Socialistas y comunistas atacan a la Junta Electoral por aplicar una sentencia
La respuesta socialista a la destitución de Quim Torra: España desciende al chavismo
Este viernes se han sucedido una serie de acontecimientos que evidencian hasta qué punto España está sufriendo una grave crisis política, provocada nada menos que por su gobierno en funciones.
La Junta Electoral requirió a Torra que respetase la neutralidad de las instituciones
Para encontrar el origen de los hechos ocurridos ayer debemos remontarnos al 11 de marzo de 2019, cuando a raíz de una reclamación de Ciudadanos, la Junta Electoral Central (JEC) dictó su acuerdo 55/2019, requiriendo «al Presidente de la Generalidad de Cataluña para que ordene en el plazo máximo de 48 horas la inmediata retirada de las banderas ‘esteladas’ o lazos amarillos que puedan encontrarse en cualquier edificio público dependiente de la Generalidad de Cataluña», recordándole «la obligación de los poderes públicos de mantener estrictamente la neutralidad política durante los procesos electorales». El presidente regional catalán Quim Torra desobedeció abiertamente este requerimiento, tras lo cual Vox le llevó ante los tribunales por un delito de desobediencia.
Un tribunal le condenó por desobediencia: el propio Torra admitió el delito
Durante el juicio, el propio Torra admitió abiertamente que había desobedecido a la JEC, afirmando que «la Junta Electoral Central no es un órgano jerárquicamente superior al presidente de la Generalitat». Y es que Torra se cree por encima de todas las instituciones del Estado, las leyes y las sentencias judiciales, una actitud abiertamente antidemocrática, puesto que el propio concepto de democracia implica que todo poder está limitado en el ejercicio de sus funciones por unas normas de convivencia que nos afectan a todos. El 19 de diciembre, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenó a Torra por un delito de desobediencia.
Los efectos de la sentencia: Torra no puede ser cargo electo ni gobernante
En la sentencia (ver PDF) se indica claramente que uno de los efectos de la condena es la «INHABILITACIÓN ESPECIAL para el ejercicio de cargos públicos electivos, ya sean de ámbito local, autonómico, estatal o europeo, así como para el desempeño de funciones de gobierno en los ámbitos local, autonómico y del Estado, por tiempo de UN (1) AÑO Y SEIS (6) MESES». Ese mismo día, Torra dijo: «A mí solo me puede inhabilitar el Parlament», evidenciando una vez más que se cree por encima de cualquier ley o sentencia, una actitud propia de un tirano e incompatible con los planteamientos democráticos. Ningún gobernante está por encima de las leyes y de la Justicia.
La Junta Electoral Central aplica la sentencia del TSJC y destituye a Torra
Hay que recordar que el Artículo 6.2 de la Ley Electoral (LOREG) señala en su punto b) que son inelegibles los «condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo o la de inhabilitación absoluta o especial o de suspensión para empleo o cargo público en los términos previstos en la legislación penal». En el Código Penal, los delitos de desobediencia están comprendidos en el Capítulo III del Título XIX, dedicado a los «Delitos contra la Administración pública». Así pues, conforme a la ley, Torra debe ser destituido. El Partido Popular, Vox y Ciudadanos solicitaron a la Junta Electoral Provincial la aplicación de la citada sentencia, pero esa Junta rechazó la petición. Los tres partidos recurrieron esa decisión, y ayer la JEC les dio la razón, dictando la destitución de Torra en aplicación de la sentencia del TSJC por la que fue inhabilitado.
Torra se declara en rebeldía y desafía a la Junta Electoral
Lo que hemos visto hasta aquí es lo que debería ser normal en cualquier país en el que un político se salta las leyes: su destitución por la vía judicial. Pero está visto que Quim Torra se cree que la democracia consiste en elegir al gobernante para que luego éste haga lo que le dé la real gana. Y es que como ya hizo ante la resolución de la JEC y ante la sentencia del TSJC, ayer Torra replicó a la JEC diciendo que sólo le puede destituir el Parlamento catalán. Parece que este individuo no se da cuenta de la gravedad de sus actos, porque con ese posicionamiento se está declarando abiertamente en rebeldía, incurriendo nuevamente en otro delito de desobediencia.
