32 años de éxitos en Andalucia

                                           
             Andalucía 36,87 % de paro. Record nacional absoluto. 
 

 32 años de éxitos de los gobiernos socialistas con y sin coalición con IU
 

OPINIÓN SOBRE EL MATRIMONIO‏

OPINIÓN DE UN SACERDOTE EN ESPAÑA SOBRE EL MATRIMONIO

Dos leonas no hacen pareja. Dos gatos, tampoco. No pueden aparearse. Para ello tendrían que ser de distinto sexo y de la misma especie. Son cosas de la zoología. No es producto de la cultura hitita, fenicia, maya, cristiana o musulmana.

Por supuesto no es un invento de la Iglesia. Muchos siglos antes de que Jesús naciera en Belén, el Derecho Romano reconocía el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer. Después ellos se divertían con efebos, que para eso estaban, para el disfrute. La esposa era para tener hijos.

La palabra matrimonio procede de dos palabras romanas: "matris" y "munio". La primera significa "madre", la segunda "defensa". El matrimonio es la defensa, el amparo, la protección de la mujer que es madre, el mayor y más sublime oficio humano.

Cada palabra tiene su significado propio. Una compraventa gratuita no es una compraventa, sino una donación. Y una enfiteusis por cinco años no es una enfiteusis, sino un arriendo vulgar.

Llamar matrimonio a la unión de dos personas del mismo sexo me parece como poco serio. Jurídicamente, un disparate. De carcajada. Que le llamen "homomonio", "chulimonio", "seximonio", lo que quieran, todo menos matrimonio, que ya está inventado hace tiempo. Nadie llama tarta de manzana a la que está hecha de peras.

Lo curioso es que cuando dices cosas como estas, algunos te miran como extrañados de que no reconozcas la libertad de las personas. Y por más que les dices que sí, que respeto la libertad de todos, que cada uno puede vivir con quien quiera, incluso con su perro, pero que eso no es un matrimonio, van y me llaman intolerante.

No sé lo que harán los parlamentarios españoles a la hora de votar. Son políticos, no juristas. Votarán por razones políticas, no según Derecho. Las consecuencias son graves. Si un varón tiene derecho a casarse con otro varón y una mujer a hacerlo con otra mujer, ¿le vas a negar el derecho a un hermano a casarse con su propia hermana? ¿O a un padre a hacerlo con su hija? ¿No tienen el mismo derecho? La sociedad se quiebra. Huele a podrido. Como en Dinamarca.


Autor: R.P. José Carlos Areán,
Capellán del R.C. Celta - Vigo

Andalucía es la autonomía con más casos de corrupción

Andalucía es la comunidad autónoma con más casos de corrupción en fase de investigación judicial. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha dado a conocer un informe provisional del Servicio de Inspección según el cual los juzgados españoles están investigando actualmente 1.661 casos de corrupción. Un tercio del total, 541 casos, están en Andalucía.
La Comunidad Valenciana, el ejemplo que esta semana ha tomado el Gobierno andaluz en el Parlamento para contrarrestar el escándalo de los ERE, es la segunda comunidad con más casos investigados. Allí hay 200 casos de corrupción, menos de la mitad que en Andalucía.
En España se tramitan actualmente 2.173 procedimientos judiciales de especial complejidad, de los que 1.661 son casos de corrupción política y económica: prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, estafas o apropiaciones indebidas, entre otros.
El número de procesos de especial complejidad –concepto referido tanto a la dificultad de la investigación como de los tipos delictivos o número de imputados– representa el 0,03% del total de diligencias previas incoadas en todos los órganos judiciales penales, aunque el porcentaje no es representativo, porque la mayoría de esas diligencias no da lugar a procesos en tramitación y resultan archivadas por falta de autor o inexistencia de delito.
El informe, que no incluye las causas especiales que tramita el Tribunal Supremo, no especifica cuántos de esos procesos afectan a políticos. Tampoco se ha medido el tiempo medio de duración de las instrucciones, aunque sí se asegura que en el retraso en la tramitación de estos procedimientos influye la tardanza de la Agencia Tributaria y de las unidades policiales en cumplimentar la petición de informes y diligencias que les encomiendan los jueces.
El contenido del informe ha suscitado críticas de buena parte de los vocales del CGPJ, que sostiene que no se precisa de manera suficiente qué se ha entendido por corrupción al elaborar la estadística ni se ha distinguido entre los sujetos implicados –si son políticos, empresarios, banqueros...–. Esa falta de concreción provocaría, en su opinión, una imagen distorsionada y un estado de alarma exagerado acerca de la verdadera incidencia de la corrupción política en España. Entre las causas recogidas, por ejemplo, se encuentran las de la tragedia del Madrid Arena o la del accidente de Spanair, que poco tienen que ver con ella.
La comunidad autónoma que más causas relacionadas con delitos vinculados a la corrupción es Andalucía, con 541, seguida de la Comunidad Valenciana, Madrid y Canarias.
El órgano de gobierno de los jueces estima que 798 juzgados necesitan medidas de refuerzo por la sobrecarga de trabajo que representa la instrucción de causas complejas. A su parecer, serían precisos unos 64 jueces de refuerzo, 18 secretarios judiciales más y un incremento de 150 funcionarios. La portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, afirmó que el órgano de gobierno de los jueces «nunca va a imponer ninguna medida de refuerzo», sino que esta propuesta deberá aplicarse en su día de manera individualizada y a través de las peticiones de cada tribunal.

