viernes, 1 de agosto de 2014

El sindicato UGT llegó a financiarse con comisiones de hasta el 20% de gastos con cargo a la Junta de Andalucía

 

 
Francisco Fernández Sevilla, en una imagen de archivo.
Francisco Fernández Sevilla, en una imagen de archivo.
El sindicato UGT llegó a utilizar varias vías para financiarse con cargo a las ayudas recibidas de la Junta de Andalucía para programas finalistas como cursos de formación u otros. El levantamiento del secreto del sumario de las facturas falsas, que investiga el destino de los fondos recibidos por el sindicato entre 2008 y 2011, ha desvelado cómo testigos declararon a la Guardia Civil que la central sindical incluso llegó a quedarse con hasta el 20% de las subvenciones públicas mediante acuerdos bajo cuerda con los proveedores. Estos testigos también desvelan sobresueldos de entre 900 y 3.000 euros a los dirigentes del sindicato.
La Guardia Civil llegó a pinchar los teléfonos de varios dirigentes, entre ellos el exvicesecretario general de Administración y Recursos Humanos Federico Fresneda, luego detenido, y el exsecretario general Francisco Fernández Sevilla. En algunas conversaciones los investigados señalan a este y a Manuel Pastrana, también exsecretario general, conocedores y responsables de las supuestas irregularidades.
La investigación seguida por el juzgado número 9 de Sevilla, pero en el que también intervino en un principio el número 6, el de la jueza Mercedes Alaya, desvela que el sindicato levantó «una estructura empresarial creada ex profeso supuestamente para justificar el presunto desvío de fondos públicos supuestamente malversados», según un atestado de la Guardia Civil.
Gastos estructurales
Los investigadores apuntaron también sus sospechas de que pudo desarrollarse durante una década. Los datos conocidos dejan en muy mal lugar al sindicato, que no dudó en cargar sus gastos estructurales a programas de formación u otros mediante facturas falsas o infladas. Un testigo señaló: «El cien por cien de los gastos de estructura de UGT-A, casi el cien por cien de los gastos de personal, quedarían cargados a distintos programas por los que la organización recibe subvenciones».
«Todos los proveedores que quieren trabajar con UGT deben entregar entre un 3 y un 20 por ciento de lo servido (…) y nunca se comunicaba a la administración», cuenta a los agentes de la UCO Roberto Macías, secretario de Fresneda hasta 2006.
Los modos de financiación eran diversos, bien a través de comisiones y de ‘rapel’ o descuento. Un testigo explica la figura del ‘bote’: «Determinados proveedores de confianza, los cuales son señalados en todo caso por Fresneda, mantenían una relación con el sindicato, de manera que para justificar determinados gastos imputables a subvenciones, éstos emitían facturas al sindicato por servicios o mercancías que no se había realizado o servido realmente».
A la diferencia entre lo facturado y servido se le dio el nombre de ‘bote’, que llegó en ocasiones a crecer de forma «espectacular». El sindicato destinaba el dinero «para afrontar gastos no justificables, como por ejemplo gastos de manifestaciones, viajes del secretario general o incluso habitaciones para Cándido Méndez».
Justificación de Castilla
La secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castilla, justificó que la central sindical se quedara con el 20% del dinero de las subvenciones públicas recibidas en los últimos años. No obstante, y tras anunciar que «tomarán medidas en breve», apoyó que si se demuestra que sus antecesores en el cargo «son culpables, deberán responder ante la justicia».
En este sentido, Castilla recordó que la norma andaluza de 2009 que regula las subvenciones de formación profesional señala que «hasta el 20% de los costes directos y asociados que están definidos en las subvenciones son legales», por lo que emplazó a conocer el contenido exacto del sumario para ver a qué tipo de subvenciones hacen referencia los agentes y «si podría absorber ese porcentaje».
Mientras tanto, las reacciones políticas no se han hecho esperar. Incluso el sindicato Manos Limpias, impulsor de la judicialización del caso, reclamó que el Ejecutivo autonómico no conceda ayudas al sindicato en tanto se aclara el presunto fraude masivo, y exigió la suspensión cautelar del sindicato además el cese del responsable nacional, Cándido Méndez.
El Ejecutivo andaluz señaló que aún no tiene decidido si se personará en la causa como acusación particular, aunque a través del consejero de Presidencia valoró la «celeridad» de la investigación para ajustar las responsabilidades que correspondan. Sus socios de gobierno lamentaron que prácticas «no deseables e impresentables» enturbien «el prestigio de unas siglas». Desde el PP, por su parte, reprocharon que el PSOE nunca haya tenido voluntad de destapar esta trama.

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