El profesor de la Universidad de Málaga (UMA), Alberto Montero, practicó corrupción y nepotismo al otorgar una plaza en su proyecto de investigación al entonces doctor, investigador y profesor en paro, Iñigo Errejón. Está práctica, que está muy extendida en la universidad española, consiste en que el decano, jefe de departamento o profesor que dirige un proyecto de investigación abusa de su autonomía y posición de poder para sacar a concurso sus contrataciones o iniciativas (normalmente lo hace pegando el anuncio con una chincheta en el pasillo de su despacho y del rectorado o en un apartado recóndito de una página web) y así solo advierten la convocatoria aquellos a quienes él mismo avisa. El “caso Errejón” ha puesto en evidencia la necesidad de articular un sistema transparente en todas las universidades públicas españolas que facilite y notifique la información laboral a doctores y profesores desempleados, canalice ésta a través del antiguo INEM (hoy SEPES) y del Ministerio de Educación, cuyas funciones deben empezar a servir para algo más que para cobrar sueldos, dietas y “bufandas” o disfrutar de privilegios laborales.
De la habitual chapucería, corruptela, falta de control y exigencia en que ha desembocado la autonomía universitaria no es culpable Iñigo Errejón, entonces doctor y desempleado. Porque en España existen doctores en paro, otra vergüenza del sistema de empleo universitario que deberían saber los alumnos que cursan estudios de máster y doctorado. Muy al contrario: Errejón, en un alarde de escrupulosidad y ética, dimitió del proyecto de investigación cuando fue elegido como dirigente nacional de Podemos. En cambio, la justificación de los criterios de selección laboral del profesor Alberto Montero ha sido muy poco edificante y claramente abusiva e inmoral. Errejón desveló a la periodista Pepa Bueno que la noticia surge precisamente cuando él renuncia al proyecto de investigación al ser elegido miembro de la dirección de su partido, dato que en efecto ha podido ser acreditado:
«Íñigo fue el único candidato que se presentó. No ha habido ningún trato de favor respecto a él. Somos amigos sí, pero era el único candidato», explicó a este periódico el director del proyecto. Es más, se ha sacado el puesto a concurso de nuevo, ya que Errejón no seguirá a partir de diciembre, «y no se ha presentado nadie», apuntó el profesor de Economía Aplicada en la UMA, Alberto Montero, a Susana Villaverde, la periodista malagueña que destapó este feo asunto.
Sin embargo, aunque la actitud de Errejón haya sido ejemplar en una persona que padeció la lacra del paro a causa de la corrupción de las élites del país, no puede decirse lo mismo del profesor Alberto Montero. Nadie en su sano juicio puede creerse que ningún otro doctor en paro en España (hay ya decenas de miles) quisiera presentarse a este concurso público, por lo que todas las pruebas evidencian que el profesor Alberto Montero practicó nepotismo aprovechándose de un sistema corrupto e ineficaz, lo que está provocando no solo peticiones de dimisión en Podemos sino incluso la apertura de un expediente académico que desemboque en su expulsión de la universidad.
Los medios de comunicación oficiales y los partidos políticos del régimen están cargando las tintas contra Iñigo Errejón por haber aceptado formar parte de un proyecto de investigación universitario cuando estaba en situación de desempleo. Alegan que tenía que haber sabido o leído la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y disposiciones complementarias, capítulo IV, artículo 12, así como el apartado 2 del artículo 20 de la Ley 53/1984 de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. Y es que este es el entramado legal corrupto que las élites españolas de las universidades y los partidos políticos del régimen han diseñado para que los profesores parados nunca puedan protestar o incluso trabajar si no son amigos de sus colegas que los contratan. Si lo hacen, siempre habrá un artículo legal que lo sitúe en fuera de juego. Y tenía que saberlo o haberlo leído.
Igual ocurre con la cláusula del apartado 2 del artículo 20 de la Ley de Incompatibilidades que señala que el ejercicio de cualquier actividad compatible «no servirá de excusa al deber de residencia” para desempeñar trabajos de investigación en la universidad. La citada cláusula está en contradicción con la directriz universitaria española y europea que fomenta que los trabajos de investigación se realicen por profesores de distintas universidades, a ser posible de otras autonomías e incluso de otros países del Espacio Europeo de Educación Superior, de países participantes del programa Erasmus (31) e incluso de fuera de Europa.
Pero el profesor desempleado, como era el caso de Errejón, siempre estará criminalizado, siguiendo ese falaz discurso que las élites intentan extender con tan poco éxito: los corruptos no son los que dirigen y elaboran sus contradictorias y abusivas leyes, sino todos a los que en mayor o menor grado le son aplicadas, como si el ciudadano pudiera escaparse de ellas. Es la cantinela de siempre: la culpa de la crisis es de la sociedad civil, que vivió “por encima de sus posibilidades”. Nunca de los políticos, empresarios, banqueros y sindicatos que nos han esquilmado.
Así, es lo mismo quien practica el nepotismo ganando un buen sueldo público con todas sus prebendas y privilegios, llevándose además un jugoso porcentaje del trabajo de investigación como director, que el parado que lo acepta con un contrato por horas, que cumple el mismo escrupulosamente, que renuncia incluso a él cuando accede a otra dedicación a tiempo completo, pero al que ahora se le aplica como una guillotina la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, las disposiciones complementarias, capítulo IV, artículo 12 y el apartado 2 del artículo 20 de la Ley 53/1984 de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
Para completar este sainete ha hecho aparición en el mismo el ex ministro socialista Pepe Bono. En un gesto no exento de oportunismo y comicidad, ha calificado de “anécdota” la polémica por el contrato de Íñigo Errejón y ha criticado que se escandalicen “los que no han entregado ni un céntimo de los sobres que les dio” el ex tesorero del PP Luis Bárcenas. Bono ha añadido que es “una indecencia” decir que “el problema de España es Íñigo Errejón” cuando “no ha devuelto Pujol ni un céntimo de lo mucho que robó“. La declaración es parecida a la que ha hecho pública el jefe de la oposición socialista extremeña, Guillermo Fernández Vara, al referirse a la corrupción de los viajes privados con dinero público del presidente de su comunidad: “Me niego a la lapidación de Monago”. Es la confirmación del pacto PP-PSOE y de lo que decimos: el profesor Alberto Montero debe dimitir de Podemos y, si se resiste, iniciar un expediente de expulsión no solo de su partido político sino de la Universidad en la que tan mal ejemplo ha dado.
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