Avicena o Ibn Siná (como fue llamado en persa y en árabe) nació en el año 980 en Afshana (provincia de Jorasán, actualmente en Uzbekistán). Cuando tan sólo contaba con 17 años ya gozaba de fama como médico por salvar la vida del emir Nuh ibn Mansur. Puede ser considerado el inventor de la traqueotomía, cuyo manual operatorio sería precisado por el célebre cirujano árabe Abū el-Kasis de Córdoba.
Libros: El canon de medicina, El libro de la curación, Poema de la medicina
Ayuntamiento de Barcelona con la pancarta 'más democracia'.
"Más democracia", ese es el eslogan de la pancarta que colgaba de la fachada del Ayuntamiento de Barcelona, en plenas Fiestas de la Merced, que los independentistas han secuestrado para hacer propaganda del referéndum ilegal. Mientras, a la oposición se le quedaba cara de boniato.
Todo este montaje de pancarta en las fiestas ha sido posible gracias al comportamiento "democrático" de la alcaldesa Colau que, asesorada por su marido, el diputado Domènech y algunos cuantos más, se ha inclinado por dar soporte a la consulta olvidándose de que es la alcaldesa de todos. Pero lo significativo del tema es que el representante socialista, Jaume Collboni, con tal de mantenerse en el cargo, haya consentido las acciones de Colau. ¿Cuántas clases de socialistas hay?
La alcaldesa Colau que se prestó, con agrado, a estar presente en el acto de los alcaldes independentistas que les ofreció Puigdemont en el Palau de la Generalitat, no tuvo el mismo comportamiento con los alcaldes que no apoyan la consulta y que son objeto de insultos y amenazas. Es más, cuando Núria Marín, alcaldesa de la segunda ciudad más grande de Catalunya, le dijo al presidente que no presionara a los alcaldes para ceder locales en la consulta, Colau no apoyó a su colega y se quedó muy calladita. ¿También por falta de democracia?
Colau se ha quitado ya la careta y su apuesta por la consulta no deja ya la más mínima duda. Mientras, más de un funcionario de su Ayuntamiento pide más democracia a la hora de realizar la recalificación de sus puestos y denuncian la entrada "democrática" de personal de confianza de los partidos que constituyen el gobierno municipal. ¿Alguien denunciará algún día este tipo de prácticas? ¿Democráticas?
Anna Gabriel, la cupaire, convertida ya en una política experimentada miente más que habla. En una entrevista va y afirma: "Si solo se trata de poner las urnas". ¿Y la declaración de la República Catalana -como ha dicho en muchas ocasiones- es fruto de una noche de borrachera, por tu parte?
Lo mismo ocurre con la monja metida a presidenta del Parlament, Carme Forcadell, al comparar la situación actual con la vivida en los tiempos de la dictadura y, donde democracia, libertad de expresión y los derechos brillaban por su ausencia o estaban de vacaciones en las cárceles españolas. Lo dice ella, que en el bochornoso pleno en que se aprobaron las leyes ilegales que se cargaban el estatuto y la Constitución, se pasó a la oposición por su "democracia", con una actitud dictatorial como nunca se había visto en tiempos de la democracia.
Forcadell miente y se olvida de explicar que la mayoría que votó -Catalunya con el porcentaje más alto de España- la Constitución y el Estatut estableció unas reglas de juego que ahora resulta que Junts pel Sí, la CUP, el Govern y una parte del Parlament no respetan. También se olvida del porcentaje de votos que son necesarios para aprobar determinadas leyes. Eso no les importa, su aplicación de "democracia" la moldean a sus intereses.
Decir que no hay democracia sino dictadura es un insulto y una falta de respeto. La democracia les están permitiendo decir lo que les viene en gana y actuar de manera autoritaria con el resto de las personas que no piensan como ellos. Y no solo eso, sino que están incitando a la gente a salir a las calles "pacíficamente" para coaccionar, amedrentar y poner etiquetas de buenos y malos catalanes. Todo ello es de una insensatez que roza la esquizofrenia. La democracia no es una plastilina que se puede moldear de acuerdo a los intereses partidistas.
Mafalda, uno de mis personajes favoritos de mi casi adolescencia decía:
Pues que lo apliquen los demócratas de nueva hornada que piden más democracia pero no la practican.
A las gentes que llevan colgadas banderas españolas o las exhiben en alguna manifestación se les llama "ultras"
He de confesar que eso de las banderas de tela, plástico o cualquier otro material me trae sin cuidado por la utilización que se hace de ellas. Pero respeto a los que opinan lo contrario. Estamos en democracia y todos son libres de creer, bendecir o adorar lo que les venga en gana.
En estos tiempos de tensión que se vive en Catalunya, los ciudadanos que no se han entregado al independentismo tienen que ir con pies de plomo a la hora de manifestar sus opiniones o de llevar determinada bandera porque alguien se ha otorgado la potestad de calificar a las personas, símbolos o acciones de los que no piensan como ellos.
A las gentes que llevan colgadas banderas españolas o las exhiben en alguna manifestación se les llama "ultras". ¿Por qué? ¿Todos son de la ultraderecha? ¿Cómo habría que llamar a los independentistas que llevan la estelada? ¿Ultraindependentistas? ¿Intolerantes?
Ahora resulta que en este país se cataloga, con bastante frivolidad, a las personas que sienten los colores de la bandera española. Lo que quiere decir que bandera española es igual a facha, así lo dicen unos cuantos demócratas. "Cuanto menos aporta un político, más ama a la bandera", decía Hubbard Kin.
