Andalucía es la comunidad autónoma con más casos de corrupción en fase de investigación judicial. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha dado a conocer un informe provisional del Servicio de Inspección según el cual los juzgados españoles están investigando actualmente 1.661 casos de corrupción. Un tercio del total, 541 casos, están en Andalucía.
La Comunidad Valenciana, el ejemplo que esta semana ha tomado el Gobierno andaluz en el Parlamento para contrarrestar el escándalo de los ERE, es la segunda comunidad con más casos investigados. Allí hay 200 casos de corrupción, menos de la mitad que en Andalucía.
En España se tramitan actualmente 2.173 procedimientos judiciales de especial complejidad, de los que 1.661 son casos de corrupción política y económica: prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, estafas o apropiaciones indebidas, entre otros.
El número de procesos de especial complejidad –concepto referido tanto a la dificultad de la investigación como de los tipos delictivos o número de imputados– representa el 0,03% del total de diligencias previas incoadas en todos los órganos judiciales penales, aunque el porcentaje no es representativo, porque la mayoría de esas diligencias no da lugar a procesos en tramitación y resultan archivadas por falta de autor o inexistencia de delito.
El informe, que no incluye las causas especiales que tramita el Tribunal Supremo, no especifica cuántos de esos procesos afectan a políticos. Tampoco se ha medido el tiempo medio de duración de las instrucciones, aunque sí se asegura que en el retraso en la tramitación de estos procedimientos influye la tardanza de la Agencia Tributaria y de las unidades policiales en cumplimentar la petición de informes y diligencias que les encomiendan los jueces.
El contenido del informe ha suscitado críticas de buena parte de los vocales del CGPJ, que sostiene que no se precisa de manera suficiente qué se ha entendido por corrupción al elaborar la estadística ni se ha distinguido entre los sujetos implicados –si son políticos, empresarios, banqueros...–. Esa falta de concreción provocaría, en su opinión, una imagen distorsionada y un estado de alarma exagerado acerca de la verdadera incidencia de la corrupción política en España. Entre las causas recogidas, por ejemplo, se encuentran las de la tragedia del Madrid Arena o la del accidente de Spanair, que poco tienen que ver con ella.
La comunidad autónoma que más causas relacionadas con delitos vinculados a la corrupción es Andalucía, con 541, seguida de la Comunidad Valenciana, Madrid y Canarias.
El órgano de gobierno de los jueces estima que 798 juzgados necesitan medidas de refuerzo por la sobrecarga de trabajo que representa la instrucción de causas complejas. A su parecer, serían precisos unos 64 jueces de refuerzo, 18 secretarios judiciales más y un incremento de 150 funcionarios. La portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, afirmó que el órgano de gobierno de los jueces «nunca va a imponer ninguna medida de refuerzo», sino que esta propuesta deberá aplicarse en su día de manera individualizada y a través de las peticiones de cada tribunal.
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