Hay un correo electrónico clarificador que dice lo siguiente: "Como sabes, estamos co-gobernando en el Ayuntamiento (de Sevilla) con el Partido Socialista. Intentamos sacar la gestión de los fondos de cooperación del Ayuntamiento como tal, y pasarlos a la Fundación (DeSevilla), que administrativamente es mucho más ágil que una administración pública". Y acaba diciendo: "Decidimos hace unos días que había que cambiar el presupuesto de Delegación a una que controlemos directamente nosotros, y desde ahí firmar el convenio y el traspaso de dinero a la Fundación". Una copia de este correo fue dirigido por el gerente de la Fundación DeSevilla, Miguel López Adán, de IU e imputado por el juez en el caso que se sigue, al Partido Comunista, división Finanzas.
Es evidente que en la concepción de gestión que tenía el ya exgerente de la Fundación, el dinero público debía acabar siendo controlado por la formación política de izquierdas y que, además, debían existir vasos comunicantes entre las cuentas respectivas, que podría ser la explicación del millón de euros que faltan sin justificación en la Fundación.
En el caso de estos correos, se trata de la documentación del proyecto para rehabilitar una casa en La Habana con el dinero de los sevillanos para el que la Delegación de Relaciones Institucionales dirigida entonces por el comunista y ex teniente de alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos destinó 120.000 euros en diciembre de 2008. El 15 de julio de ese año, López Adán respondió a Nelys García, de la Oficina del Historiador de la Habana, con copia al correo de Finanzas del Partido Comunista de nuevo para explicarle "el modus operandi" que es decisivo en un caso que ya está ante la Justicia.
Es evidente que en la concepción de gestión que tenía el ya exgerente de la Fundación, el dinero público debía acabar siendo controlado por la formación política de izquierdas y que, además, debían existir vasos comunicantes entre las cuentas respectivas, que podría ser la explicación del millón de euros que faltan sin justificación en la Fundación.
En el caso de estos correos, se trata de la documentación del proyecto para rehabilitar una casa en La Habana con el dinero de los sevillanos para el que la Delegación de Relaciones Institucionales dirigida entonces por el comunista y ex teniente de alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos destinó 120.000 euros en diciembre de 2008. El 15 de julio de ese año, López Adán respondió a Nelys García, de la Oficina del Historiador de la Habana, con copia al correo de Finanzas del Partido Comunista de nuevo para explicarle "el modus operandi" que es decisivo en un caso que ya está ante la Justicia.
La Guardia Civil ha pedido rastrear las cuentas de la Fundación, de López Adán y de Carlos Vázquez —actualmente asesor de Valderas en la Junta de Andalucía— y el juez ha accedido, ya que considera que hay 936.000 euros sin un destino conocido.
Dicho y hecho
Tal y como se anticipa en los correos, la partida presupuestaria aludida de cooperación pasó de la Delegación de Cooperación al Desarrollo a la de Relaciones Institucionales, dirigida por Torrijos. En diciembre de 2008 el líder municipal de IU firmó el primer convenio con DeSevilla para otorgarle 990.000 euros destinados a una serie de proyectos entre los que se encontraba el citado de la casa de La Habana. Siempre se remite la información a Finanzas del Partido Comunista. Sin embargo, a pesar de que la Fundación cobró el 75 por ciento de aquel dinero, la casa de La Habana no se rehabilitó aunque el Consejo Municipal de Cooperación del 30 de noviembre de 2009, escribe en sus actas, que "los proyectos han sido ejecutados sin haber recibido la financiación total del Ayuntamiento de Sevilla".
Por su parte, el interventor municipal y el auditor que fiscalizaba las cuentas de la Fundación declararon a la Guardia Civil que era imposible concluir que "el destino fuera el adecuado". Por ello, la investigación sostiene que hay 936.000 euros que no se sabe dónde están.
ERE exprés para salvar a los camaradas
Izquierda Unida, socio de gobierno del PSOE, puso en marcha el 23 de mayo de 2011 –un día después de perder las elecciones municipales en Sevilla- un ERE sobre la Fundación DeSevilla, dominada por la formación comunista. Un informe jurídico considera un "fraude inaudito" el ERE de la Fundación en el que se evidencian contratos a dedo, causa irreal del mismo, fechas discordantes y exceso de personal y de sueldos. El informe subraya las responsabilidades penales que se derivan de los hechos.
El expediente de regulación de empleo afectó a 7 de los 12 empleados de la Fundación y su despido fue por causas económicas y productivas. Entre los no afectados estaba Domingo Enrique Castaño, asesor de Monteseirín imputado en el caso Mercasevilla que ingresó en DeSevilla el 1 de junio, después de comenzarse la tramitación del expediente.
