Las eléctricas ya han hecho sus primeros cálculos para estimar a cuánto asciende el coste del plan del Gobierno para instalar miles de puntos de recarga eléctrica en la red nacional de estaciones de servicio. La primera estimación es que la medida -incluida en el borrador de Ley de Transición Energética y Cambio Climático- ascendería a 200 millones de euros para un total de 10.000 puntos de recarga, que serían suficientes para atender el desarrollo del vehículo eléctrico.
Los grupos están analizando el borrador remitido por el Ministerio de Transición Ecológica a la Comisión de Energía de la CEOE y están intentando estructurar una respuesta conjunta a través de la patronal Aelec. Su primera conclusión es que el plan del Gobierno es viable técnicamente y supone una gran oportunidad de transformación para el país en su camino de reducir sus emisiones contaminantes.
La segunda conclusión es que esta empresa no es gratis al suponer una fuerte apuesta por el vehículo eléctrico, que a día de hoy no está lo suficientemente maduro como para invertir por propios criterios de mercado. En este sentido, las compañías eléctricas proponen que la transformación sea considera como una inversión regulada y financiada con cargo al recibo de la luz aprovechando que el propio borrador de Ley abre la puerta a «mecanismos de financiación parcial o total» para el impulso de los cargadores.
Las alegaciones que serán remitidas al Gobierno solicitan incluir este coste de 200 millones como coste regulado para ser cargado al recibo de la luz durante los próximos 40 años. Esta cifra incluiría la instalación de los cargadores y el retorno por inversión en redes, ahora mismo fijado en el 6,5% pero pendiente de revisión a partir de 2020.
Las eléctricas han trasladado su propuesta a la confederación de empresarios propietarios de estaciones de servicio (Ceees), que estos días ha mostrado su preocupación ante los cambios propuestos por el Ejecutivo. El borrador establece que más de 1.000 gasolineras con ventas anuales superiores a los 5.000 litros de carburante tengan operativos sus puntos de recarga 27 meses después de que entre en vigor la nueva Ley. En caso de no hacerlo, estas empresas se enfrentarían a sanciones de hasta 30 millones de euros al cometer una infracción muy grave de la Ley de Hidrocarburos.
El plan de las eléctricas no gusta en la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). Su presidente, José María Marín Quemada, se posicionó ayer en contra de que la inversión en infraestructuras vaya con cargo al recibo. «El desarrollo de la red de recarga no puede ser exclusivamente un coste regulado de distribución que el consumidor eléctrico pague independientemente de su uso», argumentó en una jornada del sector organizada por Expansión. Fuentes del regulador insisten en que esto crearía desigualdades: «¿Por qué un agricultor de Lérida tiene que financiar la infraestructura a un conductor de vehículo eléctrico en Madrid?», se preguntan. La opinión de la CNMC es clave en un momento en el que va a asumir las competencias en la elaboración y fijación de los peajes regulados.
Las eléctricas y otras empresas instaladoras de puntos de recarga han mantenido diversos contactos con Ceees para firmar acuerdos de inversión que faciliten este despliegue. Estos memorandos incluyen desde la instalación de placas fotovoltaicas para autogenerar la luz en la estación y luego recargar los coches, hasta la firma de concesiones en las que las eléctricas se hacen cargo de la inversión y luego obtienen parte del beneficio de cada recarga.
En España hay actualmente alrededor de 3.807 puntos de recarga eléctricos de los cuales sólo 155 se encuentran en estaciones de servicio. El sector advierte de que por el momento estas instalaciones no son rentables porque no existe una demanda real en el mercado, lo que conlleva que la obligación de instalación «precipitada» carece según la patronal de «sensatez y seguridad jurídica».
La inversión en electrolineras será sólo una pequeña parte de la inversión de 35.000 millones de euros que según el sector será necesaria para modernizar la infraestructura eléctrica y adecuarla de cara a la mayor penetración de renovables, impulso del autoconsumo y generación distribuida de luz -a través de la cual el consumidor vuelca su propia luz a la red- y fomento del vehículo eléctrico. De hecho, la propia electrificación del transporte más allá de las electrolineras conllevará una inversión superior a los 1.000 millones de euros, según un informe realizado por Deloitte y que será presentado en los próximos días.
