Pongamos que hablo de Madrid, o de Andalucía, o Cantabria, o Extremadura, o Murcia, o de Cienpozuelos, que es un pueblo que siempre me gustó porque su nombre me suena bonito y su historia tiene arraigo en la época romana cuando se la llamaba tierra de higuerales.
En cualquiera de estos asentamientos urbanos los chorizos los tenemos colgados para que se ventilen y sepan mejor o en la cárcel para que tengan tiempo de pensar o de arrepentirse de sus maldades.
En cambio en Cataluña, los que delinquen y están vinculados a la acción política, viven bajo el paraguas de la tolerancia de los estúpidos, especie que en los últimos años ha germinado con potencia en casi todo el territorio nacional y no es raro el lugar en el que no graznen o rebuznen en favor de los maleantes, hampones, salteadores, facinerosa e infractores de aquella región, pidiendo comprensión e indulto para ellos.
Si un buen abogado, defensor de un traficante de influencias, un evasor fiscal, un agresor violento, o un chulo putas, se empeñase en exigir que a su patrocinado se le tratase con la misma tolerancia y comprensión que los políticos reclaman para quienes están siendo juzgados en el proceso por el intento de golpe de estado en Cataluña, obtendría el amparo del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo con toda seguridad, porque en este asunto en España no todos somos iguales ante la ley.
Mientras están en la cárcel, o a la espera de entrar en ella, ciudadanos normales o políticos del PP y del Psoe y nadie pide para ellos un indulto ¿en qué base legal se sustenta que incumplir la ley, cuando se es un político catalán, es una conducta amparada que merece la tolerancia, la comprensión y el indulto?
¿Por qué asociarse para delinquir, que es lo que han hecho los que se sientan en el banquillo del Tribunal Supremo y sus colegas de fechorías huidos, debe ser considerado con una manga ancha inexistente para los ciudadanos de otras partes de España, incluido los políticos?
¿Por qué no hay un juez que se atreva a pedir el ingreso en prisión para Jordi Pujol y Solé, y en cambio aplican correctamente la vara de medir de la justicia cuando el supuesto o real delincuente es de otra parte de España?
¿Por qué ningún Presidente del Senado pide el indulto para los procesados por la trama de los ERES en Andalucía y sí se apresura – a escasos días de haber si nombrado para ese cargo- a pedirlo para los que se sientan en el banquillo del tribunal Supremo?
Sencillamente porque piensan que no todos los españoles somos iguales ante la ley, o porque les importa una higa la legalidad, o porque entienden que los catalanes independentistas tienen derecho a irse de España por las bravas, acosar con violencia a quienes no piensan como ellos, robar como cosacos las arcas del estado, y convertir a Cataluña en un espacio reservado al nuevo nazismo ideológico del siglo XXI.
Diego Armario
viñeta de Linda Galmor
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