Creo sinceramente que este país es rico en pluralismo ideológico, que se caracteriza por el respeto, la tolerancia, el reconocimiento al contrario y la libre expresión de las ideas. Nadie debería olvidar esto.
Los monopolios ideológicos que intentan ejercer una hegemonía absoluta ahogando con ello el derecho de pensar o sentir son extremos peligrosos para la credibilidad de cualquier sistema político y deja una sensación de autoritarismo en medio de impunidad y arbitrariedad. Sin pluralismo no ha democracia.
Es necesario que nadie se apropie ni de las banderas, las ideas, los sentimientos y la patria y que esa apropiación se utilice para descalificar a los demás. Las ideas como las cosas, no son ni blancas ni negras, sino, ¿qué sentido tiene el arco iris?
Decía Camilo José Cela que "el nacionalista cree que el lugar donde nació es el mejor lugar del mundo; y eso no es cierto. El patriota cree que el lugar donde nació se merece todo el amor del mundo; y eso sí es cierto".
Hay individuos que son nacionalistas, patriotas y los que no son ni una cosa ni otra. Es la gran ventaja de sentirse libre.
El desafío del independentismo catalán y las requeridas respuestas a las administraciones y partidos que se consideran constitucionalistas están generando más de un problema a Podemos y sus formaciones satélite. En Madrid, la portavoz del Gobierno municipal de Manuela Carmena desató ayer la polémica al rechazar públicamente la propuesta del PP para que el Ayuntamiento de la capital organice actos en favor de la Constitución –como juras de bandera– con motivo del 12 de octubre y en respuesta al órdago catalán. La controversia se prudujo cuando Rita Maestre contestó a los populares: «Lo de jurar bandera nos retrotae a tiempos oscuros en nuestro país». Y añadió: «Son parte de la historia no democrática en nuestro país». Las declaraciones de la portavoz municipal incendiaron las redes sociales e incluso llevaron a la alcaldesa, Manuela Carmena, a marcar ayer distancia. Según la ex jueza, Maestre «empleó un término que a lo mejor no fue el más preciso» al relacionar los actos de homenaje a la enseña nacional con la España predemocrática. Carmena también insistió en la necesidad de «ser muy prudentes en este momento». En lo que tiene que ver con la propuesta popular de organizar juras de bandera en los distritos, la alcaldesa se limitó a recomendar que no se usen «las banderas como instrumento de políticas partidarias».
Desautorizaciones o ideologías aparte, los datos demuestran que jurar bandera no pertenece a tiempos pasados. Al revés. Está más de moda que nunca. Según datos proporcionados por el Ministerio de Defensa, en los últimos cinco años las juras se han disparado. En el caso de Madrid, de 2011 a 2016 se ha pasado de 315 juras al año a 3.145 en 2016. El incremento es de más de un 898%. Si se atiende al número de personas que en los últimos cinco años han querido comprometerse públicamente con la nación y con la constitución mediante juramentos o promesas civiles ante la bandera de España el incremento también es notorio. En 2011 hubo 4.742 jurandos, mientras que en 2016 la cifra se elevó hasta 14.735 personas, lo que supone un incremento de más de un 210% en cinco años. De los 14.735 del último año, el 21,3 por ciento juraron en Madrid. El pasado año se organizaron 40 juras en toda España, en éste están previstas 57; muchas de ellas se celebrarán en espacios municipales. En Madrid, con motivo de la Semana Naval, que se celebra desde el próximo 15 al 24 de septiembre, la Armada organizará una jura de bandera para civiles en el Paseo del Prado para la que únicamente hay que inscibirse, ser mayor de edad, tener la nacionalidad española y no haber jurado en los últimos 25 años.
El pasado 2012, mientras gobernaba Ana Botella en la ciudad, se celebró una multitudinaria jura en la Plaza de Oriente, en la que prometieron fidelidad a la bandera la propia Botella y Esperanza Aguirre, entre otros 370 madrileños, en un acto civil que no se celebraba en un lugar público en la ciudad de Madrid desde 1982, cuando tuvo lugar en la Plaza Mayor. Fuera de Madrid es muy habitual que los ayuntamientos organicen juras. Hoy mismo se celebrará una en Algete organizada por el consistorio a la que está previsto que asista la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes. En Alcorcón, Boadilla del Monte o Las Rozas, los gobiernos municipales han cedido en distintas ocasiones espacios para estos actos civiles cada día más solicitados en toda España, incluso en Cataluña, donde en los últimos años, coincidiendo con la amenaza independentista, los jurandos también se han elevado hasta alcanzar el pasado año los 704. En los actos, los jurandos besan la bandera y responden positivamente –«Sí, lo hacemos»– a la pregunta del jefe de la unidad del Ejército que organiza la jura: «¡Españoles! ¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, con lealtad al Rey y, si preciso fuera, entregar vuestra vida en defensa de España?».
En varias ocasiones se ha proclamado de forma ilegal en el siglo XIX la independencia de la región, y en todas ha sido acallada por la legitimidad y el apoyo social al gobierno central .
Ni reino catalán, ni país catalán. Estos términos, hoy manidos y generalizados por el independentismo, chocan drásticamente con la realidad y con la historia. Tan solo se ha materializado la proclamación ilegal del Estado catalán en tres ocasiones hasta la actualidad. Todas, a partir del siglo XIX y tras el nacimiento del fervor nacionalista. Sin embargo, en cada una de ellas el gobierno y la cordura actuaron para acabar de raíz con aquellos separatistas que -en 1873, 1931 y 1934- intentaron llevar a cabo una ilegalidad manifiesta.
