Madrigal acusa al ejecutivo de «un ejercicio antidemocrático de poder»
Una fiscal del Supremo acusa al Gobierno de imponer «un verdadero estado de excepción»
Las críticas de la oposición y de juristas hacia los abusos del Gobierno en el estado de alarma han recibido hoy el respaldo de una fiscal del Tribunal Supremo.Aún queda oposición en España: Vox recurre al TC el abusivo estado de alarma
11 derechos que el Gobierno de España ataca ilegalmente usando la epidemia como excusa
Consuelo Madrigal fue la primera mujer Fiscal General del Estado
Consuelo Madrigal Martínez-Pereda fue Fiscal General del Estado entre diciembre de 2014 y noviembre de 2016, siendo la primera mujer que ocupó ese cargo. Actualmente es fiscal de Sala del Tribunal Supremo y académica de Número en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Hoy firma un artículo en el diario El Mundo titulado “La sociedad cautiva”, en el critica duramente los abusos cometidos por el Gobierno durante este estado de alarma: “Constituye un ejercicio antidemocrático de poder la imposición encubierta, y sin el control interno y europeo, de un verdadero estado de excepción, en el que se restringen severamente los derechos”, señala Madrigal.
Denuncia que la Guardia Civil dedique «parte de sus esfuerzos a minimizar la crítica al Gobierno»
La fiscal del Supremo añade: “Ante una sociedad cautiva, se han dictado sucesivas órdenes ministeriales de inmenso calado económico y fuerte compromiso de derechos, y un sinfín de decretos leyes restrictivos de derechos fundamentales, frecuentemente oportunistas, sobre materias que poca o ninguna relación guardan con las razones sanitarias y de orden público que formalmente demandaron el estado de alarma”.
Madrigal también critica “la imposición de filtros a las preguntas de la prensa, la financiación pública oportunista de medios de comunicación vasallos, la restricción en la difusión de mensajes y la evaluación de la verdad o falsedad de las noticias y los enunciados”. Y añade: “hemos asistido al impúdico reconocimiento oficial de la monitorización de redes sociales y escuchado en palabras de su máximo responsable en esta crisis, que la Guardia Civil destina parte de sus esfuerzos a minimizar la crítica al Gobierno, para comprobar después que los contenidos intervenidos son los que guardan alguna relación, siquiera lejana o indirecta, con el cuestionamiento de la gestión y la versión oficial de la crisis”.
Advierte sobre el poder concedido al Gobierno: «las amplias facultades ya otorgadas son peligrosas»
La fiscal recuerda algo básico en una sociedad democrática: “Siempre debe frenarse la ilegítima apropiación de poder por parte de los poderes legítimamente constituidos. Algunos creen que esto solo es necesario cuando lo hace la derecha. Asumen acríticamente que la salud y la seguridad exigen la restricción de nuestras libertades o minimizan su importancia, sin pensar que las amplias facultades ya otorgadas son peligrosas, pueden ser utilizadas equivocadamente y quizá ya lo están siendo”. Además, y tras reclamar que la gestión del Gobierno se haga bajo el “estricto control de las instituciones democráticas, apoyadas por una ciudadanía activa, cuya acción crítica”, advierte: “Si descuidamos la vigilancia y si no fortalecemos las instituciones democráticas de control, dándole más poder a quienes ya lo ejercen, no viviremos ya en una sociedad abierta. Habremos perdido nuestra libertad y no será una pérdida temporal”.
La fiscal también reclama autocrítica y responsabilidades al ejecutivo
La falta de autocrítica por parte del Gobierno y su negativa a declarar el luto oficial por las víctimas de esta epidemia también son criticadas por la fiscal: “Ningún sacrificio más podrá exigirse, nada será posible, sin un reconocimiento público de la magnitud de la tragedia, sin el duelo, la memoria y la honra de sus víctimas, sin un análisis serio de todas sus causas, de las acciones y omisiones concurrentes en cada caso, sin la investigación y evaluación de la imprevisión y las dejaciones, de las probables imprudencias y los posibles fraudes, sin la exigencia de las responsabilidades que en su caso resulten, sin la pronta rectificación de los errores, la reparación de los daños y la compensación del sufrimiento. Es lo mínimo que debe ofrecerse a ciudadanos libres dispuestos a asumir esfuerzos”.
Mi felicitación a Consuelo Madrigal por su valiente y clarísimo artículo. Espero que cada vez más juristas alcen su voz contra este atropello a la legalidad constitucional que está cometiendo el Gobierno de Pedro Sánchez.
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