El Supremo critica "la ausencia de apoyo" del Gobierno a las instancias judiciales "en el campo internacional": "Se está debilitando sibilina e intencionadamente nuestra credibilidad".
El anuncio de Pedro Sánchez del eventual indulto a los separatistas catalanes que prepara el Gobierno, con la oposición frontal de la Fiscalía y del Supremo, no sólo pone en jaque el Estado de Derecho y el orden constitucional, en clave interna.
La polémica medida de gracia con la que el Ejecutivo socialista premiará a los 12 líderes políticos que promovieron el procés de Cataluña, en octubre de 2017, tendrá consecuencias negativas en el ámbito internacional sobre la extradición de Carles Puigdemont a España.
Fuentes del Supremo apuntan a ESdiario que la comparecencia de Sánchez desde Bruselas tachando de "venganza y revancha" el cumplimiento íntegro de las penas impuestas en la sentencia firme del Alto Tribunal "no parece casual".
"Se trata de desautorizar la proporcionalidad de la respuesta judicial" a la secesión "para debilitar las peticiones de entrega por cooperación internacional" y "nuestra posición ante el TJUE (el Tribunal de Justicia de la Unión Europea)", que deberá resolver sobre el futuro judicial de Puigdemont, señalan las mismas fuentes. "Precisamente por eso las habrán exigido" los interesados, añaden.
Una vez que la Eurocámara dio luz verde al suplicatorio del Supremo para levantar la inmunidad al expresidente de la Generalitat -y prófugo de la Justicia española-, el Alto Tribunal reactivó la órdenes de extradición de Puigdemont.
La devolución del político catalán a España para ser juzgado por encabezar el referéndum ilegal del 1-O depende, ahora mismo, de las más altas instancias judiciales europea y de la Justicia belga, en último término.
El documento de la UE sobre Puigdemont avaló la tesis defendida por la Justicia española y consideró que los hechos por los que España le reclama eran anteriores a su condición de parlamentario europeo y, por lo tanto, no podían quedar protegidos por una inmunidad posterior.
Sin embargo, ahora, tras las declaraciones de Sánchez, los jueces consideran que se produce una evidente "ausencia de apoyo" exterior del Gobierno a su labor. "Es más bien debilitar, sibilina e intencionadamente nuestra credibilidad", se lamentan.
Sin garantías de que no volverá a pasar
En el Supremo, que este mismo miércoles ha emitido un contundente informe negativo sobre los indultos que planea el Gobierno de Pedro Sánchez, entienden que "la generosidad para indultar debe ir acompañada de garantías de que no volverá a pasar. Bien por cesión de la contraparte, bien por imperio de la ley y su obligado cumplimiento" y "no estamos en eso", sentencian las fuentes consultadas por ESdiario.
"Se sigue adoctrinando en el desafecto, se pierde la campaña diplomática internacional, se jactan de que volverán a hacerlo y se les premia con perdonarles el cumplimiento de la pena, se abandona a la población españolista de Cataluña...", aseguran.
"Esta Sala no puede hacer constar en su informe la más mínima prueba o el más débil inidicio de arrepentimiento. Ni siquiera flexibilizando ese requerimiento legal (...) podríamos atisbar una voluntad de reencuentro con el orden jurídico menoscabado" por los delitos cometidos por los condenados, ha recordado el tribunal en un documento donde, también, se ha referido expresamente a los turnos de última palabra de los entonces acusados, donde varios de ellos volvieron a "hacer un llamamiento a la movilización ciudadana pacífica, democrática y permanente".
"Esas palabras son la mejor expresión de las razones por las que el indulto se presenta como una solución inaceptable para la anticipada extinción de la responsabilidad penal. De hecho, expresan una actitud antidemocrática" y vulneradora de los "derechos fundamentales de aquellos otros ciudadanos que no comulguen con esos principios o esa conciencia individual" del independentismo en Cataluña, ha expuesto Manuel Marchena.
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