Y es que, aunque duela a muchos, la historia no miente. Cataluña, en contra de lo que nos quieren hacer creer, ya formaba parte de la Hispania romana y de la visigoda. Y jamás tuvo consideración de Estado. De hecho, pasó a ser uno de los dominios del Reino de Aragón después de que el rey Ramiro II casara a su hija Petronela con Ramón Berenguer IV (conde de Barcelona) en 1151. Fue, en definitiva, una forma de adquirir, por vía matrimonial, aquellos territorios que tanto ansiaba.
En base a esa unión nació la Corona de Aragón. No la Corona de Cataluña. Y, por ello, términos actuales como «Países catalanes», «Confederación catalano-aragonesa» o «Corona catalano-aragonesa» (hoy más que populares gracias al independentismo) poco tienen de realidad.
Un intento de Estado
El término Estado catalán permaneció en el olvido hasta la llegada de la Primera República. Una forma de gobierno que arribó a las fronteras españolas como culminación del proceso revolucionario de 1868 y tras el suspiro que supuso el reinado de Amadeo I de Saboya (quien apenas sentó sus reales dos años en el trono).
«Nadie la trae; la traen todas las circunstancias», afirmó sobre el nuevo régimen Emilio Castelar, ministro de Estado desde la proclamación de la Primera República en 1873.
El experimento saldría caro a la postre. En los escasos 22 meses que se extendió en el tiempo pasaron por el poder nada menos cuatro presidentes. Por si fuera poco, a partir del 11 de junio de 1873 las Cortes promulgaron el establecimiento de un sistema federalista que (a pesar de no llegar a ponerse en práctica en principio) favoreció el enfrentamiento entre diferentes regiones.
Ya lo dijo el destacado jurista Juan Ferrando Badía en su obra «Primera República Española»: «El federalismo fue una gran utopía […] que conformó la mentalidad del […] regionalismo».
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Ejemplo de ello fue el nacimiento -a partir de 1873- de hasta 26 movimientos cantonales que buscaban la independencia de pequeñas regiones como Camuñas o Motril. La lucha por la autonomía llegó al absurdo en regiones como Jumilla (hoy, un municipio de unos 970 kilómetros cuadrados). No en vano, desde el mencionado territorio se envió el siguiente texto: «La nación jumillana desea vivir en paz con todas las naciones vecinas y, sobre todo, con la nación murciana, su vecina; pero si la nación murciana se atreve a desconocer su autonomía y a traspasar sus fronteras, Jumilla se defenderá».
En este contexto se produjo (entre 5 y el 7 de marzo de 1873) la proclamación del Estado catalán por parte del anarquista malagueño José García Viñas y el médico socialista francés Paul Brousse. «Los impulsores fueron representantes de las diputaciones catalanas y baleares reunidos en el palacio de la Generalitat», explica el historiador catalán Andreu Navarra Ordoño en su obra «La región sospechosa. La dialéctica hispanocatalana entre 1875 y 1939».
El experto añade que la dirección del movimiento recayó sobre Baldomer Lostau, de la «izquierda federalista catalana». Lo que implica que poco tenía aquello de acción independentista y que, por el contrario, lo que realmente buscaban los golpistas era presionar al gobierno de Estanislao Figueras para que aplicara, de una vez por todas, las promesas federales que prometía.
Así queda claro en el título que le dieron los golpistas a su nuevo experimento político: «Estado catalán federado con la república española».
«Nadie apoyó la proclamación, y en Madrid fueron reprobados por los catalanes»Aunque la presión no fue el único motivo para proclamar el Estado catalán. Tal y como afirma la doctora en historia Carmen Pérez Roldán en su dossier «Pi i Margall en el gobierno de la Primera República», las ideas secesionistas se materializaron cuando en Cataluña se supo que era posible que el Gobierno de Madrid dejase de ser republicano por una crisis electoral.
A nivel práctico, todo ocurrió muy rápido. En palabras de «La Correspondencia de España» (uno de los diarios más destacados del siglo XIX) «unos 16.000 voluntarios» declararon repentinamente «el Estado catalán» en el Ayuntamiento de Barcelona el 5 de marzo. Con todo, y a pesar del éxito inicial, el periódico también señaló en su momento que «gran número de personas abandonó la ciudad» y que «todas las corporaciones y agrupaciones republicanas, la Diputación, el Ayuntamiento, los federalistas, el centro republicano federal, y las asociaciones de los distritos se pusieron en expectativa».
Para una buena parte de los autores, el movimiento fue minoritario a pesar de que lograra hacerse con el poder. Uno de los que secunda esta tesis es el hispanista francés Pierre Vilar en su obra «Breve historia de Cataluña»: «Nadie les apoyó, y en Madrid fueron reprobados por los catalanes que, por primera vez, eran responsables de la República». A pesar de ello, y durante dos jornadas, los secesionistas se plantearon objetivos tan descabellados como convocar elecciones u obligar al ejército español ubicado en la región a disolverse.
Francisco Pi y Margall- ABC
La vida del Estado catalán se extendió escasamente dos días. Como ministro de Gobernación, las primeras medidas que tomó Francisco Pi y Margall fueron (en palabras de Pérez Roldán) «incomunicar la ciudad con el resto de España» y poner sobre aviso a «los gobernadores de las provincias adyacentes con el objetivo de aislar el movimiento».
Al final todo aquello quedó en nada cuando, según Navarra, el político contactó con los independentistas y «los disuadió de continuar con aquel camino prometiéndoles que en las próximas elecciones constituyentes sería votada una constitución federal».
