Una cristiana de unos 50 años ha sido apuñalada por un demandante de asilo afgano mientras se encontraba leyendo la Biblia en un centro de refugiados en Austria. Cuando la Policía fue a interrogar al agresor este se excusó dicendo que estaba atravesando ‘’problemas personales’’.
El suceso tuvo lugar en el municipio austriaco de Timelkam, tal y como recoge RT. La víctima y su esposo habían sido invitados a leer la Biblia a petición de algunos refugiados cristianos que se encuentran en el centro. Según las autoridades, este fue el motivo por el que el refugiado de 22 años de edad decidió apuñalar a la mujer.
Cuando escuchó a la víctima comenzar a recitar versos de la Biblia, el joven entró en la cocina a por un cuchillo y se lo clavó. La mujer llevaba un abrigo grueso de invierno que evitó que el arma blanca le causase daños graves, aunque ha presentado dolencias en el oído tras sufrir una caída.
El agresor ha sido detenido por la Policía y llevado a prisión en la ciudad de Wels, a unos 35 kilómetros del lugar del ataque. Tras aducir problemas personales como detonante de su agresión, el refugiado afirmó que no tenía ningún vínculo con la víctima y que no la había visto antes.
Medidas más restrictivas para los falsos refugiados
El Partido Popular Austriaco presentó hace unos días un proyecto de ley para permitir a las fuerzas de seguridad del país multar o encarcelar a los inmigrantes que mientan a las autoridades a la hora de pedir la solicitud de asilo. Cabe señalar que en 2016, el país austriaco ha registrado 37.500 solicitudes de asilo, 50.000 menos que el pasado año.
Según ha apuntado el secretario de Estado de Economía Harald Mahter, esta iniciativa -que busca reducir el número de solicitudes de asilo y controlar el flujo de inmigrantes- “tiene en gran medida un efecto significativo”. Asimismo, Mahter se ha preguntado “qué clase de ley diríamos que tenemos en la república si no castigásemos estas cosas”.
El proyecto de ley incluye multas de hasta 5.000 euros y tres semanas de prisión para aquellos inmigrantes que mientan a las autoridades. Además, si aquellos que no han sido aceptados se niegan a abandonar el país, podrán ser obligados a abonar una cantidad de hasta 15.000 euros y ser condenados a seis semanas de prisión.
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