Buena parte de los organismos son la coartada para que La Moncloa gestione sin filtros los 140.000 millones que Europa pueda enviar para rescatar nuestra economía
El Gobierno de Pedro Sánchez, con más de una veintena de ministerios y con el complejo aparato administrativo que esa elefantiasis de poder conlleva, es también, con diferencia, el Ejecutivo que más ha inflado el número de asesores de confianza de toda la democracia. La última actualización de datos a la que está obligado el Gobierno revela que son ya 730 los asesores elegidos discrecionalmente, un número que supera ampliamente los 604 que había cuando Mariano Rajoy abandonó la presidencia, y muy por encima también de los equipos que asesoraban a Rodríguez Zapatero o a José María Aznar. En concreto, 347 de esos 730 están adscritos a la Presidencia del Gobierno, lo que supone el 47,3 por ciento del total, prácticamente la mitad, de modo que Sánchez y su jefe de Gabinete, Iván Redondo, cuentan con el aparato más amplio de ‘asesoría’ -y enchufismo selectivo- jamás visto en ningún equipo de gobierno.
Este esquema propicia casos tan llamativos como que un secretario general de ‘Asuntos económicos y G-20’, un cargo que razonablemente tiene lógica, se sitúe al mismo nivel que el llamado ‘alto comisionado para la lucha contra la pobreza infantil’, de quien no se conocen iniciativas; o de otro alto comisionado, el de ‘España, nación emprendedora’, cuyo titular tampoco parece tener objetivamente mucha actividad. Y si existe, resulta bastante desconocida e ineficaz. Más allá de la rimbombancia propagandística que pretenda atribuir la Presidencia del Gobierno a tan altos cargos, difícilmente pueden ser interpretados de otro modo que como una suerte de ‘lobby’ de poder dentro del propio Gobierno. En realidad son una agencia interna de colocación de afines del PSOE y de Podemos sin más expectativa que la de recibir un sueldo público en organismos en muchos casos prescindibles. Por ejemplo, sería útil conocer la actividad real de la llamada ‘Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de país a largo plazo’, en manos de Redondo y, sobre todo, de la llamada ‘Unidad de Información de Transparencia’, toda vez que se trata del Gobierno menos transparente conocido en cuatro décadas.
El Gobierno no es solo una inmensa estructura que ha terminado por convertir una dirección general de Igualdad en la coartada jurídico-legal para que la pareja de Pablo Iglesias e Irene Montero disponga de niñera permanente a costa de un sueldo público, o para que amigos de juventud de Sánchez accedan a puestos de privilegio en organismos y empresas públicas sin gozar siquiera de la formación necesaria para ello. En realidad, La Moncloa es todo un aparato para hacer creer al ciudadano que hay muchos altos cargos trabajando denodadamente para la reconstrucción política, social y emocional de España. Pero en realidad solo está para maquillar la realidad con el dinero de todos. El único trabajo de algunas de estas oficinas es el marketing político, con departamentos solo dedicados a infravalorar la gravedad de la recesión. El ‘escudo social’ del Gobierno es un fracaso, y buena parte de los organismos son solo la coartada para que La Moncloa gestione al margen del Congreso, del resto de partidos y de las propias autonomías, los 140.000 millones que Europa pueda enviar en el futuro para rescatar nuestra economía. La Moncloa ha creado una estructura endogámica, cerrada y opaca cuya gestión ha recibido ya, aunque sea de modo indirecto, el reproche del Consejo de Estado, porque solo es el andamiaje paralelo que servirá a Sánchez para que nadie pueda fiscalizar la distribución y destino de esos fondos. El enchufismo y la arbitrariedad, como banderas.
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