La doctora en historia, por su parte, cree determinante para el abandono de aquellas ideas secesionistas el que la crisis del Gobierno republicano en la capital acabase rápidamente.
Por sorpresa
Hubo que esperar seis décadas tras el fallido experimento de 1873 para que los partidos republicanos forjados al calor de la «Dictablanda» de Primo de Rivera se unieran en San Sebastián y acordaran constituirse en un «Comité Revolucionario». O «autoproclamarse», como llegó a expresar el anarquista Diego Abad de Santillán tras la reunión celebrada en 1930.
Ya entonces, y tal y como afirma José Gonzalo Sancho Flórez en su obra «La Segunda República española», «los catalanes formaron su propio comité, aunque comprometiéndose desde el principio a prestar su total apoyo al Nacional». En palabras del experto, a cambio solicitaron el apoyo de sus compañeros a la «causa catalanista» ofreciéndoles un Estatuto de Autonomía cuando llegaran al poder.
Aquel grupo fue el germen al que se fueron uniendo -en los meses siguientes- varios partidos ávidos de un cambio de rumbo político. Además de la base sobre la que se construyeron los comicios del 12 de abril de 1931. Los mismos que acabaron convirtiéndose en un plebiscito contra la monarquía. «En ellos, el pueblo de una forma indirecta y, si cabe, hasta sin proponérselo, entregó el poder a las fuerzas republicanas burguesas y a sus aliados socialistas», añade Sancho. La victoria de estos partidos en 41 capitales de provincia fue un auténtico puñetazo en la mesa y terminó de un plumazo con la monarquía.
Apenas dos jornadas después, el 14 de abril de 1931, el júbilo se hizo patente en Eibar, la primera ciudad en alzar la bandera republicana. A las tres y media de la tarde se hizo lo propio en el edificio de Correos de Madrid.
Francesc Maciá
Sin embargo, una de las regiones españolas donde se vivió con más fervor la llegada del nuevo sistema político fue en Barcelona. En la Ciudad Condal el encargado de proclamar la llegada de la República desde el balcón del Ayuntamiento fue Lluís Companys, uno de los pesos pesados de la también victoriosa Esquerra Republicana (ERC). Aunque, como señala Montserrat Figueras en su obra «Apuntes iusfilosóficos en la Cataluña franquista (1939-1975)», fue a eso del mediodía y, por tanto, bastante antes que en la capital.
Apenas media hora después de que Companys se dirigiese a los ciudadanos de Barcelona y fuera recibido con gritos de «¡Viva la República!» se vivió el segundo intento secesionista catalán.
Y es que, posteriormente se dejó caer por el mismo Ayuntamiento Francesc Maciá (líder de ERC) para proclamar la independencia catalana. Así narró el ABC este suceso el 15 de abril: «El Sr. Maciá desde el balcón habló nuevamente, manifestando que en nombre del pueblo de Cataluña se hacía cargo del Gobierno catalán y que en aquella casa permanecería para defender las libertades de su patria». A su vez, señaló que permanecería en aquella casa «sin que pudiese sacársele de allí como no fuera muerto».
«En nombre del pueblo de Cataluña proclamo el Estado catalán bajo el régimen de la República catalana»
Maciá informó a continuación al presidente de la República Niceto Alcalá Zamora de sus actos. Posteriormente, y tras explicar lo acaecido a un grupo de periodistas, hizo público el siguiente texto: «En nombre del pueblo de Cataluña proclamo el Estado catalán bajo el régimen de la República catalana, que libremente y con toda cordialidad anuncia y pide a los otros pueblos hermanos de España su colaboración en la creación de una confederación de pueblos ibéricos».
A su vez, dirigió un escrito a los alcaldes de la región en los siguientes términos: «En el momento de proclamar el Estado catalán bajo el régimen de la República catalana os saludo con toda el alma y os pido que me prometáis la colaboración para sostenerla, comenzando por proclamarla en vuestras ciudades».
Con esta proclamación, el político se negó «de facto» a aceptar los resultados de las elecciones nacionales. De nada sirvieron los votos de miles y miles de españoles. Por suerte, el gobierno prefirió no recurrir a la fuerza y el día 17 de abril envió a los ministros Fernández de los Ríos, Marcelino Domingo y Lluis Nicolau d'Olwer a negociar con Maciá. Su labor fue determinante para el devenir de la región, pues lograron aplacar aquella locura ilegal.
«Después de las negociaciones [...] se acordó dejar a un lado la cuestión del “Estado” catalán, y substituir dicho planteamiento político por el de la restauración de un sistema de autogobierno limitado bajo el nombre histórico de Generalitat. Además se acordó la redacción de un Estatuto que el gobierno de la República presentaría como ponente en las Cortes. […] El gobierno provisional de la República dictó un decreto el 21 de abril de 1931 restaurando la Generalitat; en cuanto al proyecto de Estatut de Catalunya [...] fue elaborado y aprobado en los meses siguientes», explica Antoni Jordá en «Federalismo, regionalismo, nacionalismo: el restablecimiento de la Generalitat y el Estatuto catalán durante la Segunda República».
El último intento
La última intentona secesionista catalana se produjo en el marco de la Segunda República española allá por octubre de 1934. Justo después de que estallara la ira entre la izquierda por el acceso de tres ministros de la CEDA (una confederación de partidos católicos y de derechas) al gobierno estatal. Su llegada indignó a los más extremistas y provocó una huelga general que puso en jaque el régimen establecido.
