Hugo Chávez personalmente firmó la concesión de 6,7 millones de dólares a Juan Carlos Monedero, Jorge Verstrynge y Pablo Iglesias para“llevar la Revolución a España y luchar contra el capitalismo”, a través de su Fundación CEPS.
El funcionario tramitador fue Rafael Isea, quien era un militar chavista, ministro de Finanzas y Planificación, y que es hoy un ‘arrepentido’ que vive protegido por las autoridades federales de Estados Unidos, donde está refugiado. Precisamente ha sido la Administración de Washington la que ha hecho llegar estos documentos a la Policía española.
Se trataba de “llevar la revolución a España y luchar contra el capitalismo”
Los documentos que obran en poder de la Policía española explican que los pagos aquí firmados se realizaron en los años 2008, 2009, 2010 y 2011, por el propio Isea, antes de escapar en 2013 a Estados Unidos como testigo protegido de la DEA, la Agencia de EEUU contra las drogas. En todo caso, desde el año 2003 la Venezuela chavista venía entregando fondos a la Fundación CEPS, y todos ellos suman la cantidad reseñada.
Peritos calígrafos han autentificado la firma de Chávez “más allá de toda duda razonable”, según indican las fuentes. Esa documentación demuestra que los dirigentes del partido morado no sólo asesoraban a través de su Fundación CEPS al mandatario venezolano, le dictaban los contenidos de su programa televisivo Aló, Presidente y le cantaban las glorias en sus espacios audiovisuales en España como La Tuerkao Fort Apache.
También se cobraban en dinero tales conductas para financiar sus actividades, hacer crecer su formación política, organizar sus estructuras, financiar a sus cuadros y lanzar sus campañas. Así, en menos de dos años, han creado de la nada la tercera fuerza política en España, en disposición de “negociar de igual a igual” con el PSOE la formación de un Gobierno.
Y es que según el Punto de Cuenta al Comandante Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, era precisamente el objetivo de crear fuerzas bolivarianas en España el que perseguía el pago de los 6,7 millones de dólares firmado de su puño y letra por Chávez.
Muchas han sido las acusaciones de que Podemos está y ha estado financiado por el régimen chavista y el iraní, pero ésta es la constatación final, clara y evidente, de que el partido de Pablo Iglesias inclumple la ley de partidos, por financiación ilegal. Otra cosa es que le sea aplicable, porque es una legislación muy reciente.
El artículo 7.2 de la Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad económico-financiera de los Partidos Políticos explicita que “los partidos no podrán aceptar ninguna forma de financiación por parte de Gobiernos y organismos, entidades o empresas públicas extranjeras o de empresas relacionadas directa o indirectamente con los mismos”.
Es decir, que ni por vía de empresas interpuestas ni de fundaciones Podemos habría podido recibir dinero de Venezuela, de Irán o de cualquier otro régimen. Sin embargo, tan sólo en 2013, bajo la presidencia de Alberto Montero, la Fundación CEPS tuvo unos ingresos de 775.000 euros, según sus cuentas anuales, que están firmadas personalmente por Íñigo Errejón. Más de la mitad de este dinero, el 64% procedía del Gobierno de Venezuela a través de tres convenios.
Otro 35,5% de los ingresos de la Fundación CEPS, 254.000 euros, procedieron de convenios firmados con otro Gobierno de la órbita bolivariana, el de Ecuador. Se trata de un convenio de 196.000 euros firmado con la Cancillería de Ecuador (Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio) y otro de 58.000 euros con la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo de Ecuador (SENPLADES).
El pasado 29 de enero, el sindicato Manos Limpias presentó una querella en el Tribunal Supremo contra Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, y toda la cúpula del partido morado por hasta 12 delitos por haber recibido fondos procedentes de regímenes totalitarios.
El escrito acusa a los dirigentes de Podemos de 12 delitos de organización criminal (o en su defecto asociación ilícita),blanqueo de capitales, desobediencia, delito contra los derechos de los trabajadores y contra la Seguridad Social, administración desleal, tráfico de influencias, cohecho, corrupción ente particulares, delito contra la Hacienda pública y apropiación indebida.
Además de contra Pablo Iglesias, la querella se hizo extensiva contraJuan Carlos Monedero (que cobró 425.000 euros del Gobierno de Venezuela por un informe inexistente sobre la implantación de una moneda única en los países bolivarianos),Íñigo Errejón (que cobró una beca de 1.800 euros al mes de la Universidad de Málaga sin ir a trabajar) y contra Podemos como partido político.
Una de las sociedades interpuestas de la dictadura iraní que ha sido más activa en la financiación de Podemos se denomina Venux Victrix General Trading. Esta compañía, que opera desde Dubai, paga a 360 Global Media facturas que suman 200.000 euros anuales por los gastos de producción del programa Fort Apache, presentado y dirigido por Pablo Iglesias.
La misma compañía iraní abonó a 360 Global Media varias facturas por un importe de 72.000 euros para financiar la realización de un documental promocional de Podemos en plena campaña de las elecciones municipales y autonómicas de 2015.
Así, a los dos millones de euros procedentes de Irán que han recibido los líderes de Podemos habría que sumar otros 4,2 millones pagados por el Gobierno de Venezuela: 3,7 millones por supuestos informes de asesoramiento elaborados por la Fundación CEPS y otros 425.000 euros cobrados personalmente por Juan Carlos Monedero.
De hecho, la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional remitió el pasado 4 de noviembre un informe al comisario general de la Policía Judicial, “para la continuación de las investigaciones que se reflejan en el mismo y su posterior remisión a la Autoridad Judicial, si procede”.
Así, a partir del conocido como Informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) elaborado por la Udef, el Tribunal de Cuentas decidió el pasado 18 de marzo abrir una investigación en el marco de “la fiscalización de las contabilidades de los partidos políticos y en el ámbito de sus competencias”, según señaló este organismo en un comunicado. La Udef había remitido en su día la denuncia al Tribunal de Cuentas al ser la institución competente para el estudio de la contabilidad de los partidos.
Esta unidad de la Policía sospecha que Podemos ha podido incurrir en posibles delitos electorales, fiscales, de blanqueo y de financiación ilegal al recibir dinero del régimen iraní a través de la empresa 360 Global Media.
El Tribunal de Cuentas señaló que si tras la verificación de las contabilidades “se apreciaran infracciones” de la Ley Orgánica de Financiación de los Partidos Políticos, acordaría “tramitar el correspondiente procedimiento e imponer, en su caso, las sanciones previstas”.
Asimismo, subrayó que si detectara “indicios de infracciones de carácter penal, se dará traslado de ellos al Ministerio Fiscal” para que adopte las medidas oportunas.
En el caso del antiguo secretario general de AP Jorge Verstrynge, el dictador Hugo Chávez llegó incluso a comprar entre 30.000 y 50.000 ejemplares de su libro La guerra periférica y el islam revolucionario en 2005, que incluso declaró de lectura obligatoria para sus oficiales.
El hoy profesor universitario podemita habría ganado decenas de miles de euros con esta venta al por mayor al líder bolivariano de un texto que hoy “recomienda” a sus propios alumnos en la Complutense. El texto pone en pie de igualdad a los estados occidentales frente a los grupos terroristas.
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