Melchor Miralles vuelve a perder el juicio y es condenado a pagar a los abogados de Periodista Digital por cuestionar la profesionalidad del diario

Reclamaba 50.000 euros por haber publicado que se embolsó más de un millón de euros de Veo7.

Foto:Melchor Miralles

La sentencia considera 'impecable periodísticamente' las informaciones y desmonta todas sus maquinaciones.

 

Melchor Miralles ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Madrid a pagar a los abogados de Periodista Digital por haber acusado falsa y temerariamente a este diario de haber mancillado su honor (sic) en el artículo El fin de la era Miralles deja a Veo7 en una situación complicada.

Miralles (Madrid, 1958, casado y dos hijos), a quién María Antonia Iglesias bautizó en un programa de televisión como 'Malhechor' Miralles por sus incontables 'fechorías' periodísticas --el cariñoso apelativo cuajó de inmediato y así se le conoce desde entonces en la profesión--, declaró en público y en privado que se la tenía jurada a Periodista Digital desde que el diario destapó que falsificó durante años su currículo oficial con no una, sino con dos licenciaturas universitarias en Periodismo y en Derecho a pesar de carecer de estudio alguno.

Miralles nunca ha pedido perdón por ello --De 'licenciado' Miralles a 'Malhechor' Miralles o del currículo falso al reportaje trucado--, sino que acusó a a la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión, presidida por Manuel Campo Vidal, de haber manipulado el currículo que les había enviado para su ficha online. E incluso, en un alarde maquiavélico, llegó a acusar en sede judicial a Periodista Digital de haber manipulado la Wikipedia donde figuraba (ver galería de fotos) en su entrada biográfica como primera frase "licenciado en Derecho y en Ciencias de la Información".

Miralles ya había perdido el juicio en primera instancia --Melchor Miralles demanda a Periodista Digital por revelar que cobró una indemnización millonaria de Veo7 al ser despedido por Pedrojota-- en una sentencia demoledora para él en la que tanto el juez como el Ministerio Fiscal consideraron "impecable periodísticamente" el reportaje y desmontaban todas sus maquinaciones contra Periodista Digital.

Aún así, convencido de que su presencia mediática y contactos judiciales podrían inclinar la balanza a su favor, decidió temerariamente recurrir a la Audiencia Provincial; total, pagar un buen puñado de miles de euros a los abogados de Periodista Digital es pecata minuta para su bolsillo en especial desde que cobró más de un millón de euros de la depauperada Veo7 --1.070.592 no es el Gordo de la Lotería, sino los euros que se embolsó Melchor Miralles el día que le echaron de Veo7-.

La Audiencia le ha vuelto a condenar a pagar las costas judiciales en una sentencia que, de nuevo, exalta la profesionalidad de Periodista Digital en la elaboración de todas las informaciones sobre Miralles.

En resumen, que Miralles ha vuelto a perder el juicio.

 

El marido de la consejera de Hacienda cobró 40.914 euros por informes

 

Temas relacionados

El interventor municipal del Ayuntamiento de Burguillos advierte de que el anterior equipo socialista lo contrató a dedo como asesor «urbanista» sin tener titulación y el PP denuncia que «sólo pasaba por el Consistorio para cobrar»

 

Carmen Martínez Aguayo

El marido de la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo (PSOE), facturó 40.914 euros al Ayuntamiento de Burguillos durante cuatro años por informes en concepto de «asesoramiento urbanístico» que «no existen». Manuel Caramé García, como se llama el esposo de la responsable de Hacienda en las dos últimas legislaturas, bajo la presidencia de José Antonio Griñán, fue fichado «a dedo», sin que mediara el preceptivo concurso público, según ha denunciado también este martes el actual alcalde del municipio sevillano, Domingo Delgado (PP). Estas irregularidades, que figuran en un informe realizado por el interventor general del Consistorio, Rafael Galán, el pasado 12 de abril, ocurrieron en la etapa del anterior regidor, el socialista José Juan López, sobre el que pesa una condena por delitos urbanísticos relacionados con el municipio y tiene más frentes judiciales abiertos. Sucedieron en «la época en que todas las cuestiones urbanísticas por presunta corrupción están en los juzgados», destacó la coordinadora de Política Municipal del PP andaluz, Carolina González Vigo.

En el citado informe, dado a conocer hoy por el PP en una rueda de prensa, el interventor advierte de que el Ayuntamiento «no podría contratar un asesor externo de urbanismo, ya que son funciones que serían idóneas para un funcionario público por la independencia que conlleva ese asesoramiento» y tampoco se sacó a concurso este trabajo ni fue aprobado por el Pleno.

Delgado ha destacado que «sus pases por el Ayuntamiento eran escasísimos, no ha ocupado ningún despacho y siempre iba para cobrar. Sólo sabían que trabajaba para el Ayuntamiento los funcionarios de Hacienda», porque le pagaban en metálico de la caja municipal entre noviembre de 2004 y julio de 2008, a razón de 909 y 910,53 euros mensuales, según recoge la documentación hecha pública por el PP. Lo más llamativo es que, según indicó el regidor, «este señor carece de titulación alguna que le habilite para asesorar a arquitectos, se autotitula urbanista, pero ni es arquitecto ni es ingeniero».

