El Gobierno ha actuado de forma negligente, incompetente, ineficaz y desleal
Ocho buenas razones para votar contra una nueva prórroga del estado de alarma
El Congreso de los Diputados votará este miércoles una nueva solicitud de prórroga del estado de alarma por parte del Gobierno. Y esta vez Sánchez cuenta con aún menos apoyos.
El Gobierno acusa a la oposición del desastre que él mismo ha provocado
Vox ya ha anunciado que votará en contra. Y el PP se mantiene en la incertidumbre, sin explicar si se abstendrá o votará en contra de la prórroga. El Gobierno, que ha ignorado sistemáticamente las peticiones de la oposición, ya se ha lanzado a presionar al PP para que pase una vez más por el aro de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias y les apoye a cambio de nada. En Podemos han sido aún más miserables: ayer su portavoz parlamentario, Pablo Echenique, acusaba a Pablo Casado de estar “amenazando con provocar un rebrote, el colapso del sistema sanitario y miles de muertos”, omitiendo, con su cinismo habitual, que eso es precisamente lo que ha provocado el Gobierno con su incompetencia y su negligencia: ya llevamos más de 25.000 muertos, según las incompletas cifras de Sanidad, precisamente porque el Gobierno no quiso tomar las medida necesarias antes del 8M.
El ejecutivo miente: sí que hay alternativas legales al estado de alarma
Desde el Gobierno y sus medios afines están avisando con una catástrofe si no se prorroga el estado de alarma, presentando esa opción como un todo o nada. Es mentira: hay herramientas jurídicas menos lesivas para las libertades para limitar los efectos de la epidemia. Sin entrar ya en las leyes autonómicas, tenemos las siguientes:
- La Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública.
- La Ley General de Salud Pública.
- La Ley General de Sanidad.
- La Ley del Sistema Nacional de Protección Civil.
- La Ley de Seguridad Nacional.
Si el Gobierno está interesado en mantener el estado de alarma no es por motivos sanitarios. Si fuese así, se habría molestado en suministrar mascarillas a toda la población -que es la medida de protección más eficaz- y llevar a cabo tests masivos. Pero no lo ha hecho. El ejecutivo ha desperdiciado casi dos meses, confiándolo todo a un confinamiento que tiene desastrosos efectos económicos y sociales, pero también morales. Y es que con esa medida tan extrema y tan prolongada en el tiempo, el ejecutivo ha transmitido el mensaje totalitario de que el Estado no puede confiar en la responsabilidad de los españoles y debe decidir por ellos, una idea que ha combinado cínicamente con mensajes elogiando la solidaridad de los españoles, tal vez olvidando que si se impone por la fuerza no es solidaridad, sino coacción.
Las razones que ha dado el propio Gobierno para rechazar otra prórroga del estado de alarma
Hay, desde luego, muy buenas razones para votar en contra de la prórroga del estado de alarma, especialmente si repasamos la actuación del Gobierno en los últimos dos meses:
- El Gobierno ha demostrado ser un peligro para la salud de los españoles: el ejecutivo de Sánchez ha sido uno de los peores del mundo a la hora de gestionar esta crisis sanitaria, provocando que España fuese el país con más muertos por millón de habitantes. El ejecutivo parece haber seguido un manual sobre cómo hacerlo todo mal. Incluso requisó tests a empresas que eran necesarios para sus empleados a fin de volver a reanudar su actividad sin riesgos. El colmo de la negligencia ha sido el reparto masivo por parte del Gobierno de mascarillas defectuosas a personal sanitario, provocando numerosos contagios. Es impensable seguir otorgando a este Gobierno inepto unos poderes extraordinarios en vista de lo mal que los ha utilizado.
- El Gobierno ha aprovechado el estado de alarma para pisotear libertades: el Gobierno ha utilizado este estado de alarma para suspender derechos fundamentales, algo que la Constitución sólo admite en un estado de excepción o de sitio. Incluso se han suspendido derechos que nuestra Carta Magna no permite suspender en ninguno de esos tres estados, como la libertad religiosa y de culto. Los ataques del Gobierno a la libertad de expresión, incluso usando el CIS para generar una opinión favorable a la censura, han sido escandalosos. Estas vulneraciones de derechos demuestran que el Gobierno ha mostrado más empeño en socavar nuestras libertades que en proteger nuestra salud.
