanos y la confluencia de izquierdas Adelante Andalucía entran de lleno en propuestas contra la corrupción política y utilizan esta expresión para realzar sus iniciativas entre los 300 puntos que presentan.

Así, la formación naranja alude a la "corrupción" en 39 ocasiones, comenzado por presentarse como "la primera oposición útil en cuatro décadas" para afirmar que la regeneración democrática, la reactivación económica y el estado del bienestar "han sido los tres grandes pilares de las reformas que ha exigido y defendido Ciudadanos desde el Parlamento andaluz después de décadas de clientelismo, corrupción y mala gestión". Sostiene el programa electoral de esta formación que el PSOE "no ha sido capaz de impulsar una sola medida contra la corrupción hasta que ha llegado Cs", que ha dado soporte al gobierno de Susana Díaz hasta la ruptura del pacto, poco antes del anuncio electoral.

Dedica todo un apartado, el segundo, a propuestas de "regeneración para acabar con la corrupción" tras cuatro décadas de gobierno del PSOE "que dejan un panorama desolador de corrupción, redes clientelares y caciquismo" y recuerda el documento el fraude con el dinero destinado a la formación de los desempleados o los ERE, "con 3.000 millones extraviados y 196 imputados". Según Ciudadanos, "el PSOE deja una herencia de 30 procedimientos judiciales, casi 600 imputados socialistas y más de 4.000 millones bajo sospecha"

Proponen una auditoría para que los andaluces "sepamos cuánto dinero público se ha ido por el agujero negro de la corrupción y para eliminar duplicidades, chiringuitos y redes clientelares, e invertirlo en educación, sanidad y fomentar el empleo". Apuestan por eliminar los aforamientos políticos en Andalucía como lo hemos hecho en otras partes de España y aseguran que los votos de Cs "no servirán para apoyar al PSOE ni por activa ni por pasiva".

Reducción de cargos públicos, "los políticos imputados por corrupción se irán a su casa", la creación de una Oficina Andaluza de Lucha contra el Fraude y la Corrupción "para fiscalizar cada euro público o la protección de todas las personas que denuncien irregularidades, casos de corrupción u órdenes ilegales de sus superiores son algunas de las propuestas incluidas en el programa electoral de Cs que recoge 5 veces el término "regeneración" referido a la democracia o las instituciones, 14 la palabra "fraude" y 24 alusiones a la "transparencia".

Adelante Andalucía

Adelante Andalucía, en el preámbulo de su programa, califica el resultado de las cuatro décadas de gobierno socialista como un "un entramado institucional opaco y plagado de corrupción", por lo que destaca un apartado específico a la 'Transparencia' y otro a la 'Higiene democrática' recogidos en el tercer punto: 'Unas instituciones limpias, sin privilegios y al servicio de la gente'.

Así, proponen mejorar el Portal de Transparencia, elaborar un informe anual sobre la corrupción en Andalucía, siguiendo la recomendación de la Comisión Europea para que lo realicen los órganos de control externo, poner en marcha una oficina independiente "para prevenir y erradicar el fraude y la corrupción en Andalucía, así como un protocolo de protección a funcionarios" y todas las personas que denuncien la corrupción política.

Pretenden establecer un régimen de incompatibilidades de altos o directivos públicos y "asegurar la corresponsabilidad de los partidos políticos en casos de cargos condenados por corrupción". También prevé, en el apartado 'Justicia para la regeneración democrática', abrir un debate público "tendente a la eliminación de los aforamientos".

En siete ocasiones se alude al "fraude" y se apuesta por modificar la administración tributaria "y avanzar hacia una hacienda integrada para mejorar la información disponible y dar certidumbre al control de los recursos", lo que permitiría "luchar contra el fraude fiscal y eliminar la elusión y evasión fiscal".

El término "transparencia" surge en 47 ocasiones a lo largo de las 224 páginas y 1.642 propuestas de Adelante Andalucía y la "regeneración democrática" dos veces.

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