Pero no terminan ahí las irregularidades denunciadas por el PP. La empresa que gestionaba con el arquitecto Vicente Llanos Siso, socio en la empresa Acción y gestion de planificación SL, facturó otros 358.000 euros a la empresa municipal Taller de Arquitectura de Burguillos S.L.U. «en concepto de la redacción de siete proyectos urbanísticos, proyectos que no se sacaban a concurso y para los que la sociedad municipal no invitaba a participar a otras empresas y que correspondía pagar, en seis de ellos, a los propietarios de los suelos», según alertó el alcalde popular. La citada empresa municipal está actualmente en proceso de liquidación por las deudas contraídas en la legislatura anterior. Y en la contabilidad de la misma se reconoce otra deuda de 9.060 euros correspondientes a otra factura de 12.260 por la modificación de un proyecto de urbanización que realizó supuestamente el marido de la consejera.

González Vigo ha pedido explicaciones tanto a Manuel Caramé como a su esposa consejera, que reclama al Ayuntamiento la devolución de más de 2 millones de euros de subvenciones concedidas al Consistorio de Burguillos en la etapa del anterior regidor y que no están «justificadas debidamente». Aguayo comparece este miércoles en el Parlamento para explicar por qué señaló como responsables políticos de la trama de los ERE a los exconsejeros de Empleo, José Antonio Viera y Antonio Fernández, exculpados por el PSOE.

 

IU desvió fondos públicos al Partido Comunista en Andalucía

Hay un correo electrónico clarificador que dice lo siguiente: "Como sabes, estamos co-gobernando en el Ayuntamiento (de Sevilla) con el Partido Socialista. Intentamos sacar la gestión de los fondos de cooperación del Ayuntamiento como tal, y pasarlos a la Fundación (DeSevilla), que administrativamente es mucho más ágil que una administración pública". Y acaba diciendo: "Decidimos hace unos días que había que cambiar el presupuesto de Delegación a una que controlemos directamente nosotros, y desde ahí firmar el convenio y el traspaso de dinero a la Fundación". Una copia de este correo fue dirigido por el gerente de la Fundación DeSevilla, Miguel López Adán, de IU e imputado por el juez en el caso que se sigue, al Partido Comunista, división Finanzas.

Es evidente que en la concepción de gestión que tenía el ya exgerente de la Fundación, el dinero público debía acabar siendo controlado por la formación política de izquierdas y que, además, debían existir vasos comunicantes entre las cuentas respectivas, que podría ser la explicación del millón de euros que faltan sin justificación en la Fundación.

En el caso de estos correos, se trata de la documentación del proyecto para rehabilitar una casa en La Habana con el dinero de los sevillanos para el que la Delegación de Relaciones Institucionales dirigida entonces por el comunista y ex teniente de alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos destinó 120.000 euros en diciembre de 2008. El 15 de julio de ese año, López Adán respondió a Nelys García, de la Oficina del Historiador de la Habana, con copia al correo de Finanzas del Partido Comunista de nuevo para explicarle "el modus operandi" que es decisivo en un caso que ya está ante la Justicia.

La Guardia Civil ha pedido rastrear las cuentas de la Fundación, de López Adán y de Carlos Vázquez —actualmente asesor de Valderas en la Junta de Andalucía— y el juez ha accedido, ya que considera que hay 936.000 euros sin un destino conocido.

Dicho y hecho

Tal y como se anticipa en los correos, la partida presupuestaria aludida de cooperación pasó de la Delegación de Cooperación al Desarrollo a la de Relaciones Institucionales, dirigida por Torrijos. En diciembre de 2008 el líder municipal de IU firmó el primer convenio con DeSevilla para otorgarle 990.000 euros destinados a una serie de proyectos entre los que se encontraba el citado de la casa de La Habana. Siempre se remite la información a Finanzas del Partido Comunista. Sin embargo, a pesar de que la Fundación cobró el 75 por ciento de aquel dinero, la casa de La Habana no se rehabilitó aunque el Consejo Municipal de Cooperación del 30 de noviembre de 2009, escribe en sus actas, que "los proyectos han sido ejecutados sin haber recibido la financiación total del Ayuntamiento de Sevilla".

Por su parte, el interventor municipal y el auditor que fiscalizaba las cuentas de la Fundación declararon a la Guardia Civil que era imposible concluir que "el destino fuera el adecuado". Por ello, la investigación sostiene que hay 936.000 euros que no se sabe dónde están.

ERE exprés para salvar a los camaradas

Izquierda Unida, socio de gobierno del PSOE, puso en marcha el 23 de mayo de 2011 –un día después de perder las elecciones municipales en Sevilla- un ERE sobre la Fundación DeSevilla, dominada por la formación comunista. Un informe jurídico considera un "fraude inaudito" el ERE de la Fundación en el que se evidencian contratos a dedo, causa irreal del mismo, fechas discordantes y exceso de personal y de sueldos. El informe subraya las responsabilidades penales que se derivan de los hechos.

El expediente de regulación de empleo afectó a 7 de los 12 empleados de la Fundación y su despido fue por causas económicas y productivas. Entre los no afectados estaba Domingo Enrique Castaño, asesor de Monteseirín imputado en el caso Mercasevilla que ingresó en DeSevilla el 1 de junio, después de comenzarse la tramitación del expediente.

El informe jurídico subrayaba el enchufismo descarado en la Fundación puesto que reflejaba que "solamente existe constancia de dos procesos públicos de contratación de personal, siendo contratada la práctica totalidad de los empleados discrecionalmente por la dirección", que "se aprecian excesos de cobros por personal en ciertos momentos", o que en el año 2010 hubo "en gastos de personal un exceso de 131.220 euros sobre lo presupuestado".