- El Gobierno no ha respetado la legalidad vigente: uno de los hechos más graves de este estado de alarma, como he señalado más arriba, es que dicha herramienta se ha empleado como un auténtico estado de excepción, como denunció ayer una fiscal del Tribunal Supremo. Tenemos un Estado de Derecho que ofrece toda clase de herramientas jurídicas para distintas situaciones, pero el Gobierno ha abusado de ellas, incluso intentando eludir el control del Congreso.
- El Gobierno ha aprovechado el estado de alarma para fines partidistas: durante este estado de alarma, las manipulaciones en TVE y en el CIS han llegado a extremos nunca vistos en décadas. El gasto de 15 millones de euros para comprarse el favor de las televisiones es algo propio de una república bananera. En el colmo de la desvergüenza, el Gobierno utilizó el decreto del estado de alarma para colar a Pablo Iglesias en el CNI, saltándose la Ley 11/2002 que regula el Centro Nacional de Inteligencia. Pero sin duda, la utilización del estado de alarma con fines partidistas ha tenido su máxima expresión en los largos mítines televisivos de Sánchez, ya bautizados como “Aló presidente” en las redes sociales por su enorme parecido con los mítines que daba por televisión el déspota venezolano Hugo Chávez.
- El Gobierno ha demostrado una clara ineficacia: uno de los principales fines del estado de alarma era establecer un mando único, bajo la idea de que sería más eficaz que tener que coordinar la situación con 17 gobiernos autonómicos. Sin embargo, la incompetencia del Gobierno ha sido tan clara que los gobiernos autonómicos han tenido que comprar por su cuenta material sanitario, ante la incapacidad, la desidia e incluso el sabotaje del Gobierno de Sánchez. Recordemos, sin ir más lejos, que las arbitrarias confiscaciones del Gobierno provocaron problemas de abastecimiento en la sanidad andaluza.
- El Gobierno ha sido abiertamente desleal y prepotente con la oposición: mientras Sánchez, el PSOE y Podemos pedían “lealtad”, el ejecutivo ha actuado de forma unilateral, desoyendo las peticiones de los partidos de la oposición y de los gobiernos autonómicos, mintiéndoles repetidas veces y negándoles información, y actuando como si la única opinión que importase en España fuese la de Pablo Iglesias, que se ha acabado convirtiendo, por decisión de Sánchez, en el auténtico amo del ejecutivo. El ejemplo extremo de esta actitud prepotente lo hemos visto en los recientes insultos y amenazas de Pablo Iglesias contra la tercera fuerza del Congreso, que es Vox: una actitud propia de un aprendiz de dictador.
- El Gobierno ha pretendido usar al Rey como chivo expiatorio: desde Podemos e Izquierda Unida, y claramente con el consentimiento de Pedro Sánchez y del PSOE, se ha promovido una cacerolada contra la monarquía a fin de distraer la atención de la mala gestión del Gobierno, utilizar al Rey como chivo expiatorio y aprovechar esta situación para promover un cambio de régimen. En esta campaña, Pablo Iglesias llegó a atacar al Rey incluso por vestir uniforme militar, cuando precisamente la Constitución aprobada por los españoles otorga al Rey el mando supremo de las Fuerzas Armadas. Esta actitud desleal y ruin del Gobierno hacia el Jefe del Estado no debe ser premiada con más apoyos parlamentarios.
- El Gobierno ha actuado con una indignante falta de transparencia: el Gobierno se ha estado dedicando a comprar material sanitario de forma opaca y en condiciones irregulares. El último caso ha sido el pago de más de 300 millones de euros a empresas con dirección desconocida. A esto hay que añadir que el Gobierno utilizó el estado de alarma para anular el Portal de Transparencia, dejando sin ningún control las citadas operaciones irregulares. No se puede seguir consintiendo que esta grave situación sea una excusa para encubrir casos de corrupción.
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