lunes, 13 de octubre de 2014

Mas reconoce que su decreto no permite celebrar la consulta

Propone ahora utilizar artículos de la ley de consultas no impugnados por el Gobierno para sacar las urnas.
 
 
 
Propuesta desesperada de Artur Mas para salvar la unidad de los partidos proconsulta. El presidente catalán admite que, con el decreto que él mismo firmó el 27 de septiembre, no se puede votar el 9 de noviembre. Sin embargo, propone utilizar los artículos de la ley de consultas no impugnados por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional (TC) para sacar las urnas. Se refiere al título III referido a los «procesos de participación ciudadana». La artimaña legal no fue acogida con entusiasmo por ERC, ICV y CUP, ya que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ya anunció que impugnaría cualquier tipo de consulta secesionista.
Por tercera vez en dos semanas, los partidos que apoyan la consulta del 9-N se reunieron para buscar una alternativa a la suspensión del TC. Al igual que el jueves pasado, el de este lunes ha sido un encuentro discreto en el que ha participado el propio Mas; la vicepresidenta catalana Joana Ortega; el consejero de Presidencia, Francesc Homs, y representantes de los cuatro partidos. El cónclave, celebrado en el Palacio de Pedralbes, comenzó al mediodía y aún continúa.
La cumbre anterior concluyó sin acuerdo y con el compromiso de seguir trabajando en la búsqueda del consenso. Pero las posturas siguen enconadas. CiU se niega a sacar las urnas a la calle si se mantiene la suspensión del TC el 9-N, como es previsible. De hecho, el propio Gobierno catalán se puso como límite el 15 de octubre, es decir, pasado mañana, para tomar una decisión, pues cada día que pasa, las garantías democráticas de la consulta se reducen.
Pero ERC sigue en sus trece y no quiere renunciar a la consulta. Hoy mismo, a través de su portavoz, Anna Simó, los republicanos se mostraron receptivos a buscar alternativas, pero entienden que todavía es posible votar el 9-N si hay «voluntad política y compromiso». Por tanto, a Mas solo le queda lograr un pacto de no agresión con quien ha sido su socio de legislatura cuando renuncie finalmente a la consulta, evitando así un anticipo electoral. De esta forma, podría agotar el mandato con el apoyo del PSC, que ya lo ha ofrecido en varias ocasiones en sede parlamentaria. CUP, la formación defensora de la desobediencia civil, resumió su postura en la frase que su diputado, David Fernández, dijo en uno de los recesos de la cumbre: «Ni un paso atrás». ICV, por su parte, hace días que se va descolgando del proceso, de cuyas garantías democráticas recela.
A nadie conviene celebrar elecciones ahora, tampoco a Esquerra, que quiere ganar territorio en las municipales que se tienen que celebrar en mayo de 2015, mientras que Convergencia se hunde cada vez más en los sondeos. Pero si Esquerra se ensañara con el líder de CiU por incumplir con sus compromisos, el porvenir del presidente catalán quedaría herido de muerte.
Pero poco a poco se extiende la idea de que no hay otra salida que un avance electoral. Incluso Carles Viver i Pi-Sunyer, presidente del Consejo Asesor para la Transición Nacional -órgano que asesora a Mas en su proceso de transición nacional-, ha apostado por la opción de unas plebiscitarias, si el TC no levanta la suspensión cautelar de la ley de consultas y del decreto de convocatoria «en un plazo breve». En declaraciones a Catalunya Ràdio, Pi i Sunyer ha subrayado que «el problema es que si no se dicta sentencia, el momento de ir a votar (la consulta) no se hará dentro de la legalidad». Considera el jurista que el fallo definitivo se producirá antes del 9 de noviembre y apostó por «desdramatizar» la situación.

Inquietud empresarial

«Parece que si no se puede votar se detiene el proceso, hemos de ver las cosas con más perspectiva; es un proceso largo y complicado», dijo. Quien también ha relativizado la fecha de la consulta fue el consejero de Empresa, Felip Puig -independentista confeso-, quien ha afirmado que Cataluña conseguirá decidir su futuro el 9-N o «en otra fecha posterior» si sufre el bloqueo del Estado. En una conferencia ante empresarios ha dicho que la mayoría del pueblo catalán ha emprendido una vía pacífica, legal y democrática, y que «utilizar la vía jurídica para bloquear un problema social y político no lleva a ninguna parte».
En clave económica, ha negado que el proceso secesionista haya frenado las inversiones extranjeras en Cataluña, pero ha admitido que en algún caso ha detectado inquietud. «Pase lo que pase, vamos a mantener la seguridad jurídica y vamos a seguir en la UE», ha afirmado Puig.

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