La auditoría realizada en octubre de 2011 enumeraba múltiples "irregularidades" en la tramitación "a toda prisa" del citado ERE y señalaba tanto al Ayuntamiento como a la Junta de Andalucía, pues "es inusual que la Delegación de Empleo haya tramitado el ERE con esta velocidad y tampoco se haya cuestionado la realidad de la causa en una entidad pública". "Resulta inaudito que no lo haya hecho", reitera el informe que concluye diciendo que "por la forma en que se gestó el acuerdo entre empresa y trabajadores y por la gestión documental del ERE", las irregularidades detectadas "podrían entenderse constitutivas de fraude, con los efectos jurídicos severos que se derivan de ello". Es más, a juicio de los auditores, estos hechos "podrían generar responsabilidades penales por conductas falsarias o defraudatorias de los particulares o funcionarios públicos intervinientes", además de las contables y administrativas.

La Fundación DeSevilla, finalmente búnker de Izquierda Unida (que gestionó en exclusiva el ente para transformarlo en agencia de colocación de sus militantes), logró pues un expediente de regulación de empleo (ERE) tras la victoria del PP en las elecciones municipales. Es más que curioso que la totalidad de los empleados de la Fundación fueran militantes del PCA, partido de Antonio Rodrigo Torrijos, exedil de IU y protagonista de numerosos escándalos.

Dado que era conocido que el PP iba a eliminar esta fundación, Rodrigo Torrijos se dio prisa para tramitar el correspondiente ERE para que sus camaradas pudieran beneficiarse del cobro de las cantidades acordadas y la Junta de Andalucía sencillamente dio carta de naturaleza al acuerdo entre empresa y trabajadores —unos y otros, del Partido Comunista -. De este modo, evitaron los despidos procedentes y se embolsaban más dinero de los sevillanos que, en algunos casos, podría estar por encima de las indemnizaciones reglamentarias que podrían percibir.

Considerado por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil como cargo relevante relacionado con el "fraude" llevado a cabo en la Fundación DeSevilla durante el mandato anterior en el Ayuntamiento, el juez de instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, que investiga la gestión de la citada fundación municipal a raíz de una denuncia del Ayuntamiento tras la llegada de Juan Ignacio Zoido, recibió un informe de los agentes de la primera investigación donde se solicitaba el rastreo de las cuentas del gerente de este organismo, Miguel López Adán —ya imputado por el juez— y de Carlos Vázquez Galán.

Según testificó en sede policial el interventor municipal, "una importante cantidad de dinero, por encima de 935.000 euros, que se había concedido en distintas partidas en concepto de subvenciones, se había gastado para fines distintos a los originariamente concedidos, sin ningún tipo de justificación". Se refiere a las famosas subvenciones que Torrijos dio como delegado de Relaciones Institucionales a la Fundación para supuestos proyectos de cooperación al desarrollo en países como Cuba, Nicaragua y Colombia.

Los investigadores sostienen que Carlos Vázquez "tenía un papel fundamental en cuanto a la toma de decisiones y conocimiento de para qué era destinado el dinero de las subvenciones" y, tras aclarar que la investigación se encuentra en una fase inicial en tanto que ahora tiene que seguir el rastro del dinero para saber a qué fines exactos se destinó, solicita al juez un auto que le permita a todas las cuentas bancarias en las que participen de alguna manera la Fundación de Sevilla, Miguel López Adán y Carlos Vázquez. El juez ha accedido a la petición porque, entre otras cosas, hay al menos un millón de euros que ni el interventor del Ayuntamiento ni el auditor de la Fundación saben dónde está.

Los dirigentes de UGT Andalucía reciben préstamos del propio sindicato

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía tiene constancia de la existencia de gastos de "muy difícil justificación" en la UGT de Andalucía.

 

 

De hecho, entre las prácticas consentidas en el seno de la cúpula sindical andaluza de la UGT está la solicitud de préstamos personales por parte de sus dirigentes, préstamos que la organización financia y de los que se desconoce si son devueltos, según las aportaciones periciales. Según La Voz Digital de Cádiz, estos anticipos persiguen sufragar necesidades personales que nada tienen que ver con la acción sindical y la defensa de los trabajadores.

Así, con el dinero de las cuotas de sus afiliados y el dinero procedente de la subvenciones UGT-Andalucía actúa como un banco benefactor para sus dirigentes. El problema es que esta práctica puede estar repercutiendo en la situación económica de la organización.

Tal y como ha certificado una perito de la investigación judicial: "Esto es doblemente perjudicial para la organización, pues no sólo está financiando las necesidades de capital de miembros de su estructura con las posibles consecuencias en el flujo de caja para hacer frente a las obligaciones de pago contraídas, sino que además no recupera este importe".

La perito economista encargada de la investigación no ha encontrado rastro de la devolución de esas cantidades que se anticipan. Para ilustrar este movimiento de dinero, que sale de la caja del sindicato y va a manos de los directivos, el informe aporta los 16.000 euros, que en mensualidades de 2.000 euros, recibió entre febrero y septiembre de 2011 Federico Fresneda, vicesecretario general de Administración y Recursos Humanos de UGT-Andalucía.

Tarjetas de crédito, patrimonio de los dirigentes

Además de atesorar en Andalucía un parque inmobiliario entre locales, pisos y naves valorado en 19,5 millones, "el importe mensual de las tarjetas de los directivos (miembros de la comisión ejecutiva regional) asciende en promedio a 1.200 euros, incluyendo básicamente gastos de restaurantes", sostiene el informe pericial.