Así explica la situación el sindicalista Antonio Liz Vázquez en su obra «Octubre de 1934: Insurrecciones y revolución»: «El día 5, por orden del Comité Revolucionario, ya estaba en marcha la huelga general y el paro era total en ciudades como Madrid, Barcelona, Oviedo y Bilbao».
La tensión aumentó drásticamente. En Madrid, por ejemplo, se decretó el despido de los trabajadores que se unieran a los parones establecidos (algo factible, pues estos habían sido declarados ilegales por el gobierno).
Y mientras en la capital se recurría a la fuerza para controlar a los huelguistas, en Cataluña sucedía otro tanto. De hecho, en Barcelona la discordia era máxima debido a la división entre las tres fuerzas predominantes: la Generalitat, la CNT y la Alianza Obrera. «La división entre ellas era total», añade Liz en su texto. De esta guisa, el día 5 el gobierno local envió guardias de asalto para tratar de sofocar las revueltas que pudieran sucederse en la urbe.
Lluis Companys, junto al gobierno de la Generalitat en la cárcel- ABCEn esas andaba la situación el 6 de octubre de 1934 cuando Lluis Companys (presidente de la Generalitat y líder de Esquerra Republicana tras la muerte de Maciá) proclamó el Estado catalán. Lo hizo, en palabras de Liz, presionado por los obreros. Sus palabras (recogidas en la edición del 11 de octubre del diario ABC) llamaban al enfrentamiento: «¡Catalanes! Las fuerzas monárquicas y fascistas que de un tiempo a esta parte pretenden traicionar a la República han logrado su objetivo y han asaltado el poder. [...] los núcleos políticos que predican constantemente el odio y la guerra a Cataluña constituyen hoy el soporte de las actuales instituciones. [...] Cataluña enarbola su bandera, llama a todos al cumplimiento del deber y a la obediencia absoluta al Gobierno de la Generalitat, que desde este momento rompe toda relación con las instituciones falseadas». El diario ABC publicó, el día 11, la relación de los hechos. El texto fue escrito por el periodista Antonio Guardiola bajo el titular «El golpe de Estado de la Generalidad», quien describió lo tensa que estaba la situación antes de que Companys saliera al balcón de la Generalitat: «La plaza de la República fue llenándose de gentes, y en particular de jóvenes afiliados al Estat Catalá, somatenistas y partidarios de la Esquerra. Todos iban armados y algunos llevaban, además de una magnífica carabina Winchester, una soberbia pistola automática, a veces ametralladora, y en general, material modernísimo y excelente». Acabado el discurso, inició una ronda de llamadas para ganar adeptos a su causa. El primer mandamás al que se dirigió fue al general Domingo Batet, jefe de la IV División Orgánica y «catalanista moderado» (tal y como afirma Pierre Broué en su obra «Ponencias presentadas al Coloquio Internacional sobre la IIa República Española»). A este militar le solicitó que se pusiese a sus órdenes para «servir a la República Federal que acabo de proclamar». Contrariamente a lo que pensaba el presidente de la Generalitat, el oficial se mantuvo fiel a España. Companys tuvo más suerte con el comandante Enrique Pérez Farrás, el jefe de los Mossos d'Esquadra, quien sí se adhirió a la causa secesionista. General Batet- ABC
Batet, por su parte, no se quedó mano sobre mano. Tras hablar con Companys telefoneó al presidente Alejandro Lerroux y, basándose en órdenes suyas, inició los preparativos para acabar con la rebelión. «Tras recibir refuerzos de Marruecos, el general declaró el estado de guerra», determina Luis E. Íñigo Fernández en su obra «Breve historia de la Segunda República española».
Broué añade que «todos los militares y la mayoría de las unidades policiales obedecieron las órdenes» del oficial fiel al gobierno. Frente a ellos se posicionaron un centenar de Mossos dispuestos a defender la Generalitat, así como milicianos pertenecientes -entre otros grupos- a Alianza Obrera.
Trasarribar a la zona, Batet atacó con fuego de fusilería y disparos de artillería. La lucha podría haber sido cruenta, pero el general se limitó a esperar pacientemente a que los defensores se rindieran. Todo ello, a pesar de que había recibido órdenes de acabar con la resistencia de con contundencia. «Durante la noche, Companys y Batet negociaron la rendición, que tuvo lugar a las 6 de la tarde del 7 de octubre», añade Broué. Para entonces ya habían muerto en Barcelona entre 40 y 50 personas durante las escaramuzas.
Posteriormente Batet y Companys fueron detenidos. Algo en lo que hace mucho hincapié el libro «Historia de Cataluña» (editado por el Museo de Historia de Cataluña): «El gobierno de la Generalitat fue hecho prisionero, juzgado y condenado a treinta años de prisión; el Estatuto de Autonomía quedó suspendido, y la mayoría de ayuntamientos y las nuevas autoridades pasaron a ser de carácter gubernativo». La obra, sin embargo, no explica que aquella proclamación fue una rebelión.
Castilla no trató de imponer su lengua y los monarcas de la dinastía de los Habsburgo procuraron, al igual que en otros rincones de su imperio, que se respetaran las lenguas locales.
