Si el Gobierno nos impone ver con ‘naturalidad’ los indultos a los separatistas porque serían legales, no podrá ver con la misma ‘naturalidad’ la aministía y la independencia porque son ilegales
El Gobierno ha decidido vacunar preventivamente a los españoles contra la indignación que pueda suponer la concesión de indultos parciales a los líderes separatistas catalanes. Por eso ha lanzado un globo sonda, para que los ciudadanos vayan asimilando que está próxima su decisión de excarcelar a Oriol Junqueras, Jordi Sánchez y demás mártires del independentismo. Este martes Pedro Sánchez lo admitió sin complejos desde Bruselas, y vino a justificar eventuales medidas de gracia alegando que el Gobierno debe actuar sin ánimo de venganza ni revancha. La textualidad es hiriente porque en la práctica está convirtiendo la hipotética concesión de los indultos en un fraude de ley. Perdonar por motivos políticos a un sedicioso no arrepentido que promete reincidir equivale a legitimar y convertir sus delitos en meras actividades políticas, lo cual es una perversión. Sánchez pretende poner una venda en los ojos de los españoles y claudicar ante el victimismo de unos golpistas creyendo que su política para apaciguarles terminará disolviendo su chantaje. Pero el único motivo de fondo es contentar a ERC para garantizarse la continuidad de la legislatura. Sin más.
Lo primero que cabe preguntarse es por qué la sociedad española y su Gobierno deberían ser generosos con quienes no desean ni reclaman el indulto, o con quienes se jactan de reincidir y delinquir. ¿Qué motivo puede alegar cualquier Gobierno en una democracia sólida para favorecer a quien pisotea la seguridad jurídica, el valor de la ley común y la voluntad de la soberanía nacional sin un mínimo compromiso de rectificar? La soberanía nacional engloba a todos los españoles, no a una parte de los catalanes, y el ‘derecho a decidir’ nos corresponde a todos. Aún el Gobierno no ha dicho que vaya a indultarlos, pero lo ha sugerido. Incluso, líderes socialistas lo piden abiertamente, y es notorio que la ‘amnistía’ y la ‘autodeterminación’ son dos exigencias irrenunciables de los presos. Pero conciliar la legalidad con esas aspiraciones es imposible. Por eso, la única solución de Sánchez pasa por una sumisión de la democracia a las imposiciones de unos golpistas, y eso, además de muy peligroso, es inasumible.
Tampoco consta que ningún Gobierno conceda indultos contra el criterio de la Fiscalía y del Tribunal sentenciador. El Supremo aún no se ha pronunciado. Pero dada la conducta de los condenados, no tendría lógica que su pronunciamiento fuese favorable. Los jueces no están para justificar amnistías encubiertas ni para amparar la arbitrariedad del Gobierno. Además, conviene recordar que si un indulto no está motivado convenientemente, puede ser recurrido e incluso revocado por los Tribunales. Ni siquiera Sánchez tendría patente de corso por más que la medida de gracia sea competencia exclusiva del Gobierno o que el criterio de los jueces no sea vinculante. Una cosa es indultar con razones, y otra abusar de la ley para obtener réditos políticos.
Cuando un Gobierno pide contemplar con «naturalidad» un indulto porque es una figura legal, no miente. Pero en sentido contrario, entonces será imposible asumir con esa misma naturalidad una ‘mesa de diálogo’ que aborde dos figuras ilegales como la amnistía y la autodeterminación. Para Sánchez, la ‘naturalidad’ es lo que él diga y le convenga. Y si los condenados no reconocen la legalidad hoy, ¿es creíble pensar que la vayan a reconocer una vez excarcelados? No existe ningún compromiso expreso de que no promoverán la independencia una vez que sus penas queden en papel mojado. Al revés. El peligro persiste porque ellos lo jalean. No merece ser indultado quien solo exige de España una humillación y la renuncia a seguir siendo una nación. Sería como si el Gobierno les pidiese perdón por su golpismo y aceptara que los jueces fueron culpables de dictar un fallo injusto y represivo. Demasiado insultante todo, incluso para Sánchez.
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