Este informe ha sido encargado por los 150 trabajadores afectados por los despidos en UGT Andalucía, aunque Manuel Pastrana, secretario general del sindicato andaluz, aduce que todo es un montaje de la derecha o, según Cándido Méndez, una conspiración contra el sindicalismo en España.

El informe incluía la liquidación de las tarjetas de crédito de que dispone cada miembro de la dirección regional del sindicato, que de enero a noviembre de 2010 ascendió a más de 423.000 euros, gastos que no tienen en cuenta la crisis en la que según la directiva de UGT afecta al sindicato. En 2012, el coste de las reuniones de la comisión ejecutiva regional –una al mes– "ha seguido originando el mismo nivel de gastos, sin tener en cuenta las dificultades económicas por las que pasaba la empresa", afirma el informe pericial.

Pero las tarjetas de pago no son privativas de la ejecutiva regional. En Cádiz, su máximo dirigente, Pedro Custodio, fue denunciado por el uso "generoso" del dinero sindical en tarjetas de crédito. "Siempre he sido un hombre honrado", decía a un periódico tras dimitir como consecuencia del escándalo. 117 ugetistas gaditanos acusaron a Custodio de abuso de cargo, fraude y utilización dolosa de los recursos sindicales y aunque la Comisión de Garantías Confederal de UGT no consideró suficiente, Custodio se vio forzado a dimitir.

La propia UGT nacional llegó a considerar que había ciertos gastos en UGT-Cádiz de difícil respuesta desde el ámbito estrictamente sindical, que deberían haber sido controlados, investigados y suprimidos por los órganos responsables de estas incidencias.

En el dossier de las acusaciones contra Custodio destacaban tres casos:

a) El del coche: se trataba de viajes injustificados relacionados con la visita que Custodio hacía a sus padres en Villanueva de la Serena, pero cuyos gastos de combustible cargaba al sindicato. En el anexo, aportan los cargos de la tarjeta desde noviembre de 2007 a octubre de 2008. Además, existían viajes desconocidos a Marbella, El Puerto, Valencia o Cádiz, casi siempre los fines de semana.

b) El de las copas: había cargos en la tarjeta amparada por la UGT de Cádiz en la discoteca Barabass, en el pub El Buccan, en cafeterías de El Puerto, en La Marea de Cádiz, en la marisquería de Málaga El Caleño. Hasta en el Hipercor Bahía de Cádiz había cargos sin justificar.

c) El del teléfono: al parecer se producían accesos a "contenidos especiales" como chats, citas a ciegas, Play Boy y otros.

Poco después, la UGT nacional archivó la denuncia en mayo de 2010.

Sobresueldos sindicales

Hay un documento aportado al procedimiento que se instruye en el TSJA en el que consta como los miembros de la Ejecutiva regional se repartieron entre enero y marzo del año pasado 58.430 euros por los siguientes conceptos: colaboración actividad sindical y pago de desplazamientos y dietas.

Estos sobresueltos no están incluidos en las nóminas, son variables y se abonan en cheques bancarios o dinero en metálico. Como no forman parte de las retribuciones percibidas por nómina, no están sujetas a retenciones del IRPF. Sólo el secretario general de UGT Andalucía, Manuel Pastrana, percibió 8.000 euros en tres meses.

Desvío de ayudas públicas

Según la denuncia de los trabajadores de UGT despedidos por la central sindical en Andalucía, el sindicato tiene dos vías de ingresos: las cuotas de los afiliados y las subvenciones públicas. Pero rastreando en las convocatorias de ayudas, concesiones y los ingresos de las subvenciones que recibió la central sindical andaluza a lo largo de 2012, la perito economista contratada por ellos detecta, según recoge en su informe, cómo se ha destinado dinero de subvenciones que sólo tienen como fin costear el desarrollo de un determinado programa para pagar otros gastos corrientes de la estructura del sindicato como alquileres, mobiliario, asesoría externa jurídica o las nóminas de trabajadores que no están vinculados a estos programas y que debían cobrar por los ingresos propios de la organización.

"Ello supone claramente, salvo autorización expresa de los órganos cofinanciadores, una desviación presupuestaria (..) que no está permitido por las entidades que los financian, en la mayor parte de los casos cofinanciados por los fondos europeos y las consejerías de la Junta".

Según La Voz de Cádiz, la propia organización reconoció en las cartas de despido que entregó a los 130 trabajadores fijos-discontinuos que estaban destinando recursos propios para el desarrollo de unos programas que vienen dotados presupuestariamente para unos objetivos específicos y no para sostener el funcionamiento interno del sindicato. La perito concluye de esta manera su argumentación: "Consideramos que se está incurriendo en una acción que podría ser hasta ilegal, y que conllevaría la devolución de los importes subvencionados".

Además, el informe destaca que la organización maneja distintos presupuestos en los que aparecen y desaparecen capítulos sin explicación alguna. Así ocurre con la entrada de dinero a través de los programas de fomento de empleo de carácter finalista. En la documentación entregada a los trabajadores aparece la subcuenta sobre este concepto "a cero" cuando a fecha de noviembre del año pasado la central andaluza había percibido más de 23 millones.

Entre diciembre de 2011 y marzo de 2012, al sindicato le aprobaron programas por importe de 141 millones de euros la Administración andaluza. La cantidad cuestiona aún más la justificación de los despidos de trabajadores porque se ha cerrado el grifo de las ayudas.

