jueves, 13 de noviembre de 2014

El Supremo investigará a Chaves y Griñán por el caso de los ERE

Ve indicios de que la Junta de Andalucía ideó un sistema que en 12 años permitió disponer de 855 millones para ayudas sin control.
 Griñan y Chavez
 
El Tribunal Supremo ha asumido este miércoles su competencia para investigar a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el caso de los ERE de la Junta de Andalucía. La Sala de Admisión del Tribunal Supremo ha tomado esta decisión tras recibir hace unos días el informe en el que la Fiscalía se muestra favorable a que el Alto Tribunal les investigue tras los indicios que la juez Alaya puso de manifiesto en la exposición razonada que envió al Supremo el pasado mes de agosto. Junto con ellos, el Supremo también investigará a los otros tres aforados nacionales que apuntaba la juez Alaya, es decir, a José Antonio Viera y Gaspar Zarrías, en calidad de diputados, y a Mar Moreno (senadora). [Consulta aquí el auto del Alto Tribunal en PDF]
Respecto a las otras personas no aforadas, la Sala acuerda que el procedimiento continúe en el órgano competente, es decir, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). El instructor de la causa será el magistrado Alberto Jorge Barreiro. En su auto los jueces hacen constar que en este momento procesal la Sala solo tiene que verificar si en la exposición de la juez Alaya se consignan hechos que, «según una valoración muy provisional pudieran ser delictivos, y si existen indicios consistentes, o dicho de otra forma, principios de prueba de la participación en ellos de las personas aforadas».
Así, fuentes jurídicas señalan que de lo expuesto en la exposición razonada remitida al Supremo resulta indiciariamente que en el ámbito de la Junta de Andalucía, concretamente desde la Consejería de Empleo, y con la finalidad de proceder al pago de ayudas a empresas, ayudas sociolaborales y ayudas directas a trabajadores se organizó un sistema que se llevó a efecto desde el año 2000 durante un periodo de tiempo aproximado de 12 años. Este sistema permitía disponer de importantes cantidades de dinero ascendentes a 855 millones de euros para hacer efectivos aquellos pagos «sin sujetarse al procedimiento y controles propios de las subvenciones, a pesar de que esa era la naturaleza jurídica de las referidas ayudas».

Los otros cuatro aforados, al TSJA

El Ministerio Público también era partidario de que el Tribunal Supremo investigara a los aforados que le competen, mientras que los otros cinco aforados (Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, Antonio Ávila, Manuel Recio y María del Mar Moreno) deberían ser investigados, según el criterio del Ministerio Público, por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Consulta aquí el auto completo del Supremo, sobre el EREGate (en PDF

Fuente:ABC
 

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