Ilustración de la Guerra de los Segadores, «Corpus de Sangre» de H.Miralles (1910). - Vídeo: ABCLa posición estratégica de Cataluña, puerta hacia el resto de Europa y bañada por el Mediterráneo, ha convertido su historia en un constante mestizaje cultural. Al contrario de lo que afirman los nacionalistas, en esta región española el catalán no ha sido el único idioma y, desde luego, el castellano nunca fue introducido a la fuerza. Ambos idiomas, y otros, convivieron en Cataluña sin confrontación hasta el siglo XX.Como relata Jordi Canal en «Historia mínima de Cataluña» (Turner), el catalán se originó en el noreste peninsular y en el sur de la Galia a partir del latín vulgar que introdujeron los romanos durante la conquista. La alta penetración que tuvo la cultura romana, sobre todo en el litoral, hizo a su idioma inmune a la influencia celta, griega, fenicia e ibérica. Solo en la zona pirenaica la influencia latina fue menor, hasta el punto de que en Ribagorza y Pallars se habló hasta la época carolingia una modalidad del vasco. Al igual que con otras lenguas peninsulares es imposible saber el momento exacto en el que el latín vulgar, en la variante de este territorio, evolucionó a un incipiente catalán. Algunos filólogos sugieren el primitivo romance se conformó entre los siglos VII y VIII. Lo que está claro es que durante la Edad Media Cataluña y el resto de territorio peninsular fueron multilingües. El catalán –como señala Jordi Canal– «nunca, a lo largo de la historia, ha sido la única lengua en Cataluña. Ha coexistido, tanto en sus formas habladas como escritas, con otras lenguas, igualmente consideradas como propias por una porción más o menos amplia de catalanes». De esta forma, la convivencia entre el latín, la lengua de oc, el aragonés y el catalán fue lo habitual en Cataluña.
La convivencia medieval entre lenguas
La lengua de oc, o provenzal fue la lengua cultural de lo que es hoy en día el sur de Francia y las regiones vecinas durante todo el periodo medieval, particularmente a través de los trovadores y trobairitz. En Cataluña la penetración fue amplia e, incluso cuando dejó de usarse a nivel oral, la poesía se siguió cultivando en lengua de oc durante siglos, no así la prosa. De modo que esta tradición no se rompió definitivamente hasta el siglo XV con la obra del valenciano Ausìas March, autor de «Llir entre cards», aunque hay que aclarar que se trató de un texto en valenciano.Los Reyes Católicos, Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla.
La convivencia entre el aragonés y el catalán también se extendió durante varios siglos. No obstante, dentro de la Corona de Aragón, conformada por los reinos sometidos al Rey de Aragón (Aragón, los Condados catalanes, Valencia, las islas baleares, parcialmente Sicilia, Córcega, Cerdeña, Nápoles y los ducados de Atenas y Neopatria), la lengua no era el eje vertebrador, ni el factor común, sino la sumisión a la jurisdicción de un Rey y de una dinastía, la Casa de Aragón. Cada uno de los territorios conservó su propia lengua y en la Cancillería real, organizada por Jaime II, los funcionarios dominaban a la perfección el catalán, el aragonés y el latín, del mismo modo que lo hacían los comerciantes y la incipiente burguesía. En la Corte, por su parte, se hablaba o el aragonés o el catalán dependiendo del lugar en el que estuviera establecida. La influencia entre ambas lenguas fue inevitable.
Si Artur Mas y sus subordinados no entregan 5,25 millones pueden perder sus casas
Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega, los exconsejeros Francesc Homs e Irene Rigau y cinco altos cargos de la Generalitat tienen menos de quince días para depositar 5,25 millones de euros invertidos en la consulta ilegal del 9-N de 2014. Si no lo hacen, el Tribunal de Cuentas ordenará el embargo de sus bienes a la espera del juicio contable. Responderán con sus cuentas bancarias y sus propiedades inmobiliarias.
De momento disponen de alrededor de dos millones de euros recaudados en la «caja de solidaridad» de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, asociaciones que trabajan para el referéndum ilegal del próximo domingo. Si no consiguen otros 3,3 millones de euros, los políticos denunciados ante el Tribunal de Cuentas responderán con su patrimonio y de forma solidaria, es decir, quien tenga suficientes bienes deberá cubrir lo que no aporte el resto.
Con este panorama, el expresidente Artur Mas puede ver embargado su señorial piso de Barcelona. Se trata de un inmueble de 200 metros cuadrados ubicado en la calle Tuset, entre la la Avenida Diagonal y la Travesía de Gracia. El piso, un octavo, cuenta con dos entradas -la principal y la de servicio-, y cuatro dormitorios, sin contar el de servicio. Mas lo adquirió en 1991, cuando era concejal del Ayuntamiento de Barcelona.
Declaraciones de bienes
En 2013, el entonces «president» hizo una declaración de bienes que cifraba su patrimonio en 470.000 euros. Esta cantidad incluía la citada vivienda, pero no a su valor real de mercado, sino el de compra o el catastral, mucho más bajo, pues ascendía a solo 180.000 euros.
También dijo disponer de 45.000 euros en el banco; 37.278 en acciones; un plan de pensiones con 149.000 euros; y otros valores y deuda pública de la Generalitat que sumaban 58.000 euros.
El Tribunal de Cuentas ha considerado que Artur Mas, como máxima autoridad de la Generalitat durante los preparativos del 9-N, es responsable de las nueve partidas de gastos irregulares detectados, junto a otros responsables de la consulta. La cantidad exacta que el órgano fiscalizador del Estado le reclama es de 2,1 millones de euros, una cifra superior a su patrimonio declarado.
El expresidente catalán veranea en una casa del elitista municipio menorquín de Fornells, pero está a nombre de su esposa, Helena Rakosnik, según datos oficiales del Registro de la Propiedad.
Por su parte, Joana Ortega arriesga un piso de 167 metros cuadrados en la barcelonesa calle París (es propietaria del 50 por ciento de la vivienda). Adquiró el inmueble en 1996 y figura hipotecado. En cuanto a su actividad económica, la exvicepresidenta es socia de una consultora que asesora en materia de transparencia a entidades públicas, denominada E&T Consulting. También tiene o ha tenido intereses en una tienda de ropa y un restaurante en la calle Aribau.