El PP pide explicaciones

La vicesecretaria de Economía y Empleo del PP andaluz, Carolina España, exige al secretario general de UGT en Andalucía, Manuel Pastrana, a que dé "explicaciones inmediatas" sobre supuestos "gastos escandalosos" que él mismo habría realizado con cargo a una tarjeta de crédito del sindicato. Según la representante popular, se trata de "documentación aportada a la Justicia" por trabajadores afectados por el expediente de regulación de empleo (ERE) que ha aplicado UGT-A.

Y añadió: "Pastrana tiene que explicar por qué dispone de una tarjeta de lujo y cómo justifica los gastos suntuarios en restaurantes y hoteles", y dijo ser "difíciles de entender" los "privilegios" que, según ella, mantiene el líder sindical en un momento en el que "todos los ciudadanos, las empresas y las administraciones se están ajustando el cinturón y haciendo sacrificios para salir de la crisis".

"Mientras UGT despide a 159 trabajadores en Andalucía, sus dirigentes ni han recortado sus gastos con tarjetas de crédito ni sus complementos y sobresueldos" y "es incompatible mantener un discurso de defensa de los más débiles y, al mismo tiempo, que sus dirigentes disfruten de privilegios que resultan escandalosos", sentenció.

UGT pagó los 228.000 euros que costó la casa de su líder en Andalucía

La vivienda, un adosado de dos plantas, fue adquirida por el sindicato dos años después de que Manuel Pastrana resultase elegido secretario general.

El secretario general de UGT-A, Manuel Pastrana

 

El secretario general de UGT-A, Manuel Pastrana, que el lunes anunció que no se presentará a la reelección como máximo responsable del sindicato andaluz dos días después de saltar el escándalo del uso que hizo de su Visa Oro en Sudáfrica, autorizó que su organización desembolsara 38 millones de las antiguas pesetas –228.384 euros- para adquirir una vivienda unifamiliar en el año 2000, dos años después de que accediera a su cargo, según informa ABC.

La operación inmobiliaria se cerró el 13 de julio del año 2000. UGT-Andalucía, en calidad de comprador, adquirió a un matrimonio la casa adosada. En el documento notarial se detalla que los vendedores suscribieron un préstamo hipotecario por importe de 20.200.000 pesetas –121.404 euros- para la compra de la casa, que en el momento de la transmisión patrimonial tenía pendiente una liquidación casi similar, restándole unos 200 euros del crédito concedido.

Esta operación inmobiliaria fue autorizada por la Ejecutiva en una reunión celebrada siete días antes de acudir a la notaría, según queda recogido en un certificado que se entregó en el momento de la compra.

Dos patios, bodega y zona de bar

En este segundo documento, Manuel Pastrana, como secretario general, otorga poderes para que la secretaria de organización y el tesorero actúen en representación del sindicato en el acto de compra de una vivienda unifamiliar que fue aprobada por la dirección del sindicato.

La vivienda, propiedad del sindicato como reconoció el lunes Pastrana, constaba en el momento de la adquisición, como se observa en los planos del año 2000, de cuatro dormitorios, dos baños, un aseo, salón, cocina, despacho, dos patios y un sótano con bodega y zona definida como bar.

Treinta nuevos ejemplos de despilfarro público

En los últimos días han surgido nuevas informaciones referidas al gasto público y al descontrol presupuestario.

 

El contribuyente español se enfrenta a una Administración demasiado grande y opaca, por lo que esta colección de noticias e informaciones varias ayuda a que los pagadores de impuestos sigan más de cerca el uso que se hace de sus recursos. En esta enumeración entran datos relativos al gasto público, la burocracia estatal, el endeudamiento soberano y el sistema tributario. Esta semana, la crónica del Bienestar del Estado incluye 30 ejemplos diferentes:

 

1. Fedea duda del déficit anunciado por las CCAA en 2012. Existen dudas sobre la reducción de gastos corrientes, la contabilidad y la cuenta de facturas pendientes. A raíz de estas preocupaciones, Fedea calcula que el déficit oficial del 7% puede subestimar un descuadre presupuestario aún mayor.

2. El déficit acumulado entre enero y febrero supera ya el 2% del PIB. En los dos primeros meses del año, el Estado gastó 23.561 millones más de lo que ingresó. El desfase es casi la mitad del 4,5% acordado con Bruselas. Esto asegura un nuevo año de incumplimientos: no en vano, España ya ha pedido a la UE que vuelva a relajar el objetivo de déficit para 2013.

3. Las 'facturas ocultas' de Gallardón disparan la deuda de Madrid en 2012. La deuda del consistorio madrileño aumentó en 1.000 millones de euros a lo largo del ejercicio pasado, alcanzando los 7.430 millones. Este aumento interanual del 17% se explica por el pago de facturas atrasadas a proveedores, una vergonzosa que Ana Botella ha heredado del ex alcalde Alberto Ruiz Gallardón, hoy Ministro de Justicia.

4. Los Ayuntamientos españoles aumentaron su endeudamiento un 18% a lo largo de 2012. Los datos oficiales de Hacienda confirman que el montante total ascendió a 41.964 millones de euros, un aumento de 6.545 millones respecto a 2011. Del total registrado, las grandes ciudades suman un endeudamiento de 11.696 millones.

5. Cataluña acumula la mitad de todo el déficit autonómico. Entre enero y febrero, el gobierno de Artur Mas gastó 677 millones de euros por encima de sus ingresos, un porcentaje que en términos relativos coincide con el desajuste de 93 millones anunciado por la Región de Murcia. Por su parte, Andalucía gastó 255 millones por encima de sus ingresos, ocupando el tercer puesto en la clasificación. Las cuentas más saneadas fueron las de Navarra, Asturias, Cantabria y La Rioja.