EL MUNDO
Los grupos están analizando el borrador remitido por el Ministerio de Transición Ecológica a la Comisión de Energía de la CEOE y están intentando estructurar una respuesta conjunta a través de la patronal Aelec. Su primera conclusión es que el plan del Gobierno es viable técnicamente y supone una gran oportunidad de transformación para el país en su camino de reducir sus emisiones contaminantes.
La segunda conclusión es que esta empresa no es gratis al suponer una fuerte apuesta por el vehículo eléctrico, que a día de hoy no está lo suficientemente maduro como para invertir por propios criterios de mercado. En este sentido, las compañías eléctricas proponen que la transformación sea considera como una inversión regulada y financiada con cargo al recibo de la luz aprovechando que el propio borrador de Ley abre la puerta a «mecanismos de financiación parcial o total» para el impulso de los cargadores.
Las alegaciones que serán remitidas al Gobierno solicitan incluir este coste de 200 millones como coste regulado para ser cargado al recibo de la luz durante los próximos 40 años. Esta cifra incluiría la instalación de los cargadores y el retorno por inversión en redes, ahora mismo fijado en el 6,5% pero pendiente de revisión a partir de 2020.
Las eléctricas han trasladado su propuesta a la confederación de empresarios propietarios de estaciones de servicio (Ceees), que estos días ha mostrado su preocupación ante los cambios propuestos por el Ejecutivo. El borrador establece que más de 1.000 gasolineras con ventas anuales superiores a los 5.000 litros de carburante tengan operativos sus puntos de recarga 27 meses después de que entre en vigor la nueva Ley. En caso de no hacerlo, estas empresas se enfrentarían a sanciones de hasta 30 millones de euros al cometer una infracción muy grave de la Ley de Hidrocarburos.
El plan de las eléctricas no gusta en la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). Su presidente, José María Marín Quemada, se posicionó ayer en contra de que la inversión en infraestructuras vaya con cargo al recibo. «El desarrollo de la red de recarga no puede ser exclusivamente un coste regulado de distribución que el consumidor eléctrico pague independientemente de su uso», argumentó en una jornada del sector organizada por Expansión. Fuentes del regulador insisten en que esto crearía desigualdades: «¿Por qué un agricultor de Lérida tiene que financiar la infraestructura a un conductor de vehículo eléctrico en Madrid?», se preguntan. La opinión de la CNMC es clave en un momento en el que va a asumir las competencias en la elaboración y fijación de los peajes regulados.
Las eléctricas y otras empresas instaladoras de puntos de recarga han mantenido diversos contactos con Ceees para firmar acuerdos de inversión que faciliten este despliegue. Estos memorandos incluyen desde la instalación de placas fotovoltaicas para autogenerar la luz en la estación y luego recargar los coches, hasta la firma de concesiones en las que las eléctricas se hacen cargo de la inversión y luego obtienen parte del beneficio de cada recarga.
En España hay actualmente alrededor de 3.807 puntos de recarga eléctricos de los cuales sólo 155 se encuentran en estaciones de servicio. El sector advierte de que por el momento estas instalaciones no son rentables porque no existe una demanda real en el mercado, lo que conlleva que la obligación de instalación «precipitada» carece según la patronal de «sensatez y seguridad jurídica».
La inversión en electrolineras será sólo una pequeña parte de la inversión de 35.000 millones de euros que según el sector será necesaria para modernizar la infraestructura eléctrica y adecuarla de cara a la mayor penetración de renovables, impulso del autoconsumo y generación distribuida de luz -a través de la cual el consumidor vuelca su propia luz a la red- y fomento del vehículo eléctrico. De hecho, la propia electrificación del transporte más allá de las electrolineras conllevará una inversión superior a los 1.000 millones de euros, según un informe realizado por Deloitte y que será presentado en los próximos días.
EL MUNDO
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