Francesc Homs, exconsejero de Presidencia, podría responder a las cantidades reclamadas por el Tribunal de Cuentas con la casa que posee, al 50 por ciento, en Taradell, en la provincia de Barcelona. La vivienda dispone de 317 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 550. Tiene una hipoteca con un capital pendiene que ascendía a 77.000 euros, según la declaración de bienes que presentó en el Congreso de los diputados a principios de 2016.
Irene Rigau, consejera de Enseñanza que habilitó colegios para el 9-N tiene a su nombre cuatro inmuebles de un valor económico discreto: una terraza-solarium de 20 metros cuadrados, una plaza de garaje, una pequeña porción de un solar y un tercio de una vivienda heredada.
El jeque marroquí que responde al nombre de Mohamed Ben Abderrahman Al Maghraoui ha comentado ante los medios de comunicación que una niña de nueve años “da con frecuencia mejor resultado en la cama que una joven de 20”.
En el mundo islámico el matrimonio entre hombres adultos y niñas es frecuente e inherente a las enseñanzas del Corán, donde se describe cómo Muhamad (Mahoma), a quien llaman “el profeta”, desposa a una niña de seis a siete años de nombre Aisha, evocada por los islámicos como “Madre de los Creyentes”.
El marroquí Mohamed Ben Abderrahman emitió a principios una fatua (edicto islámico) en la que “legaliza” la unión sexual entre un hombre adulto y una niña impuber.
“…Nos han contado, y hemos constatado, que las niñas de esa edad dan mejores prestaciones que las mujeres adultas…”, afirma el jeque marroquí. “…En consecuencia están tan capacitadas para contraer matrimonio como las jóvenes de 20 años…”. continua comentando el musulmán.
Mohamed Ben Abderrahman Al Maghraoui, un conocido jeque salafista autor de media docena de libros de teología musulmana, colocó la fatua en la página web de su asociación Predicación y Sunna en el Corán.
El líder musulmán fundamenta su edicto en el ejemplo del “profeta” Mahoma. Aisha, recuerda, “….tenía sólo seis años cuando se convirtió en su prometida aunque no se casó con ella hasta que cumplió los nueve…”, sentencia el musulmán marroquí.
El presidente del grupo de juego y ocio Cirsa, Manuel Lao (dcha), junto al vicepresidente, su hijo, Manel Lao
El grupo catalán del sector del juego Cirsa ha financiado al independentismo catalán, mediante una donación de casi un millón de euros a la antigua CDC: el partido que hoy es el PDeCat que dirige el presidente de la Generalitat Carles Puigemont. En concreto, la multinacional de la familia Lao entregó 900.000 euros a los independentistas después de lograr una operación industrial que le generó un beneficio de 30 millones de euros. No es casualidad que, al hacer los cálculos, la cantidad entregada equivalga a un 3% del resultado final.
Aunque los portavoces de Cirsa niegan que el dinero entregado en concepto de donación tuviera una contrapartida, lo cierto es que salió de las arcas de la empresa del clan Lao justo después de que recibiera el visto bueno de la administración catalana a la adquisición de una fábrica ubicada en Sant Cugat del Vallés (Barcelona) por el simbólico precio de un euro y que era propiedad de la empresa Sharp, tal como informó El País.
En el sumario del caso ITV se pone de manifiesto que el cierre de Sharp fue uno de los primeros sucesos que implicaron a Oriol Pujol con el entonces gobierno de Artur Mas. El responsable de la consultora Alta Partners, Sergi Alsina (íntimo de Oriol Pujol) intervino en la venta de la fábrica por encargo de la Generalitat. El objetivo era salvar una parte de los empleos y entregar prácticamente gratis la infraestructura a Cirsa.
La empresa de la familia Lao se defiende indicando que la operación fue fruto de "una relación bilateral entre dos grupos multinacionales", aunque la realidad es que al mismo tiempo que se negociaba el traspaso de la fábrica (en el año 2011) la empresa comenzó a realizar donaciones anuales a dos de los organismos investigados por la financiación ilegal de CDC: CatDem y Barcelona Fórum. La última fue en 2015 y, entre las dos, recibieron 900.000 euros.
"La decisión de realizar donaciones forma parte de la dinámica empresarial propia de cualquier sector. Deben entenderse en un marco de contribuciones que la compañía realiza en cualquier ámbito público y privado, relacionados con la sociedad civil y la administración pública. Este tipo de contribución es absolutamente legal y completamente desvinculada de cualquier operación empresarial entre dos corporaciones privadas", señala Cirsa.
Sin embargo los hechos son tozudos y la compañía admite que se reunió con el que era recaudador oficial de CDC: el ex consejero de Justicia de la Generalitat, Germá Gordó, que se reunía con empresarios donantes del partido, según la investigación del "caso 3%" realizada por la Guardia Civil. El dinero recaudado servía para sufragar el independentismo y se cobraba a cambio de concesiones discrecionales de obras públicas e infraestructuras.
Cirsa admite que las reuniones con Gordó se produjeron cuando este político era secretario de la Generalitat pero aclara que los encuentros no tuvieron nada de irregular, sino que se celebraron "para garantizar un marco jurídico estable y una valoración de la industria del juego como sector clave de la actividad económica".