Uno de los posibles ministros comunistas de Pedro Sánchez insulta a los jueces
Por si no fuese ya bastante grave que un presidente autonómico se crea por encima de la ley y de las sentencias judiciales, ayer uno de los socios del PSOE, el comunista Alberto Garzón, coordinador de Izquierda Unida, arremetió contra la Justicia con este bochornoso mensaje:
Que uno de los aliados del PSOE se lance a insultar a los jueces ya es bastante grave, pero el colmo es que este individuo ha sido apuntado como uno de los ministros que tendrá la ultraizquierda en el nuevo gobierno. Es de sobra conocido que los referentes de los comunistas españoles son la Cuba castrista y la Venezuela chavista, dictaduras en las que los jueces están sometidos a la bota de un poder político que no conoce más límites que sus caprichos.
El Partido Socialista deslegitima a la Junta Electoral
La cúpula del PSOE tenía una buena oportunidad para llamar al orden a su futuro colega en el Consejo de Ministros. En lugar de eso, ayer por la tarde Adriana Lastra, vicesecretaria general del PSOE, comparecía ante los medios con cara de funeral (tal vez por temor a que la inhabilitación de Torra y también la de Junqueras tenga repercusiones en el voto de ERC de cara a la sesión de investidura del socialista Pedro Sánchez que se inicia hoy sábado), y lo hacía para deslegitimar a la Junta Electoral Central y negar que sea competente, cuando lo que ha hecho la JEC se limitarse a aplicar una sentencia del TSJC, la ya referida que inhabilita a Torra como cargo público:
@Adrilastra: Tenemos serias dudas de que la Junta Electoral Central sea competente para adoptar estos acuerdos.
Es un órgano administrativo, no es un tribunal y esperamos que el Tribunal Supremo responda a esta cuestión cuanto antes.
Es un órgano administrativo, no es un tribunal y esperamos que el Tribunal Supremo responda a esta cuestión cuanto antes.
Que esto lo haya publicado la cuenta de Twitter oficial del PSOE deja claro que esta declaración de Lastra es la posición oficial de ese partido. Esto es de suma gravedad. Que el PSOE se lance a deslegitimar a una institución del Estado porque aplica una sentencia judicial es algo que le acerca peligrosamente a los modos del chavismo venezolano, igual que lo es que un comunista insulte a los jueces y ataque la independencia judicial, simplemente porque la JEC ha hecho algo que no es de su agrado. Que el PSOE esté dispuesto a nombrar ministro a este tipo es el colmo de la vergüenza para España, igual que lo es que el PSOE haya suscrito con los separatistas de ERC un pacto que atenta contra la unidad y la soberanía de España y la Constitución.
Así es como el chavismo venezolano empezó a instaurar su dictadura
Lo que estamos sufriendo en estos momentos en España no son meros exabruptos de políticos extremistas o abusos puntuales de gobernantes con complejo de déspotas. Lo que se está preparando es un asalto en toda regla a la democracia, para que ningún juez ni funcionario público se atreva a hacer nada que desagrade al PSOE y a sus aliados, aunque eso implique saltarse la ley. Hace años en Venezuela -y esto lo sabe cualquier gallego como yo que haya tenido familiares emigrados allí- tampoco creían posible que su país degenerase hasta lo que ahora vemos, pero ocurrió. Los pasos que están dando socialistas y comunistas en España son alarmantemente parecidos a los que dieron los chavistas en Venezuela, con el propósito de vaciar de contenido al Estado de Derecho y que la voluntad del gobierno no tenga límites.
—
Foto: La Moncloa. Una reunión entre el presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, y el presidente del Gobierno regional de Cataluña, Quim Torra, el 9 de julio de 2018.
No hay comentarios:
Publicar un comentario