6. El déficit seguirá en el 7% a final de 2013 según los cálculos de Fedea. Los estudios del centro de investigación hablan de unos presupuestos para 2013 elaborados "con unos ingresos claramente inflados", que estiman un aumento de la recaudación superior al 11%. Más datos preocupantes: se prevé una caída del PIB del 0,5% cuando la mayoría de organismos triplican este cálculo, se esperan 300 millones más en nuevas transferencias del gobierno nacional cuando el Ejecutivo ha anunciado un recorte de 1.300 millones en este capítulo, etc.

7. Los propietarios pagarán al menos 200 euros para vender o alquilar su vivienda. Todo aquel que ponga en el mercado su casa, para venta o alquiler, tendrá que informar de su eficiencia en términos de gasto de energía. Cada emisión de este nuevo certificado, ahora obligatoria, supondrá al menos 200 euros.

8. Industria se gasta en subvenciones la subida del IVA en 2012. El Ministerio destinará un total de 2.835 millones de euros a diferentes programas de ayudas en 2013. El departamento de gobierno de José Manuel Soria incluirá en el capítulo de subsidios diversas partidas que van desde programas de "reindustrialización de provincias" hasta "proyectos de energía solar térmica en edificios". La cifra coincide con la recaudación extra generada por el aumento del IVA.

9. Extremadura pagará una "Renta Básica" de hasta 692 euros al mes. Con unanimidad, PP, PSOE e IU han impulsado este proyecto, con el que cada mes se entregará un subsidio de entre 372 y 692 euros a diferentes habitantes de la región extremeña.

10. El Gobierno incluirá en el plan de reformas el impuesto de circulación. Un nuevo tributo llega de la mano del Ejecutivo popular: el Plan Nacional de Reformas que se presentará el 26 de abril incluirá un "nuevo impuesto de circulación vinculado a criterios medioambientales" con el que los coches más antiguos pagarán más al fisco. Esta tasa supuso en 2011 la friolera de 2.807 millones, cobrados por los ayuntamientos.

11. Los fondos para pagar el paro se acabarán en octubre, si no baja el coste mensual. Las prestaciones podrían generar un agujero presupuestario de 6.000 millones este año, al hilo con un gasto medio en prestaciones por desempleo de 2.748 millones mensuales. Al final del ejercicio, esta partida podría suponer un desembolso de 33.000 millones.

12. Los sueldos de numerosos Alcaldes y presidentes de Diputaciones Provinciales siguen fuera de control. En 2010, con varios años de crisis a la espalda, el Alcalde de Barcelona seguía ganando 116.000 euros anuales mientras que el burgomaestre madrileño se embolsaba 109.000 euros y la alcaldesa valenciana cobraba 107.000 euros. Este estudio que ahora vuelve a salir a la luz detallaba que el 31% de los alcaldes o presidentes de Diputación cobraba un salario superior al de los presidentes de sus respectivos gobiernos autonómicos.

13. La reducción de la administración paralela sigue sin materializarse. Los últimos datos disponibles muestran que el gobierno central retiene 446 entes, mientras que las regiones suman 2.308 corporaciones asociadas y los municipios acumulan 3.964 organismos. Solamente la deuda de las empresas públicas autonómicas en el cuarto trimestre de 2012 acumula más de 10.700 millones de euros, de los cuales el 49% corresponde a Cataluña.

14. Las subvenciones otorgadas por las administraciones públicas españolas desde 2000 hasta 2012 superan la recaudación anual por IVA, IRPF e IS. En dicho periodo, los subsidios han supuesto unos 125.000 millones de euros de gasto público. En comparación, la recaudación de IRPF, IVA e Impuesto de Sociedades en 2012 ascendió a 139.000 millones de euros.

15. RTVE gastó 42.000 euros por cada minuto que televisó de la selección española. Los derechos por los que pagaba 45 millones el ente público han sido vendidos ahora a Mediaset... por 17 millones de euros. Por otro lado, cabe señalar que el sueldo de Manolo Sanchís como comentarista supera los 6.000 euros por partido y que RTVE gasta anualmente más de seis millones para pagar a "directivos externos".

16. Las televisiones públicas suponen un gasto de 152 euros por familia. De dicha cifra, 68 euros corresponden a TVE y 84 euros se destinan a mantener a las televisiones autonómicas. Solamente cuatro CCAAs no tienen televisión pública: Cantabria, Navarra, La Rioja y Castilla y León.

17. El Ayuntamiento de Parla gasta cada año 135.500 euros en una emisora de radio que no existe. Aunque no tiene programación ni dial, los vecinos del arruinado municipio madrileño han soportado esta factura desde 2006. En pleno 2013, nadie ha escuchado aún una radio que ha costado más de medio millón de euros a los contribuyentes de Parla.

18. Empleo reparte 32 millones para la integración de inmigrantes. El Ministerio concedió en el último trimestre de 2012 esta partida de subsidios que fue a parar de organizaciones como "Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad", entidad dirigida por la socialista Francisca Sahuquillo y que se ha beneficiado de 7000.000 euros. También la Federación de Mujeres Progresistas y UGT figuran entre las organizaciones receptoras de fondos, con 412.000 y 371.000 euros, respectivamente.