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha denunciado un presunto delito de sedición en los disturbios que se produjeron en Barcelona los pasados 20 y 21 de septiembre, durante la operación policial Anubis, en relación a las concentraciones y manifestaciones llevadas a cabo "para impedir por la fuerza la actuación de las autoridades y sus agentes en el ejercicio de sus funciones en defensa del ordenamiento constitucional", según consta en la denuncia presentada por el Ministerio Fiscal.
"La finalidad inmediata de las personas que protagonizaron los actos estaba orientada a impedir que funcionarios de la Administración de Justicia y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pudieran desarrollar sus funciones en cumplimiento de la Ley y de las resoluciones dictadas por una autoridad en el seno de un procedimiento judicial", resalta el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, firmante de la denuncia.
El fiscal deja claro que "la finalidad última de estas movilizaciones es conseguir la celebración del referéndum para conseguir la proclamación de una república catalana independiente de España", sin pasar por alto que los manifestantes son "conscientes" de que el referéndum se hace "al margen de las vías legales".
En este sentido, considera "necesario adoptar las medidas necesarias para investigar quienes son las personas que han inducido, sostenido o dirigido estas actuaciones" y requiere a la Guardia Civil un atestado de lo sucedido.
La denuncia presentada por la Fiscalía de la Audiencia hace un relato pormenorizado de los hechos, advirtiendo de que "una muchedumbre de personas se concentró ante los edificios registrados con la finalidad de impedir por la fuerza a los agentes de la autoridad el legítimo ejercicio de sus funciones y el cumplimiento de las resoluciones judiciales", señalando al presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, y al presidente de la asociación Omnium Cultural, Jordi Cuixart, como intervinientes en los hechos denunciados.
El Tribunal de Cuentas ha comunicado este lunes al expresidente de la Generalitat Artur Mas que deberá hacer efectiva una fianza de 5.251.948 euros derivada del uso de fondos públicos en la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014. Dispone para ello de un plazo de 15 días o se procederá al embargo de sus bienes, aclaran fuentes jurídicas.
El acta de liquidación de las conclusiones de la instrucción judicial por las diligencias abiertas contra el expresident, tres consellers y siete funcionarios concluye que Mas es responsable directo de todos los gastos que supuso el 9N y debe compartir con cada consejero y los empleados de estos departamentos, también investigados, la caución de la partida que asumió cada uno. La cantidad incluye el gasto real, 4.831.599,03 euros, más otros 420.349,14 que responden a los intereses.. Todo ello, sin perjuicio de lo que, posteriormente, se decida en el correspondiente procedimiento de reintegro por alcance, dado que la fianza, solidaria, sólo tiene como objetivo garantizar que los investigados puedan hacer frente a una eventual condena futura.
A la sede del Tribunal de Cuentas han acudido los representantes legales de Mas, su exvicepresidenta Joana Ortega, y los exconsellers Irene Rigau (Educación) y Francesc Homs (Presidencia), así como a otras siete personas que participaron en la organización de los gastos para el referéndum del 9-N: el exsecretario general de la Presidencia de la Generalitat Jordi Vilajoana, más Lluis Bertrán i Saura, Josefina Valls i Villa, Carolina Pardo Miguel, Jaume Domingo i Planas, lgnasi Genovés i Avellana y Jordi Serra i Catalán.
A partir de ahora se abre un plazo para alegaciones de 15 días y, si se confirman las cifras, se les exigirá al término que depositen las cantidades por los daños perjudicados al erario público. La fianza sirve para garantizar que los investigados puedan hacer frente a una eventual condena futura. Todo ello, sin perjuicio de lo que, posteriormente, se decida en el correspondiente procedimiento de reintegro por alcance, dado que la fianza sólo tiene como objetivo garantizar que los investigados puedan hacer frente a una eventual condena futura.
Además de la cantidad impuesta a Mas (que responde por todo) la mayor fianza corresponde a Irene Rigau por la adquisición de ordenadores portátiles 3.044.399,09 euros seguida por Francesc Homs con 2.127.580,09 euros y Joana Ortega con 839.439,75 euros.
La denuncia de Societat Civil Catalana (SCC) y la Asociación de Abogados Catalanes se justificaba en que, aunque Mas y sus consejeros ya habían sido condenados por desobedecer al Tribunal Constitucional al organizar aquella consulta de 2014, ello no les eximía de su responsabilidad contable por el uso irregular de dinero público.
En concreto, los denunciantes individualizaban una serie de gastos públicos por un importe global de más de 5 millones de euros: construcción de una página web institucional (14.837.60 euros); material para la votación (70.532,08 euros); adquisición de ordenadores portátiles para las mesas de votación (828.171,42 euros); póliza aseguradora para voluntarios (1.409,26 euros); apoyo informático a la consulta (1.106.185,77 euros) y envío de información (307.962,71 euros).
Las asociaciones acusaron a Mas y a sus exconsejeros de facilitar la logística y todos los medios los medios materiales y presupuestarios necesarios para la realización de la consulta popular, "por lo que destinaron caudales y efectos públicos puestos a su cargo para una finalidad ajena a las competencias y funciones públicas que tenían encomendadas, que aunque amplias, lógicamente, no eran ilimitadas".
También señalaron en su denuncia como objeto de responsabilidad contable el hecho de que los dirigentes denunciados ordenaran a subordinados y entes públicos dependientes, cada uno dentro del ámbito de su ámbito de responsabilidad institucional, "la aplicación económica de fondos públicos por un importe no inferior a 5.129.833 euros (cifraban entonces) para realizar un conjunto de actuaciones en abierta y franca contradicción con la Constitución, desprovistas de soporte presupuestario por desborde competencial, y desobedeciendo la orden de suspensión que había decretado el Tribunal Constitucional".
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