Un respiro de alivio debió ayer de recorrer el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo cuando llegara a oídos de los golpistas que Pedro Sánchez acababa de negarse, en una entrevista televisiva, a descartar de entrada su indulto. Con la semanita mala que llevan, escuchando a decenas de guardias civiles y policías relatando la violencia y el pertinaz boicot a la ley que acompañaron a la presunta «revolución de las sonrisas» durante el 1-O, la postura de Sánchez les supo a gloria.
Llueve sobre este charco desde que la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, sugiriera lo de la medida de gracia a la banda del lazo si sus integrantes son condenados. Después, el PSOE se ha puesto a silbar cada vez que en las Cortes se han planteado mociones o modificaciones legales para impedir el indulto a los condenados por rebelión o delitos contra el Estado de similar gravedad.
Ayer Sánchez se enroscó en un trabalenguas para salir del paso al asegurar que él no es partidario de «judicializar la política, ni de politizar la justicia», lo que sonó parecido a lo de «el cielo está enladrillado, quién lo desenladrillará; el desenladrillador que lo desenladrille, buen desenladrillador será». Una respuesta infantil, pero la puerta quedó abierta («Una vez que haya sentencia, el poder político tendrá que posicionarse»).
La cosa parece madura, por tanto, vistos los antecededentes -el intento de neutralizar la acusación por rebelión, humillando en la pirueta a la Abogacía del Estado- y teniendo en cuenta que no solo la delegada de Sánchez en Cataluña lo ha propuesto, sino que Iceta lleva meses bailoteando con la misma idea cada vez que se le pregunta. La teoría sanchista es que «los indultos existen porque son constitucionales» y que «hay que dejar trabajar a los jueces» para luego «hacer política». Los dos primeros principios son indudables, lo que inquieta es prescisamente el tercero porque visto el papelón de Pedralbes el pasado diciembre eso es exactamente lo que hay que temer.
Hasta 1931, el Ministerio de Justicia, que es quien en España propone los indultos, se llamaba de Gracia y Justicia. Parece que ahora en el colchón de La Moncloa alguien medita, mullidamente, que la gracia del Estado alcance a quienes quisieron romperlo y, lo que es mucho peor, ni reniegan ni renuncian a volver a intentarlo. La cosa no es como para reírse de los españoles, no tiene ni pizca de gracia.
Álvaro Martínez ( ABC )
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