19. Así despilfarró Zapatero 12.000 millones de euros en subvenciones. En plena crisis, el Ejecutivo socialista confió 150.000 euros al "Observatorio de Género en Camboya", pero las partidas también llegaron a la "promoción del empoderamiento económico y de la igualdad de género en 15 aldeas de la zona Ramsar en la provincia de Stung Treng", el "observatorio independiente sobre derechos de las mujeres en Argelia", la ONG "Socialismo sin Fronteras", el "rescate de la memoria histórica para la construcción de una cultura de paz en El Salvador" o el "impulso a la cohesión social en la comunidad transaccional cubana".

20. La deuda de Cataluña con las farmacias asciende a casi 300 millones tras un nuevo impago. Por tercera vez en poco tiempo, las boticas catalanas no han cobrado los pagos pendientes del gobierno regional. El 5 de abril se debían haber pagado 103 millones pendientes de febrero, que se unen a los 95 millones pendientes desde noviembre o los 4 millones que no se pagaron en diciembre.

21. Hacienda sube el IRPF a 3,5 millones de hipotecados. Entre las novedades de la Campaña de la Renta destaca la eliminación de una compensación fiscal para los que compraron vivienda antes de 2006.

22. El Observatorio de Ada Colau recibió 481.000 euros para concienciar sobre el "derecho a la ciudad". La activista profesional que ahora encabeza la Plataforma Antidesahucios milita también en un ente conocido como el Observatorio DESC. Dicha entidad ha recibido 3,75 millones de euros de los contribuyentes.

Entre las partidas que justificaron este manguerazo de dinero público: la "monitorización de desalojos en América Latina", una "mesa de diálogo" entre el régimen ecuatoriano de Rafael Correa y una ONG local o, también en Ecuador, un "taller sobre la implementación del derecho a la ciudad". ¿Qué entidades han financiado al Observatorio? Principalmente, la Generalidad catalana en los años del tripartito (2003-2010), el Ayuntamiento de Barcelona y el Ministerio de Asuntos Exteriores. El 95% de los fondos fueron concedidos por gobiernos socialistas.

23. RENFE "maquilla" pérdidas por más de 200 millones de euros. El titular era que los números rojos pasaron de más de 300 a menos de 40 millones en apenas un año. Ahora sabemos que parte del ajuste se hizo por la vía de la "contabilidad creativa", que ha permitido "ocultar" hasta 200 millones de euros de la cifra oficial de pérdidas. Esta semana también hemos conocido que el AVE Madrid-Valencia no logró en 2012 ni la mitad de los viajeros previstos. La inversión en este proyecto fue de 7.000 millones de euros.

24. El Gobierno anuncia un Plan Estatal para la vivienda de 2.500 millones de euros. El Gobierno ha anunciado recientemente un "programa de medidas para el sector de la vivienda" con una inversión cercana a los 2.500 millones, de los que 1.500 millones irán destinados a facilitar el acceso a la vivienda y otros 627 millones a otros proyectos subsidiados.

25. Mantener cada año el Estado cuesta 10.500 euros a cada trabajador. A cierre de 2012, mantener el gasto público ha costado de media a cada español con empleo casi 10.500 euros, mientras que en 2007 era de algo más de 9.000 euros. Las cifras son más alarmantes si se comparan con los cifras de hace diez años. En 2002, la carga estatal era de casi 7.000 euros, y no por trabajador, sino por habitante.

26. La Junta de Andalucía proyecta una película sobre la "lucha" de Sánchez Gordillo. Empleando el dinero de los contribuyentes andaluces, la Consejería de Fomento y Vivienda, que controla Izquierda Unida, organizó un acto en el que se proyectó una película sobre el proyecto comunista que impulsa el Alcalde de Marinaleda, Sánchez Gordillo, conocido por sus asaltos a supermercados. Un acto de proselitismo político en toda regla con cargo al presupuesto.

27. En 2012, el gasto de las Administraciones Públicas no solamente no bajó, sino que subió un 0,8%. Descontando el pago de intereses, el recorte habría sido de apenas un 1,4%.

28. Defensa presupuesta 800.000 euros para subsidiar las vacaciones de los militares. El Ministerio ha presupuestado esta cifra para apartamentos y residencias vacacionales, un gasto incluido en el paquete de "Acción Social" de este Departamento. La partida fue un 56% superior en 2012.

29. Margallo subvenciona actividades y proyectos sobre cambio climático y la perspectiva de género. Los fondos públicos que entregó la Agencia Española de Cooperación Internacional en el último trimestre de 2012 superaron los 70 millones. Entre los proyectos que recibieron este manguerazo de dinero de los contribuyentes figuran 285.000 euros que han sido entregados a ONGs ecuatorianas y uruguayas con el objetivo de que se implanten "políticas de género".

También en Uruguay, un programa sobre "cambio climático" de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional se lleva 165.000 euros de los presupuestos españoles. Pero hay más ejemplos: "3 millones de euros para la prestación de Apoyo Presupuestario con seguimiento sectorial en Medio Ambiente en Cabo Verde", "82.000 euros para la formación y la visita a España de responsables de la lucha contra la violencia de género en territorios palestinos", "1,7 millones para la Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de Iberoamérica para apoyar la construcción del espacio audiovisual iberoamericano", etc.

30. El cambio de nombres de ministerios y departamentos en 2012 costó más de 100.000 euros a los contribuyentes. Solamente el Ministerio de Hacienda destinó a este objetivo unos 40.500 euros, de acuerdo con la respuesta que ha dado el gobierno a una pregunta parlamentaria.