El informe jurídico subrayaba el enchufismo descarado en la Fundación puesto que reflejaba que "solamente existe constancia de dos procesos públicos de contratación de personal, siendo contratada la práctica totalidad de los empleados discrecionalmente por la dirección", que "se aprecian excesos de cobros por personal en ciertos momentos", o que en el año 2010 hubo "en gastos de personal un exceso de 131.220 euros sobre lo presupuestado".
La auditoría realizada en octubre de 2011 enumeraba múltiples "irregularidades" en la tramitación "a toda prisa" del citado ERE y señalaba tanto al Ayuntamiento como a la Junta de Andalucía, pues "es inusual que la Delegación de Empleo haya tramitado el ERE con esta velocidad y tampoco se haya cuestionado la realidad de la causa en una entidad pública". "Resulta inaudito que no lo haya hecho", reitera el informe que concluye diciendo que "por la forma en que se gestó el acuerdo entre empresa y trabajadores y por la gestión documental del ERE", las irregularidades detectadas "podrían entenderse constitutivas de fraude, con los efectos jurídicos severos que se derivan de ello". Es más, a juicio de los auditores, estos hechos "podrían generar responsabilidades penales por conductas falsarias o defraudatorias de los particulares o funcionarios públicos intervinientes", además de las contables y administrativas.
La Fundación DeSevilla, finalmente búnker de Izquierda Unida (que gestionó en exclusiva el ente para transformarlo en agencia de colocación de sus militantes), logró pues un expediente de regulación de empleo (ERE) tras la victoria del PP en las elecciones municipales. Es más que curioso que la totalidad de los empleados de la Fundación fueran militantes del PCA, partido de Antonio Rodrigo Torrijos, exedil de IU y protagonista de numerosos escándalos.
La Fundación DeSevilla, finalmente búnker de Izquierda Unida (que gestionó en exclusiva el ente para transformarlo en agencia de colocación de sus militantes), logró pues un expediente de regulación de empleo (ERE) tras la victoria del PP en las elecciones municipales. Es más que curioso que la totalidad de los empleados de la Fundación fueran militantes del PCA, partido de Antonio Rodrigo Torrijos, exedil de IU y protagonista de numerosos escándalos.
Dado que era conocido que el PP iba a eliminar esta fundación, Rodrigo Torrijos se dio prisa para tramitar el correspondiente ERE para que sus camaradas pudieran beneficiarse del cobro de las cantidades acordadas y la Junta de Andalucía sencillamente dio carta de naturaleza al acuerdo entre empresa y trabajadores —unos y otros, del Partido Comunista -. De este modo, evitaron los despidos procedentes y se embolsaban más dinero de los sevillanos que, en algunos casos, podría estar por encima de las indemnizaciones reglamentarias que podrían percibir.
Considerado por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil como cargo relevante relacionado con el "fraude" llevado a cabo en la Fundación DeSevilla durante el mandato anterior en el Ayuntamiento, el juez de instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, que investiga la gestión de la citada fundación municipal a raíz de una denuncia del Ayuntamiento tras la llegada de Juan Ignacio Zoido, recibió un informe de los agentes de la primera investigación donde se solicitaba el rastreo de las cuentas del gerente de este organismo, Miguel López Adán —ya imputado por el juez— y de Carlos Vázquez Galán.
Considerado por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil como cargo relevante relacionado con el "fraude" llevado a cabo en la Fundación DeSevilla durante el mandato anterior en el Ayuntamiento, el juez de instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, que investiga la gestión de la citada fundación municipal a raíz de una denuncia del Ayuntamiento tras la llegada de Juan Ignacio Zoido, recibió un informe de los agentes de la primera investigación donde se solicitaba el rastreo de las cuentas del gerente de este organismo, Miguel López Adán —ya imputado por el juez— y de Carlos Vázquez Galán.
Según testificó en sede policial el interventor municipal, "una importante cantidad de dinero, por encima de 935.000 euros, que se había concedido en distintas partidas en concepto de subvenciones, se había gastado para fines distintos a los originariamente concedidos, sin ningún tipo de justificación". Se refiere a las famosas subvenciones que Torrijos dio como delegado de Relaciones Institucionales a la Fundación para supuestos proyectos de cooperación al desarrollo en países como Cuba, Nicaragua y Colombia.
Los investigadores sostienen que Carlos Vázquez "tenía un papel fundamental en cuanto a la toma de decisiones y conocimiento de para qué era destinado el dinero de las subvenciones" y, tras aclarar que la investigación se encuentra en una fase inicial en tanto que ahora tiene que seguir el rastro del dinero para saber a qué fines exactos se destinó, solicita al juez un auto que le permita a todas las cuentas bancarias en las que participen de alguna manera la Fundación de Sevilla, Miguel López Adán y Carlos Vázquez. El juez ha accedido a la petición porque, entre otras cosas, hay al menos un millón de euros que ni el interventor del Ayuntamiento ni el auditor de la Fundación saben dónde está.
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