Cuanto más poder recibe, más propicia es la clase política a abusar de él
Hace poco veíamos el caso de famosas “tarjetas negras” de Bankia: 28 consejeros del PP, 15 del PSOE, 4 de IU y 10 de los sindicatos se pulieron 15 millones de euros de Caja Madrid para gastos personales entre 2003 y 2012. Ayer una operación de la Guardia Civil se saldaba con más de 50 detenidos, entre ellos el presidente de una Diputación Provincial y seis alcaldes en activo, en una trama de corrupción que movió 250 millones de euros en dos años.
La corrupción: un problema de índole moral…
Los citados en el párrafo anterior son sólo dos escándalos de los muchos casos de corrupción que se han detectado en España. Sobre este grave problema se han hecho los más variados diagnósticos. Obviamente, estamos un problema de índole moral, aunque esto resulte incómodo decirlo en una sociedad que lleva años deslizándose por la pendiente resbaladiza de un relativismo según el cual nada está bien ni está mal, que considera que todo depende del punto de vista de cada uno, y que niega todo carácter universal a cualquier dictado moral, incluso al respeto por la vida humana. Ya abordé esto en un artículo que publiqué aquí el año pasado.
… y también un problema de sobrepeso del poder político
Pero tras la corrupción política hay algo más que un problema moral. Obviamente, un Estado sin una justicia verdaderamente independiente es más proclive a la corrupción, pues cuando el gobierno de los jueces está determinado por los mismos políticos cuya labor debe fiscalizar el sistema judicial, cuando un Tribunal Constitucional adopta decisiones de gran trascendencia no usando argumentos jurídicos sólidos y objetivos, sino retorciéndolos al dictado del partido que determina la mayoría de sus componentes, entonces nos encontramos con una raíz envenenada que pudre todo el árbol de nuestra democracia.
En España los políticos ya controlan el 45% de la actividad económica
Si a lo anterior añadimos un peso desmesurado del Estado en la sociedad, entonces ya tenemos el cóctel perfecto para emborrachar a un país a base de corrupción. En España el peso del Estado en la economía ronda el 45% del PIB. Nuestros políticos manejan cantidades milmillonarias, que obtienen de nuestros bolsillos por la vía coactiva de los impuestos, saqueando nuestros ahorros y nuestros ingresos tanto más cuanto más gastan y más deuda acumulan a nuestras espaldas. Todo ese dineral le sirve a la clase política para crear y perpetuar una red clientelar que incluye a millones de personas, muchas de las cuales votan no pensando en el bien común, sino buscando al partido que les pueda garantizar un mejor nivel de vida a costa del dinero de los demás. Cuanto más pesa el Estado y más dependiente se hace la población de él, más fácil lo tienen los políticos para lucrarse a costa del erario, porque un mayor peso del Estado tiene como consecuencia que los políticos tengan más poder para violar nuestra propiedad privada y otros derechos fundamentales. Los políticos más intervencionistas suelen ser también los más partidarios de atar en corto a los medios de comunicación para que sean obedientes, no sólo a través de leyes al efecto, sino también de ayudas y publicidad institucional, e incluso ejerciendo presiones para remover de sus cargos a los directivos díscolos y taparles las bocas a los comunicadores más molestos. Obvia decir que cuanto más obedientes son los medios, menos dispuestos están a denunciar los abusos de los políticos, con lo que pierden así su papel fiscalizador sobre la actividad del poder.
Piden acabar con el incendio de la corrupción arrojando gasolina a las llamas
Ante este panorama, que es el caldo de cultivo perfecto para que surja y prolifere la corrupción política, resulta grotesco ver a algunos proponiendo como antídoto una dosis aún mucho mayor del veneno que ha corrompido nuestra democracia. Por un lado, esas recetas suelen suscribir en menor o mayor medida los dogmas ideológicos de la izquierda en el ámbito de la bioética, la educación, la familia o las creencias religiosas. El propio PP ha ido cediendo terreno poco a poco ante esa ingeniería social progre, que lleva años erosionando las bases morales en las que debería asentarse nuestra democracia para ser fuerte y ofrecer un dique firme frente a los abusos de poder. Por otro lado, la izquierda nos sugiere que el verdadero problema de España se debe resolver “democratizando” todavía más. Con el engañoso entrecomillado pretenden que cada vez más ámbitos de nuestra sociedad y nuestra economía estén sometidos a un férreo control político. ¿Y quién controlaría a los políticos que nos deberían controlar? En un Estado cada vez más pesado e intervencionista son esos políticos los que controlan el sistema judicial, los que tienen atados en corto a los principales medios de comunicación, y manejan un porcentaje cada vez mayor de la actividad económica. Un Estado cada vez más pesado ofrece cada vez menos límites al poder político y a sus abusos: cuanto más engorde el Estado, más engordará la corrupción. En este sentido, es el colmo del disparate que algunos despotriquen contra la “casta” y contra la corrupción mientras piden más gasto público, más control público e incluso una banca pública (no les ha debido bastar con los numerosos escándalos y con la astronómica factura en rescates que nos han acarreado las cajas de ahorros, controladas por políticos y sindicalistas). Cuba y Venezuela son dos de los países más corruptos de Hispanoamérica y también los que más poder otorgan a sus políticos sobre la justicia, los medios y la economía. ¿Son ésos los modelos de “regeneración” que nos proponen algunos?
fuente:Contando Estrelas
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