Los 4 comensales deben ser llamados a declarar por el CGPJ
Seis meses lleva hibernada en la nevera del despacho del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, una denuncia. Seis meses que según los abogados, fiscales, letrados, juristas e incluso jueces que la suscribieron, se está demorando además por encima de los plazos que marca la ley. ¿Por qué la tapa el presidente del CGPJ? ¿Por qué los otros 20 vocales del CGPJ elegidos por PP-PSOE-IU-CiU y PNV también guardan silencio? ¿Por qué los medios de comunicación no investigan las razones de esta escandalosa dilación y retraso? ¿No es una evidencia palpable de la ausencia de división de poderes en España? “Espía en el Congreso” ha podido saber que, si se decide a abrir este expediente, Lesmes tendría que investigar un almuerzo al que alude esa denuncia: el mantenido por el presidente de la Sala II, magistrado Manuel Marchena, y el ex secretario general del Partido Popular (PP), Angel Acebes. Para mayor escarnio, la comida tuvo lugar 5 días antes de que el juez Ruz (Audiencia Nacional) imputara a Acebes por el caso de la “mafia Gürtel”. Y para más desfachatez, el juez Marchena es el que debería juzgar a los políticos aforados que llegaran a sus manos.
Acebes y el juez Marchena. De postre ¿biscottto? ¿pasteleo?
La denuncia ante el CGPJ del ex fiscal anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, junto a una veintena de juristas más, comenzaba así: “Estos días se ha sabido de un encuentro, parece que en una comida, del ex ministro Ángel Acebes, ahora imputado en la causa de Gürtel, y Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS), un hecho ciertamente vergonzoso y preocupante por numerosas razones”. Y ciertamente todos los jueces, letrados, fiscales y secretarios judiciales consultados por “Espía en el Congreso” coinciden: de ser cierta, Lesmes tiene que convocar al CGPJ y pedir la dimisión o cesar al magistrado Marchena. De hecho, otros magistrados de la Sala II han querido dejar claro que no participaron en ese almuerzo y no quieren ser mezclados con el mismo ni con la trama Gürtel, como ha dejado patente el magistrado Julián Sánchez Melgar, en escrito enviado a esta web.
Tras la noticia de “Espía en el Congreso”, la información ha corrido como la pólvora por las redes sociales, pese al fantasmal silencio de los medios de comunicación del régimen. No obstante, medios digitales sí que se han hecho eco y aguardan expectantes la decisión de Carlos Lesmes y sus 20 vocales: “El Confidencial”, que fue el primer medio que dio la noticia, “El Plural”, que fue quien la ha ampliado, “Periodista Digital”, que la ha analizado, “El Diario.es”, que publica la denuncia de Villarejo y otros como “El Boletín”, “El Ventano”, “Futuro Económico”, etc…
El almuerzo entre Marchena y Acebes ha merecido adjetivos muy variados en la prensa: “opulenta comilona”, “pantagruélica comida”, “opulenta comilona de Acebes con un juez”, “menú pantagruélico” o “¿con que dinero pagado?”, como se pregunta Antonio García Fuentes en Periodista Digital.
La información que le trasladaron al fiscal Villarejo decía escuetamente así: “Un incidente de tráfico frente al restaurante Ciriaco de la Calle Mayor entre los escoltas de un coche oficial y un conductor ha servido para poner al descubierto una comida pantagruélica, cuyos comensales se habrían preferido mantener en el anonimato. El pasado 16 de octubre, Ángel Acebes, ex ministro del Interior y ex secretario general del PP, almorzaba en el reservado de una peña gastronómica de Madrid con Manuel Marchena –presidente de la sala segunda del Tribunal Supremo–, Pedro Calvo –ex responsable de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid–, Alfonso Carrascosa –propietario de Legalitas, que reside en Miami–, y otra persona sin identificar”.
“Poco después el juez Ruz decidía imputar a Acebes por la compra de un paquete de acciones de Libertad Digital con dinero de la supuesta ‘caja B’ de Génova. No parecía el momento más adecuado para celebraciones, pero la opípara comida, al menos, servía para atenuar las malas horas. Sobre la mesa: una fuente con casi dos kilos de angulas, otra de percebes y una botella magnum de Petrus que cuesta más de 2.000 euros. Y de plato fuerte, un descomunal chuletón de Ávila por barba. Nada como un buen vino francés para aliviar las penas”.
Los precios de las viandas, sin embargo, son aún más escandalosos de lo que refiere la noticia. José Carlos Ariza, sumiller de la madrileña Vinoteca Pelayo 48 (Chueca), precisa que “el Magnum de Petrus es doble botella (1,5 litros), vale algo más de 3000 euros y no sale en restaurante por menos de 5000 euros”. No se sabe las que comieron Marchena, Acebes, Calvo y Carrascosa, pero el diario ABC también ha informado que las primeras angulas han alcanzado un precio histórico de 3.000 euros el kilo y cita fuentes de la agencia Efe en la lonja riosellana. En la última subasta celebrada se despacharon otros dos lotes de 970 y 1.650 gramos a un precio de 2.250 euros, adquiridos por dos restaurantes de Ribadesella, mientras que en San Juan de la Arena, el otro punto de subasta en Asturias, las ventas fueron muy inferiores y la cotización no superó los 900 euros. Los precios de las dos bandejas de percebes y los 5 chuletones de Ávila no llegan a los 1000 euros, según fuentes gastronómicas.
El concejal Pedro Calvo
Entre los 5 comensales de esa “peña gastronómica” de Casa Ciriaco o aledaños de la calle Mayor (queda intencionadamente oscuro en la noticia y en esa calle hay otros 4 restaurantes más) participó otro dirigente del PP imputado por la justicia: se trata del concejal Pedro Calvo, ex responsable de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, que lo está por el trágico caso Madrid-Arena y que tiene un largo historial de escándalos, entre ellos uno por la concesión de los parquímetros madrileños. Pese a su cese, se ha agarrado al acta y no quiere soltar su sillón de concejal, desde el que hace y deshace en nombre del PP.
Alfonso Carrascosa, residente en Miami pero opera en España
El otro asistente, Alfonso Carrascosa, propietario de la empresa española Legalitas pero que afirma residir en Miami, también fue el protagonista de un sonoro caso de corrupción cuando se supo que Legalitas había sido contratada por el Ayuntamiento de Madrid cuando era concejal de Economía Miguel Angel Villanueva, el gran amigo de Pedro Calvo. Cuando también tuvo que dimitir por el caso Madrid-Arena, la Fundación Legalitas contrató a Villanueva como “director de relaciones institucionales”. El contrato de Legalitas con el Ayuntamiento de Madrid se hizo a través de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), la misma que curiosamente Villarejo denunciaba como foco del mayor conflicto de intereses e incompatibilidades por el “caso Gurtel”, pues compartían aulas como profesores varios abogados de la trama mafiosa y magistrados. “La defensa de la Policía Municipal de Madrid es un pilar básico de la actividad de Legálitas, dentro de sus líneas estratégicas como empresa de servicios jurídicos», denunció el periodista Quico Alsedo, que afloró las relaciones comerciales entre el ayuntamiento y esta empresa.
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