Llegar a un acuerdo extrajudicial, cueste lo que cueste. Podemos trata de comprar con 50.000 euros el silencio de la escolta a la que Irene Montero convirtió en recadera y que demandó a la formación por "trato discriminatorio" para evitar que su número dos tenga que ir a juicio como ministra.
Montero está citada como testigo el próximo día 20 de enero a las 9.00 de la mañana en el juzgado de lo social número 3 de Madrid por el caso del despido improcedente de su escolta, a la que convirtió en chófer de familiares y amigos y mecánica de sus vehículos particulares. El magistrado titular fijó la vista laboral ante la imposibilidad de que las partes llegasen a un punto de encuentro en el acto de conciliación que se celebró el 20 de noviembre, en el Juzgado de refuerzo.
Ya había fracasado un primer intento el 26 de agosto, en la sede del Servicio de Mediación Arbitraje y Conciliación (SMAC). Un trámite obligatorio en el ámbito laboral antes de que se celebre juicio.
Pero la número dos de la formación liderada por Pablo Iglesias, socio de Gobierno de Pedro Sánchez, no quiere que nada enturbie su llegada a la futura cartera que ocupará en el Ejecutivo de coalición que, previsiblemente, saldrá conformado tras la segunda votación de la investidura fijada el 7 de enero.
Si nada lo impide antes, Montero tendrá que explicar ya como ministra, ante el magistrado titular de lo social número 3 de Madrid, por qué la escolta fue contratada directamente por Podemos -en contra de los requisitos que exige la ley- y responder de su "trato discriminatorio". Por ello, las instrucciones a los abogados son claras: llegar a un acuerdo para que la trabajadora renuncie a la vía judicial y firme un documento de confidencialidad.
En discusión, un total de 30.570,92 euros por “horas extraordinarias no abonadas” y otros 2.100,65 euros en concepto de “horas nocturnas”, el importe que la escolta de Irene Montero reclama a Podemos por los servicios prestados fuera de su horario laboral y que no ha cobrado hasta la fecha.
Demanda nº 917/2019
La escolta demandó a Podemos por el trato laboral "discriminatorio" recibido de la número dos del partido. En el escrito presentado ante la jurisdicción laboral, y desvelado en exclusiva por OKDIARIO, la trabajadora afirmaba que Montero la obligó “de manera recurrente” -y fuera de su horario- a hacer de recadera para ella y sus hijos, comprar comida para las mascotas, llevar y traer a amigos y familiares hasta el casoplón de Galapagar, encargarse del mantenimiento de varias propiedades de la pareja y, además, ocuparse de la mecánica de sus vehículos particulares.
Montero le encomendó, de forma continuada y habitual, asumir tareas personales que excedían de sus funciones como escolta. Entre ellas, adquirir “productos de parafarmacia y droguería para bebés” o “alimentación” de determinadas marcas y supermercados, llevarle la cena a casa desde varios establecimientos concretos de Madrid o “comprar comida para los perros”.
Durante los casi dos años en los que la escolta, contratada por Podemos, trabajó para Montero, también se le pidió que adelantase el comienzo de su jornada laboral para “calentar el habitáculo del coche” que la portavoz parlamentaria de Podemos utilizaba, a diario, en sus desplazamientos
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